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	Protestas sociales en Perú FEBRERO DE 2007 Paro nacional de los médicos del Ministerio de Salud El 14 y 15 de febrero, los médicos organizados en la Federación Médica Peruana (FMP) realizaron un paro de 48 horas en protesta contra la municipalización de los hospitales, un mayor presupuesto para el sector exceptuando al Ministerio de Salud de la ley de austeridad, el nombramiento para médicos, la homologación con sus pares del Seguro Social y el pago integral de la Asignación Extraordinaria por Atención Asistencial (AETAS) que implica el pago de horas extras. Debido a conflictos internos del gremio que surgieron en torno a las elecciones de la dirigencia nacional de julio del 2006, y resultaron en la anulación del proceso electoral, el paro fue convocado sólo por una fracción de la Federación Médica Peruana (FMP), encabezada por el dirigente Julio Vargas la Fuente. La división del gremio se hizo sentir especialmente en Lima, donde el paro fue acatado sólo parcialmente; entre las instituciones donde los médicos paralizaron sus labores eran los hospitales María Auxiliadora, Arzobispo Loayza, Emergencias Pediátricas, Dos de Mayo, los nosocomios de Vitarte, Chosica y las redes de Salud de Lima sur, norte y este. En cambio en la mayoría de las otras regiones, casi la totalidad de médicos paró sus labores; así en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Huancavelica, Puno, Cusco, Tacna, Ica, Moquegua, Huancayo, Puno, Pucallpa e Iquitos, entre otras, el paro se acató al 100%. También en Chimbote, Huarmey y Huamanga el paro tuvo regular acogida. En Tumbes, los médicos cumplieron un paro regional de 24 horas, exigiendo especialmente el pago de beneficios laborales (derecho de frontera, canasta alimentaria) los mismos que se encuentran con sentencia judicial firme y consentida. Los dirigentes sindicales anunciaron que desarrollarán un paro de 48 horas para posteriormente irse a una huelga indefinida, de no encontrar una pronta solución a su pliego de reclamos. En algunos lugares, los médicos presentaron sus demandas específicas. Médicos de los hospitales de Huancané, Macusani y en zonas periféricas de Puno reclamaron la mejora de los equipos que usan. En Tacna, los médicos exigieron la urgente reparación del hospital regional Hipólito Unanue, que debido a sus años de funcionamiento está a punto de colapsar. Los gremios médicos de los departamentos de Arequipa, Puno, Cusco y Ucayali, en una nota de prensa, indicaron la "caótica situación" por la que atraviesan los hospitales y centros de atención de dichas zonas los motivó a plegarse a la medida. Los médicos del hospital Dos de Mayo, uno de los más grandes en la ciudad de Lima, exigieron el cambio de las autoridades y una solución a la falta de equipamiento y a los problemas de infraestructura. José Zegarra, presidente del cuerpo médico, denunció que el nosocomio no se abastece para atender a los pacientes, que el aire acondicionado no funciona en la sala de operaciones, que tampoco estaban operativos los equipos de lavandería y que el inmueble tiene varias zonas vulnerables. En muchos lugares, los médicos realizaron marchas y plantones para hacer públicos sus demandas. En la mañana del 14 de febrero, un grupo de médicos encabezado por dirigentes de la FMP marchó a la sede del Ministerio de Salud en Lima; sin embargo no fueron recibidos por el ministro Carlos Vallejos. El dirigente Vargas La Fuente lamentó que el ministro les haya cerrado las puertas al diálogo, pese a que desde hace seis meses le vienen solicitando iniciar una mesa de diálogo para exponerle sus propuestas como la creación de un sistema integrado de salud, y anunció que evaluarán iniciar una paralización indefinida. Luego el Ministro Vallejo se comprometió a recibir una delegación de los médicos en la tarde del 15 de febrero, para iniciar un diálogo con el gremio. Los maestros continuaron defendiendo sus derechos laborales Los maestros continuaron sus protestas contra nuevas medidas represivas del gobierno, que apuntó a debilitar el Sindicato Único de Trabajadores de Educación (SUTEP) para dificultar las medidas de lucha del sector. Mientras los maestros estaban preparando una huelga indefinida para el inicio del nuevo año escolar en marzo, el gobierno respondió con un proyecto de ley que recortaría el derecho a la huelga del magisterio. El 14 de febrero, el presidente Alan García envió al Congreso un proyecto para evitar que los paros del Sutep interrumpan "el proceso de la necesaria reforma de la educación". El proyecto de ley del Ejecutivo propone, en su artículo 1, declarar a la Educación Básica Regular (inicial, primaria y secundaria) como un servicio público esencial "a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de toda persona a la educación, así como a su no interrupción". "Corresponderá al titular del sector Educación dictar las medidas necesarias para que, en caso de paralización de labores, no se interrumpa el servicio", señala el artículo 2. En la exposición de motivos se señala que durante el periodo necesario, estimado en tres años, para establecer las bases de la necesaria reforma de la educación, "los maestros no pueden paralizar la prestación del servicio educativo". Precisa además que si bien reconoce el derecho del trabajador a tomar medidas de fuerza como una paralización, no es obligación del empleador, en este caso el Estado, pagar el sueldo a los maestros. El 15 de enero, una delegación del SUTEP llegó al Congreso para conversar con parlamentarios amigos "que saben que tanto el alumno tiene derecho a la educación pública y de calidad como los trabajadores a ejercer el derecho a la asociación y a la huelga", como señaló Caridad Montes, la secretaria general del gremio. Luego de reunirse con la presidenta del parlamento, Mercedes Cabanillas, la dirigente informó que ésta le aseguró que el proyecto será debatido en la Comisión de Educación antes de ser votado por la Comisión Permanente. Montes aseguró que el proyecto de ley que propone declarar la Educación Básica Regular como un servicio público esencial "es una norma anticonstitucional casi dictatorial", porque se estaría recortando la posibilidad de realizar paralizaciones y huelgas como "nos lo faculta el artículo 28 de la Constitución". Mientras tanto, dos mil profesores agremiados en el Sute-Cusco marcharon por las calles de la ciudad imperial en rechazo al proyecto del Ejecutivo de impedir, por tres años, que el gremio de profesores pueda realizar huelgas o paros. "(El proyecto de ley) es una iniciativa represiva que pretende controlar el desarrollo de medidas de fuerza ante la aprobación de la nueva ley de la Carrera Pública Magisterial (CPM) que anula la estabilidad laboral e impulsa la municipalización del sector", aseguró Javier Niño de Guzmán, secretario general del Sute-Cusco. El 19 de febrero, el titular de la cartera de Educación, José Antonio Chang, anunció que su portafolio elaborará una lista de docentes jubilados, cesantes y desocupados para cubrir las horas de los maestros que acaten huelgas del SUTEP con la finalidad de impedir la pérdida de clases de niños y jóvenes. El ministro descartó que con esta iniciativa se busque despedir a los docentes que vayan a la huelga -en caso se produzcan-, como afirmó la dirigencia del SUTEP. Luego de una nueva directiva emitida por el Ministerio de Educación que limita a los maestros que no rindieron la evaluación censal dispuesta para todos los maestros del país, en la rendición del examen para ocupar plazas vacantes, docentes de diferentes lugares protagonizaron protestas. Así el 21 de febrero, un grupo de docentes contratados y no contratados de la región Ayacucho tomaron el local de la Dirección Regional de Educación (Drea), reclamando se anule la directiva porque sería atentatoria contra los derechos de los docentes. Nuevo conflicto entre nativos ashaninkas y la empresa petrolera Repsol En la zona de Satipo, se manifestó un nuevo conflicto entre las comunidades asháninkas y la empresa petrolera Repsol porque ésta incumplió los acuerdos tomados con la población. La empresa multinacional española Repsol YPF es la titular del Lote 57, que se superpone con las Reservas Comunales Machiguenga y Ashaninka, y cuyo estudio de impacto ambiental -elaborado por la consultora ERM- ha sido seriamente criticado por su bajo nivel técnico. El 4 de febrero, los asháninkas del distrito de Río Tambo (Satipo) tomaron las instalaciones del campamento base de la empresa Repsol YPF, en la comunidad nativa de Poyeni, en protesta por el ingreso inconsulto de la compañía Global Geophysical, que habría afectado diversas áreas de la zona. Dicha subcontratista de Repsol YPF se ha instalado cerca a la comunidad, en la ribera del Río Tambo, al amparo de un contrato de arrendamiento que, según los líderes indígenas de la zona, fue firmado de manera poco clara y en base a "favores económicos" que la petrolera española habría concedido a algunos ex dirigentes de la federación Central Asháninka del Río Tambo (CART). Según los pobladores, además Repsol YPF ha incumplido con su compromiso de otorgarles un lote comunal. En cambio, la empresa habría dispuesto, por su propia cuenta y sin ningún permiso, de tres lotes comunales. Del mismo modo, acusaron a la compañía de remover tierras en lugares que no le corresponde y, además, tampoco cumpliría con el pacto de usar los botes comunales para el traslado de su personal, aduciendo que las comunidades no tienen boleta. "Se están incumpliendo acuerdos y se cometen abusos; lo peor aun, han iniciado trabajos en la comunidad Tsoroja sin contar con la aprobación del estudio de ampliación de impacto ambiental. Es por eso que hago denuncia pública por que no vamos a permitir más atropellos", refirió el alcalde distrital Tarcicio Mendoza Shirorinti. El burgomaestre indicó que mantendrán la toma de las instalaciones hasta el 8 de febrero, día en que se celebrará una asamblea pública en la localidad de Poyeni. La reunión, en la cual participaron representantes de la multinacional española, así como delgados de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), la Asociación de Maestros Bilingües de Río Tambo y el equipo de Promoción y Capacitación Amazónica (PROCAM), entre otros, luego de cinco horas de debate, terminó sin acuerdos ni resultados positivos. Pese a que Carlos Rojas, gerente de Repsol sucursal Satipo, admitió que se cometieron "errores" al momento de elaborar los estudios de impacto ambiental en la zona y se comprometió a levantar las observaciones pertinentes para subsanar dichas fallas, el alcalde Mendoza Shirorinti anunció que su comuna notificará al Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre estas irregularidades, las cuales ponen en peligro el equilibrio ecológico de la zona. "Lo que pedimos no es un apoyo sino compensación; eso de la equivocación es una mentira. Ellos hablan de apoyo; ellos están destruyendo árboles y plantas. Queremos una compensación por eso", sostuvo. El burgomaestre de Río Tambo advirtió que si Repsol incurre en nuevas infracciones, los nativos se verán obligados a tomar medidas más radicales. Y además … Trabajadores de azucarera Tumán rechazan resolución judicial   2-02-2007 Los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán en la región de Lambayeque nuevamente salieron a las calles del distrito azucarero para protestar contra la decisión del 35 Juzgado de Lima que ordena instalar una nueva administración judicial en la empresa a favor de Negociaciones Pacheco por una deuda que supera el millón de dólares. En la protesta, que estuvo liderada por los actuales administradores judiciales Segundo Ordinola Zapata y Armando Vásquez, quemaron llantas en diferentes lugares del distrito. Los directivos advirtieron que legalmente tienen facultades económicas y administrativas vigentes por lo que es falso que existan otras resoluciones que les revoquen los poderes y dispongan el ingreso de otras personas que sólo buscan desestabilizar la paz laboral que se vive en la empresa. Los directivos explicaron que la resolución judicial es irregular porque no respeta las normas de Protección Patrimonial, por lo cual han interpuesto una demanda de acción de amparo ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que a través de mandato cautelar ordenó la suspensión de los efectos de la resolución que ordenó el embargo. Sin embargo, el Juez, lejos de acatar la decisión de la Sala de Derecho Constitucional, en el expediente principal emitió una nueva decisión en la cual establecía que no procedía aplicar las normas de protección patrimonial de las empresas azucareras, constituyendo otro acto irregular. Agricultores exigen justa dotación de agua de presa Pillones   4-02-2007 Los agremiados en la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos de Arequipa (Ampaca), protagonizaron una nueva protesta en el centro de la Arequipa, rechazando la dotación del 60% de agua de la presa de Pillones para la empresa minera Cerro Verde. "No es justo que esta minera se quede con más de la mitad del recurso que necesitamos para regar nuestros cultivos; si aportó el 40% para la construcción de la presa debió recibir el 40% de agua", reclamó el presidente de Ampaca, Oscar Dueñas Lazarte. Según indicó el dirigente agrario, este derecho de uso de agua fue concedido a Cerro Verde por el administrador técnico de aguas de la Dirección Regional de Agricultura Jaime Astorga Huertas. "Por eso presentamos hoy un memorial al Gobierno Regional para que solucione este problema, porque de lo contrario, seguiremos protestando" advirtió Dueñas. Protestas contra subasta de lotes petroleros en territorio de indígenas   5-02-2007 Mientras que, en Houston (EE.UU.), un grupo de funcionarios de Perupetro estaba en plena búsqueda de empresas para licitar 18 lotes petroleros en la Amazonía y en el norte del país, en Lima representantes de las comunidades indígenas cercanas a estas áreas alzaron su voz de protesta frente al peligro que significaría la actividad extractiva. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), alertó que en tres de los bloques que se pretende entregar en concesión viven indígenas en aislamiento voluntario y que cualquier intervención significaría un riesgo para la salud y la vida de estos moradores. "De los 18 bloques ofertados, once están en la Amazonía y siete de ellos se encuentran en el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento. Tres de estos lotes están en zonas declaradas como reserva territorial, por parte del Estado, y existe la solicitud del Aidesep para que otros cuatro tengan también ese rango", indicó. Para mitigar los ánimos, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, se reunió con los representantes de las comunidades y con funcionarios del Inrena, de la Defensoría del Pueblo, de Indepa y de la organización Conap. Se acordó formar un grupo de trabajo que, en 30 días, deberá analizar e informar sobre las consecuencias de la superposición de los lotes que serán licitados en el este de Ucayali y en Madre de Dios, en las zonas declaradas territoriales por el Estado. También se tomó la decisión de que Perupetro reducirá el área de exploración con el fin de excluir a dichas reservas, y que ello se informará a los postores interesados. Trabajadores de Construcción Civil bloquean la Panamericana Norte en Tumbes   5-02-2007 Trabajadores de construcción civil y ex trabajadores de la municipalidad de Contralmirante Villar Zorritos, en Tumbes bloquearon por cuatro horas la carretera Panamericana Norte, con la finalidad de llamar la atención a las autoridades por la negativa del nuevo alcalde provincial, Tito de Lama quien se niega a pagar a los 300 obreros de construcción civil que trabajaron durante dos meses y a los cuales no se les ha cancelado aún. De otro lado protestaban también los ex trabajadores municipales que han sido dejados de lado para laborar en la comuna de esa zona turística. En Moquegua comuneros se movilizaron contra minera Aruntani   6-02-2007 Cientos de pobladores procedentes de las comunidades andinas de Titire, Jancopujo, Aruntaya y Jancamarca se movilizaron por las calles de Moquegua, exigiendo a las autoridades del gobierno regional y municipio provincial de Mariscal Nieto su inmediata intervención para evitar que la empresa minera Aruntani S.A.C., que realiza operaciones en la zona, continúe contaminando los pastizales y el recurso hídrico. La marcha contó con el respaldo del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP) de Moquegua y otras organizaciones sociales. El presidente del FEDIP, Natalio Pilco, lamentó que a pesar de los reclamos que por años hacen los comuneros de los pueblos ubicados en zonas aledañas a la mina Aruntani, las autoridades de turno mostraron su indiferencia para solucionar los pedidos. Por ello, cansados de tanta injusticia, decidieron en forma enérgica elevar su voz de protesta por el atentado que sufre el medio ambiente en su zona, en especial los manantiales y pastizales. Trabajadores ilegalmente despedidos por el fujimorismo exigen reposición   7-02-2007 Al cumplirse 180 días del gobierno de Alan García, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otros grupos de sindicalistas marcharon desde el óvalo de Miraflores hacia la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros en el centro de Lima para exigir al mandatario que cumpla sus promesas de la campaña electoral, como la reposición de los trabajadores despedidos. El presidente de la Coordinadora de despedidos de la Central de Trabajadores del Perú (CTP), Juan Liza, indicó que durante la campaña electoral Alan García se comprometió a reponer a más de 5 mil trabajadores que fueron separados en forma arbitraria de sus centros laborales durante el gobierno de Fujimori. Los trabajadores despedidos exigieron la aprobación de la norma para un cuarto listado de beneficiarios de la ley 27803 que plantea diferentes formas de resarcimiento para ellos. Los dirigentes de la CORDES-CGTP, que agrupa a quienes fueron ilegalmente despedidos en la década del 90, indicaron que si bien ya hubo tres listas de trabajadores que se beneficiaron, aún hay cientos de casos que han acreditado el atropello de sus derechos laborales y merecen ser reivindicados. La ley 27083 establece varias modalidades de resarcimiento, entre ellas la reposición en el puesto de trabajo, la recolocación laboral a través de una capacitación previa y la indemnización. En la Presidencia del Consejo de Ministro, los representantes de la CGTP fueron atendidos por una comisión de conflictos. El premier Jorge del Castillo se comprometió a recibirlos el lunes 12 de febrero. Ese día, los miembros de la CORDES nuevamente salieron a las calles para realizar un plantón ante el Ministerio de Trabajo. En Juliaca trabajadores de construcción civil exigieron pago de aguinaldos   8-02-2007 Más de 400 trabajadores de Construcción Civil de la provincia de San Román-Juliaca, desarrollaron un plantón en las afueras del local de la comuna de Juliaca, con la finalidad de reclamar al burgomaestre y a los funcionarios ediles el pago inmediato de sus aguinaldos atrasados. "Estamos exigiendo los aguinaldos atrasados que se les debe a los 416 trabajadores que laboraron en las diferentes obras que ha ejecutado la municipalidad provincial de San Román Juliaca, es un derecho ganado que tienen mis compañeros", dijo Efraín Anahua Churacutipa, secretario general de Construcción Civil de la región Puno. Los manifestantes indicaron que se les debe los aguinaldos de diciembre y para algunos trabajadores se les adeudarían aguinaldos por fiestas patrias del pasado año. Tras una larga conversación con una comisión de los trabajadores de Construcción Civil y el alcalde de la municipalidad provincial de San Román-Juliaca, David Mamani Paricahua, se acordó de pagarles en el mes de marzo los aguinaldos atrasados a los trabajadores, con lo que culminó la protesta. Municipales de Pisco acataron paro de 24 horas por nivelación de sueldos   9-02-2007 Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Empleados Municipales de la Municipalidad Provincial de Pisco realizaron un paro de 24 horas en protesta contra el alcalde provincial quien anunció que desconocerá el mandato judicial sobre una medida cautelar que confirma el derecho a la nivelación de sueldos de los trabajadores municipales. Además los trabajadores ediles reclamaron sus remuneraciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2006 y el reintegro de los descuentos realizados por esta medida cautelar. Mientras por la protesta las oficinas de la comuna permanecían cerradas y sin atención al público, la Municipalidad Provincial de Pisco se pronunció a través de un comunicado, indicando que cumplió con el pago de haberes del mes de enero a empleados, obreros y cesantes y reafirmando el compromiso de mejorar las irregularidades de años anteriores. Cocaleros acordaron paro de 48 horas   11-02-2007 En una reunión que se llevó a cabo en Tingo María, los delegados de los productores cocaleros agremiados a la Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras del Perú acordaron la realización de una asamblea para adoptar la decisión de llevar adelante un paro de 48 horas en protesta por el reinicio de las acciones de erradicación de sus cultivos que, el 10 de febrero, comenzaron en la localidad de Nuevo Progreso, en Huánuco. A la reunión estaban invitados los principales dirigentes de este gremio; sin embargo, no asistió Nelson Palomino, quien era el más esperado, dado que los dirigentes habían previsto exigirle explicaciones sobre su conducta frente a las dirigentes Nancy Obregón y Elsa Malpartida, a quienes Palomino desautorizó como interlocutoras de este sector de agricultores ante el Ejecutivo, Legislativo e instituciones ligadas a la problemática cocalera. La fecha de la asamblea cocalera fue fijada para el 18 de febrero en la ciudad de Tocache. Importadores de vehículos usados de Tacna inician paralización indefinida   12-02-2007 Con una marcha de protesta, importadores de vehículos de segundo uso, propietarios y trabajadores de los talleres de acondicionamiento instalados en Ceticos Tacna iniciaron un paro regional indefinido en protesta contra el decreto supremo 042-2006 MTC, que restringe la importación de vehículos usados permitiendo el ingreso sólo de aquellos que tengan menos de 80 mil kilómetros de recorrido. El presidente de la Asociación de Importadores Nacionales de Vehículos, Freddy Obando Popuche, explicó que tal dispositivo provocará el inminente cierre de las empresas importadoras y los talleres de reacondicionamiento que operan en Ceticos, lo que dejaría sin fuente de trabajo a unos 2 mil 500 trabajadores directos y otros cientos que se benefician indirectamente con tal actividad. Otro de los puntos en la plataforma de lucha de los importadores era una denuncia contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Aduanas) ya que hostiga a las empresas importadoras en el trámite de pólizas, propiciando la demora de 72 horas en el trámite documentario. Azucareros salieron a las calles de Chiclayo a protestar   13-02-2007 Unos 500 trabajadores de las empresas azucareras de Pucalá, Tumán y despedidos de la empresa Pomalca salieron a las calles de la ciudad de Chiclayo para protestar contra el Poder Judicial y, en concreto, contra una decisión del Juez del Tercer Juzgado Civil quien ordenó que se lleve a cabo la Junta de Accionistas que defina en la azucarera Pucalá el nuevo directorio de la empresa. Con carteles en manos, los azucareros cuestionaron al titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Jimmy García Ruiz, y al Juez Severino Cástulo Rojas Díaz a quienes acusaron de no practicar una verdadera justicia en la institución judicial lambayecana. A través de megáfonos, dirigentes de la empresa Pucalá, encabezados por Jorge Vásquez Samamé, precisaron que no se puede llevar adelante la Junta de Accionistas, ya que el mismo Poder Judicial no ha definido el proceso judicial para la reconformación del padrón de accionistas. "Sin un padrón de accionistas que defina claramente quienes son los accionistas de la empresa Pucalá, el Poder Judicial no puede llevar adelante una Junta de Accionistas hasta que se defina judicialmente quienes son los verdaderos accionistas de la azucarera", remarcó el dirigente. Por su parte ex directivos de la empresa agroindustrial Tumán, a través de sus abogados, quejaron al vocal Oswaldo Pisfil Capuñay, integrante de la Sala Mixta Vacacional y de la Sala de Derecho Constitucional por supuestamente favorecer en reiteradas veces al grupo que administra actualmente la empresa azucarera, mediante acciones de amparo cuestionadas. Pobladores de Quiruvilca reclaman a minera Barrick cumplir con acuerdos   14-02-2007 Con pancartas en mano, más de 400 pobladores del distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco (La Libertad), protestaron por el incumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa minera Barrick Misquichilca. Los lugareños denunciaron que la citada compañía no ha realizado las obras de beneficio social acordadas ni mucho menos les ha brindado los puestos de trabajo ofrecidos. La protesta se inicio a las 04:00 a.m., con una movilización pacífica de la que tomaron parte el alcalde de Santiago de Chuco, Abner Ávalos; el fiscal Omar López; el presidente del Frente de Defensa de Quiruvilca, Jesús Roldán Mantilla y doce dirigentes más de las zonas urbanas. Al finalizar la jornada de protesta, los manifestantes acordaron que el 22 de febrero se reunirán con los funcionarios de Barrick, para exigirles el cumplimiento de los compromisos pues, de lo contrario, radicalizarán sus acciones. Barrick Misquichilca inició sus operaciones en la mina Lagunas Norte (Alto Chicama), ubicada en el distrito de Quiruvilca (La Libertad), entre los 3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, en setiembre del 2005. Paro de la población de Huanuco en protesta por altos sueldos de autoridades locales y regionales   14-02-2007 Movimientos sociales de Huánuco realizaron un paro regional de 24 horas en protesta por los elevados sueldos y dietas que se fijaron las autoridades locales y regionales apenas asumieron los cargos. Los manifestantes se dirigieron a la sede del gobierno regional para protestar por el salario que se fijó el jefe regional, Jorge Espinoza, que supera los seis mil soles que prometió en la campaña electoral que sería su sueldo si triunfaba en las elecciones. La movilización dejó como resultado una persona detenida. Población de Chugur (Cajamarca) en paro indefinido contra las empresas mineras Gold Fields y Coimolache   16-02-1007 La población de Chugur en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca Perú inició un paro indefinido contra las empresas mineras Gold Field y Coimolache para reclamar a las empresas mineras 'Gold Field' y 'Coimolache', que operan en la zona, que abandonen sus actividades ya que se encuentran en áreas protegidas medioambientalmente por ordenanzas municipales. La población afectada por la actividad de las empresas mineras alcanza los 10.000 habitantes, dedicados en su mayoría a la producción de quesos y a la ganadería. En el caso de la compañía 'Coimolache', los campesinos también denuncian la colaboración de las fuerzas policiales con los líderes empresariales. Además, señalaron que las explotaciones mineras ponen "en riesgo" las cuencas de los ríos Tingo y Maygasbamba, en el distrito de Bambamarca, así como las cuencas hidrográficas de las provincias de Santa Cruz, San Miguel y Chota, lo que conllevará "la desaparición de especies acuáticas". Vecinos alertan sobre daño ecológico en Chilca   18-02-2007 Los vecinos de la zona de Chilca en la provincia de Cañete (región de Lima) protestaron en la Laguna La Encantada, con carteles en mano, contra planes de la empresa Egechilca de construir una termoeléctrica a escasos metros de las playas San Pedro y Yaya, y a menos de 100 metros de las casas. Para el presidente del Frente de Defensa de Las Salinas-Chilca, Daniel Mathews, de concretarse su edificación, ambas playas tendrían que ser cerradas y la zona dejaría de ser un hermoso balneario. Aseguró que los ductos para eliminar el agua que utilizará la termoeléctrica serán arrojados al mar y eso afectará a todo el ecosistema marino. A la fecha, dice Mathews, no existe un estudio ambiental de parte de la empresa responsable que garantice que las playas no sufrirán ningún tipo de impacto. Los vecinos temen que pasa lo mismo que ya ocurrió con la Laguna Azul, que antes era de todos, pero llegó la inversión privada y la laguna ahora le pertenece a una persona particular que construirá allí un club privado. Mathews denunció que ante todo lo que ocurre en Cañete y Chilca, ambos concejos no han hecho ninguna objeción, pese a que en Cañete existe una ordenanza, desde 1995, que establece que la zona de la Panamericana Sur que colinda con el litoral debe ser únicamente de uso recreativo, lo que ha quedado letra muerta, igual a la declaratoria de Patrimonio Cultural que le brindó el Instituto Nacional de Cultura (INC) al distrito de Chilca. Pescadores rechazan aplicación de cuota individual de armadores   20-02-2007 Miles de pescadores industriales del país iniciaron una serie de movilizaciones y acciones de protesta en cada una de sus bases para rechazar la propuesta del gobierno de aplicar a los armadores una cuota individual y transferible para la pesca de la anchoveta. Los pescadores rechazan esta medida dispuesta por el Ministerio de Producción porque permitirá que los empresarios reduzcan sus flotas al saberse dueños de un determinado porcentaje de especies marinas, y también porque significaría prácticamente una privatización de las especies marinas, ya que las grandes pesqueras se adueñarían de al menos 60% de la biomasa debido a que la iniciativa así lo establece en base a la pesca de los últimos cinco años. Por esta y otras medidas los pescadores exigieron la renuncia del ministro de la Producción, Rafael Rey Rey, y el viceministro de Pesquería, Alfonso Miranda, por desatender al sector de la pesca industrial, como manifestó Teodoro Cari Cayata, secretario de Defensa del Sindicato de Pescadores Anchoveteros de Ilo. "El ministro Rey no conoce el tema pesca, por eso en estas últimas semanas se están registrando irregularidades con el ingreso de naves rastreras que depredan el mar y embarcaciones con doble permiso. Hay un desorden total", señaló. Según el dirigente un total de 40 embarcaciones goza de doble permiso de funcionamiento facilitado por el viceministerio de Pesquería, que les permite extraer todo tipo de especies marinas. Las acciones empezaron con manifestaciones en el puerto de Chimbote, así como en otras localidades del litoral norte. Paro indefinido contra minera Sinchao en el distrito de Hulgayoc   25-02-2007 Más de 500 comuneros de los distritos de Ninabamba, Pulan, Tongot, Catilluc y del centro poblado de Morán se concentraron en la localidad de Sinchao, donde la compañía Minera de Tantahuatay ha instalado su campamento minero. En una reunión acordaron dar a la compañía minera un plazo hasta el sabado, 3 de marzo, para que abandone el campamento minero, amenazando que de lo contrario radicalizarán sus medidas de lucha. A los comuneros de la zona de Sinchao se sumaron otros de Hualgayoc y Bambamarca, además de algunas autoridades, quienes intentaron actuar como mediadores en medio de la tensa calma. Agricultores del Valle Chicama (Lambayeque) protestan contra azucarera Casa Grande   26-02-2007 Los agricultores del Valle Chicama en Lambayeque, realizaron una marcha de protesta Plaza de Armas de Paiján denunciando que la azucarera Casa Grande desde diciembre último no se les proporciona agua de manera permanente como se hizo hasta el año pasado. Los agricultores aseguraron que la intención de la Casa Grande es aburrir a los campesinos hasta el punto que se decidan vender sus tierras. "Tratan de aburrirnos para que así algunos agricultores, a fin de evitar problemas, decidan vender sus terrenos a Casa Grande, quienes extenderán sus dominios en las tierras del valle y poco a poco se adueñen de toda esta zona que nos pertenece por muchos años, pues toda nuestra vida ha sido la agricultura", expresó el integrante de la comisión del sector La Quinta La Gloria, Enrique Gonzáles Roncal. Los agricultores quejosos representan a las comisiones de regantes y juntas de usuarios del Valle como Santiago de Cao Yllalpa, Sausal, Chicama, Ascope, Paiján y La Pampa. Gonzáles Roncal refirió que en varias oportunidades los agricultores han tratado de reunirse con los representantes azucareros pero luego éstos se negaban. A su turno, el representante de la Comisión La Pampa Manco Capac II de Paiján, Cruz Pío Becerra, denunció. Paro de trabajadores municipales de Trujillo   27-02-2007 Desde tempranas horas de la mañana, más de 300 trabajadores de la Municipalidad Provincia de Trujillo afiliados en el Sindicato de Empleados Municipales (SEMUT) acataron un paro de 24 horas como medida de protesta en contra de la imposición de doble turno dada por la actual gestión edil. La secretaria general del SEMUT, Maruja Huertas Flores, sostuvo que la implementación de doble horario de 7 hasta las 10 de la noche perjudica tanto a la municipalidad como a los trabajadores, quienes en su mayoría viven fuera de Trujillo. "Estamos en contra del abuso de autoridad que evidencia nuestro alcalde César Acuña Peralta, quien en forma prepotente establece el nuevo horario sin tener en cuenta nuestros intereses", expresó Huertas Flores. Cesantes y jubilados exigen respeto por cédula viva   28-02-2007 Alrededor de 200 integrantes de la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados del Sector Educación en Arequipa (Arcijea), protagonizaron una marcha de protesta reclamando respeto por la vigencia de la cédula viva. La presidenta de Arcijea, Antonieta Pérez Ortiz, incluso anunció que entre el 7 y 9 de marzo realizarán una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima. "Exigimos que se respete la cédula viva que fue cancelada durante el gobierno de Alejandro Toledo, para que no se congelen nuestras pensiones", dijo la dirigente, tras precisar que sólo reciben 700 soles por parte del Estado.