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	Protestas sociales en Perú ENERO DE 2007 Maestros rechazan evaluación de docentes dispuesta por el gobierno Los maestros de los colegios públicos, organizados en el Sindicato Unitario de los Trabajadores de Educación del Perú - SUTEP, continuaron su lucha contra la evaluación de docentes, programada para el 8 de enero. Los maestros se oponen a la evaluación porque la consideran un pretexto para despedir arbitraria y masivamente a los maestros del sector público y aplicar el plan de la llamada racionalización del sector de Educación cerrando colegios en zonas pobres y apartadas donde las condiciones para la enseñanza son sumamente difíciles y el rendimiento de los alumnos es menor. También argumentan que la evaluación no está enmarcada en la Ley del Profesorado que considera evaluaciones permanentes pero también integrales, es decir, con análisis de aspectos socio-económicos que inciden en la calidad educativa. El Ministerio de Educación José Antonio Chang negó esta versión, aduciendo que la evaluación sólo servirá de base para desarrollar un programa de capacitación de los maestros; además aseguró que ningún profesor será despedido a causa de los resultados de las pruebas y dispuso como incentivo la entrega de 30 Soles por concepto de refrigerio y movilidad a los maestros, nombrados o contratados, que concurran a la prueba censal. Sin embargo, el titular del sector advirtió que los docentes que no se presenten a la prueba quedarán fuera de todo proceso de nombramiento. A pesar de este intento de dividir al magisterio, la dirigencia nacional del SUTEP, el 5 de enero, luego de negociaciones con el Ministerio de Educación, confirmó la decisión del gremio de no participar en la evaluación docente del lunes 8 de enero y más bien salir a las calles en una jornada de protesta, porque el gobierno no aprobó ninguna de sus exigencias. La secretaria general del gremio magisterial, Caridad Montes, dijo que pese al esfuerzo que hicieron sus delegados en la mesa de negociación colectiva, no lograron que el Ministerio de Educación atienda sus planteamientos. Precisó que entre sus propuestas estuvieron la formación de una comisión multisectorial que garantice el proceso y el manejo reservado de los resultados de la prueba para que no se genere una campaña de difamación contra el magisterio nacional. "La evaluación, tal como está planteada, no ofrece garantías de transparencia, seguridad y justicia", refirió. Ya en los días anteriores a la prueba, en muchos lugares hubo acciones de protestas de las diferentes fracciones del SUTEP que unánimemente rechazaron la medida del gobierno. El 4 de enero, el SUTEP realizó una jornada de protesta nacional para manifestar su rechazo a la evaluación. El 5 de enero, durante una marcha de protesta, afiliados al SUTEP en Chiclayo atacaron el local donde se capacitaba a más de 300 docentes en comprensión de lectura, lógico-matemática y diseño curricular. El grupo, liderado por el dirigente Domingo Hurtado, destrozó los vidrios de la puerta del Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús y conminó a sus colegas a sumarse a una marcha en rechazo a la evaluación del 8 de enero. Ese mismo día, los profesores agremiados al SUTEP salieron a las calles de Huaraz para protestar contra la seudo evaluación del partido aprista. En Trujillo, los profesores, apoyados de un grueso contingente de dirigentes de otras bases sindicales, salieron en una marcha por las principales calles de la ciudad, pidiendo que no haya examen el 8 de enero. El 7 de enero, en la ciudad de Chimbote, un grupo de docentes contratados integrantes del SUTE - Santa, interrumpió la ceremonia de izamiento de bandera -en la que participaban diversas autoridades de la localidad- para expresar, a voz en cuello, su rechazo a la evaluación censal programada por el Ministerio de Educación para el día siguiente en todo el país. Los educadores aparecieron casi al concluir el acto protocolar y se enfrentaron a efectivos policiales para llegar lo más cerca posible al estrado oficial donde protestaron a gritos contra el examen. En Ica, los maestros iniciaron sus acciones de protesta contra la evaluación de docentes con una vigilia en la Plaza de Armas y anunciaron una movilización masiva para el día siguiente. Los maestros del SUTE Piura realizaron una serie de protestas relámpago en diferentes puntos de la ciudad expresando su rechazo a la evaluación y reclamando por el hecho de que hasta el momento no se han corregido ni sancionado los actos de corrupción denunciados por su grupo, por darle más interés a ejecutar la evaluación censal docente. En Huancayo, la facción del SUTEP liderada por Robert Huaynalaya salió a las calles para denunciar la reducción de personal docente. Acciones parecidas hubo en Puno y Huancavelica. La secretaria general del gremio, Caridad Montes, tomó distancia del boicot convocado por esta facción y deslindó su responsabilidad ante cualquier acto de violencia. La dirigente reiteró que la dirigencia nacional ha dado libertad a los agremiados a asistir al examen, pero insistió en su negativa de apoyar este proceso, al remarcar que no se han dado las garantías referidas al anonimato de los resultados. El 8 de enero, día de la evaluación, los maestros organizados en el SUTEP de todo el país salieron a las calles para expresar su rechazo contra el examen. En muchos lugares, los manifestantes trataron de impedir el ingreso a los colegios donde se llevó adelante la prueba y se produjeron una serie de enfrentamientos con la policía que resguardaba los locales para garantizar el normal desarrollo de la evaluación. Una decena de lesionados era el resultado de un enfrentamiento registrado entre la policía y un nutrido grupo de maestros de Huamachuco (La Libertad), quienes protestaban contra la evaluación censal. Los incidentes involucraron a los miembros de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional y un piquete de profesores, los cuales pretendieron tomar uno de los locales donde se llevaba adelante la jornada de pruebas. En Chiclayo, un docente resultó herido y otro arrestado durante un enfrentamiento entre maestros agremiados al Sute y la policía. En la misma zona, aparte de huevos, los revoltosos arrojaron baldes de pintura a sus colegas. En Piura, los docentes del SUTE recorrieron las principales calles del centro de la ciudad gritando arengas en contra de la municipalización de la educación, y de los maestros que sí rindieron el examen, a quienes compararon con Judas por recibir los 30 soles que les dará el Gobierno Central en reconocimiento a sus gastos de movilidad. Los docentes expresaron durante la marcha su disposición de ir a una huelga en marzo si no se atienden sus reclamos. También hubo marchas de protesta en las provincias, donde la participación de los maestros en el examen fue mínima. En tanto, las bases del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) de Trujillo, luego de concentrarse en las puertas de los locales de evaluación para expresar su protesta contra sus colegas dispuestos a asistir, realizaron un mitin en las inmediaciones del monumento a La Libertad, en la plaza de armas de la ciudad. En Tumbes, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Tumbes marcharon por las principales calles de la ciudad y bloquearon el puente de ingreso a la ciudad en rechazo a la evaluación de docentes. Los manifestantes expresaron que el 98 % de los docentes nombrados, no había asistido a rendir el examen, y que solo los contratados lo habían hecho por temor a ser despedidos. En Huaraz la Policía empleó bombas lacrimógenas para controlar a los manifestantes del SUTEP que se atrincheraron en los distintos colegios de la zona. Antes de la intervención de las fuerzas del orden, los afiliados al sindicato de maestros habían arrojado piedras y botellas vacías contra los profesores que acudían a la evaluación. Como consecuencia del choque entre el SUTEP y la Policía, la prueba docente tuvo que ser suspendida en las provincias de Bolognesi, Recuay y Carhuaz. En Chimbote (Ancash), los ataques no fueron sólo con huevos sino con pintura amarilla tipo spray, que fue rociada a los docentes a su salida de los colegios San Pedro y Politécnico. Profesores pertenecientes a la facción del dirigente del Sutep, Robert Huaynalaya, ocasionaron disturbios en colegios de Huancayo, Huancavelica y Cerro de Pasco. En Huancayo, piquetes de profesores se concentraron en las puertas de los colegios y lanzaron huevos, lejía y piedras a sus colegas que iban a ingresar para dar el examen. En Huancavelica, piquetes del SUTEP impidieron el ingreso de los profesores en los dos locales habilitados para la prueba. En la localidad de Pampas, capital de la provincia de Tayacaya en la misma región, después de acudir al examen, unos de 70 profesores tuvieron que refugiarse en una vivienda de la zona, pues temían ser blanco de las agresiones de sus colegas afiliados al SUTEP. Los profesores se quejaron por la falta de apoyo de la policía. En Cerro de Pasco, desde tempranas horas de la mañana piquetes de maestros se concentraron en las puertas de las instituciones educativas donde estaba programada la evaluación. Cuando a las 7:00 horas de la mañana, llegaron las pruebas se produjeron algunos enfrentamientos entre efectivos policiales y docentes que lograron que los exámenes no ingresen a los locales, impidiendo el desarrollo de la prueba. El presidente regional, Félix Rivera, se solidarizó con los maestros que rechazan la evaluación y firmó una resolución cuestionando el proceso de evaluación y ofreció organizar programas de capacitación de los docentes. Asimismo en Ayacucho, la gran mayoría de los maestros se congregaron en las puertas de los colegios para expresar su rechazo a la evaluación. Los manifestantes lanzaron huevos y calificaron de "traidores" y "amarillos" al reducido número de profesores que rindieron el examen censal bajo fuertes medidas de seguridad. También en Cajamarca sólo hubo escasa asistencia a la evaluación En Celendín, unos 50 docentes rompieron sus pruebas apenas las recibieron y salieron a protestar por las principales avenidas. En la región de Huanuco, agremiados del SUTEP desarrollaron manifestaciones a las afueras de cada uno de los centros de evaluación, produciéndose algunos pequeños incidentes con la Policía Nacional, que resguardó los locales. En Tingo Maria fue detenido un dirigente sindical por encontrarse repartiendo volantes contra la evaluación. Esta detención causó que los grupos de manifestantes se plegaran en una sola fuerza y marcharan para efectuar un plantón frente al complejo policial de la avenida La Bandera, donde ejercieron presión para exigir su liberación. En Chincha, unos 200 maestros tomaron la Panamericana Sur; mientras que en Ica, contingentes de maestros se apostaron en las inmediaciones de los 6 colegios designados para el examen recibiendo con insultos los maestros que llegaban a rendir la prueba. En el colegio San Luis Gonzaga, donde debían evaluarse a 1,350 docentes, los manifestantes tiraron huevos a los pocos maestros que iban a ingresar, produciéndose algunas escaramuzas. Un panorama parecido se presentó en Pisco, donde sólo un 10% de los maestros rindieron la prueba. Asimismo en la ciudad de Arequipa y otros lugares de la región, grupos de profesores agremiados se ubicaron frente a las puertas del plantel para impedir el desarrollo de las pruebas. Mientras los funcionarios del sector señalaron que la evaluación se realizaba con normalidad, el secretario regional del SUTEP Hamer Villena Zúñiga, afirmó que sólo el 7% de los docentes de la región asistieron a la evaluación censal. En Tacna, miles de afiliados al SUTEP se congregaron en la puerta de los 11 colegios donde se realizaba el examen. Los manifestantes calificaron de "amarillos" y "traidores" a los profesores que ingresaban a los centros educativos para ser evaluados. Luego se dirigieron a la sede regional para exigir que el nuevo presidente regional Hugo Ordóñez Salazar se pronuncie sobre la evaluación. La autoridad regional aseguró que se solicitará a la Dirección Regional de Educación no considerar los resultados del examen en los próximos procesos de contrato y nombramiento y anunció que en las próximas semanas coordinará con los representantes de los maestros una serie de capacitaciones de forma gratuita, en las cuales participarán connotados intelectuales nacionales. En la región de Puno, la gran mayoría de los profesores salió a las calles para expresar su rechazo a la evaluación, logrando que en la mayoría de los colegios no se pudo realizar la evaluación. Tanto en Puno como en Juliaca, se produjeron enfrentamientos de manifestantes con la policía, cuando los huelguistas trataron de bloquear el ingreso a los locales de evaluación y lanzaron huevos y tomates a los pocos docentes dispuestos a dar el examen. Por las violentas protestas, en varios lugares, el examen fue suspendido. En Juliaca, un manifestante resultó herido durante un enfrentamiento que se produjo cuando los maestros agredieron a sus colegas que salieron del colegio José Antonio Encinas después de rendir la prueba. También en la provincia de Ayaviri e Ilave, capital de la provincia El Collao, los principales colegios fueron sitiados por los agremiados del SUTEP, quienes no permitieron el ingreso de sus colegas. Por otro lado, en Puno, se detuvo a dos profesores a quienes se les encontró con copias del examen que iban a rendir en el colegio Santa Rosa. Un grupo de docentes protestó frente a la Comisaría Central de Puno, adonde fueron trasladados los docentes detenidos, exigiendo su inmediata liberación. En la región del Cusco, especialmente en la zonas rurales, la mayoría de los profesores simplemente no se presentó a la prueba, de manera que en las provincias de Anta, Calca, Paucartambo, se llegó sólo a un 25% de asistentes, mientras que en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) Canas, Chumbivilcas y Paruro, sólo se presentaron de 1 a 20 profesores y en las provincias de Espinar y Canchis, no se pudo desarrollar la prueba, porque no se presentó ningún profesor. También en Lima y Callao, donde la asistencia a la evaluación era mayor que en el Interior del país, se hizo sentir la protesta de los profesores. Unos 80 profesores agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación del Perú (Sutep) bloquearon por casi 30 minutos una de las vías de la avenida 26 de noviembre con dirección a José Gálvez, en Villa María del Triunfo. En el puerto de Callao, integrantes del SUTEP impidieron el ingreso de los profesores al colegio General Prado de Bellavista y un grupo de 200 docentes protestaron en el frontis del Politécnico del Callao, mientras otros participaron en la marcha hacia el Congreso de República encabezada por la dirigencia nacional del gremio. Miles de docentes afiliados al SUTEP causaron serios problemas en el tránsito vehicular a su paso por las principales calles del centro de Lima rumbo al Congreso de la República, donde se reunieron con el primer vicepresidente del Congreso, José Vega Antonio. Los integrantes del gremio magisterial encabezada por su secretaria general, Caridad Montes, avanzaban a paso lento, bajo la atenta mirada de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Tras la reunión con Vega Antonio, la dirigente informó que solicitaron una audiencia ante la Comisión de Educación, para sustentar sus propuestas para aplicar un proyecto educativo nacional de reforma curricular, de modelo pedagógico y de presupuesto en el magisterio. Según un comunicado del el Ministerio del Interior, las concentraciones, marchas y otras acciones de protesta fomentadas por el SUTEP dejaron un resultado de 7 detenidos y 4 intervenidos en todo el país. Según la información oficial, la policía detuvo a una persona en la ciudad de Chiclayo por azuzar y alterar el orden público. Asimismo, agentes policiales detuvieron a dos manifestantes en Chanchamayo por romper las lunas de un vehículo público y un vehículo policial. En la ciudad de Tarma hubo tres detenidos por inconducta contra el personal policial, mientras que en Puno se detuvo a una persona e intervino a otra por delito contra la fe pública y posesión irregular de material de evaluación. La policía también intervino a un sujeto que repartía volantes en la ciudad de Huancayo y, por similares motivos, a 2 en Churcampa (Huancavelica). En la noche, el ministro de Educación, José Antonio Chang, tuvo que reconocer que de los 261 mil docentes que debían rendir examen a nivel nacional, solo habían acudido 101 mil 876. Según el ministro, la reducida asistencia se debía al temor a los actos de violencia que desataron los agremiados al sindicato de docentes. Otra razón por la escasa asistencia era la descoordinación de los funcionarios del Ministerio de Educación que en varios lugares, motvó que los maestros dispuestos a presentarse a la prueba llegaron tarde y se quedaron fuera de los locales. Problemas de este tipo hubo en Cusco, Arequipa, Ica, Tumbes y Huanuco. Al respecto, el ministro Chang informó que se preparará una nueva prueba para los maestros que fueron impedidos de dar sus exámenes y que se empadronaron o denunciaron mediante cartas la toma de locales o actos de violencia. En contraposición a las informaciones del ministro, la secretaria general del Sutep, Caridad Montes, aseguró que apenas el 15% de los profesores en todo el país acudieron a dar el examen convocado por el Ministerio de Educación. La dirigente denunció que la cifra oficial parece mayor porque participaron docentes cesantes y jubilados, e incluso estudiantes de educación. Luego de la evaluación fracasada, el gobierno continuó su ofensiva contra el SUTEP con una serie de medidas restrictivas que comenzaron el 9 de enero con el anuncio del Presidente Alan García que recortaría las licencias sindicales de 304 a 30. El 12 de enero, llegó el anuncio que el gobierno prohibiría que los aportes a la Derrama Magisterial, entidad dominada por la dirigencia del SUTEP, sean descontados de la planilla de los maestros, como ocurrió hasta la fecha, seguido el día siguiente por una resolución ministerial (005-32007-ED) que determinó que será el personal del ministerio de Educación quien establecerá los "requisitos" para celebrar convenios con entidades "cuyo pago se descuente por planilla única de remuneraciones", es decir, si la Derrama quiere volver a tener ingresos fijos deberá aceptar las reglas del juego que el gobierno proponga para ello. En diversos lugares, los profesores protagonizaron actos de protestas contra esta medida. Durante una marcha realizada el 16 de enero, en la Plaza Mayor de Arequipa, los manifestantes reclamaron que se les impida seguir aportando en la Derrama, mientras que con las aportaciones a las AFP no ocurre lo mismo, refiriéndose a la afiliación obligatoria de los trabajadores públicos a los fondos privados de pensiones, introducida durante el gobierno de Fujimori, que la mayoría de los trabajadores rechazan. Después del anuncio del Ministro de Educación que el 22 de enero, se ofrecerá a los maestros, que en la primera fecha habían sido impedidos de rendir el examen, una segunda oportunidad de participar en la evaluación, las diferentes fracciones del SUTEP unánimemente ratificaron su oposición a la medida y anunciaron medidas de protesta. El 12 de enero, docentes del SUTEP de Lambayeque, encabezados por la secretaria regional Perla Uriarte Núñez, protestaron en el interior de la sede de la Dirección Regional de Educación en Chiclayo, en contra de la inscripción de docentes para la segunda evaluación. Los manifestantes señalaron que las evaluaciones deben realizarse tal como lo establecen las normas magisteriales y con la mayor transparencia posible para evitar que se manipulen en contra de los docentes. El 13 de enero, los dirigentes del SUTE- Puno en un documento firmado por los dirigentes de las 13 provincias de la región reafirmaron su rechazo a la evaluación y sostuvieron que sólo se someterán a este tipo de evaluaciones, cuando el presidente de la República se pronuncie públicamente que se archivará el proyecto de la Ley de Carrera Pública Magisterial y que señale que no privatizará la educación. También en Cusco, los 11 secretarios provinciales y demás dirigentes, en una asamblea, se ratificaron en no concurrir a la segunda evaluación. Asimismo los docentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTE-Ica, anunciaron una nueva jornada de protesta con marchas, plantones y una vigilia contra la evaluación censal del 22 de enero. Pronunciamientos parecidos hubo de todas las bases del SUTEP. De manera que se acercó la fecha de la evaluación complementaria, las acciones de protesta se venían multiplicando. El 15 de enero, un grupo de veinte docentes, pertenecientes a la facción del SUTE que dirige, Miguel Puescas, tomaron por la fuerza las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Piura por espacio de una hora en protesta contra la evaluación de docentes. En Sullana (Piura), alrededor de 200 profesores, delegados de los diferentes centros educativos irrumpieron en la mañana en el interior de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local para protestar por la evaluación complementaria. El 17 de enero, se realizó una jornada de protesta con movilizaciones en diversas ciudades del país. En Maynas (Loreto), al menos medio millar de maestros marcharon portando palos y piedras desde la Casa de Maestros de esta ciudad hasta la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), donde expresaron su rechazo a lo que calificaron como "evaluación complementaria neoliberal del 22 de enero". Acto seguido, iniciaron la quema de llantas y hasta arremetieron contra un grupo de efectivos policiales arrojándoles bolsas con pintura amarilla cuando éstos pretendieron dispersarlos. En Huancayo y Chiclayo, el panorama fue similar. En Huanuco, afiliados al SUTEP realizaron una reunión informativa en el patio de la Dirección Regional de Educación, en la que pidieron a los maestros que no participen en la evaluación censal que se llevará acabo el día lunes 22. De otro lado, el presidente regional de Ancash, César Alvarez, anunció que viene preparando junto al magisterio de esa zona un mecanismo legal que les permita suspender la evaluación de docentes emprendida por el Ejecutivo. El 19 de enero, cerca de 250 docentes afiliados al SUTEP marcharon hasta la sede del Gobierno Regional de Chiclayo con la finalidad de solicitar a la presidencia interceda en las diversas acciones que vienen tomando el Gobierno Central contra los maestros. Ante la ausencia del Presidente Regional Yehude Simon, una delegación de los docentes se reunió con la vicepresidenta Nelly Saldarriaga, que se comprometió analizar todos los puntos tratados con los maestros. Por otro lado, el gobierno aumentó la presión sobre los maestros, promulgando el 16 de enero, un decreto supremo que obliga a los maestros que laboraron en calidad de contratados el año 2006, acreditar haber participado en las evaluaciones convocadas por el Ejecutivo, para que puedan renovar sus contratos y tener acceso al proceso de nombramiento para el 2007. El resultado de esta medida era que, por temor a perder su trabajo, muchos maestros decidieron inscribirse para la evaluación. El 22 de enero, día de la segunda evaluación, un número mucho mayor de docentes que la primera vez acudió a los centros educativos para rendir el examen. Especialmente en la ciudad de Lima, la evaluación se realizó sin mayores incidentes. Sin embargo, cientos de docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), encabezados por la secretaria general de gremio magisterial, Caridad Montes, y otros altos directivos de su gremio, realizaron una movilización a la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para entregar la correspondiente denuncia contra el Perú -interpuesta ante la OIT- por la conculcación de una serie de derechos laborales, como la licencia sindical. En el interior del país, el panorama fue distinto. En muchos lugares, piquetes de maestros del SUTEP se concentraron en las puertas de los diferentes colegios para impedir el ingreso de maestros y convocarles que no participen en la evaluación. Disturbios y enfrentamientos con la policía se registraron en Huancayo, donde grupos de manifestantes se concentraron en los colegios Politécnico Regional del Centro, Nuestra Señora del Cocharcas, José Carlos Mariátegui y Rosa de América y lanzaron huevos, tomates, agua y pintura contra los postulantes a la evaluación tildándolos de traidores y amarillos. Finalmente los custodios del orden lograron controlar los disturbios manteniendo alejados a los manifestantes a una cuadra para evitar agresiones mayores. Luego los manifestantes, encabezados por Roberto Huaynalaya, se movilizaron por el centro de la ciudad, indicando que la prueba había sido un fracaso. A la altura del puente Huancavelica, el vehículo rompemanifestaciones los dispersó con agua. En el Cusco, profesores del SUTEP-Patria Roja, con banderolas en mano, protestaron en la Plaza de Armas, y por unos minutos trataron de ingresar a la Catedral cusqueña, pero fueron impedidos por la policía. Más de 35 efectivos resguardaron el Colegio de Ciencias, donde se concentró el mayor número de docentes. En Cajamarca, desde muy temprano, docentes del SUTEP se enfrentaron con la Policía, para evitar que se realice el proceso de evaluación censal en ese departamento. Como resultado de este choque, cinco maestros resultaron heridos y 21 fueron detenidos por la policía. Horas más tarde salieron en libertad por la intervención del presidente regional de dicha ciudad, Jesús Coronel. Situación similar se vivió en Huamanga, donde aproximadamente 2 mil 800 maestros fueron impedidos de dar el examen. En Chiclayo, en los exteriores de las cuatro instituciones educativas designadas para la evaluación, se registraron protestas simultáneas de los docentes sindicalistas del SUTEP contra sus colegas que optaron por someterse a la evaluación. Se produjeron enfrentamientos con la policía y seis maestros fueron detenidos. En Moyobamba (San Martín) la policía detuvo al profesor José Luis Leyva Gil, secretario de Defensa del SUTEP de esa provincia, por haber agredido física y verbalmente a un joven profesor que ingresaba a ser evaluado. En Trujillo, desde muy temprano varios piquetes de maestros del Sutep se ubicaron en las afueras de las cinco instituciones educativas donde se rindió la evaluación docente para evitar que los profesores inscritos ingresaran a rendir su examen. Los manifestantes lanzaron huevos a sus colegas, a la policía e incluso a la prensa. Al mediodía, luego de recorrer las diversas calles del Centro Histórico, los profesores afiliados al Sutep improvisaron un mitin en la Plaza de Armas. También se registraron movilizaciones en Tarapoto (San Martín), Tacna, Puno, Arequipa, Huancavelica, Ica, Huacho (provincia de Lima), Tumbes y otros lugares, donde dirigentes y miembros del SUTEP llegaron hasta los centros de evaluación para tratar de impedir que los maestros ingresen a la evaluación. Al final de la jornada el Ministerio de Educación informó que aproximadamente 70 mil maestros inscritos en todo el país rindieron la prueba, minimizando las protestas como algunos incidentes aislados en provincias. Por su parte, los dirigentes del SUTEP anunciaron que realizarán asambleas para acordar una huelga indefinida para el inicio del nuevo año escolar en marzo. Protestas y huelgas de los trabajadores de Salud Los trabajadores de Salud de diferentes lugares realizaron acciones de protesta exigiendo del Ministerio de Salud el pago de bonificaciones y devengados atrasados. Trabajadores del sector salud de Ica continuaron huelga indefinida Los trabajadores administrativos y técnicos del sector salud, continuaron la huelga indefinida iniciada el 11 de diciembre en demanda del pago de sus devengados que se les adeuda desde el año 1994. Mediante un oficio, el 5 de enero, el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Dirección Regional de Salud, solicitó una reunión con el nuevo presidente de la región, Rómulo Triveño Pinto, a fin de buscar solución a su pedido, antes de radicalizar sus medidas de protesta. Asimismo, exigieron en el documento la sanción ejemplar al funcionario responsable de realizar la última distribución de la asignación presupuestal dado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que estaba considerado para el sector Salud y Educación y que en su totalidad fue distribuido para el sector de Educación. El 8 de enero, los trabajadores administrativos y técnicos del hospital Socorro que por problemas internos no pudieron acatar la medida, se sumaron a la huelga indefinida convocada por la dirigencia regional de su gremio. Tras más de 30 días de huelga, el sábado 13 de enero, finalmente los trabajadores de Salud decidieron suspender su medida de fuerza por espacio de tres meses. El acuerdo fue tomado luego de sostener una reunión con el nuevo presidente del Gobierno Regional, Rómulo Triveño Pinto, a quien le expusieron su problema para buscar una solución conjunta. Paro preventivo de trabajadores de Salud en Chiclayo El 30 de enero, 460 trabajadores del hospital Las Mercedes de Chiclayo realizaron un paro preventivo y un plantón de dos horas para exigir la distribución equitativa de los incentivos laborales así como el manejo adecuado y transparente del CAFAE, un fondo destinado al pago de incentivos por trabajo aistencial. Según el dirigente Britaldo Medina no hay equidad en dicho nosocomio y algunos sí reciben el incentivo y otros nada a pesar de que hay fondos para que se de cumplimiento a estos pagos. En Piura 600 medicos inician huelga indefinida El 30 de enero, unos 600 médicos empleados en la región de Piura, iniciaron una huelga indefinida para exigir que el Gobierno cumpla con cancelarles las deudas de 600 soles mensuales de bonificaciones por trabajo asistencial, la llamada Asignación por Trabajo Extraordinario Asistencial (AETAS), que no recibieron desde marzo del 2006. La medida fue acatada por el 100% de los cuerpos médicos. Los centros de salud de Santa Julia, Nueva Esperanza, el Hospital Santa Rosa, así como el Clas de Catacaos, permanecieron casi vacíos pues los pacientes prefirieron no asistir por el anuncio de la huelga. Sin embargo, la atención de emergencias se realizó con los piquetes delegados. En el Centro de Salud Materno Infantil de Castilla, los programas de vacunación y de atención de partos se atendieron con personal de enfermería y obstetrices. Situación similar se vivió en los Hospitales de Talara, Chulucanas, Paita y Sullana, donde los médicos también acataron la huelga mientras que alrededor de 100 colegas, realizaron un plantón en el frontis de la sede del Gobierno Regional. Tras el plantón una comitiva fue recibida por el gerente general regional, Freddy Aponte, y el director regional de salud, Walter Vegas, quienes tras reconocer que la medida era justa, aseguraron que se vienen realizando las coordinaciones del caso para que dentro de tres días las deudas por concepto de Asignación por Trabajo Asistencial sean canceladas. La dirigencia de la Federación Médica Regional, se reafirmó en mantener la huelga por tiempo indefinido hasta el cumplimiento del pago de beneficios por trabajo extraordinario. Pobladores de Tacna protestan contra proyecto minero en Palca La población de Tacna se movilizó en protesta contra el proyecto minero Pucamarca de la empresa minera MINSUR que pone en peligro los recursos hídricos de la región. El 5 de enero, el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de la región Tacna realizó una movilización por las principales calles de la Ciudad Heroica como parte del paro de 24 horas programado contra la contaminación minera en el distrito de Palca, donde la Empresa MINSUR pretende llevar adelante el Proyecto Pucamarca, que afectaría a la vida de 300 mil habitantes del departamento. A la marcha acudieron agricultores del Valle de Tacna, juntas de usuarios de riego, comerciantes, estudiantes universitarios, trabajadores municipales y los alcaldes distritales de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Calana. Los manifestantes cerraron varias arterias de la provincia, obstaculizando el libre tránsito de las unidades vehiculares. En los principales mercados no se expendieron productos de primera necesidad. Durante un mitin, Nora Melchor Cohaíla, presidenta del Frente Amplio de Lucha por el Medio Ambiente, manifestó que el proyecto Pucamarca está ubicado en la cabecera de la cuenca por donde discurren las aguas del canal Uchusuma, las cuales son utilizadas por la población. "Si la minera empieza a extraer oro, por la actividad que realiza se iniciará la contaminación a través de filtraciones, del aire, las lluvias ácidas y el polvo, que caerá al agua poniendo en peligro la vida de la población", alertó. Por su parte, el alcalde del distrito de Alto de la Alianza, Luis Alberto Mamani Churacutipa, respaldó la protesta. "Las organizaciones vecinales se han pronunciado contra la explotación de los recursos mineros y las autoridades tienen que participar porque este es el cimiento popular que se presenta en las calles de Tacna contra la contaminación del ambiente y del recurso hídrico", expresó. A su turno, el burgomaestre de Calana, Juan Ramos Arocutipa, instó a los tacneños a unir esfuerzos para defender la integridad del medio ambiente. "Pedimos a las autoridades y regionales para que sean partícipes de esta acción y estar juntos para sentar nuestra voz de protesta", enfatizó. Finalmente, Aureliano Gutiérrez, alcalde del distrito de Palca, solicitó a MINSUR la postergación de la audiencia pública en un plazo de tres meses, así como la ejecución de un nuevo estudio de impacto ambiental en la zona. Debido a las protestas, el 6 de enero, la empresa minera Minsur suspendió hasta nuevo aviso la audiencia pública que iba a realizar para exponer los detalles del estudio de impacto ambiental realizado en el proyecto Pucamarca. Encabezada por el Frente de Defensa del Medio Ambiente, el 23 de enero, se realizó una nueva jornada de protesta contra el proyecto minero Pucamarca. Mientras tanto, el presidente regional, Hugo Ordóñez Salazar, informó que ese mismo día, el gobierno regional de Tacna solicitó a la Dirección General de Concesiones Mineras la nulidad de los actos administrativos de concesión minera otorgada a Minsur, argumentando la existencia de vicios en la emisión de la licencia de uso de aguas. Según informaciones del gobierno regional, el documento se basa principalmente en la irregular dación de la licencia de uso de agua que la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) concedió a Minsur para la fase de exploración del proyecto Pucamarca, aun y cuando no se realizó la prueba de bombeo que determinaría la cantidad de agua que podría emplearse. Sigue la resistencia contra los resultados de las elecciones regionales En varios lugares del país, las autoridades electos en las elecciones municipales del 19 de noviembre, no pudieron asumir sus funciones por la resistencia de parte de la población que no reconoció los resultados de las elecciones alegando que había fraude electoral. El 3 de enero, los pobladores del distrito de Acoria (Huancavelica), a partir de las 00:00 horas bloquearon la vía férrea en aproximadamente 5 kilómetros como medida de rechazo al burgomaestre electo Leonidas Bendezú Fernández. La acción de protesta afectó a los miles de pobladores de diferentes poblados que viajaban a Huancavelica. Fuentes de la empresa Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, dieron a conocer que el servicio de tren será restringido, pues será sólo hasta las localidades como Huancayo-Izcuchaca-Tellería-Mariscal Cáceres y otras. En el distrito de Pacaycasa en la región Ayacucho, el 12 de enero, cientos de pobladores cerraron con un enorme candado la puerta de la municipalidad para protestar por la reelección del alcalde Paulino Amao Núñez. Los pobladores exigieron al Jurado Nacional de Elecciones que declare nulos los comicios de noviembre porque Amao habría ganado con "votos golondrinos", es decir votos de personas que temporalmente se registraron en determinados distritos para favorecer con su voto a un determinado candidato. Una medida similar tomó un grupo de pobladores del distrito de Usicayos, en la provincia de Carabaya (Puno), que desconoce los resultados de las elecciones municipales que dieron como vencedor a Williams Sotomayor Guerra. Los vecinos aseguraron que el legítimo ganador era el candidato del Partido Nacionalista, Jesús Gonzales argumentando que éste obtuvo 271 votos en los comicios del 19 de noviembre frente a los 243 de Sotomayor, este último de las filas del APRA. Asimismo los burgomaestres electos y proclamados como ganadores de las elecciones de los distritos de Santa Ana de Tusi, en la provincia Daniel Alcides Carrión, en Pasco y de Sallique, en la provincia de Jaén, en Cajamarca, no pudieron asumir sus funciones porque grupos de pobladores les impidieron ingresar a sus respectivos municipios. También en el distrito de San Gabán, provincia de Cabaraya (Puno) continuó la tensión que empezó el día de las elecciones con protestas de un grupo de pobladores por presuntas irregularidades y "votos golondrinos". Posteriormente el Jurado Electoral Especial de Azángaro, declaró nulas las elecciones en el distrito, porque se destrozó parte del material electoral y las actas. Sin embargo, dicha resolución fue apelada por el alcalde, en ese entonces que postulaba por la reelección, ante el Jurado Nacional de Elecciones de Lima y éste, a través de la Resolución Nº 4547-2006-JNE del 6 de diciembre declaró fundado el recurso de apelación. Esta decisión fue rechazada por la población del distrito que se mantuvo en pie lucha cerrando el municipio y exigiendo que se respete la resolución que declara nula las elecciones y que se nomine a un alcalde transitorio. A consecuencia, el ex alcalde y los regidores pasaron a realizar despachos desde una comunidad, lo cual los pobladores denunciaron como ilegal. El 13 de enero, dirigentes del distrito anunciaron el inicio de medidas de protesta más radicales. El 18 de enero, más de una centenar de pobladores de la localidad, en marcha de sacrificio, llegaron hasta la ciudad capital del departamento Puno, para exigir a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y otras instancias, que de inmediato declaren la nulidad de las elecciones del pasado 19 de noviembre del 2006. Los manifestantes señalaron que se quedarán en Puno hasta que las autoridades solucionen el problema. Transportistas de Lima acatan paro de 24 horas El 15 de enero, el Sindicato Unitario de Choferes y Cobradores del Perú convocó una paralización de 24 horas en rechazo a la acumulación de papeletas por infracciones de tránsito y a la retención de las licencias de conducir, así como en protesta por el convenio de la Municipalidad de Lima con la Policía, que otorga a la Policía Nacional una comisión del 30% del valor de la papeleta colocada. Los transportistas pidieron también la formalización de sus labores ya que trabajan por 16 horas, no tienen seguro, descanso, ni vacaciones y los policías están obligados a colocar 20 papeletas al día para cumplir con el convenio. El paro que fue poco anunciado tomó por sorpresa a la mayoría de los limeños. La medida de fuerza ocasionó caos en toda la ciudad. Los paraderos estaban repletos de gente que esperaba subir a cualquier vehículo de transporte público que apareciera. Eran pocos los vehículos públicos y cuadruplicaron sus precios. Los Station Wagon y camiones de carga se convirtieron en improvisados medios de transporte. Para atenuar el impacto de la medida de fuerza, el municipio limeño ordenó que el tren eléctrico funcione gratuitamente hasta las 3 de la tarde, desde Villa El Salvador hasta su terminal en el puente Atocongo, en San Juan de Miraflores. En varios sectores de la avenida Túpac Amaru, piquetes de huelguistas bloquearon la vía y agredieron a las pocas unidades que intentaban transitar. Lo mismo ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde los vehículos que cruzaban la avenida Wiese fueron impedidos de continuar su camino. En la Carretera Central se quemaron llantas y se lanzaron piedras. Se produjeron varios enfrentamientos con la policía y 136 personas -entre choferes, cobradores, llenadores y llanteros- fueron detenidas por los disturbios. La ministra de Transportes, Verónica Zavala, sostuvo que no había justificación para que los transportistas realizaran este paro, tras informar que Félix Gómez, uno de los organizadores de la manifestación, tenía 84 multas, muchas de ellas por faltas graves. El presidente Alan García afirmó que no veía razón para nuevas protestas y peor aún para actos de violencia. Acto seguido anunció que habría una próxima reducción del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) e informó que se está preparando un sistema de jubilación en favor de los transportistas con pequeños aportes. En la tarde, alrededor de 500 manifestantes realizaron una marcha hacia el Congreso, donde trece dirigentes se reunieron con el parlamentario Álvaro Gutierrez, presidente de la Comisión de Transportes. Luego de la reunión Gutierrez anunció que el día siguiente, la ministra Verónica Zavala se reunirá con representantes de dos gremios de transportistas para la conformación de una mesa de diálogo que tenga la finalidad de dar solución a las demandas de los transportistas. El día siguiente, la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte del Perú advirtió que convocarán a una huelga indefinida si es que, en 60 días, el Gobierno no resuelve su demanda de devolución de las licencias de conducir, decomisadas, retenidas y suspendidas. Protestas de los trabajadores públicos jubilados Los trabajadores públicos jubilados realizaron una serie de movilizaciones con motivo de la actual sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual la institución estaba viendo una demanda presentada por la Confederación Nacional de Pensionistas por el recorte de los derechos de los pensionistas por el Estado peruano. El 15 de enero, los asociados al Frente Regional de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, protagonizaron una movilización por las principales arterias de la ciudad de Puno, solicitando la restitución de sus derechos. En su recorrido, visitaron a diversas instituciones, entre ellos la Prefectura regional, así como al edificio del gobierno regional, donde presentaron un memorial para que el presidente regional, Pablo Hernán Fuentes Guzmán, interceda y haga conocer sus reclamos al mandatario de la nación. Los pensionistas de las Fuerzas Armadas, dieron a conocer que a través de la Ley Nº 28254, se autoriza una asignación especial de 100.00 nuevos soles a los policías en actividad, pero que discriminaría arbitrariamente al personal en retiro, lo cual consideran injusto. El 18 de enero, más de 150 pensionistas marcharon por las calles de la ciudad de Arequipa, demandando el respeto a sus pensiones. El asesor de la Confederación Nacional de Pensionistas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alexander Bazán Larco, dijo que recibieron una opinión favorable de la CIDH respecto a los derechos pensionarios de los jubilados, e incluso el CIDH emitiría un documento para que el Estado peruano haga las modificaciones. Con la aprobación de estas recomendaciones, se estaría respetando la nivelación de más de 400 mil jubilados a nivel nacional. Durante la marcha, los pensionistas, quemaron un muñeco que representaba al presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, por oponerse a esta decisión de la CIDH. El 23 de enero, los pensionistas y jubilados de diversas instituciones públicas del Estado de Puno realizaron una marcha silenciosa por las calles de la ciudad, para emplazar al gobierno central que deje de intimidar e influir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba viendo una demanda contra el Estado peruano presentado por los pensionistas. Cesaria Luna de Flores, una pensionista que participó activamente en la protesta, precisó que el presidente de la república, está tratando de influir en las decisiones de la Comisión Interamericana, respecto a la restitución de los derechos de cientos de jubilados, a quienes se les habría cortado su derecho a la nivelación de sus pensiones. Y además … Trabajadores denuncian ola de despidos arbitrarios en empresas de telecomunicaciones   3-01-2007 Los trabajadores de telecomunicaciones protestaron en las calles de Lima contra despidos arbitrarios exigiendo la intervención del gobierno. Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Telefónica en el Perú y de las del Sector Telecomunicaciones (SITENTEL), afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT PERÚ), informaron que dos empresas del sector han empezado a despedir injustificadamente a sus trabajadores al iniciar el año 2007. El primer caso era el de TUMSAC que despidió a varios trabajadores, entre ellos 5 afiliados al sindicato, quienes estaban contratados hasta el 31 de enero, pero al comenzar el mes de enero no los dejaron ingresar a la empresa, informándoles a algunos que se les avisará cuando les pagarán, y a otros, que los contratarán en una modalidad diferente. El segundo caso era el de TGSC, empresa que, el 2 de enero, despidió a sus trabajadores, pertenecientes a cooperativas y que contaban con más de 10 años de servicio con el pretexto que estos trabajadores no respondieron adecuadamente a las evaluaciones. En ese sentido, los dirigentes de SITENTEL lamentaron que el Gobierno no haga una labor eficiente para frenar los abusos de los empleadores y que el Congreso no haya aprobado la Ley General de Trabajo para evitar los constantes maltratos al trabajador. Algodoneros de Ica suspenden venta de fibra   4-01-07 Más de tres mil productores de algodón del valle de Ica decidieron suspender por tiempo indefinido la venta de la fibra, en protesta por la presunta concertación de precios que habrían promovido cuatro conocidas desmotadoras. El presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Algodón del Valle de Ica, Félix Siguas, denunció que desde principios de esta semana las desmotadoras decidieron fijar un nuevo precio por el algodón. Recordó que al iniciarse la campaña, las desmotadoras Central de Comercio Algodonero, Mercantil, Insersa y Rama-Fibra abonaban entre 128 y 130 soles por quintal de algodón, pero desde principios de esta semana decidieron pagar solo 114 soles. "Ello constituye una trasgresión al libre mercado y tiene un claro y abierto desafío no solo a los tres mil productores de algodón del valle de Ica, sino también a los algodoneros de Pisco y Chincha", advirtió. En Cusco socios de Té Huyro protestan contra remate de su casa  5-01-07 Más de un centenar de los productores tealeros de Huayopata salieron a las calles del Cusco a protestar contra del Poder Judicial, institución que ordenó el remate de su casa cooperativa ubicada en la calle Granda del centro de la ciudad. Zenobio Quispe Huranca, dirigente de los 3 mil 500 campesinos que se dedican a la producción de té, contó que el año 2001 el ex presidente de la entonces Cooperativa Central Té Huyro, Manuel Dueñas Huanca, en complicidad con su gerente Orlando Olivera, hipotecaron la referida propiedad en 80 mil dólares, sin consentimiento de los socios, al Banco Continental. Esta suma de dinero jamás ingresó a las arcas de la central tealera y menos benefició a sus socios. Desde esa fecha, no se pagaron las respectivas cuotas a la entidad crediticia, lo que provocó que el bien inmueble entrara en remate. "Gracias al 4º Juzgado Civil la casa entró en remate el pasado 22 de diciembre. El banco la está rematando en 400 mil dólares, cuando la propiedad vale más de un millón de soles, porque data de la época colonial", dijo el dirigente. Los productores de té manifestaron que, no permitirán el remate de su propiedad. Su visita al Poder Judicial también sirvió para plantear al banco, que están dispuestos a pagar, pero previo proceso de refinanciamiento. En Arequipa ex ediles protestaron en demanda de reincorporación  5-01-07 Alrededor de medio centenar de ex trabajadores municipales protestaron en las afueras de la Municipalidad Provincial, en demanda de su reincorporación laboral al contar con las sentencias judiciales que obliga a las autoridades ediles a cumplir con esta disposición. El dirigente, Richard Gutiérrez Chirinos, refirió que son alrededor de 120, la mayoría de ellos obreros de limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana y seguridad interna, que entre el 2004 y 2006 lograron fallos favorables para su reincorporación, por lo que unos 80 fueron admitidos antes que el anterior alcalde Yamel Romero dejara el cargo. No obstante, desde el 1 de enero, se les impidió su ingreso por disposición de las nuevas autoridades. Ante esta situación, el gerente general, Alberto Quezada Chávez, manifestó que los problemas presupuestales dificultaban atender estas demandas en el corto plazo, más aún cuando los gastos corrientes superan a los ingresos ediles; sin embargo, dijo que era conciente del problema social, por lo que no dejarán este problema a la gestión futura. Al final se comprometió en analizar el tema más detalladamente el día lunes 8 de enero. Por su parte Richard Gutiérrez, dijo que si ese día no se implementa un programa de reincorporación paulatina, de acuerdo a la disponibilidad económica del municipio, se encadenarán e iniciarán una huelga de hambre en las mismas instalaciones del municipio provincial. Ronderos se enfrentan a mineros informales en Cajamarca   16-01-07 Cansados de pedir la intervención de las autoridades para solucionar el problema, unos 300 ronderos del centro poblado Chuquibamba, provincia de Cajabamba (Cajamarca), tomaron la decisión de desalojar a los mineros informales de la parte baja del cerro Algamarca, que extraen oro sin las mínimas condiciones de seguridad y ponen en riesgo el medio ambiente. Según informó Mariano Mendoza Zafra, secretario regional de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, los ronderos detuvieron dos mineros informales que pusieron a disposición de la policía. Asimismo, el dirigente pidió a las autoridades regionales, locales y al Gobierno Central intervenir inmediatamente en este problema porque existe un alto riesgo de contaminación de los afluentes de agua y los sembríos del valle Condebamba, debido a que la minería informal utiliza insumos altamente nocivos como el cianuro, que pueden contaminar el agua y sus campos de cultivo. Mendoza solicitó a la Policía Nacional desalojar a la fuerza a los informales porque en reiteradas oportunidades se les ha pedido abandonar la zona, sin embargo no hacen caso. El presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel, dispuso la creación del Comité de Defensa del Medio Ambiente en la zona para evaluar y buscar una solución al problema. Desempleados protestan contra el gobierno regional de Moquegua   16-01-07 Más de un centenar de profesionales desempleados protestaron en el exterior de la sede del gobierno regional de Moquegua, exigiendo al presidente regional Jaime Rodríguez el cambio inmediato del asesor Angelo Paredes, a quien cuestionaron por manejar a su antojo la institución y decidir sobre el personal que se contratará. Los manifestantes expresaron su rechazo por la actitud asumida por la autoridad regional de pretender marginar a los profesionales moqueguanos, quienes estarían siendo desplazados por personal proveniente de Ilo, Arequipa y Lima, como se evidenció en la designación de los cargos de confianza. Con expedientes en mano, los manifestantes exigieron ser atendidos y que ya no se les margine como en la gestión anterior. Agricultores de La Joya (Arequipa) protestaron por agua  17-01-07 Más de 50 agricultores de la irrigación San Camilo, llegaron hasta la Dirección Regional de Agricultura en Arequipa para exigir la nulidad del oficio Nº 063-2007 con que la Administración Técnica de Riego ordenaba que el 24 de enero se le otorgue 38 litros /segundo de agua a Víctor Camargo Pantoja, quien adquirió terrenos en la parte baja de la irrigación. "No daremos ni una gota de agua a nadie y menos a una persona que quiere irrigar 400 nuevas hectáreas de cultivo, pues la cuenca del Chili está agotada", expresó, Juan Torres Portilla, presidente de la Junta de Usuarios de la Joya Nueva. Según Juan Torres, la Joya Nueva comprende las irrigaciones de San Camilo, San Isidro y La Cano, donde mil 500 agricultores cultivan 4 mil 500 hectáreas y actualmente sólo se irriga el 80%, debido a que sólo reciben un metro cúbico por hectárea. Después de más de una hora de protesta, los agricultores fueron atendidos por el director regional Walter Díaz, quien se comprometió a suspender la orden de la entrega de agua a fin de mes. Además, dispuso la revisión de la resolución con la intervención del Gobierno Regional de Arequipa. En Camaná (Arequipa) arrecian protestas contra transportistas interprovinciales   17-01-07 Convocado por el "Frente de Defensa contra el Turismo", pobladores de la provincia de Camaná (Arequipa) iniciaron un paro general indefinido para demandar el retiro de las empresas de transporte interprovincial Flores y Cromotex. Las protestas contra Cromotex y Flores empezaron inicios de año, cuando ambas empresas elevaron sus tarifas. En actos de protesta anteriores, los miembros del Frente habían atentado en repetidas oportunidades contra las oficinas de dichas compañías llegando a quemar, incluso, una de sus unidades. En el primer día de la medida de protesta, un grupo de 200 personas se congregó frente al peaje instalado en el sector de Alto Cerrillos, mientras que otros manifestantes cortaron el tránsito de vehículos en el Puente Camaná, reclamando las compañías mencionadas dejen de operar en esta jurisdicción. Cocaleros de Aucayau (Huanuco) paro de 72 horas   18-01-07 Los cocaleros del Alto Huallaga acataron un paro de 72 horas en rechazo a la política de erradicación de sus cultivos emprendida por el Ejecutivo. En el marco de la medida los campesinos realizaron marchas de protesta en Tocache, Tingo María y Aguaytía para protestar contra la anunciada reactivación del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivo de Coca en el Alto Huallaga (CORAH). La medida de fuerza fue acordada en una asamblea de la Asociación de Productores Agropecuarios y de la Hoja de Coca (APAHC), celebrada en Aucayacu, y que contó con la presencia de la parlamentaria andina, Elsa Malpartida. Docentes impagos toman sede de Gobierno Regional de Junín   18-01-07 Un grupo de docentes que no cobra hace dos años el sueldo que por derecho les corresponde tomó la sede del Gobierno Regional de Junín (GRJ) como medida de protesta por la desatención que hasta el momento recibieron de las autoridades gubernamentales y regionales a su demanda. Los docentes al promediar las 05:00 de la tarde encadenaron las dos puertas de ingreso a la sede regional, impidiendo la salida de los funcionarios y trabajadores. Los manifestantes colocaron carteles y reclamaron a viva voz el inmediato pago de sus haberes que se les adeuda desde el 2005. "El presidente regional (Vladimiro Huaroc) nos ha citado para las 04:00 de la tarde y no nos atendió, por eso decidimos encadenar las puertas, queremos que nos de una solución", reclamó un docente. Luego el presidente regional se reunió con representantes de los maestros y se comprometió viajar a Lima los próximos días para ver el caso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Trabajadores de azucarera Pucalá rechazan fallo a favor de Junta de Accionistas   23-01-07 Los trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá protestaron en los exteriores del Poder Judicial rechazando la decisión del Juez Severiano Cástulo Rojas Díaz quien ordenó llevar adelante una Junta de Accionistas de la referida empresa para los días 22 de febrero, 2 y 10 de marzo respectivamente. Los trabajadores cuestionaron el fallo, con el cual se determinó la composición accionaria, porque consideran que el proceso de venta de acciones de la empresa llevada a cabo en el año 1999 fue irregular y por tanto la Junta de Accionistas es ilegal. Además, los dirigentes de los trabajadores cuestionaron al abogado Felipe Larios Vices, porque durante años se autodenominó defensor de los trabajadores de Pucalá y luego de una corta gestión como asesor de la empresa, hizo reconocer a su favor una acreencia de casi un millón y medio de nuevos soles, con la cual ha conseguido que el Indecopi declare en insolvencia a la empresa, y ahora pretende que se lleve a cabo la referida Junta General de Accionistas en manifiesto perjuicio de sus miles de accionistas y trabajadores, con el único propósito de cobrar su acreencia. Mineros de Rinconada y Cerro Lunar (Puno) paralizan en demanda de servicios   30-01-2007 Los 25 mil mineros que laboran en Mina Rinconada y Cerro Lunar en la región de Puno, decidieron realizar una paralización de labores en protesta contra el mal servicio que presta Electro Puno en el lugar. Además exigieron del gobierno regional de Puno obras sociales y de infraestructura como la construcción de un minihospital, agua y desagüe y el mantenimiento de la carretera Huancané - Mina Rinconada. Con motivo de la paralización, aproximadamente 10 mil trabajadores de los centros mineros de La Rinconada, Lunar de Oro y Ananea, llegaron hasta la capital de la región, en una multitudinaria movilización, para exigir a las autoridades competentes, una urgente solución a los constantes problemas respecto a los apagones que se registrarían en el lugar. Los marchantes constituidos en comités de consumidores de energía eléctrica, de los centros poblados de Rinconada, Cerro Lunar y del distrito de Ananea, jurisdicción de la provincia de San Antonio de Putina, dieron a conocer el pésimo servicio de energía eléctrica, además de cobros excesivos y mala facturación. Esposas y madres de trabajadores de empresa azucarera Tumán protestan contra fallo judicial   25-01-07 Más de un centenar de madres de familia y esposas de los trabajadores de la empresa azucarera Tumán salieron a las calles de Chiclayo para advertir que "correrá sangre y habrá muertes en Tumán" si el Juzgado de Pucalá determina realizar la diligencia judicial para concretar el embargo de mercadería, dispuesto por el 35 Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima a favor de Gilbert Alfredo Hilario Pacheco, miembro de la anterior administración de la empresa. El juzgado especializado de Lima, el 16 de enero de 2007, en el proceso seguido por Hilario Pacheco contra la empresa Agroindustrial Tumán ordenó que la actual administración debe entregar al representante judicial del demandante mercadería consistente en bolsas de azúcar rubia doméstica nacional y refinada blanca o productos afines por un valor de de un millón de dólares para pagar una deuda que éste reclama. Frente a esta demanda, las madres de familia manifestaron que los trabajadores se oponen a este el fallo porque las anteriores administraciones no cumplían puntualmente con el pago de remuneraciones a sus trabajadores. Guías de turismo protestaron para que no deroguen Ley 28529   26-01-07 En una jornada de protesta cientos de guías profesionales de turismo salieron a las calles de la ciudad de Cusco para hacer un llamado de atención al Congreso de la República y al presidente Alan García, para que no den paso a un proyecto de ley, que busca derogar la Ley 28529, Ley del Guía de Turismo. Durante la marcha el presidente de la Federación Nacional de Guías Oficiales de Turismo, Juan Yáñez Olarte, explicó que la congresista fujimorista, Cecilia Chacón, viene impulsando la derogatoria de su ley con el objetivo de liberalizar el ejercicio de la profesión, con el objetivo de beneficiar a instituciones como Canatur, Apavid, Apotur, Apday y la Asociación Hotelera, quienes al amparo de la norma ya no tendrían la obligación de contratar a guías oficiales. Una acción de protesta similar hubo en Ayacucho.