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	Protestas sociales en Perú SETIEMBRE DE 2006 Jornada nacional de lucha convocada del CGTP El 20 de setiembre, el gobierno del APRA afrontó la primera gran movilización a nivel nacional convocada por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), la más importante coalición de gremios de trabajadores en el país. Miles de personas afiliadas a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) marcharon por las calles de diferentes ciudades del país para exigir al presidente Alan García que cumpla sus promesas electorales. Demandaron la promulgación de la ley que elimina la renta básica en el servicio de telefonía fija, la libre desafiliación de las AFPs, la desaparición de las agencias de empleo temporal, la aplicación de impuestos a las sobreganancias de las empresas mineras y la disminución de las tarifas de servicios públicos. Así mismo, exigieron la restitución de la Constitución del 79 y la reposición de los trabajadores despedidos durante la dictadura de Fujimori. En Lima, una concurrida marcha en la que participaron obreros de la construcción, maestros, mineros, jubilados, pensionistas y trabajadores despedidos, entre otros, se inició en la Plaza Dos de Mayo, recorrió las avenidas Wilson, Bolivia y Abancay, y culminó con un mitin improvisado en el frontis del Congreso, donde los dirigentes del CGTP no descartaron convocar a una huelga general indefinida en caso de que el gobierno no rectifique su política. Sindicatos de todo el país respaldaron la protesta de la CGTP. Así, la Federación de Trabajadores de Arequipa se congregó en la Plaza de Armas y le dio plazo hasta el mes de noviembre a García para que dé solución al pliego de reclamos de las centrales sindicales. En Chiclayo, trabajadores de distintos gremios aprovecharon la marcha para exigir la libertad de los ediles recluidos por el incendio del Palacio Municipal y rechazar el intento del alcalde Arturo Castillo de retomar el cargo. En Tacna, unas 200 personas de diferentes sectores marcharon a la Prefectura donde dejaron un memorial y luego se dirigieron a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) y al gobierno regional. Un grupo de trabajadores administrativos de Educación se movilizaron exigiendo se les haga efectivo el incremento de sueldo firmado por el anterior gobierno central al término de la huelga nacional indefinida en julio. La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) realizó una movilización en respaldo de las demandas del CGTP y en rechazo a la concesión del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. En Chincha (región Ica), más de mil trabajadores agremiados en la CGTP, salieron en marcha pacífica por las principales calles de esta ciudad, muchos de los cuales exhibían pancartas y banderolas con sus demandas y las indumentarias de las empresas donde laboran, entre ellos Cosapi, Minera San Martín, Estremadoyro y Fassioli. En la manifestación también estuvieron presentes un buen número de afiliados a la Construcción civil; así como desocupados de las fábricas textiles, agroindustriales y pesqueras de la provincia, quienes demandaban puestos de trabajo. En Ica, en marcha de protesta los trabajadores de la empresa constructora MESALA S.A.C. anunciaron paralizar sus labores en forma indefinida en caso de no ser atendidos en sus demandas de pago de salarios atrasados. Los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Ica, paralizaron sus actividades y marcharon por las calles exigiendo mejores condiciones de trabajo. El secretraio general del sindicato, Orlando Chacaltana de la Cruz, dijo que a pesar de buscar diálogo con las autoridades universitarias, no tienen respuesta, y amenazó que radicalizarán sus medidas de fuerza si no reciben respuestas inmediatas. En Chimbote, se realizó una multitudinaria marcha con la participación del Sindicato de Construcción Civil, quienes aproximadamente fueron dos mil, los trabajadores despedidos de Siderperú y los comerciantes de algunos mercados que exigieron a la comuna provincial que cumpla con concretar el proceso de privatización que fue promesa electoral del alcalde Estuardo Díaz. Igualmente en Trujillo, en masiva marcha, los integrantes del CGTP le recordaron al Presidente de la República, Alan García, cumplir con promesas electorales que ofreció cuando fuera candidato. Los trabajadores estatales organizados en la CITE reclamaron al Gobierno Central la aprobación de un Proyecto de Ley General del Empleo Público justo. Los obreros de construcción civil exigieron la realización de las grandes obras ofrecidas como la III etapa de Chavimochic y la carretera Salaverry - Juanjui. Asimismo los cesantes y jubilados de la Municipalidad Provincial de Trujillo marcharon a la sede municipal para reclamar el pago de devengados e intereses y protestar y denunciar públicamente a 2 vocales por cambiar su veredicto por presión política. Las organizaciones afiliadas a la CGTP de Talara (Piura) marcharon por las principales arterias de la localidad, reclamando al gobierno del presidente Alan García Pérez que cumpla sus promesas electorales y protestando contra el incumplimiento de dispositivos legales en el plano de la administración del gobierno local. En Juliaca, los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación base San Román tomaron por la fuerza el local de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, para exigir que las autoridades del sector respondan a su pliego de reclamos. Entre los principales puntos de su petitorio figuraban el cumplimiento del proceso de reorganización de la UGEL San Román, ascensos en el magisterio, cumplimiento del proceso de reasignaciones, concurso para cubrir plazas de jefaturas y revisión de contratos por Trapecio Andino. En Cerro de Pasco, trabajadores integrantes del sindicato de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, se movilizaron en una marcha de protesta contra el proyecto de la Ley del Empleado Público. Según los manifestantes, a través de este proyecto se estaría consintiendo el despido masivo de los trabajadores, afectando la estabilidad laboral y negando el contrato de personal a nivel nacional. En Huancayo, el gremio de Construcción Civil realizó una movilización por las diferentes arterias de la ciudad para exigir el cumplimiento del convenio con el gobierno regional que garantiza la contratación de 60% de los agremiados a Construcción Civil en las obras públicas de la región. Además se movilizaron los trabajadores administrativos de Educación que exigieron el cumplimiento del acuerdo de un aumento salarial tomado el mes de julio, al término de la huelga nacional del gremio, y los docentes de escuelas superiores que acataron un paro nacional de 24 horas. También los miembros de la CGTP de Huanuco protagonizaron una marcha por diferentes calles de la ciudad, sumándose a la jornada nacional de protesta convocado para exigir al gobierno central cumplir con sus promesas. En Huancavelica, más de un millar de trabajadores agrupados en el Sindicato de Construcción Civil y ramas afines de Huancavelica, protagonizaron una masiva movilización en protesta por la sobreexplotación de los obreros de Construcción Civil, exigiendo el respeto de sus derechos laborales, entre otras demandas. Los trabajadores de construcción civil de Ayacucho por más de cuatro horas tomaron la oficina del Proyecto Especial Río Cachi - PERC e impidieron el ingreso del personal lanzando huevos y agua a los trabajadores que intentaban ingresar. Según refierieron los trabajadores de Construcción Civil, tomaron esta medida de fuerza para exigir que se respete el convenio suscrito con la mencionada institución que garantiza la incorporación un tercio de de obreros sindicalizados en la obra. Además solicitaron el cambio inmediato del capataz Benancio Sáenz, quien maltrataría a los obreros. Luego de conversar con los obreros el Gerente del PERC, Román Condori Pineda, indicó que el capataz habría sido cambiado y otro fue designado. Dijo además que implementarán servicios de salud para los trabajadores en la zona de Bellavista, donde se efectúa la ejecución de la obra. Paro nacional de los docentes de Educación Superior El mismo 20 de setiembre, el Sindicato de Docentes en Educación Superior del Perú (SIDESP), acató un paro de 24 horas en defensa de la aprobación del proyecto de la Ley de Educación Superior, institutos y escuelas superiores y otros que imparten educación superior, presentado por el gremio. Sobre las demandas de los docentes, los dirigentes seņalaron que exigen que se libere a los institutos y escuelas asfixiados en la mediocridad de funcionarios, de la dependencia de los institutos superiores y escuelas superiores del Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de Educación que se apropia de los recursos propios de los institutos y escuelas superiores para modernizar la calidad educativa. También exigieron un mejor equipamiento con la implementación de laboratorios, talleres y bibliotecas. Protestas contra las empresas mineras También en setiembre hubo una larga serie de protestas contra las actividades mineras. El hecho más saltante fueron las medidas de lucha de la población de Ilo en la región Moquegua que exigió de la empresa Southern Peru una compensación por los daņos ambientales causados en varias décadas de actividades mineras. Pobladores de Ilo exigen compensación de Southern Perú El 20 de setiembre, cerca de 2 mil pobladores de Ilo, en la región Moquegua, iniciaron medidas de protesta contra la empresa minera Southern Peru en reclamo de una compensación económica por los 46 aņos de contaminación ambiental provocada por los humos de la fundición de cobre. Las primeras acciones de fuerza se iniciaron a las 00:00 horas con un plantón debajo del puente peatonal, así como la quema de llantas y el bloqueo de la línea férrea en la zona denominada "Cruce del Ratón", con la finalidad de impedir el pase de la locomotoras cargadas con minerales provenientes de los asientos mineros de Cuajone y Toquepala a la fundición situada al norte de la provincia. Las medidas de lucha fueron encabezadas por el Frente Amplio de Lucha contra la Contaminación Ambiental, integrado por los dirigentes de los organismos sindicales y bases sociales como el FEDIPI, SUTEP, Construcción Civil, entre otros. A medida que avanzaban las horas se sumaron otras organizaciones de base para respaldar las manifestaciones, en cumplimiento del acta suscrita en la asamblea realizada la noche del 19 de setiembre, en el Sindicato de Pescadores Anchoveteros. Los piquetes de huelguistas en distintos puntos por momentos trataron de bloquear las pistas pero rápidamente fueron disuadidos por los agentes policiales. Pasado el mediodía, los manifestantes marcharon por las principales calles del puerto instando a los demás pobladores a sumarse a la jornada de lucha. Un contingente de 50 efectivos policiales antimotines fuertemente protegidos con chalecos y cascos de la jurisdicción de Arequipa y Moquegua arribó a lIlo para reforzar al contingente policial de la provincia e intervenir en cualquier momento en la zona del conflicto. Con la medida de fuerza los manifestantes reclamaban de la empresa una indemnización de 400 millones de dólares por daņos y perjuicios por la contaminación de la región durante todos los aņos de operación en la zona. La población de la provincia de Ilo, dio un plazo de 48 horas para que se nombre una Comisión de Alto Nivel que dé solución al problema. En declaraciones a diferentes medios, Cristala Constantinides, presidenta de la región Moquegua, seņaló que el pedido de la población a Southern Peru de una compensación económica por los aņos de contaminación es justo y necesario, ya que la minera Southern Perú tiene casi 50 aņos en la ciudad y no ha cumplido con ejercer una minería responsable. Denunció que la contaminación ha afectado al mar, a la agricultura y la salud de la población. Informó que la empresa en los últimos dos aņos ha ganado por utilidades 2 mil millones de dólares, sin embargo, en la mesa de diálogo que se estableció hace un aņo y medio para resolver el problema lamentablemente solo ha ofrecido a la población una indemnización de 7 millones de soles. Por su parte, la empresa Southern Copper Corporación controlada por el Grupo México, a través de un comunicado afirmó que su fundición cumple con las leyes ambientales vigentes y dijo que la protesta podría tener un fin político debido a la cercanía de las elecciones municipales y regionales de noviembre. Mientras que los pobladores de Ilo por segundo día consecutivo mantuvieron bloqueada la línea férrea que conduce a la minera Southern Perú Copper Corporation, el 21 de de setiembre, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, les solicitó deponer su actitud, afirmando que el gobierno está dispuesto a instalar una mesa de diálogo si los pobladores levantan el bloqueo del ferrocarril. Con el bloqueo de vías y quema de llantas, el 22 de setiembre, los pobladores de Ilo acataron un paro preventivo de 24 horas, convocado por el Frente de Lucha contra la Contaminación Ambiental en demanda del pago de una compensación económica a esa localidad por parte de la minera Southern Perú. Desde tempranas horas, las autopistas de acceso y salida a Ilo, así como la línea férrea que utiliza la minera fueron obstaculizadas por piquetes de manifestantes, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional que detuvo a algunos manifestantes, entre ellos al coordinador general del Frente de Lucha, Oswaldo Luque quien por la insistencia de los manifestantes fue liberado a las 2 de la tarde. Luego que Oswaldo Luque Liendo denunció ante la multitud que había sido golpeado por la policía, un grupo de manifestantes indignados atacaron a los policías con piedras haciendo correr a los agentes que se encontraban concentrados en la zona norte de la ciudad haciendo correr a los agentes policiales. Posteriormente éstos regresaron con refuerzo y, tirando bombas lacrimógenas, lograron a dispersar a los manifestantes temporalmente. En la intervención hubo varios heridos por los efectos de los gases lacrimógenos. Después de calmarse los ánimos, unos 3000 manifestantes se volvieron a concentrar y regresaron hacia el "Cruce del Ratón" a iniciar con un mitin improvisado y después, liderados por los dirigentes, iniciaron una movilización por las arterias de las barriadas del puerto. La presidenta regional de Moquegua, Cristala Constantinides, que se hizo presente en la ciudad de Ilo para solidarizarse con la población, advirtió que la medida de fuerza podría tornarse indefinida si el gobierno no cumpla con nombrar una comisión de alto nivel. Después de acordar el inicio de un diálogo con representantes del gobierno para el lunes 25, los pobladores de Ilo suspendieron sus protestas. El 23 de setiembre, partieron a Lima los representantes del Frente Amplio de Defensa de los Derechos de Ilo para una reunión de coordinación previa a la cita. El día siguiente una delegación integrada por los alcaldes de Ilo, Jorge Mendoza, y de Mariscal Niesto, Antonio Zeballos; por la presidenta regional de Moquegua, Cristala Constantinides, y por tres consejeros regionales viajó a Lima para participar en la cita. Ese mismo día, luego de más de una semana de bloqueo, la población despejó la línea férrea que traslada el concentrado de cobre a la fundición de Southern Copper en Moquegua. En Cajamarca se inició el diálogo entre los pobladores de Combayo y la minera Yanacocha Luego de un mes de protestas de los pobladores del centro poblado de de Combayo contra la empresa Yanacocha, el 3 de setiembre, (Cajamarca) ambas partes se reunieron en la ciudad de Cajamarca con una comisión de alto nivel integrada por el Presidente del Consejo de Ministro, Jorge del Castillo Gálvez, los titulares de las carteras de Agricultura y Energía y Minas, Juan Salazar y Juan Valdivia; además de funcionarios de la Dirección General de Minería, Dirección General de Salud, Intendencia Nacional de Recursos Hídricos, el Director Nacional del Medio Ambiente del Inrena, el Ministerio de Economía entre otros. Tras cinco tensas horas de negociación, la reunión concluyó con la firma de once acuerdos entre la comisión de alto nivel, la minera Yanacocha y los pobladores de la comunidad de Combayo. El primer acuerdo detalló que la minera se compromete a brindar apoyo económico a la familia de Isidro Llanos Chavarría, quien murió el 2 de agosto durante un enfrentamiento entre los comuneros y la minera. En cuanto a acciones judiciales, la minera se comprometió a no realizar nuevas denuncias, pues los asesores legales de ambas partes se reunirán para coordinar alternativas de solución a las denuncias efectuadas con anterioridad. También se acordó que se buscará que la actividad minera no atente contra el desarrollo de actividades productivas de los pobladores. En cuanto a la calidad y cantidad de agua de Combayo, la empresa se comprometió a construir plantas de tratamiento para potabilizar el agua para el consumo humano y coordinar con Sedacaj - Cajamarca, que se encargará de su administración. El documento también seņala que los controles de calidad y cantidad de agua, así como su monitoreo, estarán a cargo del Estado, con participación de la comunidad. Además, se instalará cinco estaciones adicionales de monitoreo de agua, que se sumarán a las seis ya existentes. Otro acuerdo era que la empresa se compromete a continuar la construcción de la carretera Puente Otuzco-Combayo que figura en el plan de desarrollo, así como el muro de contención de la misma. Al final de la reunión se acordó que la Comisión se volverá a reunir en Cajamarca en la fecha que se reinicie la construcción de la carretera Puente Otuzco-Combayo, vale decir el 23 de setiembre, a fin de tratar el tema del agua y las medidas que deben adoptarse así como otros temas indispensables para la población como el de la inversión social y laboral. El 23 de setiembre, la comisión gubernamental, integrada por el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y los ministros de Salud, Carlos Vallejos Sologuren; de Agricultura, José Salazar García; y de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero se volvieron a reunir con los delegados de Combayo y los representantes de la minera en el Teatro Cajamarca, el mismo escenario de la reunión del 3 de setiembre. Durante casi cuatro horas los comuneros, autoridades locales y regionales y los funcionarios de Yanacocha informaron a los asistentes sobre las medidas adoptadas desde sus sectores para dar cumplimiento a los once acuerdos de esa reunión. Al final de la reunión, se suscribió un acta de 12 puntos, especificando los acuerdos de la primera reunión. Pobladores de Huachocolpa (Huancavelica) protestan contra minera por contaminación El 4 de setiembre, varios cientos de pobladores del distrito de Huachocolpa (región Huancavelica), marcharon en forma pacífica, por las inmediaciones de la CIA Minera Caudalosa Chica. Las autoridades y gran sector de la población denunciaron que la compaņía minera con sus relaves ha contaminado el río Toropampa perjudicándoles en sus actividades agrícolas y ganaderas al destruir los pastos. La compaņía minera, Caudalosa Chica explota plata, plomo, zinc, cobre entre otros minerales. El día siguiente, las autoridades regionales de Energía y Minas de Huancavelica corroboraron el derrame de relaves, en el río Totorapampa, por la CIA Minera Causdalosa, por lo que se resolvió mediante una Resolución Directoral Regional, imponer sanción de multa de 5 UIT, a la empresa minera. Comuneros de Yanapampa protestan contra minera Atacocha En la región de Pasco, el 5 de setiembre en horas de la noche, los pobladores de la comunidad de Yanapampa bloquearon la Carretera Central como una medida de fuerza contra la empresa minera Atacocha, la cual no habría estado cumpliendo con los convenios que se tenía. Por tal razón, se apersonó al lugar de los hechos un representante del Ministerio Público para tratar de solucionar el bloqueo, que concluyó en horas de la maņana del 6 de setiembre, lográndose abrir un diálogo entre la comunidad y la empresa minera. Enapu dispone paralizar trabajos de construcción de muelle de la empresa minera Southern Luego de las protestas de los pescadores de Ilo contra la construcción de un muelle de embarque de ácido sulfúrico de la empresa Southern Peru, el 5 de setiembre, la presidenta regional de Moquegua, Cristala Constantinides Rosado, desde la capital de la República, confirmó que la Autoridad Portuaria Nacional (ENAPU) dispuso la paralización de los trabajos, por carecer de autorización y estudio de impacto ambiental. Indicó que al ser consultados por el supuesto visto bueno que dieron para el inicio de obras, funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional dijeron que en ningún momento se había otorgado permiso a la obra, por lo tanto mientras no se regularicen los procedimientos legales quedan paralizadas las actividades de edificación del terminal. Asimismo, Constantinides adelantó que el 6 de setiembre, una comisión especial conformada por representantes de la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estaría llegando a las instalaciones de Punta de Tablones, al norte de la provincia, para verificar las condiciones en que se inició la obra. Agricultores de Magollo y Uchusuma (Tacna) en contra de explotación minera Luego de una exposición de la empresa Minsur, que se realizó el 12 setiembre, en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, para dar a conocer el impacto ambiental que podría originar la extracción de minerales en las zonas andinas de la región, los agricultores de Uchusuma y Magollo mostraron su desacuerdo con el proyecto Pucamarca de la empresa Minsur, que prevé la explotación minera en el sector de Vila Vilani, seņalando que se contaminarán los ríos que abastecen de agua sus campos agrícolas. Según el agricultor de Uchusuma Rubén Chiarella, con la exposición de la empresa minera que duró aproximadamente tres horas se pretendió convencer a los agricultores que la explotación de minerales no traerá grandes perjuicios para el agro y la ganadería. "Pero faltó claridad en la exposición del impacto ambiental, no existe explotación minera que no contamine el medio ambiente", refirió Chiarella tras expresar su preocupación, principalmente por el uso de cianuro que contaminará las aguas del río Uchusuma. Pobladores de la comunidad Pomayaros (Pasco) protestan contra deterioro de carreteras por empresas mineras El 23 de setiembre, los pobladores de la comunidad de Pomayaros, perteneciente a la provincia de Daniel Carrión (Pasco) bloquearon la carretera como medida de protesta por las vías con que cuenta la comunidad, ya que los vehículos de las diferentes empresas mineras las habrían deteriorado. Ante este hecho un representante del gobierno regional, el subprefecto de Yanahuanca, el representante de las empresas, el fiscal de Daniel Carrión y otras autoridades se acercaron al lugar para dialogar con los pobladores y llegar a un acuerdo. Luego de acordar que el 30 de setiembre tanto los técnicos de la comunidad como de las empresas mineras y del gobierno regional de Pasco se reunirán en Pomayaros para obtener una información sobre el replanteo o corrección del expediente técnico presentado para el pavimentado de la calle principal y tal vez ejecutar una vía alterna, los dirigentes y pobladores optaron por levantar la medida de fuerza. Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tacna marchó contra la empresa minera Minsur El 25 de setiembre, miles de personas participaron en una marcha convocada por el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna contra la empresa Minsur, que pretende explotar una mina de oro en Palca. Con su medida de protesta los manifestantes exigieron que la explotación y el desarrollo minero se haga en base a un desarrollo ambiental sustentable. La marcha finalizó con la entrega finalmente de un memorial al prefecto del departamento. Protestas por contaminación de río Rami en Puno El 25 y 26 de setiembre, los distritos ubicados a las márgenes del río Rami en las provincias de norte de Puno realizaron diversos actos de protesta contra los daņos que ocasiona la minera La Rinconada en el distrito de Ananea, provincia de Putina. Un grupo de alrededor de 900 pobladores de esas zonas se concentraron en Ananea, con el fin de realizar una movilización en espera de que las autoridades escuchen sus reclamos. Con la medida, los pobladores exigieron a las autoridades del gobierno central y regional la declaratoria en emergencia de la zona impactada desde hace aņos por la presencia de diversas maquinarias pesada que trabajan en la minera La Rinconada. Según los pobladores existe un alto grado de contaminación de las aguas del río Rami, así como una indiferencia de las autoridades del sector para solucionar esta problemática. Numerosa movilización en Defensa del Agua Con motivo del III Congreso de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería - CONACAMI que se llevó a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2006 en Lima, el día 29 de setiembre, centenares de campesinos de todo el país marcharon pacíficamente hasta la sede del ministerio de Energía y Minas (MEM) para demandar la ejecución de una política que no esté a espaldas de la población afectada por los estragos de las actividades de las empresas mineras que contaminan las cuencas y nacientes de los ríos, afectando su producción agrícola y ganadera. Sin embargo, a pesar de gestionar la reunión con el propio ministro del sector Juan Valdivia, éste prefirió asistir a la clausura del IV encuentro de mujeres mineras en el exclusivo hotel Las Dunas de Ica, una actitud de pinta de cuerpo entero la clase de política que está aplicando este gobierno que dice ser "de todos los peruanos". La comitiva fue recibida por el director general de minería del MEM, César Rodríguez Villanueva, quien se comprometió a entregar el memorial que remitió la CONACAMI al ministro Valdivia a su regreso y también a gestionar mesas de diálogo para que llegar a acuerdos que no generen más abusos de parte de las empresas mineras hacia las comunidades. Por su parte, Miguel Palacín Quispe, presidente de CONACAMI Perú, indicó que el memorial resumía las demandas de las comunidades campesinas e indígenas afectadas por la minería y demandaban una nueva constitución política que reconozca los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, históricamente excluidos, y que reconozca el carácter plurinacional y multicultural del Perú. Huelga indefinida en puerto del Callao impide carga y descarga de buques El 20 de setiembre, los trabajadores de puerto del Callao iniciaron una paralización que iba a culminar inicialmente el día siguiente. Pero los huelguistas decidieron ampliar esta medida de fuerza por tiempo indefinido, hasta que no se resuelvan sus demandas. Aparte de mejoras salariales los obreros pidieron que los contratos laborales se negocien de forma colectiva, en lugar de que cada empresa establezca individualmente los salarios y otros aspectos contractuales. El secretario general adjunto del Sindicato de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Callao, Wilmer Estebes, informó de que unos 1,200 trabajadores acataron la paralización. Los huelguistas solicitaron la presencia de la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, para que ofrezca sus buenos oficios y pueda solucionar esta disputa. Por su parte, la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), indicó que hay una larga cola de buques para ingresar al muelle y que algunos están optando por retirarse a otros lugares. Ricardo Guezala, presidente de la APAM, advirtió que la huelga podría afectar la economía nacional y pidió la intervención del Gobierno. Sostuvo además que la huelga de los trabajadores portuarios no ha seguido los procedimientos de ley, pues pasaron de forma sorpresiva a una paralización indefinida. Debido a la huelga de los estibadores portuarios, el 22 de setiembre, el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Luis Vega Monteferri, solicitó declarar en "alerta roja" los puertos del Perú. Lamentó que siete mil personas (número estimado de estibadores en todo el Perú) tengan la potestad de perjudicar y "poner en jaque" a más de 1 millón 250 mil trabajadores de los diferentes subsectores exportadores. Aņadió que esta huelga genera pérdidas diarias por US $ 44 millones y poco menos de US $ 30 millones por importaciones. El 25 de setiembre, a las 23.00 horas, los estibadores del puerto del Callao levantaron la huelga iniciada seis días atrás, ya que tras varias reuniones, finalmente se arribó a la suscripción de un acta de conciliación. En este documento, suscrito por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el Sindicato de Estibadores Marítimos y representantes del Estado, se estableció que el jornal básico de los estibadores será transitoriamente de 40 soles como mínimo por turno de ocho horas. Asimismo, se acordó que el jornal básico de los wincheros (los obreos que mueven contenedores), trabajadores especializados y capataces será de 45 soles. Este jornal de trabajadores especializados tendrá un incremento ligado a la productividad, que será negociado por cada una de las empresas en un plazo de 72 horas. El Presidente Alan García quien dio lectura del acta, informó que el Ministerio de Trabajo participará en cada mesa de negociación entre las empresas y los trabajadores, para lo cual ha designado a 55 de sus funcionarios. Del mismo modo, anunció la creación de una Comisión Multisectorial, integrada por los ministerios de Trabajo, Transportes, Comercio Exterior, la Autoridad Portuaria Nacional así como los gremios empresariales y laborales para tratar el problema de la informalidad laboral en el sector. Resistencia de los campesinos cocaleros a la erradicación forzosa de sus cultivos Luego que 11 de setiembre, en San Martín, cocaleros se enfrentaron a policías para impedir la erradicación de coca, los campesinos cocaleros de otras regiones exigieron que el gobierno solucione el problema de este sector, iniciándose un diálogo con los dirigentes de las diferentes cuencas cocaleras. Armados con escopetas y objetos contundentes, el 11 de setiembre, unos 300 cocaleros de la localidad de Sión, en la provincia de Tocache (San Martín), se enfrentaron a la Policía Nacional y a personal del proyecto Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH). El enfrentamiento se produjo al promediar las 7:30 horas, cuando la cuadrilla de trabajadores del Proyecto CORAH, acompaņados de policías especializados de su seguridad, intervino en la zona con la finalidad de erradicar los cultivos declarados ilegales en el lugar. Según la versión policial, apenas aterrizaron, fueron interceptados por un grupo numeroso de agricultores que, portando palos y otros objetos, intentaron alejarlos de la zona. Los efectivos de resguardo hicieron uso de bombas lacrimógenas para dispersar a la turba, produciéndose la refriega. El Ministerio del Interior afirmó que en el enfrentamiento, varios policías y un trabajador del CORAH resultaron con contusiones e impactos de perdigones, en tanto que se detuvo a 3 personas. Mientras tanto, el alcalde de Sion, Nestor Cayado Macedo, informó que varios cocaleros resultaron gravemente heridos, producto de las bombas lacrimógenas que esparció la policía para reprender al campesinado que se había levantado. "Dos personas, un adulto y un niņo están agonizando en el centro de salud, porque fueron golpeados bruscamente por la policía", manifestó el alcalde, quien agregó que el Gobierno les ofreció muchas obras para dejar la coca, y ellos cumplieron pero el Estado no. Ese mismo día, el ministro de Agricultura, José Salazar, anunció que se reunirá el lunes 18 de setiembre con los dirigentes cocaleros del Alto Huallaga. El titular del sector informó que en esta reunión se buscará mecanismos de solución al conflicto con los agricultores de la hoja de coca. Por su parte, los productores de hoja de coca del valle del Monzón, Leoncio Prado y José Crespo y Castillo, acordaron conformar una comisión que viajará a Lima para entrevistarse con los representantes el gobierno central, a fin de tratar la problemática que los aqueja y desconocieron cualquier acuerdo que pudiera haber entre el gobierno y los parlamentarios Elsa Malpartida y Nancy Obregón, así como con el ex dirigente cocalero Nelson Palomino, con quienes el gobierno habría pactado un diálogo para el 18 de setiembre. La comisión que viajará a conversar con el gobierno estará presidida por Iburcio Morales Baltasar, a nombre de la Central Nacional de Cocaleros del Perú (CENACOP). El 12 de setiembre, grupos numerosos de productores cocaleros y no cocaleros de otras zonas de la región llegaron a la localidad de Sión para unirse a la resistencia contra la erradicación forzosa de cocales. Ante denuncias de la prensa de un presunto abuso de parte de la policía durante el enfrentamiento con los cocaleros del día anterior, en la noche, fuentes policiales informaron que los operativos policiales para la erradicación de los cocales, fueron suspendidos. Los efectivos policiales y el personal del CORAH, recibieron órdenes de replegarse a la base antidrogas de Santa Lucía, en Uchiza. También se aprobó revisar los videos tomados durante los sucesos para deslindar responsabilidades sobre los violentos enfrentamientos. El 13 de setiembre, la ministra del Interior Pilar Mazzetti, informó que evaluará la información sobre los abusos policiales denunciados en los medios de prensa y, de comprobar si hubo trasgresión de parte de la policía a los cocaleros, se sancionará a los responsables. El día siguiente, la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, admitió que la Policía "cometió excesos" durante el operativo de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca en el poblado de Sión. Dijo que, a través de un video, observó que el lunes 11, trabajadores del proyecto de Control y reducción de cultivos de coca en el Alto Huallaga (Corah) y efectivos policiales ingresaron "sin autorización" a ese caserío y se enfrentaron a los campesinos en la plaza de Armas. En ese sentido, informó que dispuso la separación del director del Corah, José Yale Morales, tras los sucesos, y que se investigará a los oficiales de la Policía para determinar sus responsabilidades. Ese mismo día, una delegación de 180 campesinos cocaleros del valle del Monzón partió hacia Lima para reunirse el lunes 18 con las autoridades del gobierno y hallar una solución a sus reclamos. El dirigente Carlos Morris, brazo derecho de la organización cocalera que lidera Iburcio Morales en el valle del Monzón, advirtió que no permitirán una mesa de diálogo con el gobierno en la que participen la congresista Nancy Obregón y la parlamentaria andina Elsa Malpartida, pues las consideran responsables de los sucesos en Sión. Seņaló que ambas legisladoras son las promotoras del Decreto 044, que permitió la erradicación forzosa. "Fueron incendiarias y ahora pretenden ser bomberas; son traidoras", dijo. El 18 de setiembre se realizó en Lima la reunión anunciado del ministro de Agricultura, José Salazar, otras autoridades gubernamentales y medio centenar de dirigentes de las diferentes cuencas cocaleras, entre ellos las parlamentarias y ex dirigentes Nancy Obregón y Elsa Malpartida y el dirigente cocalero Nelson Palomino. Como resultado de las conversaciones se acordó la reestructuración de Devida, entidad encargada de remplazar las plantaciones de coca por otros cultivos, y la formación de dos mesas de trabajo para analizar la problemática en las zonas cocaleras, así como modificar algunas normas. Por otro lado Iburcio Morales, secretario general de la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú (CENACOP), expresó su disconformidad a través de un comunicado público, seņalando que desconocen la representatividad de Nelson Palomino y solicitando al gobierno un diálogo aparte con los cocaleros del Valle del Monzón, Huánuco y del Cusco. En una carta del 20 e setiembre, dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, los dirigentes cocaleros plantearon la despenalización de la hoja de coca, replantear la estrategia de lucha contra las drogas derogando o modificando los dispositivos que violan los derechos de los campesinos, el cese de la erradicación compulsiva, priorizar presupuestos para del desarrollo agrario en las zona cocaleras, establecer una nueva política de comercialización de la hoja de coca, hacer estudios para su industrialización, reestructurar la empresa estatal de comercialización de la coca ENACO, y realizar un estudio técnico científico para la modificación genética de la hoja de coca. Después de un receso de 20 días, debido a los incidentes violentos ocurridos en la localidad de Sión, el 31 de octubre, el gobierno reinició la erradicación de cultivos ilegales de hojas de coca en la zona de Buenos Aires, en Tocache. Para cumplir con tal misión ingresaron a la zona 300 miembros del Proyecto Especial de Control y Reducción de Coca Ilegal del Alto Huallaga (CORAH), resguardados por unos 150 efectivos de la Policía Antinarcóticos, según informaron autoridades del lugar. Además, se contó con la presencia de un fiscal para que dé fe de los hechos y quiénes son los que cometen actos de violencia. La acción causó indignación en los productores cocaleros, que realizaron una manifestación en los alrededores del campamento del CORAH, ubicado en la localidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo convocaron a todos los cocaleros a defender sus cultivos, exigiendo el retiro de los policías y de los miembros del CORAH que se han instalado en la zona. El alcalde de Uchiza, Luis Escalante, declaró a una emisora de radio que esperaba la presencia del Gobierno en la zona para evitar actos de violencia, como ocurrió en la localidad de Sión, en San Martín, que llevó a la titular del Interior, Pilar Mazzetti, a retirar a los policías de la zona al comprobarse que algunos de ellos incurrieron en faltas. Escalante manifestó su apoyo a los Programas de Desarrollo Alternativo, pero, precisó, con recursos económicos que permitan el desarrollo de los pueblos. Mientras tanto, la legisladora andina y dirigente cocalera Elsa Malpartida reiteró su posición que la solución al problema de la hoja de coca no es la erradicación, sino el empadronamiento que permita deslindar quiénes son los que destinan la coca que cultivan al narcotráfico y quiénes a la industria y usos tradicionales. Huelgas y protestas de los trabajadores de Salud Los trabajadores del sector Salud volvieron a movilizarse exigiendo mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y la destitución de funcionarios incapaces y corruptos. El motivo principal de protesta era de la suspensión del proceso de nombramiento de personal contratado, acordado durante el gobierno de Toledo, en diciembre de 2005. Trabajadores de EsSalud de Tingo María cumplen paralización de 48 horas El 6 y 7 de setiembre, los trabajadores de los diferentes gremios laborales del hospital del Seguro Social (EsSalud) de Tingo María cumplieron una paralización de 48 horas, exigiendo la destitución del Director Ejecutivo de este nosocomio, Juan Lévano Corpancho, acusándolo de ser incapaz de desarrollar esta institución. Además los trabajadores exigieron que se frene actos de abuso de autoridad y maltrato en contra de los usuarios, buscando la solución al déficit de materiales, insumos y medicamentos que requiere este hospital. En la maņana del primer día de la medida de fuerza, los trabajadores se movilizaron por las calles de Tingo María haciendo conocer a la población sus demandas y exigiendo la presencia de las autoridades del nivel central para evaluar la situación. En Tacna trabajadores de Salud inician huelga de hambre El 11 de setiembre, un grupo de trabajadores del sector Salud de Tacna inició una huelga de hambre para exigir la destitución del director regional sectorial, Javier Palao Castelles, a quien acusan de diversos abusos. La secretaria general del citado gremio, María Sotomayor, criticó la pasividad de las autoridades del Ministerio Público, quienes no dan curso debido a las quejas de los empleados contra Palao Castelles. Por su parte, Bernardino Pacompia, uno de los tres trabajadores en huelga de hambre, indicó que el funcionario ha utilizado su cargo para despedir a sus compaņeros de manera arbitraria y favorecer con puestos de trabajo a sus familiares y allegados más cercanos. Trabajadores toman la Dirección Regional de Salud en Huancayo El 11 de setiembre, un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud durante varias horas tomaron el local de la Dirección Regional de Salud en Huancayo en protesta contra una disposición del gobierno de Alan García que prohibió los nombramientos, dejando sin efecto la ley de nombramientos acordada por el parlamento en diciembre de 2005. Según los manifestantes, en la región de Junín, esta medida afecta a 230 profesionales, enfermeras, obstetrices y odontólogos, muchos de los cuales están 12 aņos laborando para el sector Salud con un sueldo que no supera los 500 soles sin acceso a beneficios laborales. Después de varias horas de insistencia de parte de los manifestantes, se entabló conversaciones entre los trabajadores, el Director Regional de Salud y un representante del Gobierno Regional, en las cuales el director regional prometió que este mismo día conversará con el Ministro de Salud, Carlos Vallejos, para buscar una solución al problema. Huelga en los hospitales del Ministerio de Salud de Ancash El 14 y 15 de setiembre, los trabajadores de salud de Chimbote realizaron un paro de 48 horas para exigir la nivelación de sus incentivos laborales con los de sus colegas de Huaraz. Los trabajadores dieron un plazo hasta el 25 de setiembre para que el gobierno central resuelva sus demandas, advirtiendo que en caso contrario iniciarán una huelga indefinida. En el último día del paro de 48 horas, los trabajadores del sector salud marcharon por las calles de la ciudad haciendo conocer sus demandas. La dirigente sindical Diestra Sánchez informó que una comisión presidida por la máxima autoridad del Gobierno Regional de Ancash (GRA), Ricardo Narváez, e integrada por dirigentes de trabajadores del sector salud mantenía conversaciones con representantes del Consejo de Ministros. Tal como lo anunciaron, el 25 de setiembre, los trabajadores del sector salud de Chimbote dieron inicio a la huelga general indefinida demandando la nivelación de sus incentivos laborales además de otras exigencias como el pago de guardias comunitarias y la estabilidad laboral a los contratados. Los más de 300 trabajadores, entre enfermeras y médicos, de los dos hospitales pertenecientes al Ministerio de Salud -La Caleta y Eleazar Guzmán Barrón- abandonaron los consultorios y dejaron de atender aproximadamente, en su conjunto, a 800 pacientes. En Pasco trabajadores de Salud salieron a las calles para pedir nombramientos El 25 de setiembre, los trabajadores integrantes de la Asociación de Trabajadores Contratados de la Dirección Regional de Salud de Pasco salieron a las calles para exigir del presidente Alan García y del ministro de Salud que el proceso de nombramiento se dé lo más antes posible y que el decreto de urgencia N° 20 sea anulado que suspende el proceso de nombramientos. Según el secretario general del gremio, esta medida tan solo en Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa afecta a 300 los trabajadores. Gremios de salud exigen más recursos Con una masiva marcha por las calles de Lima, el 19 de setiembre, los principales gremios del sector Salud exigieron el aumento de su presupuesto para el 2007; asimismo solicitaron que se conforme la mesa de concertación para resolver los principales problemas de este importante sector de trabajadores. "Hace un aņo, la ministra de Salud de ese entonces, Pilar Mazzetti, y el premier (Pedro Pablo) Kuczinsky nos prometieron aumentar el presupuesto hasta en 750 millones de soles. Hasta el momento solo se ha hecho en 300 millones, lo que no es suficiente ", dijo Julio Vargas La Fuente, dirigente de la Federación Médica del Perú, quien encabezó la marcha hacia el Ministerio de Salud, en Jesús María. Los agremiados aseguraron que de no encontrar solución iniciarán una huelga indefinida desde el 8 de noviembre. "Y no habrá marcha atrás", seņalaron. Protesta contra reposición de ex alcalde termina con incendio del municipio de Chiclayo En la madrugada del 7 de setiembre, gran parte el municipio de Chiclayo fue destruido por un incendio que se produjo en medio de la protesta de los trabajadores municipales contra la reposición del ex alcalde Arturo Castillo. El conflicto surgió porque los trabajadores junto con el sucesor de Castillo, Jose Barrueto Sánchez, basándose en la Constitución que garantiza la autonomía Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no reconocen el fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto una resolución del JNE que dispuso la destitución de Castillo. Los trabajadores, durante días se habían mantenido alertos para impedir la reposición del ex alcalde, dispuesta por el Tribunal Constitucional, se habían atrincherado en el interior, cuando a las 2:30 de la maņana, la secretaria del 4to Juzgado Civil de Chiclayo, acompaņada de policías y del ex alcalde Castillo junto a un grupo de partidarios, ordenó el descerraje de las puertas del municipio para realizar la diligencia de reposición. Luego de llevarse a cabo la diligencia, se produjo un incendio en el archivo del palacio municipal que por falta de agua los bomberos durante horas no podían controlar, de manera que se expandió, daņando gran parte del histórico edificio. Si bien las circunstancias en que se produjo el incendio aún estaban por esclarecerse, la policía detuvo a siete trabajadores municipales que se encontraban en el interior del edificio como los supuestos responsables del incendio y daņos causados al palacio municipal. Esto motivó la protesta de sus colegas que marcharon por las calles de la ciudad, exigiendo la libertad de sus compaņeros sosteniendo que no tenían ninguna responsabilidad en el incendio sino más bien era obra Castillo y sus partidarios. El 8 de setiembre, luego que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo decidiera denunciar ante el Poder Judicial a los siete trabajadores de la comuna provincial de Chiclayo, presuntamente inmersos en los desmanes que se registraron en el Palacio Municipal el día anterior, el II Juzgado Penal ordenó la detención e internamiento en el penal de Picsi de cuatro de los detenidos y la comparecencia restringida de otros tres. Mientras tanto, los trabajadores del municipio de Chiclayo volvieron a protestar en los exteriores de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, para presionar y exigir a los jueces la libertad de los siete presuntos autores del incendio que destruyó el Palacio Municipal. También los integrantes de la Federación Departamental de Comerciantes Ambulantes de Lambayeque realizaron una movilización por el centro de la ciudad, expresando su apoyo al alcalde José Barrueto Sánchez. El lunes 11 de setiembre, los trabajadores municipales volvieron a salir a las calles para marchar hasta la sede del poder Judicial con la finalidad de exigir la libertad de los detenidos. El 13 de setiembre, representantes de colegios profesionales y organizaciones sociales de Chiclayo anunciaron que enviarán un comunicado al presidente de la República Alan García, al Congreso y al Consejo de Ministros, para que una comisión de alto nivel de los tres poderes del Estado, encabezada por el primer mandatario, venga a Chiclayo a evaluar el caso de la duplicidad de alcaldes. En una rueda de prensa, Arturo Rodríguez Serquén, decano del Colegio de Ingenieros, seņaló que tanto Arturo Castillo como José Barrueto no tienen autoridad moral para gobernar y deben dar un paso al costado para evitar que recrudezcan los actos de violencias. En una nueva marcha convocada por la central sindical CGTP, el 14 de setiembre, un millar de personas se movilizaron por las calles de Chiclayo para exigir la liberación de los trabajadores detenidos. El dirigente de la CGTP Erwin Salazar, desconoció como los representantes del pueblo al obispo Jesús Moliné y a los 21 dirigentes de las diferentes organizaciones que la noche anterior se reunieron para analizar la coyuntura por la cual atraviesa la Municipalidad Provincial de Chiclayo y lamentó que no se haya convocado a los trabajadores informales y formales y de otras agrupaciones que son los verdaderos representantes del pueblo. El dirigente propuso una asamblea popular o un cabildo abierto, para que el pueblo mediante las urnas, decida si ambas autoridades se van o no del municipio. El 23 de stiembre, ante la posibilidad de que el ex alcalde Arturo Castillo Chirinos retome el control del municipio, un grupo de 300 trabajadores ediles bloquearon la entrada de la biblioteca municipal, donde funciona temporalmente el concejo provincial. Desde las primeras horas, los empleados que respaldan la gestión del alcalde de Chiclayo, José Barrueto, se congregaron en el frontis de la biblioteca y aseguraron que permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario. Protestas de estudiantes universitarios y de Institutos Superiores Estudiantes de diferentes universidades estatales e Institutos Superiores continuaron protagonizando acciones de protestas, exigiendo principalmente mejores condiciones de estudio. Protestas de estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga Con la toma de instalaciones universitarias, el 3 de setiembre, los alumnos de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga continuaron su lucha por la separación con ciencias agrarias y la creación de un área académica propia. Además los estudiantes se quejaron que la facultad de Ciencias Agrarias siempre impone su decisión perjudicando de esta manera a ingeniería agrícola, y acotaron que su especialidad demanda que los profesores sean especializados. El 12 de setiembre, estudiantes de la Universidad Nacional Sal Cristóbal de Huamanga protestaron en las calles de la ciudad de Ayacucho solicitando que el Concejo Universitario, de inmediato apruebe el Reglamente del Derecho a Tacha de Docentes y así, la Universidad recupere la calidad académica que tuvo hace muchos aņos y que la UNSCH pueda ser acreditada, con docentes y estudiantes capaces. La Federación Universitaria había convocada a esa protesta estudiantil en vista de que en la casa de estudios existirían docentes que no están suficientemente calificados y que por otro lado no tendrían la calidad moral para ser docentes. Nuevas protestas en la Universidad del Cusco El 5 de setiembre, los estudiantes de la facultad de Turismo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco salieron a las calles para denunciar la carencia de maestros para sus cátedras. Karem Puclla Justiniani, dirigente de los alumnos del primer semestre de esta carrera, reveló que ella y sus compaņeros se hallan a medio periodo de estudios y sin embargo hasta la fecha no cuentan con cuatro docentes para los denominados cursos de carrera. "Somos 45 estudiantes del segundo grupo, que estudiamos en Perayoc los cuales no tenemos profesores para las cátedras de ética, filosofía, flora y fauna y constitución. Menos mal nuestros compaņeros del primer grupo si lo tienen", denunció la estudiante. Agregó que este problema lo hicieron conocer a sus respectivas autoridades universitarias, pero éstas hasta la fecha no hacen nada para remediar el asunto. Además de este grave problema los estudiantes denunciaron que están estudiando en pésimas condiciones, debido a que son sometidos a llevar sus clases en ambientes no destinados para este fin como cafetines, donde más de 100 alumnos deben luchar por conseguir un lugar. El 11 de setiembre, nuevamente los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) salieron a las calles en son de protesta. Esta vez el motivo de la jornada de protesta, fue exigir la renuncia del actual decano de la Facultad de Educación, Danilo Gómez Santander, por estar inmiscuido en oscuras maniobras de tráfico de títulos de post grado. Según el estudiante Morces Puma Concha, el actual decano se halla coludido con el rector y los integrantes de la ONG Sicar, para expedir títulos de post grado en sólo ocho meses. "Lo grave de ello es que, uno de esos títulos vale 16 puntos dentro del concurso de plazas docentes del Ministerio de Educación, mientras que nuestros títulos profesionales conseguidos en cinco aņos, 20 puntos", dijo el universitario, Los estudiantes también acusaron al cuestionado decano de otras irregularidades. Además exigieron que el rector cumpla su compromiso dado con motivo de una protesta de febrero de este aņo, cuando prometió equipar un centro de cómputo en su facultad, sin que, hasta la fecha, se haya puesto una sola computadora. Los universitarios marcharon desde la ciudad universitaria hasta la sede del Rectorado, y una vez allí, sitiaron el local y los dirigentes, encabezados por el presidente del Centro Federado de Educación, Julio Alanoca, procedieron a ingresar al local donde se reunieron por varias horas con el rector Guillermo Ugarte para buscar una solución a sus demandas. Luego de realizar durante varios días movilizaciones hacia la Dirección Regional de Salud (DIRESA), para exigir prioridad en el sorteo de plazas de Servicio Rural, Urbano Marginal de Salud (SERUMS) remunerado, el 12 de setiembre, los estudiantes, de la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, tomaron el auditorium de esta institución, donde debía llevarse a cabo el sorteo de 11 cupos, para veintinueve postulantes. Mas de cuatro horas aproximadamente, 60 estudiantes de dicha carrera profesional, tomaron el local con los integrantes de la comisión regional de SERUMS al interior del recinto, quienes resolvieron desarrollar el proceso a pesar del alboroto ocasionado por los estudiantes que, a gritos exigían la suspensión del sorteo por la falta de garantías, además de impedir el ingreso de los interesados a este proceso. Después de varias horas de un acalorado diálogo entre los alumnos de Medicina y los representantes de la comisión, se llegó a un acuerdo mutuo, para que en los próximos sorteos de SERUMS, se tenga que dar la prioridad a los estudiantes de la región y no a los del extranjero que cuentan con residencia en nuestra ciudad, promesa que esperan sea cumplida y que en el plazo más corto, se tenga que trabajar el proyecto que será alcanzado al Ministerio de Salud. El 20 de setiembre, los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) tomaron las instalaciones de su facultad exigiendo la renuncia inmediata del actual decano Guido Muelle Villena por estar acusado de incapaz y autoritario. Esta medida fue acordada en la víspera, en un plenaria extraordinaria que los estudiantes realizaron con el objetivo de poner fin a la serie problemas que, según ellos, esta facultad viene pasando desde que Muelle se encuentra a cargo de la decanatura. Universitarios de Tarma protestan contra atropellos de autoridades El 5 de setiembre, los estudiantes de la especialidad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) de Tarma (región de Pasco), suspendieron las clases y las prácticas para protestar contra los atropellos de los que son objeto de parte de las autoridades de Cerro de Pasco. Los estudiantes anunciaron que el día siguiente, todos viajarán a la ciudad de Pasco para protestar y pedir al rector de dicha casa superior de estudios Salvador Santos Blanco Muņoz, ser escuchados y atendidos en sus necesidades. Según los estudiantes, recientemente ratificaron a la filial Tarma mediante una resolución para su respectivo funcionamiento, sin embargo, no les conceden autonomía tratándoles como si fueran ajenos a la UNDAC y no cumpliendo con el reglamento de filial, exigiéndoles, entre otras cosas, que los estudiantes del último ciclo viajen hasta Cerro de Pasco para la sustentación de la tesis, ocasionándoles una serie de gastos innecesarios. Alumnos toman instituto de Palián (Junín) por irregularidades En la maņana del 11 de setiembre, los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico "Santiago Antúnez de Mayolo" de Palián, tomaron la sede institucional contra las presuntas irregularidades que estarían cometiendo los directivos. Los alumnos tras ingresar al interior del instituto, tomaron las instalaciones y no permitieron el ingreso de los docentes ni trabajadores administrativos. El controvertido director, Vicente Palomino, se vio obligado a retirarse de la institución, ante el rechazo de los manifestantes. Los estudiantes exigieron la inmediata destitución del director y el encargado de la administración, Víctor Pacahuala porque, pese a que los alumnos abonan para la implementación y el equipamiento de la biblioteca y maquinarias, las condiciones de estudio están pésimas y no hacen nada para mejorarles, como denunciaron representantes del Consejo Estudiantil (COES). Además denunciaron que existe una venta indiscriminada de animales, semillas, leche y otros productos producidos en las granjas del Instituto y no se sabe qué se hace con los ingresos. Estudiantes de instituto en Anta (Cusco) solicitan retiro de director El 12 de setiembre, un grupo de estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Anta - Zurite (Cusco) denunció una serie de irregularidades que se estarían produciendo al interior de esta institución educativa que habrían sido cometidas por su director Francisco Meza Monge. Una de las denuncias que le formularon era no haber informado acerca del manejo productivo de 10 cabezas de ganado vacuno raza Holstein que la comunidad campesina de San Nicolás de Bari donó al instituto para la capacitación del estudiantado. Asimismo, criticaron que el director no gestionó módulos productivos para las prácticas pre profesionales de los estudiantes. Los estudiantes y la población en general desconocen los ingresos que tiene el instituto como producto de la venta de maíz, cebada, miel de abeja, leche, ovinos, venta de toretes, entre otros, que se habrían producido bajo la venia del citado director. Sin embargo, según los estudiantes, lo más grave son las deficiencias en el aspecto académico porque sólo reciben clases teóricas, las prácticas no existen en un instituto que tiene como objetivo formar técnicos agropecuarios. Actualmente cuenta con más de 100 alumnos provenientes de las comunidades campesinas de la provincia de Anta y de los distritos de Chinchero-Urubamba y de Chumbivilcas. Por este motivo presentaron documentos a la Dirección Regional de Educación solicitando el retiro del director y la reorganización total de este instituto, sin embargo, hasta la fecha no recibieron ninguna respuesta. Estudiantes de la Universidad de Tacna exigen mejores condiciones de estudio El 19 de setiembre, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna tomaron la ciudad universitaria para exigir que las autoridades otorguen un terreno para la construcción de aulas y laboratorios para poder estudiar adecuadamente y no tener que trasladarse a salones de otras facultades ya que los alumnos de Ingeniería tienen que trasladarse a las aulas de otras facultades como Ingeniería Pesquera y Contabilidad para realizar sus Ccases. Ante la falta de respuesta de las autoridades universitarias, el día siguiente, un grupo de unos 100 estudiantes se concentró en el frontis del rectorado donde en un mitin reclamo la solución de sus demandas, manifestando que continuarán con su medida de lucha hasta que mejoren sus condiciones de estudio. El 25 de setiembre, las medidas de protesta de los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) se agudizaron con el inicio de una huelga de hambre de cuatro universitarios y la toma de la Biblioteca Central. Y además ... Profesores del Putumayo (Loreto) acatan huelga indefinida El 3 de setiembre, los profesores de la provincia de Putumayo en la región de Loreto iniciaron una huelga indefinida, exigiendo la renovación de los contratos suspendidos de 17 colegas. El alcalde del Putumayo Víctor Reátegui se solidarizó con la demanda de los maestros y criticó a la Dirección Regional de Educación que había dispuesto que, para remplazar a los profesores cuyos contratos no han sido renovados, 14 profesores nombrados que habían sido rotados regresen a trabajar en la zona. Frente a esa decisión el alcalde sostuvo que tanto estos profesores como los que les suspendieron los contratos, eran necesarios en la zona. Siete detenidos en protesta de trabajadores de construcción de Chiclayo El 5 de setiembre, en la ciudad de Chiclayo, siete personas fueron detenidas tras la protesta de unos 150 trabajadores de Construcción Civil que pidieron les den trabajo en la obra de construcción de 400 viviendas que ejecuta la empresa consultora VGS Ingenieros. Desde las 9:00 de la maņana, los manifestantes se apostaron en el kilómetro 734 de la vía Chiclayo-Lambayeque, donde queda el local de la empresa. Según los dirigentes, están pidiendo se cumplan con darles trabajo en mérito al acta de compromiso firmado en el mes de junio entre representantes de dicha empresa y los dirigentes de Construcción Civil. Al no ser atendidos sus reclamos los obreros empezaron a tirar piedras a la oficina de la empresa y se produjo un enfrentamiento con la policía que lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y detuvo a siete obreros. Trabajadores de empresa de Telefonía protestan contra falta de pago El 8 de setiembre, alrededor de 120 técnicos que laboran en la empresa H&R (Herrera y Roquel Telecomunicaciones EIRL) protestaron en el frontis de su centro de trabajo en Piura contra los abusos de parte de la empresa. Los indignados trabajadores indicaron que la empresa H&R desde abril sólo les pagaba S/.218 y debido a los reclamos que han presentado a muchos de ellos ya los han despedido de manera arbitraria. Sostuvieron que recién en agosto la empresa Cobra Perú S.A empezó a emitirles cheques por S/.595, sin embargo no los pueden cobrar ya que éstos están sin fondos. Trabajadores petroleros demandan cumplimiento de sus derechos laborales El 8 de setiembre, unos 700 personas entre trabajadores de la petrolera Petrotech y pobladores de Talara (región Piura) realizaron un plantón en las afueras de la empresa ubicada en esta ciudad en demanda de sus derechos laborales que, según Leonidas Campos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petrotech, han sido vulnerados durante los trece anos en que la empresa lleva operando en el distrito de Negritos. Mineros de Huanzalá (Huanuco) exigen aumento de remuneraciones El 9 de setiembre, trabajadores mineros de la Compaņía Santa Luisa de Huanzalá, realizaron un plantón frente a las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo en Huanuco, exigiendo una justa solución a su pliego de reclamos. Los obreros se mostraron descontentos con la oferta de la empresa de concederle un incremento del salario básico diario de sólo 2.70 nuevos soles, mientras ellos exigen un aumento de 4.90 soles diarios. Según los mineros, esa cantidad no refleja la capacidad económica de la minera, que ha aumentado sus utilidades netas, al producir concentrados de zinc y plomo. Ante esa situación, los mineros advirtieron que si no son escuchados, recurrirán a una huelga general indefinida. Los obreros perciben mensualmente entre 800 y 900 soles mensuales, sin beneficios laborales colaterales, entre los que figuran refrigerio y bonos por altura, horas nocturnas, seguros de vida. Trabajadores del Gobierno Regional de Huancavelica iniciaron huelga indefinida El 11 de setiembre, más de 150 trabajadores del Gobierno Regional de Huancavelica ingresaron a una huelga indefinida, exigiendo el cumplimiento de su pliego de reclamos, entre ellos la demanda que el presidente regional destituya a todo su personal de confianza. "Por la incapacidad de gerentes y subgerentes el gobierno regional revertirá un importante presupuesto", dijo el Ing. Juan Torres Retamozo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional Huancavelica. "En el 2006 solo un 18 % del presupuesto proveniente de diversas fuentes está comprometido y solo se ha ejecutado menos del 5 %", agregó. Además exigió que se cumpla una ordenanza que establece que los cargos directivos deben ser cubiertos por el personal nombrado de la institución, norma que se incumple privilegiando a profesionales que vienen de afuera. Transportistas de Piura marcharon en contra del Plan Regulador El 11 de setiembre, los transportistas de Piura realizaron una macha de protesta contra el Plan Regulador de Rutas, presentado por la Municipalidad. Los transportistas manifestaron su desacuerdo que con este plan la Municipalidad de Piura pretende recortar -a algunas empresas- el recorrido de 27 a 19 kilómetros; así como abrir nuevas rutas y licitar 21 rutas. En días anteriores, los transportistas organizados en el ASETURP presentaron un documento con sus observaciones responsabilizando a los propios funcionarios municipales por la saturación en las vías, por cuanto no combaten la informalidad y otorgan paraderos donde anteriormente se declaró como zona rígida. Jorge Escobar, representante de ASETURP, informó que se evalúa la posibilidad de realizar un paro indefinido con la finalidad de defender el trabajo de los piuranos que dependen de las combis de transporte urbano. Pueblo de Muņani (Puno) bloquea carreteras por retorno de cuestionado alcalde El 11 de setiembre, el distrito de Muņani, jurisdicción de la provincia de Azángaro en la región Puno, quedó incomunicado, debido a que un grupo de pobladores bloqueó la vía a Azángaro como medida de protesta en contra el avisado regreso del cuestionado alcalde del distrito, Heladio Ccori Laura. Según los manifestantes, se habían enterado que Ccori, fuertemente resguardado por el personal de la Policía de Azángaro, habría llegado a un kilómetro del distrito, pero ante la resistencia de la población habría retornado a la ciudad de Azángaro. Con bloqueo de carretera siete comunidades de Ayacucho exigen construcción de canales de agua Para exigir agua potable y de riego, así como la construcción de canales laterales al Proyecto Especial Río Cachi - PERC, el 13 de setiembre, los pobladores de siete comunidades campesinas colindantes a la ciudad de Ayacucho bloquearon una parte de la carretera Los Libertadores, utilizando inmensos árboles, piedras y hasta la carrocería de un carro cisterna. Como consecuencia centenares de vehículos particulares y de servicio interprovincial quedaron varados en ambos tramos, mientras los pasajeros tuvieron que desplazarse a pie cargando sus equipajes hasta la esta ciudad. Según los moradores de las comunidades campesinas de Rancha, Huascahura, Ccorihuillca Grande, Corrrihuillca Chico, Sacsamarca, y Mollepata, habrían sido engaņados por las autoridades antes mencionados, pues hasta en dos oportunidades colocaron la primera piedra como seņal de inicio de la obra canal de irrigación que dotaría de agua a la zona; sin embargo pasaron más de 3 aņos y nunca se hizo efectiva la promesa hecha. Enterados de los hechos, efectivos policiales, autoridades del Gobierno Regional, y de la Defensoría del Pueblo se trasladaron a los lugares bloqueados de la carretera, donde dialogaron por casi cinco horas con los delegados de las siete comunidades de la provincia de Huamanga. Luego se comunicaron telefónicamente con el Ministro de Vivienda y Construcción, Hernán Garrido Lecca, quien se comprometió enviar una comisión de alto nivel para dialogar con los campesinos para solucionar el impase. Solo así los campesinos aceptaron retirar los árboles, troncos y piedras, con el apoyo de los efectivos policiales, autoridades de la Región y de los pasajeros que retornaban de la ciudad de Lima. Tras un diálogo alterado entre los representantes de la Comisión de Alto Nivel, y los dirigentes de las siete comunidades campesinas, el 16 de setiembre se firmó el acta de compromiso en medio de la masiva participación de los moradores que quedaron satisfechos por los acuerdos arribados. En el acuerdo el director Ejecutivo del PERC Mesías Julca Trisolini se comprometió que los cuestionados funcionarios Bernabé Janampa y Franklin Ruiz no serán reincorporados. Asimismo, se afirmó la inmediata ejecución de la obra construcción del sistema de irrigación multicomunal, con un plazo improrrogable hasta el 5 de octubre del aņo en curso para el inicio de la ejecución de la obra. En otros puntos del acuerdo se aseguró la asignación presupuestal de la obra y la cantidad de agua que se dote al través del canal sub lateral Socos (Ccelloccacca) para las comunidades Rancha, Huacahura, Sacsamarca, Ccorihuillca Chico y Grande. Finalmente el representante del Ministerio de Vivienda se comprometió a incluir en el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR), para el aņo 2007 a través del programa "Agua Para Todos", a las siete comunidades. Además, la comisión de Alto Nivel se comprometió a garantizar los acuerdos del convenio. Sigue sin resolver el conflicto entre pobladores de Cora Cora (Ayacucho) y Yauca (Arequipa) por el agua de la represa Ancascocha El 15 de setiembre, se comunicó que la Comisión del Ministerio de Agricultura que viajó de Lima a Caravelí en la región de Arequipa, no logró solucionar el problema del agua que afronta Yauca, por lo que el agua de la represa de Ancasccocha continuará en poder de los pobladores de Coracora (Ayacucho) que semanas atrás cerraron la represa acusando a los campesinos de Arequipa del uso excesivo de agua. El 17 de setiembre, los campesinos de Yauca amenazaron con bloquear la Panamericana Sur, si en 72 horas el gobierno central no da solución al problema de agua que se ha generado por el cierre de compuertas de la laguna de Ancascocha por parte de los habitantes de Coracora (Ayacucho). En cabildo abierto más de 1500 personas entre pobladores y agricultores de las zonas de Jaqui, Yauca, Mochica y anexos de la provincia de Caravelí se reunieron y conformaron un comité multisectorial que viajó a la capital de la República para dialogar con el ministro de Agricultura, José Salazar. De no darse solución a este álgido problema, los pobladores acordaron que tomarán medidas de fuerza, porque la falta de agua pone en riesgo más de 2 mil hectáreas de cultivo, teniendo en cuenta que en esta época de producción se perderían sus productos como la aceituna, algodón y sembríos de pan llevar, siendo éste su único sustento de la mayoría de agricultores. Pobladores de Asillo protestaron contra de Gobierno Regional de Puno El 18 de setiembre, un grupo de dirigentes del centro poblado de Progreso, del distrito de Asillo, provincia de Azángaro arribaron hasta el Gobierno Regional de Puno, con la finalidad de reclamar que varios de sus proyectos sean incluidos en el Presupuesto Participativo del aņo 2007. El presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Asillo, Enrique Condori Ortiz, acusó al titular regional de incumplir todas las promesas que hizo en sus comunidades durante la campaņa electoral del aņo 2002. Uno de los problemas más urgentes por solucionar en ese distrito, es la construcción de la Red Secundaria de Electrificación, ya que hasta ahora sólo se hizo el sembrado de postes y los hogares no están iluminados. Los dirigentes también reclamaban la mejora de la irrigación de esa zona, así como la solución al problema de contaminación de la cuenca del río Ramis. En tal sentido, confirmaron que participarán en la paralización de 48 horas que fue convocado por el Frente de Defensa de la Cuenca Ramis, para los días 25 y 26 de septiembre. Maestros de Loreto reclaman destitución de director regional de Educación El 19 de setiembre, los docentes afiliados al Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en la región Loreto iniciaron una huelga indefinida exigiendo la destitución del director regional de Educación, Javier Iglesias Sánchez. Representantes del gremio se reunieron con el presidente de esta región, Robinson Rivadeneyra para alcanzarle sus quejas y reclamos contra el funcionario. El 22 de setiembre, los maestros anunciaron la radicalización de la huelga. Ese mismo día, decenas de profesores recorrieron las calles de Iquitos para mostrar su rechazo al proyecto del gobierno central que pretende municipalizar la Educación Primaria en el país. Grupo de ancianos protesta frente a Sala Civil y Laboral de Chimbote El 19 de setiembre, un grupo aproximado de 20 ancianos que se jubilaron con la Ley 19990 protestó frente al edificio de las Salas Civiles y Laborales de la Corte Superior de Justicia del Santa en Chimbote, exigiendo que el Gobierno central cumpla con otorgarles como pensión tres remuneraciones mínimas vitales. Con pancartas en mano, los jubilados se quejaron que pese a tener aportaciones, en muchos casos más de 30 aņos, a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y al Sistema Nacional de Pensiones, reciben mensualmente por jubilación de 300 a 400 nuevos soles. Trabajadores rechazan nueva administración judicial en empresa azucarera Tumán Un sector de los trabajadores de la empresa azucarera Tumán continuó sus protestas contra la instalación de una nueva administración de la empresa dispuesta por el 35 Juzgado Civil de la ciudad de Lima, a mérito de un proceso que interpuso Donatila Pacheco por una deuda que data del aņo 2004. El 21 de setiembre, un grupo de trabajadores protestaron en el exterior del Juzgado de Chiclayo ante la probable ejecución de medida judicial. El 22 de setiembre, continuaron sus protestas bloqueando la puerta del juzgado con tres tráilers cargadores de caņa de azúcar. La presencia de los trabajadores hizo que personal del Juzgado decidiera no laborar y mantenerse a buen recaudo. El 25 de setiembre, más de un centenar de trabajadores de la empresa Tumán, volvieron a protestar en los exteriores de la Sala de Derecho Constitucional -en la Urbanización Santa Victoria en Chiclayo. SUTACE Piura inició huelga indefinida El 26 de setiembre, cerca de 350 afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos (SUTACE) de Piura iniciaron una huelga indefinida y salieron a las calles para alzar su voz de protesta exigiendo el pago de los estímulos económicos de educación y la asignación especial de costo de vida según el Decreto de Urgencia N°. 012. Personal de administración, guardianía, secretaría, auxiliares, limpieza y guardianía de colegios públicos e institutos superiores de Piura, Huarmaca, Huancabamba, Sechura y Catacaos, se congregaron en la plaza Miguel Cortez, para luego marchar hacia la sede del Gobierno Regional. Carlos Masías Chiroque, secretario departamental del SUTACE, sostuvo que hasta el mes de julio la Dirección Regional de Educación, les reconocía el pago de 50 soles porque existia una orden judicial, sin embargo desde julio suspendieron esa cancelación. Los dirigentes de los huelguistas fueron recibidos por el gerente general, y gerentes regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y de Asesoría Jurídica los mismos que sostuvieron que la aplicación de la resolución 029-2006 sentencia judicial, será sometida a consulta aclaratoria por parte de la autoridad judicial que emitió el fallo, por cuanto existe ambigüedad entre los considerandos y la parte resolutiva. Rutas de transporte y luz eléctrica para el Cono Norte de Arequipa Después de tres días de protestas, el 29 de setiembre, los pobladores del Cono Norte de Arequipa lograron que la Sociedad Eléctrica de Arequipa (SEAL), se comprometa a electrificar los asentamientos humanos de Las Flores, Pedro P. Díaz, Villalobos Ampuero y El Altiplano, tres de los últimos barrios marginales que no contaban con el servicio por más de 17 aņos. Igualmente, en la Municipalidad Provincial de Arequipa se logró la ampliación de ruta de la empresa de transportes Santa Isabel para el área central. Asimismo, con el Gobierno Regional aperturaron el diálogo a través del cual harán los contactos con el Gobierno Central para exigir los S/. 100 millones para obras de agua y desagüe.