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	Protestas sociales en Perú DICIEMBRE DE 2006 Siguió la agitación social en torno a las elecciones municipales y regionales Aun semanas después de las elecciones municipales y regionales del 19 de noviembre, en algunas partes del país, siguieron las protestas por los resultados de los comicios. El 1 de diciembre, en cinco distritos de Tacna hubo manifestaciones de protesta debido a la disconformidad de los perdedores con los resultados oficiales. Diversos candidatos de Pachía, Sama, Palca, Ite y Pocollay movilizaron a sus seguidores para protestar frente a las sedes electorales de la región pidiendo la nulidad de las elecciones. El caso más emblemático se daba en Pocollay, donde la agrupación "Alianza Vecinal" se impuso por apenas 64 votos sobre el más cercano competidor, "Tacna Unida". Al igual que en los otros distritos, el afectado le echó la culpa a los "votantes golondrinos". De otro lado, en Puno, cuatro de los cinco candidatos del distrito de Desaguadero amenazaron con cerrar la frontera con Bolivia aduciendo que hubo un irregular conteo de votos, ya que el día de las elecciones hubo una quema del material electoral y, sin embargo, se pretendió hacer validar las actas de sufragio. Mientras tanto, los pobladores el distrito de Nuevo Progreso, en Tocache, San Martín, mantuvieron tomado el local de la alcaldía en protesta por la reelección del alcalde de esa jurisdicción, Vidal Gonzales Zavaleta, de las filas del APRA. Alegando que hubo fraude en los comicios la población se negó a salir del local hasta que una comisión negociadora del Gobierno se presente. Por otro lado, dos semanas después de los comicios aún existían cuatro departamentos en el Perú cuyos candidatos a la presidencia regional peleaban, literalmente, voto por voto para hacerse con al ansiado cargo público. Además de Puno (lugar donde acaecieron violentos incidentes tras los primeros reportes electorales que otorgaban una estrecha victoria al candidato de "Avanza País" sobre el de "Poder Democrático Regional"), en Lima, Huancavelica y Tumbes los resultados eran tan ajustados que con más del 98% de las actas escrutadas aún era imposible afirmar quién ocupará el sillón presidencial los próximos cuatro años. Por esta razón, el 5 de diciembre, en Puno se realizó un paro regional convocado por el virtual presidente de la región Puno, Hernán Fuentes, para reclamar a las autoridades electorales su pronta proclamación. Fuentes había convocado a la medida de lucha porque acusó a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de presuntas irregularidades en el conteo de los votos para favorecer el candidato que se encuentra en segundo lugar. El paro fue acatado de manera parcial. Sólo en las localidades de Juliaca y Huancané la población paralizó sus labores por precaución. Piquetes de manifestantes bloquearon las vías Juliaca-Huancané y Puno-Juliaca, colocando piedras y llantas en las autopistas. En Juliaca al menos ocho simpatizantes de Fuentes fueron detenidos por la Policía lo que en la tarde, motivo una manifestación de protesta en el frontis del local policial para exigir la liberación de los detenidos. Por otro lado, el personero legal del partido y hermano del candidato de "Avanza País", Isauro Fuentes, sostuvo que ante la inminente victoria de su agrupación decidieron suspender el paro, inicialmente programado por 48 horas. El 11 de diciembre, alrededor de un centenar de pobladores del distrito de Acoria, después de caminar más de cinco horas, arribó a la ciudad de Huancavelica para protestar y exigir a las autoridades electorales la nulidad de las elecciones en esta jurisdicción. Luego de recorrer las calles céntricas de la ciudad, los manifestantes se dirigieron al auditorio del parque ecoturístico del barrio de San Cristóbal, donde desde tempranas horas el Jurado Electoral de Huancavelica entregaba las credenciales a los candidatos que resultaron electas el 19 de noviembre. Edgar Serpa Enríquez coordinador general nombrado por las comunidades campesinas de Acoria, manifestó que el petitorio de nulidad de elecciones en el distrito de Acoria se sustenta en pruebas fehacientes que el actual gerente municipal, Leonidas Bendezú, y el alcalde actual, Silvano Huamán, ambos del movimiento Rillay, hayan pretendido ganar las elecciones comprando las conciencias de los electores con el dinero del pueblo. "Por ningún motivo vamos a dejar que el actual alcalde u otra persona que no sea la Contraloría ingrese a la municipalidad", aseguró, recordando que mantienen tomada la municipalidad del distrito desde el 22 de noviembre. Población de Islay (Arequipa) protesta contra entrega del agua del Río Tambo a Moquegua El conflicto entre agricultores de la provincia Islay (Arequipa) y de la región de Moquegua por el uso del agua de la cuenca del Río Tambo volvió a agudizarse, luego de que el Ministerio de Agricultura mediante una resolución entregó la administración del agua a Moquegua. El 1 de diciembre, los pobladores y agricultores de la provincia de Islay (Arequipa), iniciaron acciones de protesta en rechazo a las resoluciones No. 745-2006 y 758-2006 del Ministerio de Agricultura, así como la resolución No. 1419, que otorgan a Moquegua la administración del agua de la cuenca del río Tambo. Alrededor de 600 personas realizaron una marcha por las principales calles de Mollendo con la presencia del presidente del Frente por la Dignidad de la Provincia de Islay, Fernando Herrera, dirigentes de organizaciones populares, sindicatos y pobladores en general. Al llegar a la Subprefectura, los manifestantes entregaron a la autoridad política, Mercedes Jordán, un memorial que contenía la plataforma de sus pedidos. Los manifestantes exigieron al gobierno central que derogue la citada norma, decretada el sábado 25 de noviembre. Los días 4 y 5 de diciembre, la población de la provincia de Islay acató un paro regional de 48 horas para reforzar su demanda que se anule las resoluciones ministeriales que favorecen a la región Moquegua. Los dirigentes arequipeños plantearon que se debe constituir una autoridad autónoma de la cuenca y ejecutar la construcción de una represa para desarrollar la agroindustria de su provincia. La medida de fuerza fue acatada de manera mayoritaria en las localidades de Mejía y Punta de Bombón, así como en los puertos de Matarani y Mollendo. Los pobladores de dicho valle desde las 08:00 horas obstruyeron con enormes piedras deslizadas de los cerros el puente Santa Rosa, el túnel y la trocha carrozable que conduce al puerto de Ilo y que colindan con la carretera Panamericana. Más tarde también bloquearon la Panamericana Sur impidiendo que los buses procedentes de Lima y Arequipa arriben a Moquegua. En el segundo día del paro, se produjo un enfrentamiento entre la Policía Nacional y pobladores quienes habían bloqueado 3 kilómetros de la Panamericana Sur y atacaron los vehículos que intentaron pasar el bloqueo. Ante este hecho los policías utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y detener a los más revoltosos, desatándose una batalla campal en la zona. En el incidente por lo menos 45 manifestantes fueron detenidos y conducidos a la comisaría del distrito La Joya para las investigaciones. En una reunión de 5 horas realizada entre una comisión gubernamental encabezada por la asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros, Sandra Castro Tovar, y los representantes del Valle de Tambo, se acordó que representantes de la provincia de Islay se reunirán el día 12 de diciembre, con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo para buscar una solución a sus demandas. Para iniciar el diálogo con las autoridades llegadas de Lima, los dirigentes de Islay solicitaron la liberación de las 45 personas detenidas. Luego del acuerdo con los representantes del gobierno central, los manifestantes decidieron desbloquear la vía que une a las provincias de Islay y Arequipa, lo que afectaba también a los departamentos de Moquegua y Tacna. Huelga de los trabajadores del Ministerio Público Los trabajadores del Ministerio Público continuaron la huelga nacional indefinida iniciada el 30 de noviembre en espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dé una respuesta a su pliego de reclamos, presentado un mes atrás por la fiscal de la Nación. Según el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público (Sitramip), sus afiliados perciben remuneraciones de entre 500 y 800 soles desde hace 10 años. Ellos exigieron la aprobación de una escala remunerativa de S/. 1,300 a 2 mil 100 nuevos soles. En el primer día, la medida de fuerza fue acatada sobre todo de los trabajadores en Lima donde se concentra la mayor parte de los trabajadores. En los primeros días de diciembre, las bases de todo el país se sumaron a la huelga indefinida. Durante la huelga la atención en las fiscalías de todo el país fue restringida. Sólo las fiscalías de turno siguieron laborando y se continuaba atendiendo casos de reos en cárcel y de violencia familiar. La huelga también afectó la atención en las morgues, donde los empleados se negaron a realizar las necropsias de ley y amenazaron no recibir los cadáveres como medida radical de protesta. Decenas de familiares fueron impedidos de retirar los cuerpos de sus seres queridos a falta de personal que formalice las necropsias de ley. En las dependencias del Instituto de Medicina Legal el servicio de atención para casos de maltrato familiar y lesiones, así como atención psicológica que son los más requeridos por la población, fueron suspendidos. El 1 de diciembre, la Fiscalía de la Nación declaró la ilegalidad de la huelga. La norma publicada en el diario oficial "El Peruano" se fundamentaba en que la medida de lucha no fue comunicada con 10 días de anticipación y a que se obstruyó el ingreso a los centros de labores, afectándose los servicios esenciales. Ese mismo día, el jefe de la Sétima Región Policial, Guillermo Rosas, llegó a un acuerdo con los huelguistas apostados en el frontis de la Morgue Central de Lima quienes firmaron un acta garantizando el libre ingreso y salida de los cadáveres. La secretaria general del Sitramip, Rosa Gonzales, informó que a pedido de la ministra de Justicia, María Zavala decidieron dar una tregua hasta el lunes 4 de diciembre, anunciando una radicalización de la huelga, si hasta entonces no se les conceda las mejoras salarios que exigen. En otros lugares la huelga continuaba, en algunos lugares de forma escalonada. La medida fue acompañada de constantes movilizaciones, plantones y ollas comunes en las afueras de las instituciones del Ministerio Público. El 13 de diciembre, luego de 20 días de huelga nacional indefinida, los trabajadores del Ministerio Público de Huancayo ante la intransigencia del gobierno central, advirtieron que radicalizarán su medida de lucha e incluso cerrarán las puertas y no permitirán el ingreso de los fiscales. El 15 de diciembre, la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, ratificó la ilegalidad de la medida. Según la normativa peruana, cuando una huelga es declarada ilegal los trabajadores tienen tres días hábiles para reincorporarse a sus labores y de no ser así serán despedidos. Para evitar medidas de este tipo y ante el anuncio del gobierno central, que en el presupuesto para el 2007 privilegiará la atención de la deuda social de las diversas instituciones públicas antes de prever nuevos aumentos de remuneraciones de los empleados del sector público, los trabajadores del Ministerio Público decidieron retornar a sus puestos de trabajo a partir del lunes 18 de diciembre, después de suscribir un acta con el primer ministro, quien se comprometió a no descontar los días no laborados durante la huelga, pagarles un bono extraordinario de 500 Soles para levantar la medida y revisar el incremento de la escala remunerativa en el primer trimestre del 2007. Paro nacional de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario Los días 4, 5 y 6 de diciembre, los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), acataron un paro nacional de 72 horas exigiendo que el Ejecutivo apruebe la ampliación del presupuesto para el INPE, destinado a incrementar las remuneraciones de los servidores de los penales del país. Los huelguistas indicaron que en caso no reciban una respuesta positiva del gobierno central, irán a la huelga indefinida. Durante la huelga, los trabajadores penitenciarios no permitieron el ingreso de los abogados para las diferentes diligencias judiciales ni de ningún familiar de los internos, manteniendo sólo piquetes en los penales para garantizar la seguridad y los servicios básicos de los internos. Los huelguistas se concentraron en las puertas de los penales y se movilizaron por las calles para hacer públicos sus demandas. En algunos lugares, como en el Complejo Penitenciario de Picsi de Chiclayo, los trabajadores en huelga además impidieron el ingreso de los magistrados de las salas penales que funcionan en los centros penitenciarios. El segundo día del paro, los trabajadores en huelga anunciaron que, ante la indiferencia del Ejecutivo, radicalizarán su protesta no permitiendo el ingreso de visitas a los reclusos a los penales. El día siguiente, en la mayoría de los 87 penales del Perú los trabajadores en huelga impidieron el ingreso de las visitas, medida que provocó las protestas de los internos. En el penal de Río Seco en Piura, los internos intentaron tomar las instalaciones del taller y el almacén de alimentos en protesta porque no les permitían ingresar a sus familiares a visitarlos. Los empleados armados intervinieron con escopetas retrocarga efectuando disparos al aire, y consiguieron que los internos desistan de sus planes. En Chiclayo, los reclusos del penal común de Picsi tomaron los techos de sus pabellones hasta que finalmente los trabajadores en huelga cedieron y les permitían recibir sus visitas. Luego un grupo de trabajadores del INPE junto con un centenar de trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, marchó hasta la sede administrativa del INPE y del Poder Judicial donde se unieron con todos los trabajadores que protestaron. Según señalaron los manifestantes, las conversaciones en Lima con el Premier Jorge del Castillo no dieron buenos frutos y por ello decidieron radicalizar su medida hasta que se les de una respuesta. En Huancayo, los trabajadores del INPE, aparte de impedir el ingreso de visitas al penal Huamancaca, también bloquearon con piedras y la quema de llantas un tramo de la carretera hacia el distrito de Huamancaca Chico. Asimismo los trabajadores del INPE de Puno, bloquearon la vía de ingreso al penal Yanamayo, quemando llantas y colocando a lo largo de la carretera inmensas piedras que impedía el ingreso de los buses y combis de Juliaca. Ya el día anterior se había producido un incidente en Juliaca, cuando más de una treintena de trabajadores INPE que bloquearon la calle en las afueras del penal La Capilla, fueron dispersados por la policía que utilizó gases lacrimógenos para restablecer el orden vehicular en esa zona. La intervención originó la protesta de los internos que se vieron afectados por los gases lacrimógenos. En el penal de Pocollay en Tacna se produjeron escaramuzas y conatos de bronca entre trabajadores del INPE en huelga, que se habían congregado en el exterior del centro penitenciario, y los familiares de los internos que reclamaron que se les deje entrar para la visita. Finalmente el dirigente de los trabajadores del INPE en Tacna, René Llamoca, ante el pedido de los policías para que el problema del impedimento de visitas no se agudice pasadas las 11:00 horas manifestó que se permitirían las visitas ya que algunas mujeres y niños con bolsas de comida reclamaban que por la proximidad de la Navidad habían llegado desde lejos para ver a sus familiares presos. Protestas de los maestros contra la evaluación de docentes y alumnos Los maestros continuaron con sus protestas contra la anunciada evaluación de los alumnos y los profesores programados para el 18 y 20 de diciembre respectivamente. Otro motivo de protesta era la planificada entrega de la administración de los colegios a las municipalidades que a partir del 2007 empezará con un plan piloto. Los maestros se oponen a la evaluación porque la consideran un pretexto para despedir arbitraria y masivamente a los maestros del sector público y aplicar el plan de la llamada racionalización del sector de Educación cerrando colegios en zonas pobres y apartadas donde las condiciones para la enseñanza son sumamente difíciles y el rendimiento de los alumnos es menor. También argumentan que la evaluación no está enmarcada en la Ley del Profesorado que considera evaluaciones permanentes pero también integrales, es decir, con análisis de aspectos socio-económicos que inciden en la calidad educativa. La protesta está encabezada por el Sindicato Unitario de los Trabajadores de Educación (SUTEP) que actualmente se encuentra dividido en varias fracciones que unánimemente rechazan los planes del gobierno y que realizaron acciones de protestas en diferentes lugares del país. El 4 de diciembre, durante una reunión en el hotel Los Balcones en Huancayo, en la cual el viceministro de Educación y su comitiva detallaban los aspectos de la evaluación a los alumnos y docentes, previstos para el 18 y 20 de diciembre, respectivamente, un grupo de dirigentes de la facción del SUTEP que dirige Roberto Huaynalaya propició una bulliciosa protesta en los exteriores del lugar, expresando su rechazo a la evaluación y anunciando el boicot de la medida. El 4 y 5 de diciembre, unos dos mil docentes de la región Lambayeque se concentraron en el distrito de Motupe, uno de los lugares donde el gobierno pretende ejecutar el plan piloto para la municipalización de los colegios, para manifestar su rechazo a estos planes. En una marcha de protesta, los docentes provenientes de Lambayeque, Mochumí, Illimo, Pacora, Ferreñafe, Picsi y otros distritos de la región, recorrieron las principales calles del distrito de Motupe y bloquearon la Panamericana Norte. Los dirigentes manifestaron que la medida de protesta apunta a defender el derecho de los estudiantes y el derecho a la escuela pública y de calidad y hicieron recordar la pésima experiencia de Chile, donde la municipalización de la educación llevó a que, entre los años 1990 al 2004, se cerraron 1600 escuelas públicas y se abrieron 190 instituciones educativas privadas. Asimismo expresaron su rechazo a la evaluación de docentes, advirtiendo que los días 18 y 20 de diciembre, fecha para la evaluación de los maestros, saldrán a protestar a las calles en rechazo al proyecto de municipalizar la educación. El 8 de noviembre, aproximadamente una treintena de profesores del Comité de Reorientación y Reconstitución del SUTE Huánuco, salió a protestar en las calles de esta ciudad en contra de la evaluación de los maestros prevista para el 20 de diciembre, y amenazaron con boicotear dicho proceso. Elena Ramos Villanueva, presidenta de dicho gremio, manifestó que el gobierno de turno busca propiciar el despido masivo de docentes en su proyecto privatizador de la educación, cierre de aulas de las instituciones educativas (vía la racionalización) y recorte presupuestal. "Insistiremos con nuestras movilizaciones y protestas hasta que archiven el proyecto de ley de la carrera magisterial", manifestó la dirigente. El 15 de diciembre, los integrantes de la facción del SUTE-Piura que lidera Miguel Angel Puescas, marcharon por las calles de la ciudad con rumbo a la Dirección Regional de Educación donde hicieron un plantón para manifestar su protesta contra la evaluación de los maestros programada para el día 20 de diciembre. Según informaciones del Ministerio de Educación, la evaluación de todos los alumnos de segundo grado de primaria de colegios públicos y privados, programada para el 18 de diciembre, se desarrolló con normalidad en la mayoría de los colegios de Lima y Callao. En el resto del país, sin embargo, el panorama era diferente. En el Norte, principalmente en Lambayeque, Chiclayo, Chimbote y Trujillo, y en Áncash, los maestros que pertenecen al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (Sutep) boicotearon la evaluación de los niños en la mayoría de planteles públicos, al impedir que funcionarios del Ministerio ingresen a las aulas. En Pasco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Puno y Cusco, maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (Sute) iniciaron una paralización de 72 horas, la cual afectó el normal desarrollo de la evaluación escolar. Con la medida de fuerza, a la cual a partir del 19 de diciembre también se sumaron los maestros en Áncash, los docentes expresaron su rechazo a la evaluación de los alumnos y maestros de los colegios públicos. Debido al paro, en la región de Pasco, el 95% de centros educativos cerró sus puertas. Solo en algunos planteles particulares se dictaron clases. En Huancavelica, los docentes que acataron la medida de fuerza también impidieron el normal desarrollo de la evaluación a los escolares del segundo grado. En diversos colegios de la región Ayacucho, grupos de docentes ingresaron a los colegios y quemaron las pruebas, obstaculizando luego el ingreso de los padres de familia que llevaban a sus hijos a los colegios. Lo mismo ocurrió en colegios de la región Cusco. En Puno, los maestros salieron a las calles y bloquearon por dos horas la carretera Juliaca-Puno para hacer escuchar su rechazo a las evaluaciones. El 19 de diciembre, el Ministro de Educación, José Chang, anunció el aplazamiento de la prueba para el 8 de enero próximo, debida a que un modelo de la prueba fue sustraída y colgada en una página web con lo que se boicoteó la evaluación. El Ministro culpó el SUTEP de la su publicación de la prueba, lo que fue desmentida por Caridad Montes, secretaria general del gremio. Pese a la suspensión de la evaluación, el 20 de diciembre, los agremiados del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) realizaron el paro nacional previsto para el día de la evaluación de docentes. En Lima, cientos de maestros marcharon por las calles del centro para rechazar la nueva prueba docente, programada para el 8 de enero. Al final de la marcha que partió de su local sindical en el jirón Camaná y llegó hasta el Congreso, la secretaria general del SUTEP fue recibida por el presidente de la Comisión de Educación, Rafael Vásquez, a quien pidió que el Congreso sirva de intermediario para entablar un diálogo de alto nivel con el presidente de la República, Alan García Pérez, sobre el tema. También en Arequipa, Trujillo, Chimbote, Cerro de Pasco y otros lugares hubo marchas multitudinarias de maestros de los colegios públicos que rechazaron la nueva fecha para la prueba señalando y anunciaron que no acudirán a la evaluación mientras el gobierno no cambie las condiciones. Protestas de los trabajadores de Salud Los trabajadores de Salud continuaron su lucha por mejoras salariales, el pago de beneficios reconocidos y planes de pasar la administración de las redes de salud del Ministerio de Salud a las municipalidades. Los trabajadores de Salud de la región Ica exigen pago de devengados El 4 de diciembre, los trabajadores administrativos del sector Salud de la región Ica realizaron una marcha por las calles de la capital regional para exigir el pago de sus devengados, que el gobierno les adeuda desde el año 1994, habiéndose acumulado deudas a cada trabajador de entre 18 mil y 20 mil nuevos soles; sin embargo, desde que fuera publicado el Decreto 037 - 2004, no recibieron pago alguno. "El proceso se entrampa en el Poder Judicial, quien exige que cada trabajador tenga su dictamen judicial y no de manera colectiva como indica el documento", señaló el secretario general de la Red de Salud Ica, Miguel Ángel Peseros Crisóstomo. A la marcha llegaron trabajadores de las bases de Palpa, Nasca, del hospital Santa María del Socorro, Hospital Regional y del personal de la Dirección Regional de Salud de Ica, dejando sólo a personal en las áreas de emergencia. La movilización llegó hasta las instalaciones del Gobierno Regional de Ica, donde fueron recibidos por la Gerente de Desarrollo Social, Gladis Táber, quien informó a los trabajadores que no había dinero para efectivizar el pago de sus devengados, ya que el Gobierno Regional, sólo es un tramitador entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los trabajadores de salud y el gobierno central no aprobó el crédito suplementario para cumplir con este sector. El 11 de diciembre, el personal no médico del nosocomio de Chincha inició una huelga indefinida en protesta del pago de beneficios labores según el Decreto Urgencia 037-94, que establece una escala remunerativa para los servidores públicos. Según dio a conocer dos días después, el presidente del comité de lucha del sector salud de Chincha, Miguel Pisconte Castillo, los dirigentes solicitaron una cita con el presidente del Congreso de la República pero hasta la fecha no encontraron respuesta, por lo que han iniciado coordinaciones con parlamentarios de Ica. Médicos paralizan labores en protesta contra municipalización de la salud El 12 de diciembre, los médicos de los hospitales estatales del país realizaron un paro de 24 horas en protesta contra la municipalización de los servicios médicos prevista a partir del 1 de enero de 2007. El presidente de la Federación Médica del Perú, Julio Vargas, indicó que aproximadamente el 80 por ciento de los profesionales de la Salud acataron el paro en toda el Perú pero se mantienen los piquetes de emergencia para la atención de urgencia de pacientes. Según Vargas, los profesionales de salud rechazan lo planteado por el Poder Ejecutivo de "municipalizar" la atención de la salud pública por cuanto las municipalidades no tienen capacidad para asumir la conducción de un sector de tan alta complejidad. Señaló que el planteamiento es "unilateral" de parte del Gobierno, porque no ha sido consultado con las organizaciones gremiales y será un fracaso si no se da dentro de un marco de sistema integrado de salud. El dirigente gremial advirtió que con la actitud del gobierno, más de 9 millones de personas, las más pobres, no podrán acceder a la salud pública. La Federación Médica también reclamó mediante el paro más presupuesto para los hospitales para mejorar la asistencia médica, y la infraestructura en los centros médicos estatales. Además de parar sus labores, los profesionales de salud realizaron una marcha en el centro de Lima hasta llegar al Ministerio de Salud, en Jesús María, donde se reunieron con el viceministro Diego Fernández, a quien le expusieron su plataforma de lucha, para luego proseguir con destino al Congreso de la República, pero se toparon antes, en la Avenida Abancay, con la guardia de asalto que reprimió a los manifestantes. También en diversos otros lugares del Interior del país, los galenos salieron a las calles para manifestar públicamente su protesta. Paro de trabajadores administrativos estatales El 13 y 14 de diciembre, los trabajadores administrativos estatales realizaron un paro nacional de 48 horas para protestar contra un proyecto de ley del gobierno aprista que modifica la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, donde están inmersos todos los trabajadores nombrados. La nueva norma, entre otras cosas, prevé una evaluación periódica cada 6 meses, y como resultado de estas evaluaciones los trabajadores serán calificados como personal de rendimiento sujeto a observación o personal de rendimiento deficiente que determinará su permanencia en el servicio. También se introduce como causal para la supresión de plazas, la desactivación, reestructuración, fusión o reorganización de cualquier entidad estatal. Los trabajadores rechazaron dichas disposiciones que consideraron sólo como un pretexto para poder liquidarlos. En la paralización participaron entre otros gremios la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (FETRAMUNP) y los trabajadores administrativos de las universidades estatales. La medida de lucha fue acatada por miles de trabajadores estatales en todo el país que manifestaron su rechazo con marchas de protesta en diversos lugares, entre ellos en Chiclayo, Arequipa, Tarapoto y Trujillo. En Lima un nutrido grupo de manifestantes con delegaciones de todo el país marchó a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Congreso de la República. Y además … En Pasco trabajadores de empresa contratista MIPSA protestan El 1 de diciembre, alrededor de 100 trabajadores de la empresa contratista MIPSA acompañados de sus esposas, realizaron un plantón en las puertas de las oficinas generales de la Compañía Minera Volcan, ubicadas en el centro poblado de Paragsha (región de Pasco), exigiendo que MIPSA continúe con laborando con Volcan y que no se rescinda el contrato. La empresa minera especializada Pircocancha Sociedad Anónima "MIPSA", prestaba servicios a Volcan Compañía Minera S.A.A. hasta el 30 de noviembre del 2006. El 22 de noviembre, sus representantes presentaron a Volcan Lima una carta expresando su intención de no continuar el contrato, lo ha generado una pérdida en la productividad diaria. Además ha creado un malestar en las familias de los trabajadores llegando a realizar movilizaciones de muchas madres de familia con sus hijos frente a las instalaciones de Volcan. Por su parte, Volcan informó que los 528 trabajadores de Mipsa afectados serán transferidos a las diversas empresas especializadas y no se verán afectados. Violentas protestas contra la presidenta regional de Apurímac El 4 de diciembre, se produjeron violentos enfrentamientos entre efectivos policiales y pobladores de la ciudad de Abancay, que pretendieron tomar la sede del gobierno regional de Apurímac exigiendo la renuncia de la presidenta Rosa Suárez Aliaga. El conflicto surgió luego de que la saliente presidenta regional transfiriera un millón de soles a la ciudad de Andahuaylas, dinero que estaba destinado para otras provincias. Esto generó que al menos cinco mil manifestantes tomaran por asalto la Plaza de Armas de Abancay y se enfrentaran durante varias horas a la policía, que recurrió al uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas para contener a los manifestantes. A consecuencia de los hechos, hubo 16 heridos y diez manifestantes detenidos. Por la tarde, el premier Jorge del Castillo, en una conferencia de prensa señaló que el gobierno central a raíz de los actos violentos declaró en estado de emergencia por 30 días la provincia de Abancay. Para calmar las aguas, el Premier informó que el gobierno central dejó sin efecto la transferencia de un millón de soles para Andahuaylas y señaló que los recursos presupuestados para la provincia se quedarán en Abancay y en ningún caso van a "distraerse a otro lugar". A pesar de ello, el día siguiente desde tempranas horas, alrededor de mil manifestantes volvieron a concentrarse frente a la sede regional con el propósito de ingresar a ella y lograr la renuncia de la autoridad apurimeña. Luego de intentos infructuosos de la Policía y la representante de la Defensoría del Pueblo en esa ciudad, Rosa María Pazos, de disuadir a los revoltosos, se produjo un nuevo enfrentamiento entre agentes del orden y manifestantes. Producto de la batalla campal que se desató fueron heridos el estudiante Jean Edwin Garayhua Falcón y el trabajador Cirilo Tueros Alarcón, uno de un balazo en la cabeza con exposición de masa encefálica y otro con un disparo en la cara. Ambos fueron derivados a un hospital del Cusco. Tueros Alarcón posteriormente falleció de sus heridas. Pasado el mediodía, la situación se calmó, luego de que los 6 consejeros firmaron un acuerdo regional con el cual se determinaba que el vicepresidente Angel Barrantes Yucra asuma temporalmente la presidencia regional y que haga prevalecer los presupuestos asignados. En Pasco estudiantes toman local institucional El 4 de diciembre, los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Pasco "Gamaniel Blanco Murillo", en horas de la mañana tomaron su local institucional, protestando por la mala administración económica de las autoridades de dicho centro de estudios. Los alumnos del consejo de estudiantes, mencionaron que el instituto percibe una gran cantidad de recursos por matrícula, carnet, examen de admisión, talleres, fiesta de cachimbo, sustentación de tesis y otros; sin embargo, el Instituto se encuentra en déficit. Por esta razón, los estudiantes exigieron la rendición de cuentas al administrador y a la dirección de la institución para que expliquen dónde están los ingresos de la institución. Alumnos de Sociología toman Universidad Nacional del Altiplano de Puno El 5 de diciembre, los alumnos de la carrera profesional de Sociología de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) tomaron las instalaciones del campus universitario, demandando que las autoridades universitarias se comprometan a construir un nuevo pabellón de estudios para su facultad. Desde tempranas horas, los manifestantes sitiaron la puerta principal, vías alternas de ingreso y varias cuadras de acceso a la casa superior de estudios. Las labores se vieron interrumpidas durante los actos de protesta. El vicepresidente del denominado Comité de Lucha de Sociología, Ricardo Paredes Ochochoque, sostuvo que la medida de fuerza fue planeada en vista que las autoridades hicieron caso omiso al pedido de los estudiantes. "Ya nos cansamos de estudiar en gallineros, como inquilinos. Requerimos ambientes adecuados; los que hoy tenemos fueron invadidos por la propia decanatura y la carrera de Veterinaria, en pocas palabras, estamos hacinados", dijo. Jueces paralizan por recorte de sus sueldos Luego que el gobierno había emitido un decreto de urgencia que dispone el recorte de los sueldos de los magistrados entre el 20 y 26 por ciento, el 7 de diciembre, los jueces y fiscales de Lima expresaron su rechazo y extrañeza por la sorpresivo medida, la que consideraron un atropello y un intento de someter la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público-Fiscalía. En ese sentido, los vocales superiores y jueces de primera instancia de Lima se declararon en sesión permanente suspendiendo sus labores, en una "huelga blanca" con la que exigieron se corrija el decreto supremo que reduce sus ingresos. El día siguiente, el gobierno se retractó, publicando una fe de errata de la resolución con la cual corrigió el recorte de las renumeraciones. Oficinas del proyecto Cachi en Ayacucho fueron tomadas por presidentes comunales El 11 de diciembre, en horas de la mañana, el frontis de la oficina del Proyecto Especial Río Cachi (PERC) en Ayacucho, fue tomado por los presidentes comunales y dirigentes que conforman el Comité Multisectorial de las siete comunidades campesinas quienes reclaman el inicio de la construcción del sistema de riego multicomunal. Los campesinos reclamaron que se cumpla con el acta de compromiso firmado, en el cual los ejecutivos del proyecto se comprometían a iniciar la obra el 5 de octubre de manera improrrogable. Los manifestantes señalaron que se sienten burlados de los directivos del PERC y amenazaron con bloquear las carreteras de no cumplirse con el inicio de la obra. Algodoneros de Pisco bloquearon carreteras El 12 de diciembre, más de 200 agricultores del valle de Pisco bloquearon, durante varias horas, la vía Los Libertadores con el objetivo de reclamar al Ministerio de Agricultura el pago del incentivo del Programa Nacional de Formalización del Comercio Algodonero correspondiente a la campaña 2006. Los manifestantes llegaron hasta la altura del kilómetro 227 de la carretera Panamericana Sur, donde también obstaculizaron el desplazamiento de los vehículos interprovinciales y de carga. Sin embargo, la protesta se dispersó en horas de la tarde. Tras las manifestaciones, un grupo de dirigentes agrarios viajó a Lima con la finalidad de dialogar con las autoridades y solucionar el impasse. Trabajadores del Poder Judicial reclaman pago de bono prometido El 12 de diciembre, los trabajadores del Poder Judicial realizaron un paro nacional de 24 horas para reclamar al gobierno central que cumpla con el pago del bono de 100 Soles correspondiente al mes de octubre. Como informaron los dirigentes, el Estado se comprometió a otorgarles un bono de S/.100 en los meses de mayo y octubre del presente año, pero sólo se les pagó el monto en mayo, faltando el de octubre. Los judiciales advirtieron que de no recibir el incremento reanudarán sus medidas de protesta e incluso las radicalizarían a fin de que el Gobierno cumpla con su compromiso. Comuneros de Pasco toman vía en protesta contra mineras El 19 de diciembre, las comunidades de las zonas altoandinas de la provincia Daniel Carrión (Pasco) bloquearon la vía Cerro de Pasco-Uchumarca, por donde se desplazan las unidades de carga pesada que llevan minerales de las empresas Buena Ventura, Uchucchacua, Ishcaycruz, Raura, Aurex, así como de la compañía Cemento Andino. Jonás Angulo, presidente de la comunidad de Uchumarca, manifestó que la protesta fue por la contaminación que ocasionan estas empresas, pues sus vehículos transitan con más de 60 toneladas de carga dejando caer residuos minerales que se extienden hasta los pastizales de los que se alimentan sus animales, los cuales, después de un tiempo, mueren intoxicados, por lo que es imposible comerlos. "Además, esta vía está considerada como vecinal; por lo tanto, ni el Gobierno Central ni el regional se pueden hacer cargo de su mantenimiento; solo pueden hacerlo los municipios. Sin embargo, ellos no tienen la capacidad económica necesaria", precisó el dirigente. Angulo agregó que este problema no solo afecta la salud y el ganado de los comuneros, sino los vehículos de transporte público, los cuales continuamente se malogran por lo deteriorado de la vía. "Por ello, hemos pedimos al presidente de la región y a la Prefectura que intervengan", aseveró. Jubilados exigen el pago de devengados atrasados desde 1991 El 19 de diciembre, un grupo de mujeres pensionistas y jubiladas de la Dirección Regional de Salud de Ica, con las cabezas cubiertas con pañuelos blancos en señal de paz, según dijeron, realizó un plantón en la Plaza de Armas y una marcha por diversas arterias de esta ciudad para llamar la atención del Gobierno Central respecto al incumplimiento en el pago de sus devengados pendientes desde 1991, los que ascienden a unos 21 mil soles por cada uno de los cesantes. Primitivo Huamán Almora, presidente de la Asociación Departamental de Cesantes y Jubilados del Ministerio de Salud de Ica, reveló ayer que desde hace quince años 960 trabajadores cesantes de este sector no reciben sus derechos pensionarios, pese a que recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un crédito suplementario para empezar a pagar estos reintegros pendientes desde 1991.