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	Protestas sociales en Perú OCTUBRE DE 2007 Ganaderos inician acciones de protesta demandando precios justos Acatando un acuerdo de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) de iniciar medidas de lucha para exigir precios justos para sus productos, los ganaderos de diversos lugares del Perú realizaron una jornada de protesta. . Los ganaderos exigieron un aumento del precio de base en un 30%. Actualmente, las empresas pagan S/. 0.85 céntimos en promedio por litro de leche. Los ganaderos exigen que por lo menos les paguen S/. 1.05. Del total de la producción lechera, un 70% es adquirido por la gran industria (Gloria, Laive y Nestlé), y el restante, por los productores artesanales. Además los ganaderos demandaron del gobierno que se realice un estudio de costos de producción y se restablezca el reglamento de la leche. El 2 de octubre, los ganaderos valles del departamento de La Libertad derramaron tres mil litros de leche en la puerta de acceso a la planta acopiadora de la empresa Gloria, ubicada a la salida sur de la ciudad de Trujillo, capital departamental. Posteriormente lanzaron otros dos mil litros de leche en la carretera Panamericana Norte y mil litros más en calles aledaņas a la Plaza de Armas de Trujillo. Los manifestantes solicitaron que el gobierno sirva de intermediario entre los ganaderos y los industriales lácteos, a los que acusaron de no otorgarles precios adecuados por sus productos. Ese mismo día, en una entrevista a una radioemisora, el presidente de la Asociación de Industriales Lácteos, Rolando Piskulich, sostuvo que la industria láctea incrementó en 3.07% el precio de compra de leche a los productores, subiendo el precio de venta al consumidor de S/. 2.08 a S/. 2.11 durante el periodo de enero a setiembre de 2007. Por ello sostuvo que los pedidos de los ganaderos para que se homologue el costo por litro de acuerdo al mercado internacional, o que se incremente en 30%, solo lograría que el consumidor pague hasta S/. 3.00 Soles por tarro de leche evaporada. Actualmente su costo es, en promedio, de S/. 2.20. "Se ha protegido a este sector con una sobretasa para evitar la compra de leche en polvo importada durante 10 aņos. Ahora que ésta registra un alza internacional, quieren que se homologue su costo con leche fresca, lo que no guarda ninguna relación", sostuvo. Por su parte, el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Javier Valera justificó la demanda de su sector con el hecho de que trabajan con costos de producción congelados desde hace ocho aņos, pero que üultimamente subieron los precios de los alimentos balanceados elaborados con maíz que requieren las vacas, por lo que los industriales deberían pagar más por el litro de leche. Prosiguiendo con sus protestas, en la maņana del 10 de octubre, un grupo de agremiados a la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú se reunió en el cruce de la Carretera Central con la avenida Las Torres, para marchar en dirección a la planta de Leche Gloria en Huachipa (departamento de Lima). Los ganaderos llegaron hasta la planta procesadora con algunas vacas y demandaron entablar pronto diálogo con la empresa. En los días anteriores, el ministro del sector, Ismael Benavides, sostuvo reuniones con ambas partes y hasta pidió a los industriales que replanteen su estructura de costos con el objetivo de ofrecer mejores precios a los productores. El 16 de octubre, se realizó otra protesta en la región de Arequipa, donde los ganaderos de La Joya y de Siguas se congregaron en la carretera Panamericana Sur para reclamar a la empresa Gloria un mejor precio para la leche, ocasionando gran congestión de vehículos. Los manifestantes exigieron el pago de un nuevo sol por litro del producto fresco y la instalación de una mesa de diálogo entre industriales y productores para llegar a un acuerdo satisfactorio. El 22 de octubre, el Grupo Gloria informó que, desde la segunda quincena de octubre, todos sus proveedores (alrededor de 15 mil) recibirían un aumento de 4% en el precio pagado por cada litro de leche fresca. Sin embargo, los ganaderos consideraron insuficiente este aumento y insistieron en reclamar un alza de 30%. Al respecto, Javier Valera, presidente de la Asociación de Ganaderos y Lecheros del Perú (Agalep), indicó que el incremento que piden "no es una cifra antojadiza. Los alimentos que consumen las reses han subido cerca de 60% y eso influye en 30% sobre el costo de producción". Ante la negativa de los industriales del sector lácteo de aumentar, en 30%, el pago por litro de leche adquirida, el 25 de octubre, los ganaderos radicalizaron sus medidas de protesta sacrificaron 100 vacas en el camal de la avenida Colonial en Lima. Javier Valera, presidente de Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, lamentó que se haya llegado a este punto, pero reiteró que ya no pueden mantener a su ganado. Anunció de otro lado que Agalep presentará ante Indecopi una denuncia por abuso de dominio de mercado contra la empresa Gloria. El 26 de octubre, los productores de Lambayeque advirtieron que dejarán de vender el insumo al Grupo Gloria para ofertarlo en las calles, directamente a los consumidores. Galvarino Castro, dirigente del gremio de lácteos de Lambayeque, sostuvo que los 60,000 litros de leche que a diario le venden la empresa Gloria serán reorientados a partir de la próxima semana en los 38 distritos de la región. Ese mismo día, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, informó que la empresa Gloria, una de las principales compradoras de leche, ha manifestado su propuesta de sentarse a dialogar con los ganaderos. Mineros de Southern Perú inician huelga indefinida Luego de romperse el diálogo sobre el trato colectivo del periodo 2007-2008, el 2 de octubre, los obreros de la empresa minera Southern Perú iniciaron una huelga indefinida. Los sindicatos de los centros de producción en Toquepala, Ilo y Moquegua exigieron un aumento del once por ciento a sus salarios en los próximos dos aņos. "El aumento de remuneraciones que nosotros estamos exigiendo es de orden técnico que sustenta la capacidad económica de la empresa, para darnos los incrementos que guarden relaciones de lo que producimos y lo que ellos ganan", así lo sostuvo el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Southern Perú en Cuajone, Román More. "Las utilidades de la empresa del aņo 2006 han sido de mil 287 millones, y el aumento que nosotros pedimos incluido los beneficios colaterales, no alcanzan más allá del 0.87 por ciento de la torta inmensa que la empresa se está comiendo", explicó. El sindicalista Arnaldo Oviedo explicó que la protesta se inició por la decisión de Southern de agregar nuevos compromisos a un acuerdo inicial de 50 puntos, que le daba más potestades sobre los trabajadores. Southern, subsidiaria del Grupo México, opera las minas de tajo abierto de Toquepala y Cuajone, con 63,000 y 80,000 toneladas métricas por día de mineral de cobre y concentrados de mineral de cobre, respectivamente. También cuenta con una fundición en Ilo que produce 290,000 toneladas, refinería capaz de producir oro y plata. El inicio de la huelga indefinida de cerca de los dos mil trabajadores de la minera Southern Perú fue marcado por enfrentamientos con la policía y bloqueos de carretera marcaron, que reclamaron mejoras laborales y salariales a la empresa. Desde Tacna, el secretario general del sindicato de Toquepala, Jorge Chávez Romero, denunció que en la maņana cerca de cincuenta efectivos buscaron reprimir la protesta -que se llevaba a cabo en el Cruce de Miramar- con el uso de bombas lacrimógenas. Mientras tanto, en Ilo, centenares de trabajadores mineros bloquearon la carretera Costa Norte en casi ocho kilómetros. Los dirigentes sindicales informaron que la huelga era acatada por un 90% de los trabajadores. En el segundo día de la huelga, los trabajadores de la refinería y fundición de Ilo permanecían apostados en la carretera Costanera Norte y la vía férrea que traslada el concentrado de cobre desde las minas de Toquepala y Cuajone. Otros grupos de obreros se concentraron en estos dos últimos lugares. En la tarde se realizó una movilización de los huelguistas en Ilo, desde Ciudad Nueva, para sensibilizar a la población sobre la problemática que enfrentan. El Ministerio de Trabajo declaró improcedente la huelga indefinida de los trabajadores de Southern, según advirtió el director de Inspecciones de este sector, Jorge Villasante. El 4 de octubre, el Frente de Defensa de Ilo expresó su apoyo a la huelga que acatan los trabajadores de Southern Peru anunciando que realizará un paro provincial para apoyar la medida. Como habían anunciado, el 6 de octubre, más de 500 pobladores de Ilo se movilizaron por las calles en apoyo de la huelga de los trabajadores de la Southern Perú, que reclaman la mejora de su situación laboral. El viernes, 5 de octubre, líderes sindicales y representantes de la compaņía acordaron delegar en el Ejecutivo la resolución de los puntos en los que no habían logrado consenso. Sin embargo, esta propuesta debía ser aprobada por las bases de los tres mayores sindicatos de la minera. El 7 de octubre, los trabajadores sindicalizados de la minera Southern Perú rechazaron una propuesta del Gobierno para resolver el conflicto laboral que tienen con la empresa y manifestaron que continuarán con su huelga en demanda de mejoras salariales. El dirigente sindical Arnaldo Oviedo explicó que el acta del Ministerio de Trabajo no había sido aceptada en su totalidad, porque no consideraba cinco puntos de su pliego de reclamos que deberán determinarse en un plazo máximo de ocho días. Según Oviedo, las mayores diferencias entre la empresa y el sindicato se referían al plazo de vigencia del pliego de reclamos que para la compaņía debe ser de tres aņos, mientras que para los trabajadores el convenio debe sólo durar un aņo. Después de una larga negociación con el ministerio de Trabajo, en la noche del 9 de octubre, los trabajadores de la empresa la minera Southern Perú Cooper Corporation, de Ilo (Moquegua) levantaron la huelga indefinida que sostenían desde hace ocho días. Román More, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores (SUT) de Ilo, Toquepala y Cuajone confirmó que se logró firmar un acta donde se establecen 49 puntos consensuados entre los trabajadores y la minera. En declaraciones a la prensa, More Peņa aseveró que uno de los principales acuerdos era el abono de una tasa de 100% sobre su remuneración ordinaria por el trabajo en sobretiempo, el trabajo en día feriado y el trabajo en día de descanso. Por su parte la Directora Nacional de Relaciones de Trabajo, Manuela García Cochagne, precisó que "el único tema que ha quedado pendiente de definición dentro de la negociación colectiva es lo concerniente al aumento salarial. Las partes (empresa y sindicato de trabajadores) tienen un plazo de ocho días para que presenten ante el MTPE los documentos que justifiquen el monto del incremento que están planteando". El 27 de octubre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dio su veredicto final y dispuso que el aumento general y reajuste de remuneraciones para los trabajadores mineros de la empresa Southern Perú Copper Corporation sea del 11% en 2007 y no de apenas 3% como planteaba la compaņía. El aumento del 11% será retroactivo: deberá aplicarse desde marzo de 2007. En cuanto a la bonificación por cierre de pliego, se ha dispuesto que la empresa otorgará a los trabajadores afiliados a los sindicatos y con contrato vigente un pago único y extraordinario ascendente a 8 mil 100 soles. Además, para 2008 habrá otro incremento de 5% al igual que para el aņo siguiente. Los dirigentes sindicales de los mineros se mostraron satisfechos con esta decisión. Huelga indefinida en las universidades estatales Luego de diversas jornadas de protesta, el 16 de octubre, los integrantes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fendup) entraron en una huelga indefinida por el incumplimiento del programa de homologación de sus sueldos con los magistrados del Poder Judicial, tal como lo había prometido el gobierno. A la medida se sumaron los trabajadores de las universidades quienes a partir del 25 de octubre, acataron una huelga indefinida por mejoras salariales y otras demandas. Las acciones de protesta se realizaron en coordinación con la Federación de Estudiantes del Perú, la Asociación Nacional de Rectores y la Coordinadora Interuniversitaria. En la capital, rectores y catedráticos de universidades nacionales acompaņados de estudiantes, recorrieron las calles hasta cerca del Congreso de la República, solicitándole se cumpla la Ley 28929 del aņo 2005 que seņala que el aumento para el aņo 2007 debe alcanzar el 35% de la homologación pendiente, así como las leyes 29070 y 29035, firmados en agosto del aņo 2007 por el Presidente de la República, Alan García, que contemplan la homologación de salarios de los catedráticos universitarios con los de los magistrados del Poder Judicial. Julio Lazo, presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), buscaba apoyo de congresistas para solucionar el problema. También hubo acciones de protesta en otras universidades de país. En Tumbes, cerca de 200 estudiantes y catedráticos de la Universidad Nacional salieron a las calles exigiendo que se cumpla con los aumentos previstos para enero del 2007 y enero del 2008. Por su parte, los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa también protestaron. Con megáfono en mano, salieron de los claustros y desfilaron por las principales calles de la ciudad. En Puno, cerca de 920 docentes de la Universidad Nacional del Altiplano también se plegaron a las medidas de protesta. Los dirigentes sindicales anunciaron que propondrían en el sétimo Congreso Nacional -a realizarse del 6 al 9 de octubre en Lambayeque- el reinicio de la huelga general. El día siguiente, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó la disposición final en el proyecto de ley Nš 1540-2007, que autoriza la transferencia de partidas para la homologación de los sueldos de alrededor de 30 mil catedráticos de las universidades del país. La disposición indica que suspenden los impedimentos seņalados en el Decreto Supremo Nš 033-2005 que impiden aplicar la homologación de sueldos de los docentes universitarios. El 8 de octubre, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fendup) acordó reanudar una huelga nacional indefinida a partir del 16, en protesta por la no homologación de sus sueldos con los haberes de los magistrados del Poder Judicial. Los catedráticos afirmaron sentirse "burlados" por el premier Jorge del Castillo, con quien acordaron que el desembolso del 35% de la homologación correspondiente a este aņo se cumpliría el mes de junio. Además expresaron su desconfianza en el gobierno por la no inclusión de la homologación de sueldos a los docentes universitarios dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto 2008. Como habían anunciado, el 16 de octubre, los catedráticos de las diferentes universidades del país retomaron su huelga nacional indefinida. Abandonaron las aulas y tomaron las calles. En la Plaza Dos de Mayo de Lima, una movilización de docentes fue atacado por la policía que trató impedirles que realicen una marcha hacia el Congreso. Los policías lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, hiriendo al presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), Julio Lazo, y el docente Ernesto Maguiņa. Según Lazo, la medida de fuerza habría superado más de un 60% de participación en las universidades públicas de Lima. En provincias habrían llegado a un 100%, dijo el máximo dirigente de los catedráticos, durante el mitin realizado en la Plaza Dos de Mayo. Lazo indicó que los reclamos defienden el derecho de 22 mil maestros de las 24 universidades públicas del país y "también incluye la defensa de la universidad pública y la dignidad de la docencia universitaria". Un grupo de estudiantes, representado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEP), apoyó la huelga al considerar una "irresponsabilidad del gobierno" incumplir con el acuerdo firmado entre los catedráticos y el gobierno, en el que se comprometían a concretar la homologación. El 27 de octubre, el Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Congreso para otorgar un tercer incremento a los catedráticos luego de un proceso de evaluación de méritos. La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) rechazó el proyecto de ley y ratificó la huelga indefinida iniciada el 16 de octubre. "Con esa ley buscan manipular el aumento de sueldo que nos corresponde por derecho. Lo único que quieren generar son despidos", manifestó el presidente de la Fendup, Julio Lazo, tras seņalar que al Ministerio de Educación no le corresponde evaluar a los catedráticos debido a que ellos se someten a un examen permanente contemplado en La Ley Universitaria. Trabajadores universitarios entran en huelga El 25 de octubre, cerca de 22 mil afiliados de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú (Fentup) iniciaron una huelga indefinida en 26 universidades públicas para exigir un incremento de sueldo de 300 soles, el nombramiento de trabajadores y el pase a planilla de los que laboran bajo la modalidad de servicios no personales. Los trabajadores universitarios ganan entre 800 y mil 400 soles al mes. En el balance del primer día de la jornada, el presidente de la Fentup, Winston Huamán, afirmó que el 95% de los trabajadores de universidades públicas acataron la huelga. Aunque la Federación agrupa también a 11 mil trabajadores de universidades privadas, esta vez solo acataron las medidas de fuerza quienes laboran en universidades del Estado. Pese a ello, en Lima la jornada de protesta comenzó en el frontis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una de las universidades privadas, porque en esa casa de estudios no se les ha pagado a los trabajadores la gratificación completa de Fiestas Patrias en los últimos 10 aņos. El 31 de octubre, se produjo un violento enfrentamiento entre efectivos policiales y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) de Huancayo, que acatan un paro nacional, dejó como saldo dos estudiantes gravemente heridos, aparentemente por impacto de bombas lacrimógenas. El hecho ocurrió después de las 10:00 de la maņana, cuando los custodios de la División de Unidades Especiales limpiaban la vía Central, que yacía obstaculizada con piedras, llantas quemadas y palos. Los administrativos reaccionaron airadamente y se originó una verdadera batalla campal, en el que se lanzaron varias bombas lacrimógenas, una de las cuales impactó en la cabeza del estudiante de la facultad de Ciencias de la Comunicación, Warner Herrera Ramos (21), originándole una grave lesión. Asimismo, la menor Susan Carhuallanqui Caysahuana (16), hermana de un alumno de la facultad de Enfermería, que había acudido a la UNCP para solicitar información, sufrió otro impacto a la altura del maxilar inferior con la pérdida de algunos dientes. Regiones de la Amazonía reinician protestas Las regiones Ucayali y Loreto reanudaron su lucha contra la eliminación de las exoneraciones tributarias para la Amazonía, alegando que no pueden pagar impuestos por su bajo desarrollo económico.. La población de dichas regiones meses atrás había suspendido sus protestas al abrirse un diálogo con el gobierno y en espera que se apruebe un proyecto de ley, presentado por el congresista de Unión Por el Perú (UPP), Róger Nájar Kokally, que busca devolver los incentivos tributarios a los departamentos de Ucayali, Huánuco y Loreto. El 17 de octubre, la población de Ucayali acató un paro regional de 48 horas, convocado por el Frente de Defensa regional (FREDEU) para exigir se mantenga las exoneraciones tributarias y protestar por el reiterado aplazamiento de las sesiones del Congreso en las que se tratará la posible restitución de las ventajas tributarias a la amazonía peruana. Las instituciones educativas y los establecimientos comerciales de la ciudad de Pucallpa quedaron cerrados. La Central de Operaciones Policiales (Ceopol) de Pucallpa informó que sólo las unidades de emergencia de los hospitales atendian al público. También el servició de transporte fue suspendido y sólo existió una escasa presencia de mototaxis y motos lineales por las calles. Por su parte, el presidente del Gobierno Regional de Ucayali, Jorge Velásquez, seņaló que avala la medida de fuerza como ciudadano, pero no participará activamente de la misma por encontrarse en la capital de la República a la espera del próximo debate en el parlamento sobre el tema de las exoneraciones tributarias. El 18 de octubre, el secretario general del FREDEU, Rómulo Coronado, seņaló que el Ejecutivo no tiene intención de dialogar con ellos sobre el problema y anunció que, por ello, el próximo 24 de octubre se unirán a la huelga que acatará Loreto por el mismo tema. El 24 de octubre, la población de Loreto realizó una movilización en la capital regional Iquitos, convocada por el Frente Patriótico de Loreto (FPL) en protesta por la falta de compromiso del gobierno para atender sus demandas. Uno de los pedidos principales era que se mantenga el canon petrolero y la forma de su distribución, respondiéndose así a un proyecto de ley, presentado por el congresista del APRA, José Vargas Fernández, con el cual se retiraría el canon petrolero de Loreto para que sea transferido y dirigido por AGROBANCO, entidad estatal destinada a fomentar la agricultura y manejada por el gobierno central. Para reforzar la posición de la región, el 18 de octubre, el Gobierno Regional mediante una ordenanza regional declaró de necesidad pública la intangibilidad y disponibilidad del canon petrolero y del fondo (12 %) destinado a programas promocionales de crédito a productores agrarios, pecuarios y pesqueros. El documento se basa en la Ley N° 2353, publicada el 25 de diciembre de 1985 que establece que el canon petrolero es un ingreso propio intangible, que significa: "que no debe tocarse", por lo que le correspondería el ingreso económico directamente al departamento de Loreto, y no puede destinarse a otros fines, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional mediante STC N° 0047-2004-PI/TC. Otra demanda importante era la continuidad de las exoneraciones tributarias, próximas a vencer en el 2008. Con beneficios tributarios, los loretanos pagan el 5% por concepto de Impuesto General a la Venta (IGV). Además exigieron la exoneración del IGV a los pasajes aéreos a Iquitos y la revisión de los contratos petroleros y forestales. Según informaciones de la FPL, se volvió a las medidas de protesta porque el Poder Ejecutivo no acudió a la mesa de diálogo con vigencia de tres meses, tal como se comprometió. Ese mismo día, representantes de las organizaciones sociales y congresistas de las regiones Loreto, Huanuco y Ucayali se reunieron en la ciudad de Huánuco para evaluar las repercusiones de la derogatoria de las exoneraciones tributarias que rige desde agosto pasado. En la reunión acordaron que las organizaciones sociales de Huánuco, Ucayali y Loreto acatarán un paro de protesta de 24 horas el 31 de este mes, si el Pleno del Congreso no aprueba el proyecto de ley que restituye las exoneraciones tributarias en la Amazonía. Además criticaron la posición del presidente regional de Huánuco, Jorge Espinoza, quien se pronunció en contra de la aprobación del proyecto de ley correspondiente, advirtiendo que si no se ratifica la supresión de la Ley de la Amazonía su región perderá un crédito adicional de S/. 60 millones previstos para obras de desarrollo. El 31 de octubre, el Frente de Defensa de Huánuco dio un plazo de quince días al Ejecutivo para cumplir las ofertas electorales hechas a esa región. En caso contrario, sus dirigentes amenazaron con medidas de protesta. El dirigente del Frente, Antonio Talenas, reclamó al gobierno la Ley de la Amazonía y las exoneraciones tributarias para sacar a esa región de la pobreza. Exhortó al gobierno regional terminar con la corrupción y anunció que acatarán la protesta nacional del 8 de noviembre. Trabajadores de Salud reinician protestas Los médicos y otros trabajadores de Salud reiniciaron sus protestas que suspendieron con motivo del terremoto del 15 de agosto para exigir mejoras salariales, el nombramiento de los trabajadores contratados y otras demandas. El 10 de octubre, cerca de 4 mil trabajadores del sector Salud de la región Junín realizaron un paro preventivo de 24 horas, en protesta contra el incumplimiento de acuerdos del gobierno regional y central. El secretario general del Federación Regional de Trabajadores del Sector Salud Junín (FERTRASSA-J), Ricardo Quispe Areche, indicó que pese a que se suscribió una serie de compromisos con las autoridades regionales y del sector Salud, hasta el momento no hay nada en concreto. Entre sus demandas eran la aprobación por el Congreso de la República del crédito suplementario para la nivelación de incentivos laborales, la aprobación del presupuesto destinado al nombramiento de contratados, la incorporación de incentivos laborales, entre otros. El 22 de octubre, médicos, enfermeras, obstetras y trabajadores administrativos de Salud de Ancash iniciaron una huelga regional indefinida con el objetivo de que se cumpla con el pago de sus Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial (AETAS) que se les debe desde hace dos aņos. Según el presidente de la Federación Medica del Perú Áncash - Costa, Fernando Iturrizaga Costa, la deuda a desembolsar sería de unos 2 millones de soles. El dirigente aclaró que su reclamo no es para que el canon minero se utilice en el pago de sus Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial (AETAS), como había propuesto el presidente regional César Álvarez Aguilar, sino para que el Gobierno Regional pida al ejecutivo un crédito suplementario para este fin. El 29 de octubre, la Federación Médica Peruana (FMP) inició un paro nacional de 48 horas para exigir el cumplimiento de su pliego de reclamos. El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Julio Vargas La Fuente, lamentó que hasta el momento el Ministerio de Salud (Minsa) no haya cumplido ninguno de los 23 puntos del acta firmada con su gremio durante la mesa de diálogo que han sostenido ambos sectores desde inicios del aņo. Entre las principales demandas era que el Ministerio cumpla con sanear la deuda que mantiene desde abril de 2006 sobre el pago de la Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETA) y con modernizar los equipos en los hospitales públicos. Al respecto los médicos exigieron un incremento sustancial del presupuesto para su sector. Además expresaron su rechazo a la política de municipalización de la salud porque esta pretende desvincular al Ministerio de Salud (Minsa) de su responsabilidad con los médicos para trasladársela a los concejos. Otor motivo de protesta era la propuesta para la creación del Seguro Obligatorio Médico de Responsabilidad Civil (SOAT Médico). Según Vargas otra preocupación de la FMP era que se construya un sistema único de salud, el pago de la bonificación especial a los médicos de provincias, así como mejorar las condiciones remunerativas de los galenos cesantes y jubilados. Los médicos también exigieron la renuncia del titular del sector, Carlos Vallejos por las irregularidades detectadas en el Seguro Integral de Salud (SIS) y la muerte de cuatro personas en el sur del país, luego de ser vacunadas contra la fiebre amarilla. Vargas dijo tener "información fidedigna" que demostraría que el lote de vacunas contra la fiebre amarilla, aplicada en la zona devastada por el sismo del 15 de agoto, estaba vencida. Mientras en Lima el paro sólo fue acatado parcialmente, en muchos lugares del Interior como Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura, Puno y Arequipa fue casi total, manteniéndose sólo el servicio de emergencia. El segundo día del paro, cerca de 200 profesionales de la salud afiliados a la Federación Médica del Perú (FMP) se movilizaron por las calles de Lima rumbo al Congreso con el objetivo de que los parlamentarios intercedan por ellos ante el gobierno para la solución de sus demandas. De no tener eco en el Ejecutivo, los médicos anunciaron que evalúan iniciar una huelga nacional indefinida en las próximas semanas. Cocaleros inician nuevo paro indefinido El 26 de octubre, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) anunció el inicio de una huelga indefinida a partir de lunes 29 de octubre en demanda del cumplimiento del Acta de Tocache, firmada por Juan José Salazar cuando fue ministro de Agricultura. Así lo dio a conocer el secretario general de la CONPACCP, y dirigente de la cuenca cocalera de Ucayali, Pedro Pablo Pérez Baylón, quien exigió al gobierno del APRA detener de inmediato la erradicación de los cultivos de hoja de coca y dar inicio al empadronamiento de los campesinos cocaleros, los dos puntos principales del Acta de Tocache. Pérez Baylón aseguró que las 18 cuencas cocaleras afiliadas a la CONPACCP que reúne a más de 300 mil campesinos cocaleros. Asimismo, aseguró que la huelga será pacífica y que no habrá bloqueos de carreteras sino, principalmente, marchas en las principales ciudades. El 28 de octubre, el Ministro del Interior, Luis Alva Castro, manifestó que "de ninguna manera" se detendrá la erradicación de cultivos de hoja de coca, tal como lo ha solicitado la Confederación Nacional del Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). El primer día del paro, se desarrolló con pocos incidentes. Los campesinos bloquearon algunos tramos de la carretera Federico Basadre, en Aguaytía, Pucallpa, y las empresas de servicio de transporte no salieron a trabajar por medidas de seguridad. Mientras tanto, en la región Puno, cerca de 70 agricultores cocaleros agredieron y retuvieron al funcionario de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), Edwin Díaz Merma, en protesta por la incautación de 36 kilos de hoja de coca que eran transportados desde San Gabán, Carabaya y Sandia a Juliaca. Tras el arribo del fiscal y efectivos policiales de Juliaca, Díaz Merma fue liberado. Luego los cocaleros se trasladaron a la ciudad de Puno y allí continuaron con sus manifestaciones de protesta contra las operaciones que realiza Enaco en la zona. El 31 de octubre, durante el tercer día de paro convocado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp), unos mil campesinos cocaleros marcharon por la localidad de Aguaytía, en Ucayali. Los enardecidos cocaleros destrozaron los grandes ventanales en el municipio provincial de Padre Abad para obligar al alcalde Tony Tang y otras autoridades ediles a sumarse a la marcha que avanzó unos 9 kilómetros, por la la carretera Federico Basadre, hasta llegar al centro poblado de Yúrac. Como medida de prevención algunos comercios cerraron sus puertas y los transportistas optaron por no salir a trabajar. En cambio sí hubo atención en los bancos, mercados y colegios. En Tingo María la paralización cocalera era parcial, pues los comerciantes cuestionaron la medida considerando que se habían preparado para aumentar sus labores y ganancias durante el feriado largo "La Asociación de Hoteleros" de esta ciudad. Se calculó que perderían un millón de soles en ingresos debido a que se han cancelado muchas reservaciones y la gente no viaja a la zona por temor. En Leoncio Prado y Tocache las labores se desarrollaron con normalidad. Y además Protestas en Puno por delimitación y contaminación minera   11-10-2007 Medio millar de pobladores de los distritos de Pichacani, San Antonio de Esquilache, Ácora, Mazocruz, Capazo, Conduriri e Ilave de la provincia de El Collao (Puno), realizaron una movilización de la ciudad de Ilave a Puno para expresar su disconformidad con la delimitación territorial de las zonas de frontera con Moquegua, Arequipa y Tacna. Los manifestantes exigieron "la recuperación y el respeto de sus territorios" en diversos sectores como las Acora, Capazo, Masocruz, Laraquiri y San Antonio de Esquilachi, en vista de que el departamento de Moquegua pretende anexar varios centros poblados puneņos a su jurisdicción. Las autoridades de estas poblaciones aymaras también protestaron por el trasvase de las aguas de Puno a Tacna, luego de comprobar la perforación de pozos en sus territorios por trabajadores del Proyecto Especial Tacna. A ello se sumó la protesta contra la contaminación de los ríos afluentes al lago Titicaca que estarían ocasionando las actividades de la minera Aruntani. En setiembre del aņo 2006, el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Milton Manrique Rodríguez seņaló que la empresa utiliza en sus exploraciones una sustancia sumamente tóxica, como es el AMFO, que contiene cianuro.   26-10-2007 En una reunión celebrada entre el presidente regional Hernán Fuentes Guzmán y los burgomaestres distritales de Santa Rosa, Ismael Acero Mamani y de Acora, Ivan Joel Flores Quispe, así como el alcalde provincial de El Collao-Ilave, Fortunato Calli Incacutipa, uno de los acuerdos alcanzados era el pedido de cerrar la mina Tucari, que explota la empresa Aruntani SAC, hasta culminar con la demarcación fronteriza. Para tal fin, se conformó una comisión compuesta por integrantes del comité de lucha de los pueblos afectados, el Gobierno Regional de Puno y los alcaldes, que elevarán la solicitud al Ministerio de Energía y Minas (MEM). De igual manera, se acordó exigir la renuncia inmediata del director regional de Minas de Puno, Ernesto Saguas. La cita se desarrolló luego de la inspección técnica efectuada por funcionarios regionales en la zona donde se perforan los pozos de agua en la frontera entre Puno y Tacna, y tuvo por finalidad analizar los problemas limítrofes con los departamentos de Tacna y Moquegua, a raíz del traspaso de agua para surtir a las compaņías mineras. Paro parcial de transportistas en Lima   15-10-2007 La Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo (Asetum), que representa un sector de los transportistas de Lima, realizó un paro de 24 horas en protesta contra el proceso de revisiones técnicas vehiculares que impulsa la Municipalidad de Lima. Los transportistas acusaron al alcalde de Lima, Luis Castaņeda, que promueve y avala el monopolio al entregarle la concesión de las revisiones a una sola empresa. Sin embargo, debido a la fuerte división que existe en el sector, la medida sólo fue acatada por un 30% de unidades, según estimó el jefe de la Sétima Región de la Policía Nacional, Octavio Salazar, pero quien agregó que en lugares alejados, como Pachacámac o Lurín, la restricción vehicular sobrepasó el 40%. Los maricultores de San Pedrito (Chimbote) realizan protesta   18-10-2007 Un grupo nutrido de extractores de conchas de abanico de la playa El Dorado de la Asociación de Pescadores Artesanales San Pedrito protestó en el frontis de la Dirección Regional de la Producción (Direpro) en Chimbote, exigiendo que otras nueve asociaciones de pescadores sean desalojados porque ya se les vencieron sus convenios. El presidente de la referida asociación, Lucio Almanzar Gómez, expresó que estas nueve empresas (las mismas que por su lado exigen ampliación de sus convenios) perjudican a sus representados porque han construido corrales y de esta manera no se puede acceder a la playa para explotar los bancos naturales de conchas de abanico. Portuarios realizan paro nacional de 24 horas   22-10-2007 Los trabajadores portuarios a nivel nacional iniciaron un paro de 24 horas en protesta ante la indiferencia del presidente del directorio de Enapu, Mario Arbulú, en no querer atender sus demandas para impulsar la modernización de los puertos, como informó Ricardo Herrera Cornejo, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores Portuarios - Fentenapu. La medida fue acatada por los trabajadores de los puertos de Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Ilo, Iquitos y Yurimaguas. Trabajadores del Poder Judicial e INPE inician paro nacional de 48 horas por mejoras salariales   23-10-2007 Los trabajadores del Poder Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) empezaron una huelga de 48 horas, reclamando el incremento de sus remuneraciones y amenazaron con radicalizar las medidas en caso sus reclamos no sean escuchados. El sindicato de trabajadores del Poder Judicial exigió un aumento de 100 soles mensuales, que ya debían recibir a partir de enero, y una asignación especial por única vez de 800 nuevos soles; además, el pase de trabajadores a planilla, y que los que tienen más de cinco aņos de trabajo pasen a condición de indeterminados, concursos de promoción interna y respeto al presupuesto que el Poder Judicial presentó ante el Congreso. La protesta de los trabajadores del INPE se debía a que semanas atrás elevaron la documentación para que se les nivele sus ingresos por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (Cafae) respecto a los del sector Justicia, y hasta la fecha no recibieron ninguna respuesta porque el proceso se encuentra entrampado en el Ministerio de Economía. El secretario del sindicato de los trabajadores del Poder Judicial, Eduardo Rengifo, afirmó que la paralización fue de un noventa por ciento en la capital del país y casi total en las provincias. Solo laboraron piquetes en los juzgados de reos en cárcel y de turno. Respecto a la ilegalidad de la huelga decretada por la Corte Suprema indicó que desde hace cinco aņos están acostumbrados a que sus medidas reciban ese calificativo, pero que eso los tiene sin cuidado, con tal de lograr el bienestar de sus agremiados. De otro lado, el secretario del sindicato de trabajadores del INPE, Gualberto Loayza, advirtió que la paralización en las áreas administrativas, puede extenderse a la de seguridad, si es que el Gobierno no efectúa mejoras a sus salarios. Sostuvo que en caso no se atiendan sus reclamos, abandonarán los centros penitenciarios.