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	Protestas sociales en Perú NOVIEMBRE DE 2007 Huelga de la Federación Minera El 5 de noviembre, las organizaciones miembros de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMS), iniciaron una huelga indefinida para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Ejecutivo en mayo del año, entre ellos la incorporación de los mineros contratados temporalmente a la planilla, la reposición de los trabajadores despedidos de las empresas contratistas, el incremento del 8 al 10 % en la distribución de las utilidades y la eliminación de jornadas atípicas de más de ocho horas. En la víspera del inicio de la paralización, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga sosteniendo que no cumple con los requisitos de una huelga legal porque no fue aprobada de forma mayoritaria en una asamblea, no tiene un objeto de defensa de los intereses socioecómicos de los trabajadores y no fue comunicada con cinco días hábiles de anterioridad. El vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMS), Julio Ortiz Pinto, negó que no se hayan cumplido estos tres puntos y ratificó la decisión de iniciar una huelga indefinida a nivel nacional. El dirigente desmintió que la atención a sus principales demandas esté en manos del Legislativo y al punto de resolverse, como había asegurado la ministra de Trabajo, Susana Pinilla. Según Ortiz era falso que solo quede pendiente la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley para eliminar los topes en el reparto de utilidades de las mineras a los trabajadores y que el decreto supremo 08, que fue aprobado como parte de los ocho acuerdos firmados en mayo con el gobierno, haya permitido que mil 800 trabajadores de services pasen a planilla, como había sostenido la ministra, puesto que la cifra apenas llega a mil. Además, aseguró que en el caso del DS 020 que regula la terciarización laboral y exige que los trabajadores de contratas pasen a planilla, hay empresas que aprovechan esta exigencia para despedir a trabajadores sindicalizados. Además pidió que el Ejecutivo atienda el problema de la jubilación y modifique la iniciativa sobre las utilidades, ya que no están de acuerdo con que el 5% del dinero destinado a los trabajadores vaya al Fondoempleo. En el primer día, la huelga indefinida de los trabajadores mineros fue acatada parcialmente. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMS) aseguró que de los 45 mil trabajadores miembros de la federación, el 60% acató la medida de fuerza. En las grandes empresas, la paralización de actividades se sintió principalmente en el sur: en los yacimientos mineros de Cerro Verde en Arequipa y Southern Perú en sus bases de Toquepala, Ilo y Cuajone, donde la mayoría de los trabajadores acataron la huelga. También se unieron a la huelga los obreros y empleados de la mina Marcona de la empresa Shougang (Ica), Raura (Oyon, provincia de Lima), Casapalca (provincia Huarochiri, region Lima) y Iscaycruz (provincia de Oyón Lima) de la empresa Quenuales y la mina Uchuchacua de la empresa Buenaventura. En cambio, en las empresas Antamina (la primera productora de cobre del país que opera en Áncash), Tintaya (Cusco), Yanacocha (la aurífera más importante de Latinoamérica ubicada en Cajamarca), Chungar (propiedad de la empresa Volcán que opera en Pasco), Morococha (San Cristóbal, región de Junin) y Sociedad el Brocal (Pasco) sólo una minoría de los trabajadores participó en la paralización. Pese a ello, los dirigentes de la Federación Minera se mostraron satisfechos. "En las próximas horas se irán sumando otras bases. Pero si la mayoría de trabajadores no ha parado es porque las empresas los han amenazado con despedirlos", explicó Julio Ortiz Pinto, vicepresidente del FNTMMS. Agregó que al final de la tarde se darán las asambleas de Doe Run, Minsur y Volcan para acordar su apoyo a la huelga. En la tarde, los dirigentes mineros presentaron una apelación ante el Ministerio de Trabajo por la resolución que declara improcedente la huelga. Por su parte, el Ministerio de Trabajo replicó que en realidad el paro fue acatado sólo por el 6% de los 120,000 trabajadores del sector, callando que la gran mayoría de los mineros del Perú trabaja como subcontratados y su derecho a la sindicalización y a la huelga es restringido. La paralización estaba acompañada por actos pacíficos de protesta que transcurrieron sin mayores incidentes. En Arequipa, cerca de 300 mineros de Cerro Verde realizaron un plantón por más de siete horas frente a las oficinas administrativas de la empresa minera. Los trabajadores de la empresa Chungar (Huayllay), obstaculizaron las vías de ingreso a la empresa y se produjeron algunos escaramuzas con la policía que temporalmente detuvo a cuatro obreros. El 6 de noviembre, los trabajadores de Southern Perú realizaron marchas por las calles de Ilo, así como en Cuajone y Toquepala. En el distrito de Morococha (Pasco) unos 200 mineros de contratas como Tuneleros y Topacio, que prestan servicio a la compañía minera Argentum se unieron a las protestas realizando una movilización pacífica para exigir el reparto equitativo y justo de utilidades de parte de las mineras y un incremento de salarios. Luego de que en una reunión sostenida con el premier Jorge del Castillo éste se comprometió iniciar el diálogo de inmediato, los trabajadores mineros acordaron en la noche del 8 de noviembre, suspender la huelga indefinida y retomar sus labores en el transcurso del viernes 9 y sábado 10, informaron dirigentes sindicales. El 11 de noviembre, se reiniciaron las negociaciones entre los trabajadores y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En la reunión, los dirigentes mineros expresaron su preocupación porque las empresas Southern Peru, Yanacocha y Volcan han enviado cartas de preaviso de despido por la inasistencia de trabajadores el día de la huelga o advirtiéndoles sobre medidas de sanción. Los mineros anunciaron que en los próximos días realizarán asambleas a nivel de las bases de los diversos sindicatos mineros para analizar las conversaciones con el gobierno, mientras que el 22 y 23 de noviembre se realizará un plenario nacional de delegados para evaluar si se retoman o no las medidas de fuerza. En la tarde, la ministra de Trabajo Susana Pinilla acudió a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para informar sobre la huelga minera y aseguró que esta dejó pérdidas por 15 millones de dólares y cerca de 220 mil horas-hombre dejadas de trabajar. Las protestas en el sector Salud se intensifican Al no recibir repuesta positiva a sus demandas, a partir del 6 de noviembre, los trabajadores de las instituciones del Ministerio de Salud intensificaron sus protestas. La Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) que agrupa los trabajadores asistenciales y administrativos del Ministerio de Salud, convocó a una huelga nacional indefinida, exigiendo el cumplimiento del acta firmada por representantes del Ministerio de Salud con los trabajadores del sector el 5 de julio. Las demandas principales eran la nivelación de los incentivos laborales a nivel nacional, ya que los trabajadores de las regiones de Lima, Callao y Piura gozan del pago de una bonificación especial que en las demás las regiones no se aplica, el incremento del presupuesto para el sector Salud del 1.7 % al 8% del Producto Bruto Interno (PBI), el nombramiento de contratados y la modernización de los hospitales y centros de salud. A las medidas de lucha se sumó la Federación Médica del Perú (FMP) que exigió del gobierno solucione su pliego de reclamos. Una de las demandas principales de los médicos era que se cumpla con el pago de sus Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial (AETAS) que el Ministerio les adeuda desde abril de 2006. Otros requerimientos de los galenos eran la nivelación de las remuneraciones de los cesantes y jubilados, la reasignación definitiva de los médicos destacados y el nombramiento de los contratados. Además expresaron su rechazo a la municipalización de los servicios de Salud. La huelga fue acatada de manera desigual. El 6 de noviembre, entre otros, los trabajadores no médicos de Salud, como enfermeras, trabajadores administrativos y asistenciales de las regiones La Libertad, Tumbes, Junín, Cusco y Puno paralizaron sus labores, manteniendo sólo piquetes de emergencia. En Cusco, también los médicos se unieron a la huelga indefinida. El 7 de noviembre, los trabajadores no médicos de los hospitales, centros médicos y puestos de salud de Arequipa se sumaron a la huelga indefinida, seguido el 9 de noviembre, por sus colegas de Lambayeque, quienes resaltaron que un punto importante de su pliego de reclamos era la moralización y la sanción de todos los actos de corrupción existentes al interior del sector salud. Mientras tanto, los médicos, enfermeras, obstetras y trabajadores administrativos de Salud de la región Ancash, continuaron la huelga indefinida iniciada el 22 de octubre, exigiendo que el gobierno les pague las Asignaciones Extraordinarias de Trabajo Asistencial (AETA) que les debe hace dos años. Luego de estar en la capital de la República durante tres días sin ser recibido por el Ministro de Economía, Luis Carranza, el secretario general de trabajadores del hospital La Caleta, Manuel Leyva Ferrel manifestó el 8 de noviembre, que sólo esperarán hasta el día siguiente para que ministro dé a conocer alguna solución a su problema, y si no es así, llamarán a una reunión regional para evaluar retirar los piquetes y abandonar los hospitales. Los trabajadores de Salud de Ica, Chincha y Pisco, aún enfrentados con las secuelas del terremoto del 15 de agosto, sólo paralizaron sus labores temporalmente el 6 de noviembre, para, apoyados por estudiantes de medicina, salir a las calles de Ica y exgir la construcción de un nuevo Hospital Regional. Con el terremoto el 80% de los ambientes del Hospital Regional quedaron inhabitables y de las 280 camas para los pacientes sólo quedaron 120 camas improvisadas, algunas de ellas instaladas en el auditorio. Los manifestantes subrayaron que no querían la refacción, ni la reconstrucción del nosocomio sino la construcción de un nuevo hospital que esté en condiciones de corresponder a las crecientes necesidades de la población, exigiendo que se use para este fin medios disponibles del Fondo de Reconstrucción del Sur - FORSUR, que fue creado después del terremoto. Otros motivos de protesta eran que el personal de los centros de salud de Chincha no recibió pago por más de dos meses, y que en el pueblo de Yauca del Rosario, el más pobre de Ica, el 90 por ciento de las medicinas estaba vencido y los damnificados sólo recibieron paracetamol, el único medicamento que fue donado después del terremoto. Al no ser atendidos sus pedidos, el 13 de noviembre, los trabajadores de salud decidieron radicalizar sus medidas de lucha. En Arequipa, los agremiados a la FENUTSSA ("Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud") se apropiaron de las puertas de acceso de los hospitales y no dejaron ingresar a nadie, salvo en caso de extrema emergencia. En Cusco, Puno y Trujillo, los hospitales prácticamente estaban cerrados, mientras que miles de trabajadores de salud, entre ellos los médicos, salieron a las calles para exigir la atención de sus demandas. También en otros lugares hubo manifestaciones masivas de los trabajadores de salud. El 14 de noviembre, miles de trabajadores del sector Salud pertenecientes a la Federación Médica Peruana (FMP) marcharon en Lima al Congreso de la República para hacer entrega de un memorial al presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada. Los médicos dieron un ultimátum al gobierno hasta este viernes 16 para encontrar solución a su pliego de reclamos. El presidente de la FMP, Julio Vargas, anunció que solicitarán una audiencia con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, para exponer sus pedidos y luego llegar a un acuerdo. Vargas advirtió que si Del Castillo se niega a dialogar los médicos a nivel nacional acatarán un paro de 24 horas previo a una huelga general indefinida. En la marcha de los manifestantes hacia el Congreso se produjeron enfrentamientos con la Policía en la Av. Abancay y en el frontis del Parlamento. Dos trabajadores resultaron heridos en la trifulca con los efectivos. Otros dos médicos fueron detenidos y trasladados a Seguridad del Estado por presuntamente haber ocasionado disturbios. El 22 de noviembre, médicos y trabajadores administrativos del Hospital Regional de Ayacucho iniciaron una huelga demandando la construcción de un nuevo hospital de emergencia. Ante la desatención del gobierno al pliego de reclamos que presentaron el 14 de noviembre, el 23 de noviembre, los médicos del Ministerio de Salud acataron un paro de 24 horas, convocado por la Federación Médica Peruana, en demanda de un incremento salarial de 300 soles (actualmente ganan un promedio de S/.900) y en contra de la propuesta del Ejecutivo para municipalizar la salud e implantar el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Servicio de Salud o "SOAT Médico". En Lima un nutrido grupo de galenos salió a las calles y marchó a la sede del Congreso de la República para exigir el cumplimiento de sus demandas. El 27 de noviembre, los miembros de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud (Fedeminsap) acataron un paro preventivo de 24 horas en demanda del nombramiento de dichas profesionales, beneficios laborales e incentivos en sus planillas de pago, entre otros pedidos. Las enfermeras asimismo criticaron el proyecto de ley que establece la creación del seguro obligatorio de responsabilidad civil por servicios de salud, más conocido como "SOAT médico". Al igual que el gremio médico, estas profesionales también rechazaron la municipalización de los establecimientos de salud propuesta por el gobierno central. Nilda Solís, secretaria general del Fedeminsap, advirtió que el gremio realizará una nueva huelga nacional indefinida, si el gobierno no resuelve sus demandas. Jornada de lucha de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) El 8 de noviembre, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una jornada nacional de lucha a la que se sumaron una gran cantidad de otros gremios, las centrales sindicales CUT-CCP y CNA y los Frentes de Defensa de varias regiones. Además de reivindicaciones propias de los diferentes gremios en conflicto, la movilización tenía por objeto rechazar el encarecimiento de los productos de primera necesidad, los despidos y atropellos permanentes contra los trabajadores (mineros, catedráticos, obreros textiles, de agroindustria, Salud, maestros, etc.), los altos índices de corrupción del actual régimen, el incumplimiento de los acuerdos suscritos con las diversas organizaciones regionales y el olvido de las promesas electorales del gobierno del APRA liderado por Alan García. Un motivo central de protesta de la CGTP era el continuismo de la política económica del gobierno que somete al país al modelo económico neoliberal que beneficia a unos pocos y sacrifica el interés nacional en favor de lo extranjero, todo ello en nombre de una globalización desigual a la que ni siquiera se cuestiona. En ese sentido exigió la no suscripción del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y la aprobación de la Ley General del Trabajo que restituya los derechos laborales y reforme los llamados "services", empresas de subcontrata que niegan a sus trabajadores las más elementales beneficios sociales y derechos laborales Días antes de la jornada de protesta, el gobierno inició una intensa campaña contra la medida de lucha. El 4 de noviembre, el secretario general del partido de gobierno, Mauricio Mulder, calificó de "tontos útiles" a los dirigentes de la CGTP cayendo en el juego de la ultra izquierda y el narcoterrorismo. El día siguiente, en una declaración nacional a través de la televisión, el presidente Alan García consideró que la movilización obedece a fines políticos y que es promovida por sectores "extremistas y comunistas". Incluso, mencionó que corresponde a organizaciones que no asumen su derrota en las últimas elecciones, en alusión al líder de la oposición Ollanta Humala. Asimismo, dijo que no hay razones de fondo para que mineros, médicos y catedráticos realicen una huelga. "Me pregunto si el pueblo que paga a los empleados y a los profesionales que trabajan en el Estado estaría de acuerdo con que el gobierno tome todo el dinero del pueblo para pagar más a los trabajadores públicos y se olvide de hacer obras", explicó. El secretario general de la CGTP, Mario Huamán respondió que estas nuevas acusaciones eran una muestra de intolerancia y autoritarismo. Huamán confirmó la presencia en la marcha de los gremios del líder nacionalista Ollanta Humala, también se mostró decepcionado por la posición del gobierno aprista que ahora critica la realización de acciones de protesta en demanda de mejoras económicas y laborales, "y ya no recuerda que durante la presidencia de Alejandro Toledo se sumaban a los paros y movilizaciones". El 7 de noviembre, luego de que el secretario general del Partido Aprista, Mauricio Mulder, convocara a una movilización en contra de la jornada de lucha del CGTP, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), vinculada al APRA, decidió realizar sorpresivamente una marcha "en favor de la democracia y la estabilidad del país". Ese mismo día el Ministro del Interior Alva Castro, negó las garantías a la marcha programada por el CGTP en Lima. Frente a toda esa campaña el CGTP y los gremios aliados se refirmaron en la convocatoria de la jornada de lucha. El acto central de los actos de protesta del 8 de noviembre, era una marcha desde la Plaza Dos de Mayo hasta el Congreso de la República. Luego de preconcentraciones en diferentes puntos de Lima, miles de manifestantes se reunieron en la Plaza Dos de Mayo para iniciar la movilización y, a su paso, ocasionaron un caos vehicular en las avenidas Colmena, Tacna, y las vías de ingreso a la Plaza San Martín. En la marcha participaron los gremios del sector Salud, los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep), la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase), los trabajadores de las universidades públicas, gremios mineros, trabajadores de las compañías telefónicas, obreros de Construcción Civil, ambulantes, estibadores y trabajadores portuarios, y otros sindicatos. Durante el recorrido, los dirigentes tenían previsto entregar sendos memoriales al titular del Legislativo y al ministro de Economía. Sin embargo, los manifestantes solo llegaron al cruce de la avenida Abancay con el jirón Cusco por el fuerte contingente policial presente en el lugar, que no les permitió llegar a las sedes del Legislativo y el Ejecutivo. Sucedió que el Ministerio del Interior les había concedido, a última hora, las garantías que solicitaron para movilizarse, pero -como había adelantado- no permitió que llegaran hasta la sede del Congreso de la República. Por lo tanto, los dirigentes decidieron concluir la protesta en ese lugar con un mitin, en el cual el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, anunció que si, en los próximos días, el Ejecutivo no los convoca para dialogar en torno a sus demandas, las organizaciones realizarán un paro nacional similar al que llevaron a cabo el 14 de julio de 2004. También hubo movilizaciones en el interior del país como en Arequipa, Cusco, Moquegua, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Chimbote, Ica, Huanuco, Loreto y Madre de Díos, donde las organizaciones sociales se sumaron a la jornada de protesta. En Arequipa marcharon los catedráticos y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín, una delegación numerosa de la Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Arequipa y de Telefónica que demandaron el incremento de sus salarios, y obreros de construcción civil, entre otros gremios. Por seguridad, la Gerencia Regional de Educación suspendió las clases escolares. En Ica, gremios profesionales, laborales y organizaciones sociales asociados en la Coordinadora Ciudadana por los Damnificados y Desarrollo se movilizaron por las calles para exigir la pronta reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el 15 de agosto y la instalación del Directorio del Fondo de Reconstrucción del Sur - FORSUR en la región. En Cusco, el líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, encabezó la movilización. En Lambayeque, sindicalistas de construcción causaron destrozos, robos y agresiones: rompieron a palos la barrera de una edificación y ante la resistencia de los obreros que trabajan en el lugar, de unirse a la protesta, empezaron a lanzar ladrillos. Mientras que en Cajamarca, a pesar de la lluvia torrencial, cerca de cuatro mil trabajadores de la CGTP se sumaron a la medida de protesta desde las primeras horas del día. Luego de un recorrido, se concentraron frente al local de la Gobernación, en donde el secretario general del sindicato de la minera Yanacocha, Guillermo Nina Yampasi, criticó al gobierno. En Huamanga hubo marchas separadas de las organizaciones de base como el Frente de Defensa de Ayacucho y la Federación Departamental de Trabajadores de Ayacucho (FEDETA), evidenciando la división entre las organizaciones sociales. El 22 de noviembre, los gremios afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) realizaron una nueva jornada de lucha con una movilización en Lima, para exigir al gobierno central el cumplimiento de los compromisos asumidos con varios sectores laborales como los docentes universitarios y los trabajadores del sector Salud. La crisis de las universidades públicas continúa Los docentes y trabajadores de las universidades públicas intensificaron sus medidas de lucha en el marco de la huelga nacional indefinida iniciada en el mes de octubre para exigir mejoras salariales. Con la paralización los docentes lucharon por el cumplimiento de la homologación de sus salarios con los de los magistrados del Poder Judicial como lo dispone la Ley Universitaria. El gobierno del APRA había suspendido el programa de homologación acordado con el gobierno de Toledo, después de una prolongada huelga en el año 2005. Mientras tanto, la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú (Fentup), exigió que el gobierno cumpla con el acuerdo al que llegaron en una reunión con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) realizada el 7 de agosto, y en el cual se contemplaba el incremento de sus remuneraciones en 300 soles, así como el nombramiento del personal contratado. El 5 de noviembre, en Huancayo, docentes y estudiantes universitarios bloquearon por más de siete horas la Carretera Central en protesta por la violenta represión policial del pasado 31 de octubre, la cual dejó a dos personas heridas. La vía fue despejada por la intervención de las fuerzas del orden, quienes en un comienzo se enfrentaron a los manifestantes, pero gracias a la mediación del fiscal provincial de prevención del delito, Arturo Santander, los alumnos aceptaron deponer su medida de fuerza. Los estudiantes acusaron a los efectivos policiales de actuar con excesiva violencia contra sus compañeros Warner Herrera Ramos y Susan Carhuallaqui durante la marcha del 31 de octubre, pese a que no la acataban sino estaban casualmente en el lugar. Por ello, dijeron que iban a presentar denuncia contra los altos mandos policiales. La jornada de protesta se dio en el marco de la huelga indefinida que acatan los docentes universitarios que exigen la homologación de sus sueldos respecto a los magistrados del Poder Judicial. El 6 de noviembre, alrededor de mil 500 catedráticos provenientes del norte del país realizaron una manifestación en Trujillo, reclamando el cumplimiento del programa de la homologación en pro de los docentes de universidades públicas. La movilización contó con la participación de los diferentes sindicatos de las universidades públicas de Cajarmarca, Tumbes, Chachapoyas, Lambayeque, Chimbote y Piura. Los manifestantes arribaron a tempranas horas a la ciudad, con el objetivo de hacer fuerza común con los distintos gremios y luego proseguir con una movilización hasta Lima. El 7 de noviembre, nueve docentes universitarios del interior del iniciaron una huelga de hambre en el local de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como una muestra de su voluntad férrea de lograr que el gobierno de Alan García Pérez, incremente el presupuesto para las universidades y cumpla con la homologación de sus salarios pendiente hace 24 años. Los profesores rechazaron las expresiones vertidas por el presidente García referidas a que los docentes están pidiendo aumento de sueldos, sin dar nada a cambio, que se oponen a ser evaluados y otras opiniones que sólo buscan descalificar el aporte de las universidades públicas del Perú al desarrollo del país y se reafirmaron en que apuestan por una educación de calidad y que ellos no se resisten a ninguna evaluación porque es una práctica cotidiana en la universidad. En otra jornada de protesta, el 9 de noviembre, las autoridades, docentes y alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizaron una marcha institucional hacia el Congreso de la República en Lima, en demanda del cumplimiento del proceso de homologación de sueldos de los catedráticos con los de los magistrados del Poder Judicial. Al respecto, Víctor Peña Rodríguez, vicerrector académico de la universidad decana de América, explicó que exigen respeto para los profesionales del sector. "Nosotros no negamos la posibilidad de dialogar con el gobierno, pero nos alarma un proyecto de ley que hace retroceder todo lo avanzado", añadió, refiriéndose al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que pretende condicionar la homologación de los sueldos con una evaluación de méritos de los docentes universitarios. También tomaron las calles del centro de Lima -para dirigirse al Congreso- los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú (Fentup), gremio que acata una huelga indefinida a la espera de mejoras salariales. En la movilización participaron delegaciones llegadas desde distintas regiones. Luego de que el Ejecutivo había postergado de manera indefinida la promulgación de la ley que homologa los sueldos de los docentes universitarios, que fue aprobada el 15 de noviembre en el Congreso, el 21 de noviembre, el presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fendup), Julio Lazo, dio un ultimátum al jefe del Estado, anunciando que el día siguiente realizaron una Asamblea Nacional de Delegados para acordar medidas de protesta más radicales como la toma de locales y el bloqueo de carreteras. Después de casi mes y medio de labores suspendidas, los catedráticos nombrados de las universidades públicas lograron que el gobierno promulgue la ley que autoriza el incremento de sus sueldos en un 35%, con lo que sus mensualidades se acercan al haber básico de magistrados del Poder Judicial (como manda la Ley Universitaria). Así lo estableció la Ley 29137, publicada el 27 de noviembre en el cuadernillo de Normas Legales del diario El Peruano, con lo que se cumplió el segundo tramo de la homologación dispuesta en 2006, otorgándose a los catedráticos un adicional equivalente al 30% de sus sueldos para el año 2007, faltando un 35% que deberá cumplirse en 2008. Al conocerse la publicación de la norma, el grupo de docentes que realizaba una huelga de hambre en la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos en Lima suspendió la medida. Julio Lazo, dirigente máximo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fendup), se mostró satisfecho con la decisión del gobierno, pero señaló que el gobierno todavía no ha aprobado el desembolso correspondiente al 2008, el mismo que financiará el 35% restante de la homologación, lo que era una condición para terminar la paralización. El dirigente anunció que el viernes 1 de diciembre, en una reunión de dirigentes regionales, se decidirá si se levanta la huelga de los catedráticos. Mientras tanto, continuaba la huelga de los trabajadores administrativos de las universidades públicas. Durante la movilización convocada por la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú (Fentup), Winston Huamán, anunció que cerrarán 32 de las 34 universidades públicas a nivel nacional, de no incluirse el incremento salarial de 300 soles para 22 mil trabajadores en el Presupuesto General de la República para el 2008, que ese mismo día se debatía en el Pleno del Congreso. Paralelamente, los trabajadores universitarios en otras partes del país radicalizaron sus medidas de lucha. El 21 de noviembre, en Trujillo 35 trabajadores entraron en huelga de hambre, medida que en los siguientes días fue acatado también por grupos de trabajadores en otros lugares. En una nueva jornada de protesta, el 22 de noviembre, los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) bloquearon la carretera de ingreso a Lambayeque con una suerte de barrera humana. El 23 de noviembre, los trabajadores administrativos de las universidades públicas protagonizaron protestas en diversas ciudades del país. En Trujillo, alrededor de 500 representantes de dicho sector tomaron el atrio de la Catedral por cerca de cuarenta minutos y se atrincheraron para hacer sentir sus reclamos. Asimismo, en Arequipa, trescientos empleados de la Universidad Nacional San Agustín, llegaron hasta el frontis del local del Partido Aprista y empezaron a arrojarle huevos a la fachada. Violentos choques entre campesinos y policías en la huelga indefinida de los campesinos cocaleros El escenario de violencia se intensificó en algunas zonas cocaleras, especialmente en Ucayali y San Martín, luego de que los productores organizados en la CONPACC iniciaran una huelga nacional indefinida el 29 de octubre. El 1 de noviembre, se produjo un violento enfrentamiento entre efectivos policiales que brindaron seguridad a los trabajadores del Proyecto Especial de Control y Reducción de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) y un centenar de cocaleros. Los campesinos atacaron con piedras, palos y diversos objetos contundentes al grupo del CORAH que desarrollaba trabajos de erradicación en el caserío San Cristóbal, a 9 kilómetros al noroeste de Uchiza, jurisdicción de la provincia de Tocache, en San Martín. Los policías repelieron el ataque con el uso de gases lacrimógenos. En el incidente resultaron heridos tres policías y un campesino. Entre el sábado 3 y el lunes 5 de noviembre la policía y los cocaleros se enfrentaron durante varias horas en la zona de Aguaytía (Ucayali) cuando las fuerzas del orden intentaban desbloquear la carretera Federico Basadre. El choque del sábado 3 de noviembre, se produjo en la zona denominada Barrio Unido, cerca del puente Aguaytía. Según informaron los campesinos cocaleros, el enfrentamiento comenzó a las 9 de la mañana, pero que se intensificó a partir de las 2 de la tarde cuando los efectivos policiales del Frente del Alto Huallaga botaron sus ollas comunes y empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. Producto del choque el campesino Raúl Rosas Quispe resultó herido en una pierna y ocho policías presentaron heridas por pedradas, según informaciones de la comisaría de la zona. El domingo se mantuvo el clima de tensión hasta que el lunes 5 el escenario llegó a su punto más violento entre los kilómetros 161 y 135 de la carretera Federico Basadre, que conduce a Pucallpa, debido a los intentos de los policías de despejar la vía. Los dos epicentros del conflicto fueron Barrio Unido y sobre todo la zona denominada Huipoca. Los choques en Ucayali dejaron un saldo de unos 25 policías heridos, entre ellos tres de gravedad, según informaron en la comisaría de Aguaytía; mientras que los cocaleros reportaron cuatro heridos, uno de ellos de gravedad. Según el dirigente cocalero de Aguaytía Flavio Sánchez, los otros tres campesinos presentaron heridas en las piernas por las bombas lacrimógenas. El 6 de noviembre, pobladores del sector Sarita Colonia en Tocache (San Martín) habrían intentado expulsar a un grupo de cocaleros que estaba atrincherado en la vía Fernando Belaunde Terry. Ese mismo día, el dirigente de los cocaleros del CENACOP, Eduardo Ticerán Salazar, informó en Tocache que se concluyó la elaboración de un plan integral de desarrollo, que busca solucionar el problema de la coca en esta parte del país. Según Ticerán, los proyectos y perfiles que fueron incluidos superarían los 200 millones de dólares. El documento fue elaborado por profesionales y técnicos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva y líderes cocaleros de la CENACOP, que formaron parte de la Mesa de Trabajo Regional. El dirigente recordó que esta Mesa de Trabajo fue instalada el 7 de mayo del presente año por el Poder Ejecutivo, tras la huelga que acató su gremio a mediados de abril. "Cuando nosotros salimos a protestar el Gobierno nos pidió proyectos, y no teníamos nada, sin embargo ahora hemos trabajado durante 6 meses y ya tenemos nuestro plan integral, creo que esta vez ya no van a tener excusas para no atendernos", dijo. Al mismo tiempo, lamentó que sus compañeros de la CONPACC, no los apoyaron durante la pasada medida de lucha y cuando sus cultivos de coca fueron erradicados. "Hoy que los erradicadores fueron a sus chacras, recién se acuerdan de nosotros, pero cuando erradicaron en nuestra zona, ni les interesó", sostuvo. El 7 de noviembre, un grupo de aproximadamente 600 productores cocaleros en huelga indefinida, integrantes de la Federación de Productores Cocaleros del Valle Apurimac y Ene, llegaron a Pisco en marcha de sacrificio por reclamar sus demandas pendientes. Los campesinos organizadamente y en forma pacífica recorrieron las calles del distrito expresando frases de protesta en contra del gobierno peruano. Ellos se ubicaron en la mañana de la víspera en el Km. 2 de la vía Los Libertadores de este distrito, donde prepararon sus alimentos para continuar con la marcha, esperando noticias de sus dirigentes, quienes estaban participando una reunión en la capital peruana. Luego de sostener un nuevo enfrentamiento con la policía, cocaleros de Aguaytía que cumplieron su décimo día de huelga indefinida, el 8 de noviembre, atacaron nuevamente a las unidades de transporte de carga que por el bloqueo de la carretera Federico Basadre se encuentraban varados en los alrededores de esa ciudad. Los manifestantes ante los pedidos de tranquilidad y súplicas de compasión del conductor y propietario del vehículo, quemaron un camión Volvo color rojo cargado de madera y que tenía como destino la ciudad de Lima. Mientras tanto, en la ciudad de Aguaytía se dejó notar el desabastecimiento de diversos productos como combustibles, bebidas y otros alimentos, así como artículos que provienen de Pucallpa y el aumento de los precios se hizo una constante entre los comerciantes. En la tarde, unos 200 cocaleros de Aguaytía apoyados por pobladores de la zona, violentaron las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Padre Abad y luego agredieron al alcalde Tomy Tang Gonzales. Los manifestantes se dirigieron a la municipalidad para protestar por la denuncia que el asesor legal del referido burgomaestre había hecho ante el Ministerio Público y la Policía contra un grupo de locutores de radio por hacer apología a la violencia y narcoterrorismo, y a otro grupo por atacar el local municipal. Luego de protestar en las afueras, ingresaron violentamente a las oficinas, llegando hasta el despacho de la alcaldía. En el interior, increparon a Tang Gonzales, luego lo golpearon y lo sacaron a empellones por la parte posterior de la institución, obligándolo a salir para llevarlo casi a rastras con dirección a la comisaría. La intención de los manifestantes, era obligarle a que retire la denuncia contra esos tres sujetos y otros integrantes del gremio. Sin embargo, no lograron su objetivo, debido a que sorpresivamente apareció un contingente de policías que llegaron en apoyo desde Pucallpa y Tingo María, quienes utilizando gases lacrimógenos dispersaran a los manifestantes y rescataron al alcalde para llevarlo de retorno a la municipalidad. En la región Puno, unos 150 cocaleros bloquearon por más de 8 horas la carretera Juliaca-Cusco, dejando varados a miles de pasajeros, principalmente turistas nacionales y extranjeros quienes, quienes tuvieron que recorrer la zona bloqueada a pie para poder continuar su viaje. Otro grupo de cocaleros bloquearon el puente Otorongo en San Gabán en la provincia Sandía, paralizando el tránsito en Carabaya. Los manifestantes refirieron que la acción se radicalizó debido a que en horas de la madrugada efectivos policiales encubiertos aprehendieron a cuatro de sus dirigentes. El 9 de noviembre, los cocaleros de la zona norte de la región Puno salieron nuevamente a las calles de Juliaca, para exigir la solución de sus demandas. Al promediar las 12 del mediodía, cerca de una treintena de cocaleros ingresaron a la plaza de Armas de la ciudad, donde luego de lanzar arengas contra el gobierno central, procedieron a unirse a la asamblea popular que en ese momento se desarrollaba en plena plaza. El 9 de noviembre, a 12 días de iniciada una huelga indefinida, el secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de Cuencas Cocaleras (Conpacc), Pedro Pérez Baylón, que junto con otros dirigentes se encontraba en Lima para buscar una solución de sus demandas, informó que consultará a las bases la suspensión de la medida, para hacer un nuevo intento de entablar un diálogo con el Gobierno. No obstante, dejó también constancia de que el lunes 5 envió un oficio con ese fin tanto al presidente Alan García como al premier, Jorge del Castillo, pero no recibió respuesta. El 12 de noviembre, Pablo Pérez Ballón anunció que la Conpaccp dará una tregua de 20 días al Gobierno para que atienda sus demandas. Sin embargo, advirtió que si el Ejecutivo no entabla un diálogo con los agricultores cocaleros, radicalizarán sus acciones de protesta y organizarán rondas campesinas para defenderse de la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca. El 29 de noviembre, Walter Acha, subsecretario de la Conpaccp, quien se encontraba en Lima para coordinar el diálogo con las autoridades del Ejecutivo, advirtió que si hasta la primera semana de diciembre no se concreta una reunión con el primer ministro, Jorge del Castillo, los cocaleros de la Conpaccp radicalizarán sus medidas de lucha y organizarán sus fuerzas para que las 17 cuencas cocaleras participen unidas en una sola gran marcha de sacrificio hacia la capital. Pobladores de Angareaes (Huancavelica) toman mina Pampamali El 6 de noviembre, unos cinco mil pobladores del distrito de Seclla, provincia de Angaraes (Huancavelica), tomaron el campamento de la minera Pampamali para protestar por la contaminación que causa de la referida empresa y demandaron su retiro definitivo de la zona. Según los manifestantes, la toma de la mina fue un acuerdo de las comunidades ante la falta de atención del Gobierno a sus reclamos. Ellos se oponen a la presencia de la minera porque consideran que podría afectar la cantidad y la calidad del agua para la agricultura y para el consumo humano. El vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Base de la Provincia de Angaraes (Huancavelica), Carlos Candioti, denunció que la empresa minera Pampamali pretende continuar efectuando trabajos de exploración en el distrito de Secclla, sin contar con la autorización de los pobladores de las zonas aledañas al campamento minero. Candioti advirtió que de continuar las actividades de la minera Pampamali se seguirían contaminando las cuencas de los ríos Sicra y Atuna, únicos ríos que podrían salvarse de las aguas ácidas vertidas por la mina. En ese sentido, indicó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa minera Pampamali, no fue aprobado por ninguna de las comunidades de la provincia de Angaraes, y mucho menos por las cercanas a la mina, por presentar irregularidades en el estudio. Los manifestantes advirtieron que no se retirarán de la mina hasta que se garantice un espacio de diálogo entre la minera, el Gobierno y las comunidades. Cuando en la tarde estaban al punto de entablar un diálogo con una comisión del distrito de Lircay integrados por el alcalde provincial de Angaraes, el gobernador del distrito, personal del Ministerio Publico e integrantes de la Coordinadora Provincial de Organizaciones de Base, los manifestantes fueron atacados por pobladores de la localidad de Ccochatay azuzados por empleados de la empresa minera, quienes efectuaron disparo de escopetas e hirieron gravemente a Daniel Bonzano Cuchula quien recibió un impacto de cartucho en el pecho, falleciendo horas mas tarde, así como a dos campesinos más quienes fueron derivados al hospital de Ayacucho. Con el cierre total de los comercios y con la paralización del servicio de transporte público, el 7 de noviembre, los pobladores de la provincia de Angaraes acataron un paro de 24 horas para respaldar las protestas de los campesinos de la comunidad de Secclla, los cuales se oponen a la presencia de la minera Pampamali en su jurisdicción porque temen que contamine sus recursos naturales. Las autoridades provinciales y los representantes de las organizaciones sociales anunciaron que la medida de fuerza podría tornarse indefinida si el Gobierno no atiende su reclamo de enviar una comisión de alto nivel para iniciar el diálogo entre los comuneros, el Estado y la minera. El día siguiente, las protestas de los campesinos de Angaraes contra la supuesta contaminación ambiental que causa la mina Pampamali se agravaron. El gerente general de la compañía, José Herrera, denunció que los comuneros que atacaron y tomaron el campamento agredieron a los trabajadores que están de acuerdo con la explotación minera y, producto de ello, había varios heridos. El directivo señaló, además, que los manifestantes comenzaron a ingresar a las casas de los mineros para convencerlos de que respalden su medida de fuerza y se han producido graves enfrentamientos que no pueden ser controlados por la Policía debido a la falta de personal. No obstante, representantes de los pobladores de Secclla negaron que haya heridos en el campamento y aseguraron que la toma de la empresa era pacífica y que no había daños materiales. El 13 de noviembre, los estudiantes y padres de familia de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), sede Lircay, junto con los barrios Virgen del Carmen, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Bellavista, comunidades cercanas, estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas tomaron el local institucional, demandando la rectificación del Consejo Universitario de la mencionada universidad, que había decidido fusionar las escuelas de Ingeniería Civil que funciona en Lircay y en Huancavelica. La acción conjunta se debía a un acuerdo multisectorial con la Coordinadora de Organizaciones de Base. El 21 de noviembre, autoridades de Secclla, dirigentes comunales y funcionarios del gobierno regional de Huancavelica, de la Dirección Regional de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros acordaron la suspensión temporal de las actividades de la minera Pampamali, hasta que se solucione el conflicto generado por su presencia en territorio comunal. El gobierno de Huancavelica anunció que en las próximas horas emitirá la resolución correspondiente. Mientras tanto, los comuneros permanecerán en las instalaciones de la minera y solo permitirán el retiro de equipos. Ferroviarios del tren Huancayo-Huancavelica inician huelga indefinida El 6 de noviembre, los trabajadores del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica acataron una huelga indefinida, exigiendo un aumento de salarios que en el caso de los obreros y auxiliares no superan el Salario Mínimo Vital, pues, con los respectivos descuentos de ley, sólo perciben entre 300 y 450 nuevos soles. El 9 de noviembre, representantes del sindicato de Trabajadores del Ferrocarril de Huancayo-Huancavelica, llegaron hasta Lima y anunciaron que pasarán a medidas más radicales, que incluirían el bloqueo del ingreso a la ciudad de Huancavelica y el inicio de una huelga de hambre indefinida. Acusaron al gobierno del incumplimiento de la Ley de Presupuesto Público 2007 en su vigésimo artículo que autoriza la homologación de los sueldos, medida que no se ha cumplido. "La ministra de Transportes no cumplió con sus labores, puesto que ella debió iniciar los trámites para el cumplimiento de la homologación", acusó el asesor del gremio, Alcides Gonzales, quien advirtió que el gobierno está utilizando una serie de argucias con el objetivo de no aumentarles los sueldos. Anunció que iniciarán una demanda de acción de cumplimiento dirigida a los ministros de Economía y Transportes. El 12 de noviembre, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Junín declaró ilegal la huelga que acatan los trabajadores ferroviarios por no haber cumplido los requisitos de ley para el desarrollo de la misma, e infracción de las normas vigentes por tratarse de un servicio público esencial. "Esto significa que si los huelguistas no se reincorporan a sus puestos de trabajo en el plazo de 3 días, el empleador tiene la facultad de proceder a los despidos, bajo la advertencia respectiva", enfatizó la titular del sector, Elizabeth Valle Vila. Pese a ello, los trabajadores decidieron continuar con la medida de fuerza. Huelga indefinida de los estibadores del Callao El 21 de noviembre, los trabajadores organizados en el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao (SUTRAMPOR), iniciaron una huelga indefinida que paralizó por completo las actividades de importación y exportación en el Callao. Los estibadores exigieron un incremento de sus jornales básicos en 100% de actualmente S/.60, un doble jornal por el día del estibador tras la creación de la citada fecha, el reconocimiento de sus derechos laborales, pago de horas extras, respeto a sus horas de refrigerio y seguridad en el trabajo. Una demanda central era la negociación colectiva por rama de actividad, lo que fue negado rotundamente por los empleadores quienes insistieron que se mantenga la negociación directa con cada trabajador. El 24 de noviembre, los trabajadores de ENAPU (empresa pública que administra los puertos peruanos) anunciaron que, de no llegar a un acuerdo, se plegarán a la huelga de los estibadores, en señal de solidaridad con este sector, además de demandar la inmediata modernización de puertos y la conformación de las Autoridades Portuarias Regionales. Desesperados por las pérdidas económicas por la huelga de los estibadores, que estimaron en unos 50 millones de dólares por día, los agentes marítimos pidieron al Gobierno que declare en emergencia el puerto del Callao. El presidente de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, Ricardo de Guezala, dijo a la prensa que esa medida permitiría a los operadores de comercio exterior embarcar y desembarcar con sus propios trabajadores mientras dure la huelga de estibadores. Ante la crítica situación, el Consejo de Ministros se reunió para evaluar la posibilidad de declarar en emergencia el primer puerto y disponer que la Marina de Guerra asuma el control del mismo. Por su parte, Roberto Mora, dirigente de los estibadores, manifestó que los trabajadores no impedirán ni entorpecerán la llegada de turistas como se les había imputado, pero el resto de actividades como exportaciones e importaciones sí continuarán paralizadas. El 25 de noviembre, en el quinto día de la huelga, los operadores portuarios trataron de quebrar la huelga, trayendo estibadores del puerto de Matarani al Callao. Sin embargo, éstos solo pudieron desembarcar dos buques, pues el día siguiente, los trabajadores portuarios de ENAPU -encargados del remolque de las naves- también acataron un paro de 24 horas en solidaridad con los estibadores. Ante la creciente presión de los empresarios para que el gobierno intervenga en el conflicto, el 28 de noviembre, el presidente Alan García encargó al premier Jorge del Castillo que busque aproximaciones entre las partes, a la brevedad posible. El presidente de la Sociedad Agrícola Agrokasa y miembro de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), José Chlímper Ackerman, lanzó insultos contra los trabajadores portuarios y manifestó su disposición de tomar a la fuerza el control del puerto del Callao para reanudar las actividades portuarias. Esta actitud fue criticado hasta de representantes del gobierno, entre ellos el congresista aprista y ex sindicalista Luis Negreiros Criado quien manifestó que revela el carácter autoritario de un grupo de empresarios que se niega a cumplir actas laborales suscritas. Negreiros responsabilizó de la actual situación a los agentes marítimos por incumplir un acta firmada con los mismos dirigentes de los trabajadores portuarios. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Eduardo Farah, se solidarizó con los empresarios y señaló que apoyaría a Chlímper Ackerman y al premier en una intervención del primer puerto del país. El 29 de noviembre, luego de ocho días de huelga, el sindicato de estibadores del Callao decidió levantar parcialmente la medida de fuerza que había puesto en jaque el comercio exterior peruano. En la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dirigentes de los estibadores y representantes de siete empresas -de un total de 39- firmaron un acta de acuerdo mediante la cual se suspende la paralización y se colocan las bases para que cada delegado de los trabajadores negocie la mejora salarial y las condiciones laborales con sus respectivos empleadores. También se acordó que las empresas que operan en el primer puerto no tomen represalias contra sus trabajadores. Wilmer Esteves, representante de los trabajadores portuarios, confirmó que se llegó a un acuerdo, pero aclaró que solo los estibadores cuyas empresas firmaron el acta reanudarán sus labores en las próximas horas. Por ello invocó a que la mayoría de operadores suscriban dicho documento. Indicó que hasta el momento, solo seis de las 34 firmas que operan en el puerto chalaco lo han hecho. Los ejecutivos de estas firmas aseguraron que el resto de agentes también está dispuesto a participar en las conversaciones. En los ocho días de huelga, las pérdidas para el comercio exterior se estimaron en US$ 700 millones. Cerca de 49 naves no habían desembarcado y unos 10 mil contenedores con productos perecibles y no perecibles quedaron inmovilizados. Huelga de los trabajadores del Poder Judicial El 27 de noviembre, los trabajadores del Poder Judicial iniciaron una huelga nacional indefinida, exigiendo mejoras salariales y laborales. La medida fue acatada por cerca de 14 mil trabajadores, organizados en la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial. Dicho gremio solicitaba un aumento salarial de 100 nuevos soles por mes. Según Eduardo Rengifo, secretario general del gremio, el monto para esta bonificación ya estaba contemplado en el presupuesto del Poder Judicial, pero que la autorización para el pago debe darla el Ejecutivo a través de una norma legal. Además exigieron que sus sueldos se homologuen con los que perciben los trabajadores del Poder Legislativo y que los agremiados que están contratados bajo la modalidad de servicios no personales pasen a planilla. La Corte Suprema de Justicia había declarado ilegal la huelga, aduciendo que la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial no ha cumplido con los requisitos legales vigentes. De acuerdo a los considerandos de la resolución, firmada por el titular del Poder Judicial, Francisco Távara, la Federación no cumplió con presentar copia del acta de la supuesta asamblea, con el número de bases participantes, que habría acordado llevar adelante la huelga indefinida. Asimismo, también se incumplió con comunicar con la anticipación previa de diez días útiles al empleador por la realización de esta medida de fuerza. La huelga empezó con un cierrapuertas de las dependencias del Poder Judicial, que causó protestas airadas de cientos de litigantes a quienes se les impidió ingresar al Palacio de Justicia. En el segunda día de su huelga, los trabajadores del Poder Judicial realizaron un plantón en el interior de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima. A consecuencia, todas las sedes de la Corte de Lima y el Palacio de Justicia cerraron sus puertas en un intento de acallar a los huelguistas, lo que empeoró la situación, pues ni los pocos que desacataron la paralización pudieron laborar. Al medio día, en el Palacio de Justicia de Lima se observó que ni siquiera los jueces o auxiliares judiciales que habían salido a realizar alguna diligencia podían retornar a sus despachos. En busca de una solución a la huelga judicial, el 29 de noviembre, el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, entregó al Congreso una iniciativa legislativa para otorgar a los trabajadores de la institución una asignación excepcional de 900 nuevos soles, por única vez en el año. Según el proyecto, dicho monto se cubrirá con ingresos propios del Poder Judicial. En tanto, por la mañana, los trabajadores hicieron una marcha al Congreso en el centro de Lima, que fue reprimida por la policía con bombas lacrimógenas y chorros de agua. Y además… Comuneros se enfrentan por proyecto minero de Majaz (Piura)   4-11-2007 Un grupo entre 50 y 60 comuneros de la zona El Carmen de la Frontera, en la provincia piurana de Huancabamba, interrumpieron con piedras y palos la asamblea general que realizaban los campesinos de la comunidad Segunda y Cajas, que en su mayoría se oponen al proyecto Río Blanco de la Minera Majaz en Piura. Pobladores secuestran alcalde de Agua Blanca (San Martín)   5-11-2007 En la mañana, el alcalde del distrito de Agua Blanca (San Martín), Juan Carlos Mendoza Ruiz, fue secuestrado por cinco sujetos que portaban armas. Si bien la policía de El Dorado logró rescatarlo y llevarlo a la comisaría, horas más tarde unos 200 comuneros irrumpieron en la dependencia policial y se lo llevaron sin que los policías lograran impedirlo. La Defensoría del Pueblo en San Martín, encabezado por su jefa, Janet Álvarez Quispe, viajó hasta Agua Blanca para buscar una solución pacifica del conflicto. En octubre un grupo de probladores destruyó las oficinas y documentos del Consejo de Agua Blanca en rechazo al retorno del alcalde Mendoza, repuesto por el Jurado Nacional de Elecciones en julio. En Ayacucho docentes contratados dejan de laborar por incumplimiento de pago   13-11-2007 Los docentes contratados de la región Ayacucho, abandonaron sus labores y adoptaron medidas de fuerza por el incumplimiento del pago de sus haberes correspondientes a los meses de agosto, setiembre y octubre. Los más de trescientos docentes que fueron contratados a partir de agosto, laboran en los lugares más alejados e inhóspitos de la región Ayacucho. Como medida de fuerza han decidido suspender sus clases, dejando a los alumnos sin docentes. Rodil Bellido, uno de los delegados de los docentes contratados que se reunió con el director regional de Educación, expresó su preocupación por el desinterés de los funcionarios del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, quienes poco o nada habrían hecho para que el presupuesto correspondiente sea aprobado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Trabajadores de los penales realizan otro paro preventivo   14-11-2007 Con el fin de exigir un incremento en la retribución que reciben del Fondo de Asistencia y Estímulos (Cafae), el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios acató un paro nacional de 48 horas, medida de fuerza que suspendió todos los trámites administrativos en los penales, así como las visitas. El secretario general del sindicato, Gualberto Loayza, afirmó que mientras los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) perciben en promedio 285 soles por Cafae, los trabajadores del Ministerio de Justicia tienen una bonificación bordea los 1,035 soles. Controladores aéreos peruanos inician huelga nacional de 72 horas   14-11-2007 Los trabajadores de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac) iniciaron una huelga nacional de 72 horas en demanda de un aumento salarial y en contra de la demora en la compra de radares para el aeropuerto internacional de Lima. El secretario general del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo (Sucta), Wilber Ruiz, manifestó que unos 750 trabajadores acataron la medida de fuerza a nivel nacional. En la tarde, las actividades en los terminales aéreos del país se restablecieron tras la suspensión de la huelga de trabajadores de Córpac, luego de llegar a un acuerdo con los directivos de esta entidad. Gracias a la intermediación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se suscribió un acta de compromiso entre los representantes de Córpac y de los cuatro sindicatos de trabajadores que pertenecen a esa institución. Aurelio Crovetto, presidente de Córpac, afirmó que en este documento la corporación se compromete a fijar en el presupuesto un aumento remunerativo en los sueldos de todo el personal. Campesinos de Ancash reanudan protestas contra minera Antamina   19-11-2007 Aproximadamente 500 comuneros de las localidades de Santa Cruz de Pichu y San Antonio de Jutrog, en Áncash, bloquearon la carretera que da acceso a las instalaciones de la minera Antamina, en protesta por la contaminación del medio ambiente de la zona. El hecho se produjo tras la ruptura del diálogo entre las autoridades locales y los representantes de la compañía, ubicada a 230 kilómetros al sureste de Huaraz. A causa del bloqueo, decenas de vehículos se quedaron varados. El tránsito se logró restablecer con el transcurrir de las horas, informó la Policía. Además, un contingente policial se apostó en las instalaciones de Antamina para evitar su toma. Los comuneros pidieron la intermediación de la Defensoría del Pueblo. Ganaderos anunciaron que radicalizarán sus protestas   21-11-2007 Finalizada la cuarta ronda de negociaciones para lograr consenso sobre el nuevo precio por litro de leche que les pagan los industriales a los ganaderos, las diferencias eran irreconciliables. Luego de una asamblea general, los ganaderos decidieron radicalizar sus protestas y dejar de lado el diálogo. Incluso acordaron unirse a las protestas de distintos gremios agrarios. En ese sentido, desestimaron el pedido de los industriales, quienes les solicitaron 48 horas más para que anuncien su decisión de aumentar o no los precios que pagan por la leche. Los productores aseguraron que "no se rendirán" hasta no conseguir un aumento que se acerque al 30% exigido. Los industriales propusieron elevar en 14% el pago que hacen a los ganaderos por la leche que les proveen, pero adujeron que de ese total, ya subieron el precio en casi 9%. Comuneros de Apurímac protestan contra minera Xstrata   22-11-2007 Los comuneros de la provincia de Cotabambas (Apurímac) desarrollaron una jornada protesta contra la empresa minera Xstrata, responsable del proyecto Las Bambas. Los campesinos denunciaron que la compañía, de capitales suizos, no ha cumplido con presentar el estudio de impacto ambiental de su proyecto, ubicado al extremo sudeste del departamento de Apurímac, a 260 Km. por carretera hacia el Cusco. De igual manera, los organizadores de la medida de fuerza denunciaron el incumplimiento a los 17 acuerdos suscritos con las empresas mineras de esa jurisdicción, respecto a las condiciones sociales para la exploración y explotación de sus proyectos mineros. En ese sentido, la minera Xstrata estaría faltando al punto referido a la reposición de tierras por los terrenos afectados con sus operaciones, así como con a la reubicación de las comunidades perjudicadas, previo pago adecuado a lo establecido por la ley. En agosto de 2004, la minera suiza Xstrata adquirió los derechos de exploración y una opción de transferencia para asumir la dirección del proyecto Las Bambas a través de una licitación pública por un monto total de 91 millones de dólares. El pago total se realizó de la siguiente manera: 45.5 millones de dólares fueron entregados a la firma del contrato de opción y los otros 45.5 millones de dólares fueron asignados a un fideicomiso comunitario administrado de manera independiente para proyectos de desarrollo. Protesta de damnificados de terremoto por la reconstrucción   23-11-2007 La población de Ica realizó un paro regional de 24 horas convocado por la Coordinadora Ciudadana de Damnificados de Ica, para exigirle al Gobierno la más celeridad en la reconstrucción de las ciudades devastadas por el terremoto del 15 de agosto, así como la renuncia de Julio Favre a la presidencia del Forsur (fondo creado para la reconstrucción de la región) y la incorporación de miembros de la sociedad civil en dicha entidad. La medida se cumplió con el cierre de todos los centros comerciales y los organismos públicos, la suspensión del transporte público y el bloqueo de la carretera Panamericana Sur en la región. Los actos de protesta empezaron muy temprano, cuando un grupo de pobladores armado con piedras y palos bloqueó los kilómetros 292 y 293 de la referida vía, a la altura del ingreso a Parcona. Luego, la medida se repitió en los kilómetros 198, 230, 295 y 301. Durante los bloqueos se presentaron saqueos y ataques a los buses interprovinciales y a los vehículos particulares. Debido a la magnitud de las protestas, la Policía Nacional tuvo que enviar un contingente de 50 efectivos de la Dinoes de Lima, el cual arrojó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y logró imponer el orden recién en horas de la tarde. Durante los enfrentamientos, los agentes policiales detuvieron a 10 personas por bloquear las vías, pero estas fueron liberadas horas después. El presidente de la Coordinadora Ciudadana de Damnificados de Ica, Eusebio Valdez, libró de responsabilidad a los integrantes de ese grupo en las protestas violentas, y aseguró que gente infiltrada trató de deslucir el éxito de la medida de fuerza. El dirigente advirtió que si sus demandas nos son escuchadas, los iqueños realizarán una marcha de sacrificio a Lima, para sensibilizar a las autoridades sobre sus necesidades y demandas. Protestas contra la explotación petrolera en San Martín   29-11-2007 En la región San Martín, unas mil personas marcharon por las calles de Tarapoto en protesta por el proyecto de explotación petrolera en la reserva natural de Cordillera Escalera.