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	Protestas sociales en Perú NOVIEMBRE DE 2006 Luchas de los trabajadores públicos por aumentos de salarios Como siempre en los últimos meses del año, cuando el Congreso y el Ejecutivo preparan el Presupuesto General de la República, la mayoría de los sectores del aparato estatal, presentaron sus respectivos pliegos de reclamos que fueron acompañados por paros y movilizaciones de protesta. Catedráticos reclaman homologación de sueldos. Paro nacional unitario del Sutep, de la CITE y de los trabajadores de Salud El 15 de noviembre, los trabajadores públicos organizados en la Comisión Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) realizaron un paro nacional unitario. Los principales puntos del pliego de reclamo conjunto eran: el incremento del presupuesto para los sectores Salud y Educación; el rechazo al proyecto del Ley General del Empleo Público; el cumplimiento de las leyes de nombramiento; contra la anulación de los incentivos laborales y que estas sean pensionables; y la reposición de los trabajadores ilegalmente despedidos. La medida fue acatada por los trabajadores públicos de diferentes sectores, especialmente de los maestros, que intensificaron sus protestas, luego que gobierno central con el Decreto Supremo No. 078-2006-PCM, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de octubre, puso en marcha un plan piloto que se aplicaría en 56 distritos del país. Los maestros se oponen a la transferencia de la gestión educativa a los municipios porque temen que sería el primer paso para privatizar la educación, porque las comunas no tienen la capacidad económica para asumir esta tarea, lo que agravaría aún más la difícil situación que afronta el sector. El rechazo se basa también en las experiencias de Argentina, Uruguay y Chile, cuyos resultados no han sido como para imitarla debido a que se trasladó la responsabilidad de la educación básica a los municipios y con ello el Ministerio de Educación abandonó sus funciones de financiamiento, gestión y vigilancia pedagógica. La consecuencia de esta medida en Chile fue la precarización de la educación en las comunas pobres o de escasos recursos económicos y la optimización en un pequeño grupo que sí cuenta con presupuesto. En Lima, más de un centenar de manifestantes del CITE realizaron una marcha hacia la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exigir que el Poder Ejecutivo se siente a dialogar con los gremios sindicales sobre la Ley General del Empleo Público, además de expresar su rechazo a la municipalización de la educación. Además, decenas de enfermeras del Ministerio de Salud (Minsa) protestaron en los exteriores del Congreso en Lima, para exigir el nombramiento del personal, el cual actualmente no goza de ningún tipo de beneficio laboral. Portando carteles, las manifestantes dijeron que cerca de 9 mil profesionales -entre enfermeros, nutricionistas, obstetras y anestesiólogos-, trabajan desde hace más de 10 años bajo la modalidad de contrato por servicios no personales. En tal sentido, demandaron el inmediato cumplimiento de la Ley de Nombramiento 28498. En Huancayo, más de mil maestros protestaron en diversos sectores de la ciudad, así como frente a la sede del gobierno regional de Junín donde rechazaron el plan piloto de municipalización de la educación. Otro grupo de maestros se concentró frente a la Prefectura para protestar contra la Ley del Empleo Público que, según afirmaron, recorta sus derechos de negociación colectiva. Además cientos de usuarios se quedaron sin atención en los hospitales El Carmen, Daniel Alcides Carrión, el Centro de Salud Materno Infantil de El Tambo y Chilca por el paro de 24 horas que protagonizaron los trabajadores del sector Salud en contra de la municipalización del sector Salud. También en Cusco, donde el Gobierno Regional decretó suspender las clases en todos los colegios públicos, para resguardar integridad del alumnado y evitar problemas con los maestros, la paralización fue masiva. Asimismo los trabajadores municipales salieron a las calles con la finalidad de realizar una jornada de protesta en contra de proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el 2007. La secretaria general colegiada de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (Fretamunp) Matha Quispe Taboada, manifestó que su gremio acordó el 10 de noviembre en una asamblea general, luchar para que el último párrafo, del artículo 4.1 del Proyecto de Ley de Presupuesto del 2007, sea suprimido del referido ante-proyecto de ley, por estar atentando contra su derecho constitucional, sobre negociación colectiva, para su mejora de salarios. "Nosotros tenemos el Decreto Supremo 070, por el cual los trabajadores municipales, en su conjunto, podemos negociar directamente con el alcalde nuestro pliego de reclamos referido al incremento de sueldos y salarios. Pero ahora la nueva ley de presupuesto que pretende ser aprobada por el Congreso y Ejecutivo, nos está quitando ese derecho" dijo la secretaria. En Arequipa, más de 5 mil docentes tomaron la plaza de Armas en rechazo a la municipalización de la Educación, tal como lo dispuso el gobierno central. En Mollendo, alrededor de 200 profesores de la provincia de Islay, realizaron una marcha de protesta desde el Obelisco hasta la Subprefectura de la ciudad. En Tacna, cerca de 3 mil maestros, profesionales de la salud y padres de familia marcharon por las calles de la ciudad bajo el lema: ¡No a la municipalización de la salud y la educación! Luego se dirigieron hasta la sede del gobierno regional, donde se registraron algunos enfrentamientos con la Policía Nacional cuando intentaron tomar el local. Mientras tanto los trabajadores de Salud realizaron un plantón de protesta frente al Hospital El Carmen. En Ilo, de acuerdo al monitoreo realizado por una comisión de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), el 90% de los 800 educadores del puerto se plegó a la medida de fuerza convocada por la dirigencia central del SUTEP. Unos diez mil maestros recorrieron las calles de Chimbote en el marco de la jornada de protesta convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana (SUTEP). Durante la masiva movilización, los docentes de distintas instituciones educativas de la provincia del Santa expresaron su rechazo al plan piloto para municipalizar la educación primaria. En Chiclayo, cerca de 11 mil 500 manifestantes participaron de la marcha por el paro nacional convocado por el CITE, los gremios de Salud y el Sutep que por primera vez en Lambayeque logró reunir a las diversas secciones de esta agrupación sindical, es decir, el Sutep distrital, provincial y regional. En la manifestación participaron docentes nombrados y contratados, grupos de docentes cesados, trabajadores administrativos del sector educación, catedráticos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, miembros de la CGTP y un grupo del sector salud. Los manifestantes se proclamaron en contra de la municipalización del sector educación y planes de la municipalización de Salud, además de calificar de "improvisados" los cien primeros días de gobierno y calificaron de "prepotente" las opiniones del presidente Alan García sobre esta acción de protesta. En la marcha también participaron decenas de profesores integrantes del ANTAE organismo que aglutina a los docentes apristas, quienes indicaron que la municipalización de la educación, no está en el plan de gobierno del APRA y tampoco está en los postulados apristas, por lo que responsabilizaron de esto al presidente Alan García Pérez, a quien culpan de estar otra vez gobernando de espaldas al Partido Aprista Peruano y de la mayoría nacional. En la ciudad de Ica, el paro preventivo de 24 horas convocado por el SUTEP, fue acatado al 98%, ya que 3 instituciones educativas siguieron con sus labores normales. Con el lema "No a la prepotencia, ni a la presión", los docentes salieron a las calles a protestar por las últimas medidas en educación y anunciaron que esperan la respuesta contundente de parte del gobierno después de la paralización de labores. En la provincia de Chincha, la paralización se realizó en su totalidad. En Trujillo, más de cinco mil personas desfilaron por el centro de la ciudad en clara oposición a la municipalización de la Educación anunciada por el presidente de la República, Alan García Pérez. En la marcha también participaron de escolares y padres de familia que con pancartas en mano, rechazaban la municipalización de la Educación. Los trabajadores de los dos hospitales Regional y Belén -ejes principales de la atención médica en La Libertad- acataron una paralización de 48 horas en demanda del nombramiento de los trabajadores contratados. También en Piura, la gran mayoría de los colegios quedaron cerrados por el paro de los profesores. En Sullana, cerca de 400 personas entre maestros, trabajadores del ministerio de Salud, así como de otras entidades públicas salieron a las calles a protestar contra el actual gobierno. En la mañana, los manifestantes bloquearon por espacio de 20 minutos la Panamericana a la altura del óvalo con José de Lama. En Tumbes, más de dos mil manifestantes marcharon hasta la sede del Gobierno Regional en donde presentaron un pronunciamiento a la presidenta Regional para que interceda ante el Gobierno Central por el cumplimiento de sus reclamos. Luego bloquearon el principal y único puente de la ciudad por aproximadamente 20 minutos, exigiendo el cumplimiento de sus reclamos. Aparte de los maestros del SUTEP en la movilización participaron miembros de los gremios de Salud, de los trabajadores administrativos de Educación, de los desocupados, y de otros sectores públicos. Por otro lado, los trabajadores del Instituto Nacional de Cultura (INC), acataron una huelga nacional de 48 horas para exigir la homologación de sus salarios y otras mejoras laborales. A excepción de aquellos que trabajan en Cusco y Lima, los empleados del INC hicieron un cierre de puertas total, a fin de presionar a las autoridades del Ejecutivo a atender sus demandas. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Regionales del INC en Ancash, Víctor Rodríguez, precisó que la medida de fuerza busca lograr el nombramiento de quienes laboran bajo el régimen de contratos por Servicios No Personales (SNP). Al mismo tiempo, reclaman la nivelación de sus haberes en relación a los sueldos de los empleados del INC de Lima y Cuzco. Asimismo, por primera vez los 96 trabajadores de los museos Tumbas Reales de Sipán, Nacional Sicán, Brüning, museos de sitio de Huaca Rajada y Túcume en Lambayeque pararon sus labores. Coincidiendo con el paro nacional de los trabajadores públicos, el 15 de noviembre, los trabajadores de diferentes sectores del gobierno regional de Ayacucho, entre ellos Transportes y Comunicaciones, Turismo, Trabajo, Vivienda, y Producción, salieron a protestar, pidiendo que se les reconozca sus derechos como trabajadores pertenecientes del Cafae. Luego de una breve protesta que realizaron frente a la sede del gobierno regional, los trabajadores sostuvieron una reunión con el gerente regional, Edmundo Esquivel, ante quien expusieron su pliego de reclamos. Los manifestantes indicaron que en una reunión que sostuvieron con la comisión del Cafae, se nombró a dos personas, representantes de los sectores, para que formen parte del Cafae y estar presente en la distribución de los fondos, sin embargo ahora no se les quiere reconocer como miembros de la comisión. Catedráticos reclaman homologación de sueldos El 16 de diciembre, los más de trece mil alumnos de la Universidad Nacional de Piura se quedaron sin clases a consecuencia del paro de 24 horas que acataron los docentes de dicha casa superior de estudios. Los cerca de 300 maestros elevaron su voz de protesta para exigir al Ejecutivo que cumpla con asignar el 35% del presupuesto del sector Educación en favor del proceso de homologación de sus sueldos con los de los magistrados del Poder Judicial, como se acordó en el acta suscrita en el 2005 por el Ministerio de Economía y la Asamblea Nacional de Rectores después de una prolongada huelga del sector. José Ato Mendives, secretario general del sindicato de catedráticos, recordó que el gobierno anterior se comprometió a otorgarles el citado aumento; empero, el régimen actual sólo les asignó un 20% para el 2006, en el rubro de Contenciosos. También los docentes de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo realizaron un plantón en la ciudad universitaria mientras otro grupo de catedráticos protestaron en las afueras de la universidad, impidiendo el tránsito vehicular con piedras. El 22 y 23 de noviembre, los docentes de las 35 universidades estatales realizaron un paro a nivel nacional, demandando que el gobierno cumpla con la homologación de sus salarios con los de los empleados del Poder Judicial. Los trabajadores pidieron en concreto la aprobación del presupuesto 2007 de 87 millones Soles para cumplir con la homologación de sus sueldos. El pliego de reclamos también incluyó el pedido de una reforma universitaria para lograr mejoras en infraestructura académica, administrativa y de gestión, así como la acreditación de profesionales que garanticen la calidad educativa. Huelga de los trabajadores penitenciarios El 22 y 23 de noviembre, los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cumplieron un paro nacional de 48 horas exigiendo el incremento de sus salarios, un pago mayor por riesgo de vida y la promulgación de la ley del trabajador penitenciario. Los trabajadores pidieron específicamente que un remanente de 3 millones de soles del presupuesto de este año sea usado para pagarles un bono único en el mes de diciembre. La medida fue acatada por cerca de 5 mil servidores que paralizaron labores en 87 penales. En Lima y Callao, cientos de trabajadores del INPE realizaron plantones frente a los penales San Jorge, Sarita Colonia del Callao y Santa Mónica de Chorrillos. Nelly Aquino, dirigente sindical, precisó que si sus demandas no son atendidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, se verán obligados a tomar los penales, lo que significaría que no ingresarán visitas, no se ejecutarán las órdenes de libertad de reclusos ni los pedidos de beneficios y no podrán ingresar los proveedores ni habrá diligencias judiciales. "Nosotros ganamos 641 soles a pesar de que trabajamos en condiciones de alto riesgo. Y a pesar que recibimos constantes amenazas y ataques de los reclusos solo nos pagan 0.16 céntimos de sol por riesgo de vida", dijo Aquino. También en muchos lugares en el interior del país, los trabajadores penitenciarios salieron a las calles para hacer públicos sus demandas. En Tacna, un nutrido grupo de trabajadores administrativos del penal El Milagro con banderola y carteles en mano se concentró al pie del monumento de la plaza de armas de la ciudad, exigiendo mejoras salariares. Los trabajadores del INPE de Puno se concentraron en el frontis de la institución donde quemaron llantas. En Chiclayo, los trabajadores penitenciarios quemaron llantas y protestaron por un espacio de dos horas en el frontis de la Sede Regional Norte. Un violento enfrentamiento entre efectivos de la División de Unidades Especiales (DUES) y trabajadores penitenciarios en huelga, se produjo el día 23 de noviembre, en Huancayo, cuando la policía procedió a disolver una manifestación de los huelguistas frente a la sede regional del INPE, donde éstos quemaron llantas y obstaculizaron el tránsito. Como producto de la contienda, tanto varios trabajadores como un efectivo policial resultaron con algunas contusiones. Paro de los trabajadores administrativos del Ministerio Público Con una paralización a nivel nacional, el 23 de noviembre, los trabajadores administrativos del Ministerio Público (MP) iniciaron una serie de medidas de lucha para exigir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un incremento de presupuesto para mejoras salariales. La atención en las oficinas del Ministerio Público de todo el país -incluida la Morgue y el Instituto de Medicina Legal- fue suspendida hasta la una de la tarde. Según Rosa Gonzales, secretaria general de los Trabajadores de la Fiscalía, el paro -al que se han plegado seis mil empleados- busca que se cumpla la escala que nivela sus haberes, la cual ya fue aprobada por la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, pero hasta la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas se niega a atender. "Nuestros ingresos son irrisorios. Ganamos entre 650 a 800 soles", expresó Gonzales durante el plantón realizado frente a la Fiscalía, en la avenida Abancay en Lima. Los trabajadores exigieron un incremento de mil soles para que el promedio esté en los 1800 soles. En los días siguientes, los trabajadores del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal continuaron realizando paros escalonados en diferentes lugares del país, hasta que, el 30 de noviembre, pasaron a una huelga nacional indefinida. Trabajadores del Poder Judicial se encadenan exigiendo pago El 29 de noviembre, los trabajadores del Poder Judicial realizaron paros preventivos y acciones de protesta exigiendo al Gobierno Central el pago de S/. 100 que acordaron en el convenio colectivo de octubre. En Ica, los trabajadores la Corte Superior de Justicia realizaron un plantón, suspendiendo la atención del público durante 3 horas. Para hacer sentir su molestia por el incumplimiento, un grupo de dirigentes optó por encadenarse en las rejas de la puerta principal de ingreso, solicitando la intervención de las autoridades para que escuchen su pedido. Protestas de los maestros contra la municipalización de la educación y la evaluación de docentes Además del paro nacional del 15 de noviembre, los maestros en diferentes lugares del país realizaron protestas y paros contra la municipalización de la educación y la evaluación de docentes. El 22 de noviembre, el SUTEP realizó una nueva jornada nacional de protesta, que incluyó la paralización de labores en algunas zonas del país, movilizaciones, una vigilia y ayuno de 24 horas frente al Congreso de la República en Lima. El 24 de noviembre, los maestros de las instituciones educativas de la provincia de Pasco acataron un paro de 24 horas convocado por el SUTE provincial. Según el secretario general del gremio, Jorge Mayta Salvatierra, el paro fue contundente pese a la contracampaña emprendida por el secretario general regional de SUTE Pasco en clara alusión a Antonio Huamán Cárdenas. Con la medida de lucha, los maestros se unieron a la protesta a nivel nacional contra la municipalización de la educación, el proyecto de ley de la carrera magisterial y la evaluación de los maestros con fines políticos. Aparte los trabajadores presentaron a la Dirección Regional de Educación (DRE) un pliego de reclamos de 12 puntos específicos, de los cuales el 40% ya estaba resuelto, continuándose el diálogo con la dirección para solucionar la totalidad. El 26 de noviembre, al menos 400 profesores de diferentes bases del país -de la facción de Roberto Huaynalaya- participaron en una marcha en el centro de Huancayo para manifestar su protesta contra la municipalización de la educación y la evaluación de docentes prevista para diciembre. De manera sorpresiva, los manifestantes irrumpieron en la calle Real donde se realizó el desfile de honor de los domingos, repartiendo volantes y agitando frases alusivas a sus demandas. Los docentes procedentes de las regiones de Apurímac, Huaráz, Ayacucho, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Puno y Junín, se concentraron en el local de Manufacturas del Centro donde debatieron sobre los temas en mención con el propósito de convocar a una huelga nacional indefinida. Profesionales de salud continúan su lucha por mejoras salariales Los profesionales contratados del Ministerio de Salud continuaron su lucha por el cumplimiento de la ley de nombramiento, luego que el gobierno aprista suspendió el proceso que el gobierno anterior había puesto en marcha. Además los trabajadores de Salud de Apurímac continuaron la huelga indefinida por la restitución del director regional de Salud. El 9 de noviembre, un grupo de profesionales no médicos, realizaron una marcha de protesta en las calles de la ciudad de Puno, reclamando al gobierno de turno, el nombramiento de los 360 trabajadores que trabajan en calidad de contratados sin estabilidad laboral ni seguro social. En el marco de un paro de 24 horas, el 10 de diciembre, más de 150 trabajadores contratados de los centros y puestos de salud de Tacna bloquearon la carretera Panamericana Sur, a la altura del control fronterizo Santa Rosa en la frontera con Chile. La medida de fuerza fue adoptada en rechazo a la pretensión gubernamental de municipalizar la atención de salud, no proceder con el nombramiento de 450 contratados y por desoír el pedido de hacer pensionable el pago por productividad y las asignaciones conocidas como Asignación Excepcional al Trabajo Asistencial (AETAS). El 15 de noviembre, los gremios de Salud se unieron al paro nacional de los trabajadores públicos organizados en el CITE. Continúa huelga de trabajadores de salud de Apurímac El 1 de noviembre, los trabajadores de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Apurímac ingresaron al décimo día de paralización de sus labores en protesta contra el titular de dicha institución, Ivar Quintana, quien habría obtenido el cargo sin concluir sus estudios profesionales. En conferencia de prensa los miembros del Colegio Médico denunciaron que Quintana aún no completa sus estudios de maestría ni doctorado, los cuales eran requisitos básicos para acceder al cargo que hoy ostenta. La hoja de vida del citado galeno se encuentra en custodia por la Oficina de Control Interno de la DIRESA donde será sometido a las evaluaciones pertinentes. Por su parte Quintana aseguró que esta situación es producto de la manipulación de un sector enquistado en su entidad y que busca desestabilizar su gestión. Debido a la medida de fuerza, la atención en el hospital Guillermo Díaz de Abancay permaneció suspendida. Enfermeras de la PNP exigieron pago de AETAS El 8 de noviembre, las más de 400 enfermeras civiles que trabajan en los hospitales de de la Policía Nacional, acataron un paro nacional de 24 horas convocado por la central de Lima para exigir al Ministerio del Interior, cumpla con sus promesas. Las trabajadoras exigieron al gobierno central el pago de la Asignación Excepcional al Trabajo Asistencial (AETAS), la implementación de ascensos por categorización, el pago de alimentación y nutrición, el pago por parte del Estado de las aportaciones a EsSalud y otorgamiento de la licencia sindical, entre otros. En el marco de la medida, en diferentes lugares del país, las enfermeras salieron a las calles para hacer públicas sus demandas. En Lima, las enfermeras realizaron un plantón frente al Ministerio del Interior. La secretaria general del sindicato, Rubí Bustamante, asegura que el Ministerio les adeuda desde hace meses lo que les corresponde por concepto de bono, guardias y Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial (Aetas). En Arequipa, las 66 enfermeras que trabajan en el Hospital de la Policía Nacional llegaron hasta la Plaza de Armas para expresar su protesta y exigir la intervención de las autoridades. La delegada del Sindicato Nacional de Enfermeras Civiles de la PNP base Arequipa, Sandra Salas Valdivia, informó que las AETAS comprenden el incremento de 660 nuevos soles al mes dispuesto por el Ministerio del Interior, debido a los turnos adicionales de trabajo que hicieron desde el mes de junio. El salario mensual de cada enfermera no supera los 700 nuevos soles. En Huanuco trabajadores de hospital reclaman pago de beneficios El 22 de noviembre, los trabajadores asistenciales del hospital "Hermilio Valdizán" de Huanuco, protestaron en las puertas de la dirección, solicitando el pago de sus Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial (AETAS), las cuales reclaman hace 6 años. Los trabajadores solicitaron la presencia del director del hospital Oscar Rodriguez Bravo y sus funcionarios, para que expliquen por qué, a pesar de existir una resolución directorial que aprueba el pago de las Aetas, no han cumplido. Delia Gayoso Juipa, trabajadora del nosocomio, manifestó que cada vez que quieren reclamar son amenazados por los funcionarios, pero el hambre los obliga y por ello han decidido rebelarse. "600 soles mensuales debemos recibir por las Aetas y solo percibimos 230, no gozamos de asistencia alimentaría a pesar de trabajar directamente con los pacientes, mientras que los administrativos se dan el lujo de recibir por riesgo de vida", dijo. Paralización en hospitales la ex Maternidad de Lima y el Hospital Carrión del Callao por la ley que designa ''a dedo'' a directores regionales El 23 y 24 de noviembre, los trabajadores del Instituto Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, y del Hospital Carrión, en el Callao, acataron un paro de 48 horas en protesta por la gestión de sus respectivos directores y también por una controvertida ley aprobada recientemente en el Congreso. La norma, aún pendiente para ser revisada por el Ejecutivo, establece que en adelante los gobiernos regionales designarán a los directores sin necesidad de aprobar los concursos públicos. Trabajadores de Salud de Tumbes cumplieron paro regional de 24 horas El 28 de noviembre, los trabajadores de Salud de Tumbes acataron un paro regional exigiendo el pago de beneficios laborales ganados por una sentencia firme. Como explicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud, Densil Calderón Cabrera, se trata del cumplimiento de pago de beneficios laborales adicionales (derecho de frontera, canasta alimentaria) los mismos que se encuentran con sentencia judicial firme y consentida. Asimismo demandaron el nombramiento de los profesionales no médicos, técnicos y auxiliares según las Leyes N° 2498 y 28560 que tienen más de 10 años laborando como contratados, el pago de AETAS (Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial), el cumplimiento de la Directiva de racionamiento con igualdad y equidad y la rotación de los funcionarios. También rechazaron el proyecto de ley que modifica la carrera administrativa para el sector público y prevé la municipalización de Salud. Los trabajadores realizaron una marcha en las calles de la ciudad de Tumbes, bloqueando el puente de Tumbes por más de 20 minutos, ocasionado un caos vehicular, para luego dirigirse a la Prefectura y finalmente a la sede del gobierno Regional, donde le solicitaron a la Presidenta Regional cumpla con el pago de sus beneficios laborales. Los dirigentes de los gremios de Salud señalaron que de no encontrar una pronta solución a su pliego de reclamos desarrollarán un paro de 48 horas para posteriormente irse a una huelga indefinida. Protestas violentas contra los resultados de las elecciones regionales y municipales Luego de las elecciones regionales y municipales del 19 de noviembre, hubo protestas violentas en muchas partes del país porque los pobladores dudaron de los resultados. Una modalidad del fraude electoral que los pobladores denunciaron en muchos lugares eran los llamados "votos golondrinos" de personas que a cambio de un pago se registraron temporalmente en determinada jurisdicción para favorecer con su voto a uno de los candidatos. En protesta contra los llamados "votos golondrinos", el día de los comicios, un grupo de pobladores irrumpió y destruyó las actas de un local de votación del distrito de Sóndor en la región de Piura. Algo similar ocurrió en los distritos de Campanilla (San Martín), Paucartambo y Santa Ana (Pasco) y en Calamarca (La Libertad). Las elecciones en los distritos de Huallanca y Masín en Áncash, Ollachea en Puno, y Hualgayoc en Cajamarca, tuvieron que ser suspendidas a causa de actos de violencia perpetrados por manifestantes que tras denunciar "votos golondrinos" y suplantación de electores destruyeron el material electoral de los locales de votación de dichas zonas. En el poblado de Urllurpampa, provincia de Ferreñafe (Lambayeque), la población secuestró a los cinco miembros de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) y del Jurado Especial Electoral (JEEL) y recién los liberó dos días después. En tanto, un grupo de pobladores del distrito de Huáncano (Ica), atacó la municipalidad al no aceptar la virtual victoria del candidato Julio Núñez. El día siguiente, se movilizaron a la ciudad de Chincha a las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para protestar ante este organismo por los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales. Los manifestantes bloquearon las instalaciones del palacio municipal hasta el día siguiente, negando el acceso a los funcionarios municipales para que realicen su trabajo diario. Manifestaron que no permitirán que se mantengan estos resultados y exigieron nuevas elecciones. Mientras tanto en el distrito de Paracas, en horas de la noche del 20 de noviembre, hubo serios enfrentamientos entre pobladores de la zona de Santa Cruz, que estaban en desacuerdo con los resultados electorales que dieron como ganador al actual alcalde Alberto Tataje Muñoz. En Huari (Ancash), un grupo de personas destruyó todo el equipo de computo y material electoral del local de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) luego de tomarla violentamente. Los revoltosos exigieron a las autoridades electorales, nuevos comicios y más seriedad en el proceso electoral. En la manifestación se juntaron los candidatos de diferentes listas (APRA, ARA, Somos Perú, MANPE y otros), para expresar su rechazo a los resultados. Como consecuencia de la protesta la población, en Chavín de Huántar (Ancash), murió el soldado del Ejército, Elmer Rojas Morales (18) quien cayó a un precipicio al tratar de evadir a una turba que quería arrebatarle las actas electorales. La violencia asoló también el puerto de Salaverry, en La Libertad, donde el 20 de noviembre, unas 400 personas bloquearon el kilómetro 3 de la carretera de acceso por no estar de acuerdo con los resultados que dan como ganador al candidato aprista Miguel Martínez. En tanto, los pobladores de Huanza (Huarochirí) tomaron el municipio distrital en rechazo de la reelección del alcalde. Lo mismo ocurrió en el distrito de Usquil (Otuzco), donde los pobladores de los caseríos de Conchor, Huarish y La Pampa, entre otros, tomaron las instalaciones de la municipalidad de Usquil, para protestar contra la reelección - por quinta vez consecutiva - de Heli Verde Rodríguez, actual alcalde y candidato de "Alianza para el Progreso" a quien sindicaron como autor intelectual de un fraude electoral. El 21 de noviembre, en la región La Libertad, más de un centenar de pobladores de Virú y simpatizantes del movimiento Súmate llegaron provistos de pancartas y silbatos hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y el Jurado Especial de Elecciones en Trujillo pidiendo la nulidad de las elecciones en esa provincia, por presunto fraude electoral. En Chiclayo, unos 500 pobladores protestaron frente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales por los resultados en el distrito de José Leonardo Ortiz. Los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. En Piura, cerca de 1,500 personas encabezados por los candidatos regionales Juan Castagnino (Unidad Nacional), Javier Atkins (Obras más Obras) y Maximiliano Ruiz (Partido Nacionalista) protestaron contra el supuesto fraude electoral mediante la manipulación de actas que favorecería al candidato a la presidencia regional por el APRA César Trelles. Javier Atkins, candidato por el Movimiento Regional Obras Obras, dijo haber denunciado ante el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones las irregularidades cometidas durante los comicios municipales y regionales del 19 de noviembre. En el distrito rural de San Jacinto en Tumbes, cientos de manifestantes durante días se concentraron en el frontis de la Municipalidad Distrital para protestar contra la reelección del alcalde José Luis Cornejo Feijoo. Los pobladores denunciaron que el alcalde sólo obtuvo la preferencia electoral por los llamados "votos golondrinos". Policías de la Divincri Tumbes arremetieron contra los manifestantes lanzándoles bombas lacrimógenas aun cuando entre los manifestantes había niños. En la provincia de Lima, una enardecida multitud atacó el local de la Municipalidad de Puente Piedra y quemó una motocicleta del serenazgo en protesta contra la reelección del alcalde Renán Espinoza (Perú Posible), al que acusaron de corrupto. Antes, los revoltosos bloquearon la carretera Panamericana Norte a la altura del peaje Chillón, causando un gran congestionamiento vehicular. El reelecto alcalde acusó a Esteban Monzón Fernández y Milton Jiménez Salazar, sus competidores en los comicios, de ser los promotores de los disturbios. Los pobladores del distrito Polobaya, en la región de Arequipa, marcharon a la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fin de denunciar la existencia de los denominados "votos golondrinos" en los padrones electorales. Luego, se apersonaron a la sede del Jurado Electoral Especial de la "ciudad blanca", a fin de presentar una solicitud de nulidad de los comicios del 19 de noviembre, en su jurisdicción. En la región Ayacucho, unos 1200 comuneros bloquearon la vía Lucanas-Puquio-Tirobamba, en Aucará, y tomaron el municipio porque no aceptaron la reelección del alcalde Ismael Tito, de Innovación Regional. Además, retuvieron tres ómnibus, que según ellos llevaban desde Lima a electores "golondrinos". Los pobladores de la localidad de Pacaycasa (Ayacucho) hicieron un plantón en el exterior de la oficina del Jurado Especial Electoral, solicitando la anulación de las elecciones, denunciando irregularidades en la reelección de alcalde Paulino Amao quien supuestamente habría efectuado campaña política con el dinero de la municipalidad distrital entregando frazadas, calaminas y dinero a las personas para que voten por él. Además denunciaron que hubo como 200 votos "golondrinos". Los pobladores se mantuvieron días en una vigilia en la plaza principal donde instalaron una olla común. Luego de una prolongada reunión con el presidente del Jurado Especial Electoral, Oscar Zavala, los delegados de los manifestantes informaron que éste habría indicado que hasta culminar con las investigaciones no declarará ganador al alcalde en cuestión, además habría entregado los padrones donde están registrados los pobladores votantes para que los mismos quejosos podrán identificar quiénes son de la zona y quiénes no. En la ciudad de Acobamba (Huancavelica), unas 300 personas de diferentes agrupaciones políticas que perdieron en los comicios protestaron frente al municipio provincial. Similar situación se registró en el distrito huancavelicano de Rosario, donde se retuvo a tres trabajadores ediles y un poblador resultó herido. En el distrito de Sallique (provinvia de Jaén en la región Cajamarca), un grupo de pobladores que rechazó la virtual reelección del alcalde Jaime Vílchez Oblitas, porque consideraba que se debía a "votos golondrinos", realizó violentas manifestaciones y tomó por varias horas el local municipal. En Amazonas, pobladores de los distritos San Isidro de Maino, San Jerónimo, Levanto e Imaza denunciaron presuntos actos irregulares en las elecciones, por lo que exigieron nuevos comicios. En la región San Martín, 500 pobladores del distrito de Juan Guerra (provincia de Tarapoto), el 21 de noviembre, protestaron en el frontis de la municipalidad, solicitando al alcalde reelecto Víctor Flores Paredes, rendir cuentas de su gestión. La población enardecida estaba liderada por candidatos que fueron derrotados en las elecciones dominicales. Los manifestantes tomaron momentáneamente el local de la municipalidad e intentaron agredir al burgomaestre, quien fue respaldado por otro grupo de más de 100 personas que no permitían que los protestantes se acerquen a él. Luego de varias horas de protestas, la población se tranquilizó, puesto que miembros del Frente de Defensa de los Intereses de Juan Guerra, entablaron un diálogo con las autoridades ediles, llegando a acuerdos mutuos. Al culminar la reunión, el alcalde ofreció una investigación exhaustiva de la situación, prometiendo convocar a una audiencia pública. Luego de protestas violentas de los lugareños, el 21 de noviembre, el Defensor del Pueblo de Puno, Porfirio Barrenechea Cárdenas, informó que en la región Puno, las autoridades electorales decidieron suspender y anular elecciones en cinco distritos, como consecuencia de problemas entre militantes de partidos políticos. Los distritos donde fueron anuladas las elecciones son: Ollaechea y San Gabán de la provincia de Carabaya, Cupi-Azángaro, Umachiri de Melgar y en el distrito de Desaguadero, jurisdicción de la provincia de Chucuito-Juli. Barrenechea Cárdenas, comentó que las principales causas del descontento y levantamiento de la población eran que no aceptaron la reelección de autoridades considerados corruptos o incapaces, además de la existencia de los denominados "votos golondrinos". A casi una semana de las elecciones municipales y regionales continuaron los actos de protesta en diversas zonas del país en rechazo de los resultados. El 24 de noviembre, en la provincia de Lima, alrededor de 200 manifestantes bloquearon la avenida Túpac Amaru frente a la sede de la Municipalidad de Carabayllo como medida de protesta por la reelección del alcalde de ese distrito, Miguel Ríos Zarzosa. Los manifestantes consideraron ilegítima esa reelección por haber obtenido tan sólo el 17% de votación en un territorio con más 104 mil habitantes. Ese mismo día, en Cusco, alrededor de 400 pobladores pertenecientes al distrito de Santiago, se movilizaron hacia el Jurado Electoral Especial (JEE), para exigir la nulidad del proceso electoral, argumentando la manipulación de actas, las que según ellos, no coincidirían con los documentos originales. Y además ... Huelga de maestros en Piura por pago de bonificación El 1 de noviembre, los maestros de Piura acataron una huelga indefinida exigiendo el pago de la última bonificación por concepto de labor efectiva pedagógica, según Decreto Supremo 081. En la mañana un nutrido grupo de maestros se movilizó hasta el Ministerio Público para denunciar al Gobierno Regional por apropiación ilícita, bloqueando por espacio de 20 minutos el tránsito vehícular en la Av. Sánchez Cerro. Las bases de alrededor de 80 instituciones educativas de la provincia desestimaron el anuncio sobre la cancelación del incremento para el viernes 3, y dijeron que no regresarán a las aulas hasta que no vean en sus bolsillos ese dinero el cual exigieron sea permanente y pase a la remuneración básica. Pescadores del Sur alistan acciones de protesta contra le Ministerio de Producción Dirigentes de los gremios de los pesqueros artesanales de Arequipa, Tacna y Moquegua coordinaron acciones de protesta en rechazo al decreto supremo 017-2006-Produce, que autoriza la pesca industrial dentro de las cinco millas marítimas. Esta norma fue promulgada el 14 de octubre por el Ministerio de la Producción y habilita el ingreso de las naves de mayor capacidad o industriales a realizar faenas de pesca desde el paralelo 18 en el litoral arequipeño hasta el 16, en la jurisdicción de Tacna. Por tal situación, el 2 de noviembre, los directivos de las bases pesqueras artesanales del Sur emitieron un pronunciamiento conjunto calificando que el dispositivo va en contra de la biomasa o zona de reproducción de las especies marinas. Según los dirigentes, se ha convocado para la siguiente semana a una asamblea a todas las bases de los pescadores artesanales de los departamentos en mención, en la que definirán el inicio de las acciones de protesta. Comuneros denuncian ataque de minera El 6 de noviembre, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) denunció que el 3 de noviembre, en el caserío de Hormigueros (Huancabamba), un grupo de personas, supuestamente contratadas por la minera Majaz, agredieron a los comuneros que protestaban pacíficamente contra el proyecto minero Río Blanco. Un manifestante resultó herido por disparos de perdigones. Trabajadores administrativos de Educación de Piura levantaron huelga En la mañana del 6 de noviembre, los trabajadores administrativos de los colegios estatales de Piura se concentraron en la Dirección Regional de Educación para exigirle a la directora Marcela Suárez que no descuente los días no laborados con motivo de la huelga indefinida que venían manteniendo durante un mes. Los manifestantes fueron recibidos por la directora de la DREP, y firmaron un acta, en el cual acordaron que no habrá ningún descuento, mientras los trabajadores se comprometieron que recuperarán las horas no laboradas, mediante campañas de trabajo, y así mejorar la situación de abandono en la que se encuentran las instituciones educativas, tanto en los servicios de limpieza, guardianía y trámites administrativos. El día siguiente, los huelguistas se reunieron con funcionarios del Gobierno Regional para insistir en que su huelga sea declarada procedente, como solicitaron en el recurso de apelación, así como las garantías para que durante lo que resta del año puedan cobrar los cincuenta soles mensuales por concepto de costo de vida, de acuerdo al Decreto Supremo 012 y que por la huelga, lograron se haga efectivo el pago de los meses de julio a octubre. Huelga de transportistas en Arequipa El 6 de noviembre, los miembros de los cuatro gremios de transporte público de Arequipa acataron una huelga indefinida en protesta contra la nueva regulación de rutas y el ingreso de nuevas flotas al servicio urbano, dispuesta por la Municipalidad. Los manifestantes, agrupados en el Frente Único de Transportistas Urbanos de Arequipa (Futura), consideraron que hubo irregularidades en este proceso y solicitaron la destitución de los funcionarios responsables. La medida comenzó en la mañana con una marcha rodante, que terminó en la Plaza de Armas donde los transportistas posicionaron sus vehículos en el frontis del local municipal, aduciendo que no se moverán hasta tener respuesta. El comercio, sobre todo en el centro histórico, se vio mermado hasta en 50% debido al bloqueo de las principales vías de acceso a la plaza principal, impidiendo que tanto turistas como la población puedan transitar libremente e ingresar a las tiendas y centros comerciales circundantes. En la noche, los gremios de transportistas levantaron la medida de fuerza, luego de llegar a un acuerdo con los representantes de la Municipalidad. Los transportistas lograron que el Concejo Provincial de Arequipa, anule las ampliaciones de rutas así como el incremento e ingreso de nuevas flotas vehiculares. Por otro lado, aceptaron permitir la ampliación de rutas en las zonas periféricas que no tienen cobertura y la participación de la municipalidad en los expedientes que se encuentran en procesos judiciales por ampliación de rutas, pues en la anterior, el municipio se inhibió. Alcaldes delegados de Pacasmayo (San Martín) en huelga de hambre El 6 de noviembre, los alcaldes delegadas de los Centros Poblados pertenecientes a la Provincia de Pacasmayo (San martín) iniciaron una huelga de hambre en protesta contra la desatención del alcalde provincial al desconocer la Ley Orgánica de Municipalidades. En la medida de lucha que se llevó a cabo en el local de la Asociación de Concejos Municipales de los Centros Poblados de la Provincia de Pacasmayo en la ciudad de Guadalupe, participaron los alcaldes delegados de los centros poblados de San Martín de Porres, Culambo, Verdún y Portada de la Sierra, de la jurisdicción del distrito de San José; Limoncarro, Semán, La Calera, Mariscal Castilla, Villa San Isidro y Ciudad de Dios, de la jurisdicción del distrito de Guadalupe. Los alcaldes advirtieron que las autoridades de la Provincia de Pacasmayo, Frederichs Bucheli Torres, así como los burgomaestres de Guadalupe y San José, Víctor Montoya Hernández y Euler Zárate Serrano, respectivamente se niegan a reconocer la autonomía de las comunas que dirigen y no aplican una redistribución de los recursos económicos, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Se trata de la segunda huelga de hambre, luego que el pasado 13 de julio se levantó la primera huelga de hambre firmando un acta con una serie de puntos que no fueron cumplidos. Confederación de Trabajadores exige reponer a 5 mil ex servidores El 7 de noviembre, más de 3,500 manifestantes participaron en una marcha hacia el Ministerio de Trabajo, convocada por la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) para demandar la reposición de 5 mil servidores del Estado despedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Además exigieron que se cumpla la reducción en la edad de jubilación a 55 años, para los hombres, y 50 para las mujeres. "La ministra Susana Pinilla no nos apoya con la reposición de trabajadores, tampoco con las indemnizaciones y mucho menos con la reducción en la edad para la jubilación", dijo Elías Grijalba, secretario general del CTP, durante la protesta. Por su parte, dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) informaron que denunciarán al Estado ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en caso no cumpla su rol de defensor de los derechos laborales mediante la aprobación de una Ley General de Trabajo. El 13 de noviembre, un nutrido grupo de afiliados a la Central de Trabajadores del Perú (CTP) tomó por sorpresa la sede de la Prefectura de Piura apoderándose de sus instalaciones por un lapso de 30 minutos en protesta contra la corrupción en los órganos de gobierno que obstaculizan la reincorporación de los trabajadores despedidos en el gobierno de Alberto Fujimori. Con arengas y carteles en mano rechazaron la gestión aprista en el Gobierno Regional, responsabilizando a César Trelles Lara de no dar cumplimiento a la Ley 27803 que establece la reincorporación colectiva y que se verá afectada por la emisión del Decreto de Urgencia 032 que amplía en 30 días el proceso para la publicación del cuarto listado de los beneficiados de la ley. En Chiclayo madres realizan marcha de protesta con ollas vacías El 7 de noviembre, cerca de 200 madres de familia de los diversos comedores populares de Chiclayo, realizaron una marcha de "Ollas Vacías", pidiendo al alcalde encargado Guillermo Baca Aguinaga y al Gobierno central, les dote de alimentos, dado a que cerca de 11 mil niños están sufriendo las consecuencias de un desgobierno municipal. Las madres anunciaron que de no dotarlos de las raciones de alimentos, procederán a realizar una huelga de hambre. El problema surgió luego que en octubre, el gobierno central había declarado en emergencia la municipalidad nombrando Guillermo Baca Aguinaga como alcalde encargado y bloqueando las cuentas de la municipalidad. Con la medida resolvió temporalmente el conflicto surgido a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional que dispuso la reposición del cuestionado alcalde Arturo Castillo quien anteriormente había sido vacado por del Jurado Nacional de Elecciones. Las madres que representaron más de 220 comedores populares recordaron al Presidente Alan García que el día en que declaró en emergencia el municipio manifestó que uno de los puntos por los cuales designaba al alcalde Guillermo Baca era para evitar el desabastecimiento de los comedores populares. Población de Pampachacra (Huancavelica) protesta por cierre de colegio El 7 de noviembre, unos 500 pobladores del Centro Poblado de Pampachacra, después de recorrer 15 kilómetros a pie, arribaron a la ciudad de Huancavelica y se apostaron frente al local de la Dirección Regional de Educación, para manifestar su protesta contra la disposición de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica (DREH) de cerrar el salón del quinto grado de secundaria del colegio José Carlos Mariátegui. Según informó Luis Ccarhuapoma Lizana, director del colegio José Carlos Mariátegui de Pampachacra, en el mes de junio la DREH incrementó dos grados al colegio y en octubre les quitaron el incremento del 5to año, aduciendo que fue un error involuntario de la parte técnica de los trabajadores de la DREH. Los pobladores exigieron que funcionen todos los grados del primero al quinto año de secundaria, puesto que hay alumnos que requieren continuar estudiando. Campesinos de Huangamarca (Cajamarca) protestan contra actividad minera El 8 de noviembre, más de 2.500 campesinos del centro poblado de Huangamarca protagonizaron una masiva manifestación en protesta contra los trabajos que planean ejecutar las empresas mineras en dicha localidad de la provincia de Hualgayoc. Los agricultores se reunieron en la plaza de armas y, en asamblea popular, exigieron a las autoridades medidas concretas para evitar que las operaciones mineras afecten los recursos hídricos de Secce, La Unión, 28 de julio, Huilcate, Lilibamba, Huangamarca y Chacapampa, entre otros caseríos. Por su parte, el gerente de la minera Huangamarca S.A. Francisco Carranza Rubio, indicó que el proyecto comprendía unas dos mil hectáreas a trabajarse durante doce años. "Pensábamos realizar los estudios correspondientes, pero ante la reacción de la población ya no vamos a volver a tocar la zona", indicó el funcionario tras aclarar que su compañía no adquirió terreno alguno. Adultos mayores no jubilados exigen justicia social a García Exigiendo justicia social al Gobierno de Alan García Pérez, el 8 de noviembre, cerca de 1,500 adultos mayores no jubilados, salieron en marcha de protesta a las calles de la ciudad de Arequipa. Su delegado, William Cevallos Palli, informó que en Arequipa son cerca de 12 mil adultos que superan los 55 años y que viven en extrema pobreza, ya que no reciben una pensión. Su condición tampoco les permite acceder a un seguro de salud, recibir apoyo alimentario ni vestido. Por ello reclamaron ser incluidos en el programa "Juntos" a través del cual recibirían S/.100 al mes. Trabajadores municipales de Chimbote en pie de lucha El 10 de noviembre, un nutrido grupo de integrantes del Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales (Sutramun) de Chimbote realizó un plantón de protesta en las instalaciones de la comuna provincial. Según precisó el miembro de base de la Comisión Paritaria, Henry Izquierdo, la medida se debió a que la actual gestión no cumple con pagarles sus sueldos puntualmente. Indicó que piden, además mejores condiciones de trabajo para los obreros de limpieza pública, mejoras salariales, entre otros. El dirigente anunció un paro de 72 horas para el lunes 13 si no hay solución a sus demandas. Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica exigen creación de facultad El 10 de noviembre, alrededor de trescientos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica tomaron el local de la ciudad universitaria ubicada en Paturpampa, Huancavelica, exigiendo la creación de la facultad de Ciencias Empresariales. Sobre los motivos de la protesta, el secretario general del Centro Federado de Ciencias Empresariales, Angel Izarra Camacho, informó que la protesta se debe a que, pese a las reiteradas solicitudes de los estudiantes, las autoridades no han mostrado ninguna voluntad de emitir la resolución que crea la facultad de Ciencias Empresariales. La toma de local no se levantará hasta que no salga la resolución de Consejo de Facultad, aseguró el dirigente estudiantil. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica acordó solidarizarse con la lucha emprendida por sus colegas y exhortó a las autoridades universitarias, miembros de la asamblea universitaria a dar celeridad a la solución a los problemas planteados por los estudiantes a fin de que las labores académicas y administrativas continúen. Policía se enfrentó a balazos contra invasores de azucarera Chucarapi El 11 de noviembre, se produjo un fuerte enfrentamiento entre efectivos policiales e invasores de la empresa azucarera Chucarapi, ubicado en el valle de Tambo, región de Arequipa. Los invasores habían tomado las instalaciones de la empresa el 18 de octubre, apoderándose de tres vehículos de carga pesada que pertenecen al ingenio azucarero. Cuando un contingente policial, conformado por 14 efectivos, trató de recuperar los vehículos, llegaron unos 50 invasores que estaban armados con escopetas de perdigones, machetes y fieros para evitar que la policía recupere otra unidad completamente cargada con caña, que había sido abandonada a la altura de la entrada de Vilchez. Los campesinos que estaban liderados de Edmundo Puga Norgueroll quien adujo ser administrador de la empresa, atacaron al personal policial para evitar que se recupere el camión cargado. Los policías que llegaron con el apoderado de la empresa azucarera Jorge Fernández Dávila Cáceres, hicieron uso de sus armas haciendo disparos al aire, combinados con bombas lacrimógenas para repeler el ataque. Alumnos de Universidad de Chimbote paralizan clases por 48 horas El 13 de noviembre, los alumnos de la Universidad Nacional del Santa en Chimbote, durante un plantón realizado en la ciudad universitaria decidieron paralizar las labores académicas por 48 horas porque en la última sesión de consejo las autoridades conformaron una comisión para evaluar el incremento de la matrícula hasta en un 50% para cubrir los costos de la reparación de un auditorio móvil. Tras investigar sobre el precio que tiene la reparación del auditorio móvil, los estudiantes manifestaron que el costo más elevado bordea los 15 mil nuevos soles y no 44 mil, como consta en un documento emitido por el rector. Luego de sostener una reunión con los integrantes del Consejo Universitario, quienes evaluaron la plataforma de petitorios de los estudiantes y decidieron anular el aumento aludido, el 15 de noviembre, los estudiantes suspendieron el paro y retomaron sus labores académicas. Trabajadores del Ejército protestan en exteriores del Ministerio de Defensa El 14 de noviembre, unos 500 trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas protestaron en los exteriores del Ministerio de Defensa, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa en Lima, para exigir el pago de productividad que se les adeuda desde el año 2001. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Ejército, Roberto León Bejarano, informó que pese a que existe un compromiso del ministro del sector Allan Wagner, hasta el momento no se hace efectivo dicho reembolso. Precisó que a nivel nacional existen 16 mil trabajadores civiles, tanto del Ejército, como de la Marina y la Fuerza Aérea, que también exigen este derecho. Jubilados de concejo de Breña exigen pagos atrasados El 14 de noviembre, cesantes y jubilados de la municipalidad de Breña ingresaron de manera sorpresiva a la Catedral de Lima, en la Plaza de Armas, para protestar por la falta de pago de sus pensiones y reclamar a las autoridades solución para sus reclamos. Los ex trabajadores ediles afirmaron que el actual alcalde de Breña, Carlos Sandoval Blancas, les adeuda sus salarios desde hace 27 meses, en algunos casos, y sostuvieron que el Poder Judicial no ha resuelto sus demandas. Los cientos de manifestantes permanecieron algunos minutos en el templo, pero fueron desalojados por la Policía Nacional, que incluso usó gases lacrimógenos para dispersarlos. Algodoneros de Ica reclaman pago de subsidios El 15 de noviembre, los algodoneros de Ica salieron en marcha de protesta reclamando el pago de los subsidios que el Estado les debe por campañas anteriores. Lamentaron la poca seriedad por parte del Ejecutivo, en razón que cuando el Ministro de Agricultura, José Salazar, visitó Ica días atrás, les ofreció pagar S/. 9 por quintal de algodon; sin embargo, la propuesta del pliego ahora se redujo a S/. 8 por quintal. "Hay esta nueva propuesta, pero la debemos someter a las consulta en las bases", sostuvo el secretario general de los algodoneros Félix Siguas. Recordó que inicialmente la propuesta fue de S/. 3 y S/. 4.50, cifras irrisorias que motivaron que salgan a protestar. Los algodoneros en un inicio exigieron S/. 10. Campesinos de Tacna rechazan concesiones mineras y uso indiscriminado de agua El 22 de noviembre, más de 400 agricultores de seis juntas de usuarios y regantes del departamento de Tacna marcharon por la capital regional en protesta contra el gobierno central porque continúa la política de concesionar tierras para la minería, lo que contribuye al uso indiscriminado del agua en las cabeceras de cuencas generando graves problemas de contaminación. De acuerdo a lo que expresaron los trabajadores del campo, la explotación a tajo abierto origina el consumo de grandes cantidades de agua superficial y subterránea. Además se usan componentes químicos altamente contaminantes que afectarán los suelos y hasta el mismo agua subterráneo al darse los procesos de filtraciones. Según explicó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Tacna, el consejero Félix Laura Vargas, las empresas mineras quieren apoderarse cada vez más de tierras y agua de las comunidades. Recordó que como consejero presentó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un pedido para que la empresa Southern Peru pague una compensación económica de 800 millones de dólares por los daños ocasionados en la provincia de Candarave y el departamento. Estudiantes de odontología de la UNA de Puno exigen construcción de aulas El 24 de noviembre, los estudiantes de la facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno bloquearon el acceso a los ambientes destinados a esta facultad, así como a la clínica odontológica, exigiendo la pronta construcción de un pabellón para la especialidad Odontología. "Hasta el momento sólo hacemos uso de dos salones, que no son adecuados para una educación formal, especialmente para un área de salud", manifestaron los estudiantes en protesta, dando a conocer que aproximadamente serían 380 los estudiantes que alberga la facultad de Odontología, los mismos que, muchas veces, se habrían visto obligados a realizar el dictado de clases a la intemperie. También exigieron la rendición de cuentas de los ingresos que genera la clínica odontológica, que a decir de los estudiantes sería un monto de 100 mil soles anuales, el cual debería ser destinado a la implementación de la facultad y la clínica. Propietarios de "buses camión" amenazan con paro indefinido El 27 y 28 de noviembre, los propietarios de los llamados "buses camión" de las regiones de Puno, Arequipa y Tacna acataron un paro preventivo exigiendo a las autoridades del Ministerio de Transportes derogar el decreto supremo Nro. 035-MTC, que contempla los operativos "Tolerancia Cero" para los vehículos que brindan servicio interprovincial. Durante una marcha de protesta realizada el segundo día del paro en las calles de Tacna, Pedro Camapaza, secretario general de los transportistas instalados en el terminal terrestre El Collasuyo, manifestó que después del paro preventivo de 48 horas no han obtenido respuesta por parte de las autoridades de Transportes en relación a sus demandas. Por tal motivo comunicó en entraría a un paro indefinido que perjudicaría a cientos de comerciantes que diariamente se desplazan a las ciudades de Puno y llegan a Tacna para vender sus productos. Señaló que la norma dada por el gobierno les perjudica en gran medida, ya que con el D.S. 035 se les exige el certificado de operatividad para que los vehículos puedan circular; sin embargo el Ministerio de Transportes sólo entregará dichos documentos a los vehículos originales, situación que los propietarios de los "buses camión" rechazan. Por su parte, el director de Circulación Terrestre, Tito Zúñiga Castro, manifestó que mientras no exista una norma contraria al D.S. 035 los operativos continuarán en forma permanente para todos los vehículos que prestan servicio interprovincial, con el fin de disminuir los accidentes de tránsito en las carreteras. En Puno, los transportistas, como medida de protesta, trasladaron tres buses-camión, hasta la Plaza de Armas, realizando un mitin en el frontis de la Catedral, en el que tildaron de dictatorial, antinacionalista y derechista al presidente de la República, Alan García Pérez. Por su parte, Pedro Jallurana Jiménez, dirigente de los transportistas, indicó que al dictar una serie de Decretos Supremos y Leyes, el gobierno está arremetiendo contra los intereses de las grandes mayorías que son las pequeñas empresas de transporte, favoreciendo a algunas empresas millonarias. Trabajadores de minera Cerro Verde acatan paro de 48 horas El 27 y 28 de noviembre, los trabajadores de la minera Cerro Verde (Arequipa), la cuarta productora de cobre del país, acataron un paro de 48 horas, exigiendo de la empresa que cumpla con un convenio colectivo que, entre otros aspectos, fija un pago similar al promedio de la gran minería en el país. Según el sindicato de Cerro Verde, los trabajadores de la compañía ganan en promedio 572 dólares mensuales, mientras que el sueldo mensual en el sector minero supera los 745 dólares. Los trabajadores pidieron un incremento de un 11 por ciento y una bonificación extra de 7.000 soles. La minera informó que ha ofrecido a los trabajadores un aumento de 10,72 por ciento y una bonificación extra de 4.000 soles. La Dirección de Trabajo citó tanto a la empresa como a los obreros a una reunión para el día 29 de diciembre, para llegar a un acuerdo satisfactorio.