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JULIO DE 2006
Huelga nacional indefinida de los trabajadores administrativos de Educación
Los integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (FENTASE) continuaron acatando la huelga nacional indefinida, iniciada el 21 de junio, para exigir un aumento de salario y el reembolso de una bonificación que se les otorgó durante el gobierno de Fujimori y que nunca fue pagada.
A consecuencia, durante semanas el servicio de limpieza, de biblioteca y la atención administrativa en escuelas y colegios se quedaron suspendidos. La medida fue acompaņada por constantes movilizaciones que se fueron radicalizando de manera que transcurrieron los días sin visos de solución a sus demandas.
Con ollas y sartenes vacías en seņal de su difícil situación económica, el 3 de julio, decenas de trabajadores del Frente de Trabajadores del sector Educación, marcharon por el centro de Huancayo hasta la sede del gobierno regional, exigiendo una solución a sus demandas. El 4 de julio, los trabajadores del sector Educación afiliados al SITME San Román se movilizaron por diferentes arterias de Juliaca y anunciaron que radicalizarán sus protestas, incluso alterando el orden público en caso de no ser escuchados. Ese mismo día, los trabajadores administrativos del sector Educación de Huancayo bloquearon con piedras y palos por espacio de media hora el ingreso a dicha ciudad, obligando a los pasajeros de los buses interprovinciales a desplazarse a pie hasta sus respectivos destinos. El 5 de julio, los trabajadores administrativos del sector Educación de Ayacucho tomaron el local de la Dirección Regional de Educación. La toma se produjo a las siete de la maņana, cuando un piquete de huelguistas forcejeó con el miembro de seguridad que resguardaba la puerta, posesionándose del local de la DREA. A las 8:30 de la maņana el resto de huelguistas se sumó a sus compaņeros para hacer notar sus demandas con mayor fuerza. Cerca de las 12:30 de la tarde, luego de dialogar con los funcionarios de la institución, los sindicalistas se retiraron pacíficamente. En Trujillo, los administrativos de las instituciones educativas hicieron un plantón en la plaza de armas para exigir la solución de sus demandas.
El 11 de julio, un grupo de administrativos de la Dirección Regional de Educación de La Libertad fue reprimido por la policía cuando tomaron el local de la Prefectura regional en Trujillo para hacer escuchar su voz de protesta. Una manifestante herida era el saldo de un violento enfrentamiento entre la policía y un grupo de trabajadores administrativos del sector Educación cuando, el 12 de julio, los trabajadores en huelga tomaron por unas horas la sede del gobierno regional de Ica.
El 17 de julio, los trabajadores administrativos del sector Educación protagonizaron una airada protesta en el frontis de la sede del Gobierno Regional de Tacna, expresando su rechazo que aún después de 21 días de paralización indefinida sus demandas no fueron solucionadas pese a existir un acta de compromiso por parte de las autoridades regionales. Con quema de llantas que provocaron una gran humareda, los manifestantes impidieron la atención del público, ya que obligaron a los trabajadores del gobierno regional a cerrar las puertas de dicha institución. Ariel Vergara Pilco, secretario de defensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Educación (SITRADE), seņaló que la demanda del gremio es el pago de dos nuevos soles diarios por concepto de comedor, requerimiento que no fue solucionado por falta de presupuesto. Es por ello que confiaron en que las autoridades regionales puedan resolver el problema, sin embargo a casi un mes de paralización no hay visos de solución, por lo que el gremio radicalizaría su protesta amenazando incluso con tomar la sede del gobierno regional. En Huancayo, los huelguistas del Sindicato de Trabajadores del sector Educación durante una marcha por las calles de la ciudad se atrincheraron en el local del Arzobispado e intentaron tomarlo, pidiendo la mediación de monseņor Pedro Barreto Jimeno ante la indiferencia del Gobierno Central de acoger sus demandas laborales. Sin embargo, cuando efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la policía acudieron a la zona premunidos de escudos y bombas lacrimógenas, decidieron abandonar el local y marchar hasta el Gobierno Regional. Ese mismo día, los trabajadores de Educación de Huancavelica que, el 4 de julio, en forma tardía se habían plegado a la huelga nacional, realizaron una marcha por las calles de la ciudad. El 19 de julio, un numeroso grupo de servidores administrativos de educación tomaron posesión del local de la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo. Los trabajadores manifestaron su rechazo a un aumento de 50 Soles dispuesto por el gobierno a través de un Decreto de Urgencia, calificando el monto como un aumento irrisorio.
Luego de que la dirigencia nacional del FENTASE firmó un acta con representantes del Ministerio de Educación, a través del cual aceptó el aumento de 50 nuevos soles por mes, el 21 de julio, se suspendió la huelga nacional indefinida de los trabajadores administrativos de educación. Si bien se sujetaron a la decisión del gremio nacional, las bases de diferentes lugares manifestaron su posición de rechazo a este monto que no cubre sus expectativas; sin embargo, lo consideraron como importante avance que obtuvieron el compromiso que el nuevo gobierno buscará una solución a sus demandas.
Paro nacional agrario contra el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU.
A pesar de que el Congreso ya ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el 4 de julio, los gremios agricultores de veinte departamentos realizaron un paro nacional convocada por la Coordinadora de Lucha Contra el Tratado de Libre Comercio para exigir la renegociación del convenio y compensaciones para la agricultura nacional.
Según Germán Altamirano, coordinador del Comité Unitario de los Gremios Agrarios del Perú, el TLC daņará a más de 15 productos sensibles, además de otros sectores, como salud y educación. "En el sector agrario seríamos afectados más de 7 millones de microproductores, pues los productos americanos que gozan de subsidios nos quitarán mercado", afirmó. Para que el acuerdo entre en vigencia a partir del 1° de enero de 2007, debe ser ratificado por el Parlamento de Estados Unidos antes del 28 de julio.
Durante la jornada de protesta, muchos miles de agricultores, trabajadores y estudiantes salieron a las calles y bloquearon vías en Áncash, Ica, Arequipa, Puno, Cusco, Junín, Huánuco, Tumbes y Lambayeque. En el distrito de Santa (Áncash), desde las primeras horas de la maņana, unos 500 campesinos impidieron el tránsito de los ómnibus y camiones a la altura del kilómetro 445 de la carretera Panamericana Norte. Los manifestantes quemaron llantas y arrojaron piedras en la vía. También hubo movilización y bloqueo de vías en Chimbote. Lo mismo sucedió en la carretera Panamericana Sur, a la altura de Pisco, por obra de los algodoneros. Mientras tanto, en Chincha, agricultores tomaron un puente impidiendo todo paso por el lugar. En el Cusco, en la madrugada, campesinos bloquearon la carretera Cusco-Puno entre la zona de Combapata y Llanaoca, en la provincia de Canchas, y una vía interna del Valle Sagrado de los Incas, en el sector de Huarán. Los campesinos realizaron también un mitin en la ciudad del Cusco. En Puno, los huelguistas bloquearon con piedras y llantas la vía Puno-Juliaca. También las carreteras hacia la provincias puneņas de Sandia y Carabaya fueron bloqueadas y el transporte interprovincial hacia Moquegua, Tacna, Arequipa y Cusco quedó suspendido. En Arequipa, los manifestantes interrumpieron por unas horas la vía hacia el cono norte de esta ciudad y anunciaron que bloquearán la carretera en la zona de El Alto Pedregal, en el valle de Majes. En Tumbes, los productores arroceros se enfrentaron a los efectivos de la Policía Nacional, quienes tuvieron que usar la fuerza para dispersar a los manifestantes del kilómetro mil 258 y mil 262 de la carretera Panamericana Norte, los cuales bloquearon con palos y llantas. En la ciudad de Chiclayo fueron los estudiantes universitarios quienes marcharon en contra del acuerdo comercial con Estado Unidos. En la sierra central, varios caminos en Huancayo y Huánuco fueron interrumpidos. El mismo panorama se presento en Ayacucho donde especialmente en la provincia de Huanta la paralización fue total.
Protesta de los trabajadores del sector Salud
Los trabajadores del sector Salud prosiguieron su lucha por mejoras salariales y el nombramiento de los contratados que, meses atrás, fue reglamentado por ley pero que no se cumple por la falta de presupuesto.
El 3 de julio, los trabajadores contratados de los distintos centros de salud de Ayacucho, realizaron una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad, finalizando en el frontis del Gobierno Regional de Ayacucho, donde solicitaron al presidente Omar Quesada Martínez, a que intermedie en la solución de sus distintos problemas. Julio César Alarcón Gonzáles, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, reclamó que la Dirección Regional de Salud cumpla con el nombramiento de los trabajadores contratados con una antigüedad de cuatro aņos como dispone la ley. Además lamentó que la Dirección Regional de Salud pretende destinar solamente para el personal nombrado el presupuesto de 2 millones de soles llegado para el sector, mientras se quiere rebajar la remuneración de los contratados a un monto de 400 soles por mes.
El 7 de julio, los trabajadores del sector Salud acataron un paro preventivo nacional de 24 horas, pidiendo que se reconozca la ley 28750 que autoriza el crédito suplementario destinado a aumentos salariales de los trabajadores del sector. Los técnicos, auxiliares administrativos, enfermeras y obstetrices se concentraron en la puerta del Ministerio de Salud en Lima, pero no estuvieron solos pues al interior de la sede todos los empleados decidieron cerrar las puertas y protestar. Como afirmó el dirigente sindical Domingo Cabrera, el pasado 29 de junio la ministra Pilar Mazzetti emitió el decreto de urgencia 011-2006, en el cual se retracta de pagarles lo que la ley 28750 les otorga".
El 12 de julio, una toma de local del el personal administrativo provocó la paralización de labores en la Dirección Regional de Salud de Chiclayo. Los trabajadores recurrieron a esta medida para expresar su rechazo que el dinero del Comité Administrativo de Fondo Asistencial y Estímulo (CAFAE), que les pertenece por ley sería otorgado al personal asistencial de esta institución, según indicó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la sede regional de Salud en Lambayeque, Nelson Rodríguez Zatta.
El 20 de julio, los miembros de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) que representa los 90 mil trabajadores del sector, entre nombrados, contratados y cesantes a nivel nacional, realizaron un nuevo paro nacional de 24 horas. La principal demanda era que se otorgue el presupuesto para el nombramiento de los trabajadores contratados. Además exigieron que la Asignación Extraordinaria de Trabajo Asistencial (AETAS) y productividad pasen a ser pensionables, la nivelación de los incentivos laborales a nivel nacional y la derogatoria de la Ley Marco del Empleo Público, entre otras demandas.
El 21 de julio, un grupo de profesionales no médicos, protestaron en la puerta del Gobierno Regional de Arequipa para exigir su nombramiento. Mariela Muņoz Fernández, presidenta de dicha Asociación perteneciente al Ministerio de Salud, dijo que este personal viene laborando desde hace 10 aņos y aunque hace un mes fue publicado en el diario oficial El Peruano una resolución que declaró aptos para nombrar a los 800 profesionales, la región aún no cumple. La razón, según les indicaron, es la falta de presupuesto, ya que mensualmente se requeriría de S/.10 millones. La dirigente, solicitó al gobierno regional hacer las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que apruebe la partida correspondiente.
Continuaron las protestas de los estudiantes de universidades e institutos superiores
En el mes de julio, los estudiantes de diferentes universidades estatales e institutos superiores volvieron a movilizarse para protestar contra irregularidades de las autoridades universitarias, pedir más docentes mejor calificados y exigir que se cumpla con su derecho de participar en la selección de sus docentes.
El 4 de julio, los estudiantes tomaron el local del pabellón de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) de Cerro de Pasco. Con la medida de protesta los alumnos exigieron la renuncia de cuatro docentes, entre ellos el retiro definitivo del Ing. Ángel Núņez Meza por la presunta corrupción que existe en esa facultad y la falta de metodología y el maltrato psíquico que desarrollaría el docente en contra de los alumnos. La medida de lucha fue apoyada por el Frente Cívico cuyos representantes participaron en una marcha de protesta de los estudiantes por las calles de Yanacancha, exigiendo al rector de la UNDAC, Dr. Santos Blanco Muņoz, que escuche el pedido.
Ese mismo día, los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Chiclayo, tomaron uno de los pabellones de la facultad en protesta contra el decano Jonás Godoy Gonzáles, a quien acusan de irregularidades en su gestión y tratar de favorecer a gente de su entorno. El pabellón fue cerrado con cadenas y candados y unos 20 jóvenes manifestaron que permanecerán ahí hasta que el decano les de una solución viable. Víctor Boja Caja, secretario general del Centro Federado de Administración, seņaló que conversaron con el rector de la UNPRG ante los problemas suscitados en la facultad como la pérdida de siete proyectores multimedia de un valor de más de 23,000 dólares, sobre la cual el decano no se pronunció. Además, denunció que, pese a que la Asociación Peruana de Estudiantes de Ciencias Administrativas de la Región Norte (Apeca) es la única encargada de avalar las actividades de estudiantes, el decano sacó una comisión paralela para organizar un congreso de estudiantes en la UNPRG, y el presidente de esa comisión es Martín del Cuadro Vega, quien pertenece a la agrupación política del decano.
El 5 de julio, estudiantes, docentes y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Ilave (Puno), realizaron medidas de protesta contra la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), la Dirección Regional de Educación y el gobierno regional Puno, acusándolos de ser los causantes de la invasión de sus terrenos por parte de sus vecinos del Cetpro-Ilave, que con financiamiento del gobierno regional y el visto bueno de la UGEL-El Collao-Ilave y la DREP estaría levantando una moderna construcción en lo que consideran sus parámetros. Durante una marcha en las calles de Ilave, los alumnos y docentes sustentaban también otras demandas, entre las que figuraban la reorganización del instituto y el cuestionamiento de la calidad educativa y la contratación de docentes por especialidad. Al respecto, el director admitió que ello era cierto pero que debido a la falta de recursos se veían impedidos de efectuar dichas contrataciones.
Con la toma del control de las diversas facultades, el 11 de julio, los alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Iquitos radicalizaron su medida de protesta contra la permanencia en el cargo del rector, Germán Collazos Saldaņa, contra quien pesan una larga serie de denuncias. Collazos es acusado, principalmente, de la adquisición de terrenos sobrevaluados por más de un millón de nuevos soles lo cual ha concitado también el rechazo de los docentes, quienes incluso convocarían a una huelga general indefinida. A la radical medida se han sumado también los alumnos indígenas quienes desde meses atrás reclaman un trato digno por parte de las autoridades académicas.
El 17 de julio, los estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) tomaron la sede principal de esta casa superior de estudios para exigir a las autoridades les permitan participar en la selección de sus docentes, como lo establece el decreto de urgencia 033-2005 que faculta a los alumnos para tomar parte en la elección de catedráticos, en un 10% del puntaje total. La medida se tomó después de una plenaria convocada por los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Mientras que el rector de la universidad había viajado a Lima para sostener reunión en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el 20 de julio, los representantes de los centros federados de la UNSAAC reafirmaron su decisión de continuar con la medida de fuerza hasta que su principal pedido, la anulación del proceso de contratación de docentes, se haya cumplido.
Luego de 15 días de mantener tomada la universidad, el 30 de julio, unos 2000 de estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco se enfrentaron con la Policía en el frontis del rectorado donde se habían congregado para demandar la renuncia del rector encargado Guillermo Ugarte Berrío, a quien acusan de no cumplir con la resolución académica 036, que otorga el 10 por ciento de la representatividad del estudiantado en la Comisión de Nombramiento de Docentes. El incidente se produjo cuando cerca del mediodía, 30 alumnos lograron ingresar por la fuerza al rectorado, siendo desalojados por la Policía con bombas lacrimógenas, hecho que produjo que cuatro estudiantes presentaran síntomas de asfixia. Al término de las protestas, Ugarte Berrío se reunió con un grupo de dirigentes estudiantiles a quienes les comunicó que la norma que solicitan, aún no está en vigencia, por lo que el reciente proceso de nombramiento de docentes es transparente y no será anulado. Asimismo, el titular universitario seņaló que, como rector interino, no puede renunciar. En la noche, se produjo otro enfrentamiento, cuando un grupo de matones contratados por las autoridades universitarias trataron de desalojar a los estudiantes de las instalaciones de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. En el enfrentamiento se detuvieron a 35 personas y otras 24 quedaron heridas. El local de la universidad continuaba tomado por los estudiantes, quienes anunciaron que no desistirán de su protesta hasta que las autoridades atiendan sus reclamos.
El 17 de julio, alrededor de 200 alumnos de todos los semestres, tomaron las instalaciones del Instituto Superior Pedagógico Gamaniel Blanco Murillo de Cerro de Pasco, exigiendo a la directora regional de Educación de Pasco, María Guillén, la destitución de la directora del Instituto por ser una persona prepotente y autoritaria. Asimismo solicitaron que se rebajen los costos de la matrícula y que las decisiones que se tomen no sean de manera unilateral sino consultando al Consejo Estudiantil. Luego de un diálogo se determinó realizar una reunión entre las partes afectadas para tratar de solucionar el problema. Después de los acuerdos tomados en una reunión entre los representantes de los estudiantes y la Dirección Regional de Educación de Pasco, el 19 de julio, los alumnos decidieron dejar la toma de local. En la reunión se determinó conformar en forma extraordinaria la comisión especial de evaluación, a fin de investigar las denuncias presentadas. Asimismo, se acordó verificar si el órgano de dirección, docentes, servidores administrativos del instituto se desempeņó con honestidad, eficiencia y vocación de servicio durante la gestión pedagógica y administración institucional de los aņos 2005 y 2006.
El 25 de julio, los alumnos del tercer y primer semestre de la escuela profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco tomaron las instalaciones de la facultad de Educación para exigir que se atienda sus demandas. Los alumnos manifestaron que en varias oportunidades a través de documentos y memoriales solicitaron al decano y autoridades universitarias que contraten profesores de especialidad, también pidieron contar con una biblioteca especializada, aulas fijas en la facultad y ahora se suma el retiro de dos docentes invitados, quedándose sin docentes.
Y además ...
Comuneros toman obra de Gobierno Regional de Huanuco en Huacaybamba
Exigiendo la contratación de personal de la localidad para que labore en la construcción del canal de irrigación que ejecuta el gobierno regional en la provincia de Huacaybamba, el 3 de julio, más de 300 enardecidos pobladores de las comunidades de Bello Horizonte e Izara, tomaron el campamento de los ingenieros y se instalaron en el lugar decididos a mantenerse allí hasta que autoridades de la región viajen para solucionar el problema. La obra se inició en el 2002 y hasta el momento no se culmina por la geografía accidentada y el alto costo de materiales por la distancia. El 5 de julio, los comuneros mantuvieron como rehén por más de tres horas a dos trabajadores de la municipalidad de Hucaybamba quienes luego fueron liberados. En un documento enviado al alcalde provincial y al fiscal de esa localidad, los manifestantes acusaron al gerente de la subregión Huánuco, Saúl Tarazona, de ser el responsable de que por espacio de cuatro aņos los lugareņos fueron objeto de burla y nunca fueron considerados en la obra.
Pobladores del Collao (Puno) bloquearon Panamericana Sur
Con el bloqueo de carreteras y marchas de protesta, los días 3 y 4 de julio, los habitantes del Collao en Puno acataron un paro regional de 48 horas convocado por el Frente Amplio Cívico de esta provincia. La medida de fuerza sirvió para rechazar el monopolio de dos empresas de transporte que cubren la ruta Ilave-Puno, así como para demandar la reorganización de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia y del Instituto Técnico Superior Publico Ilave, además de la nulidad del D.S.003-2006, que creó la Reserva Nacional Aymara-Lupaca, la rehabilitación de la vía Ilave-Desaguadero y la conclusión de la vía Ilave-Mazocruz. De igual modo, los organizadores de la protesta condenaron la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, y declararon traidores a los 25 congresistas del APRA que avalaron la aprobación del documento. La medida de protesta fue contundente. Los manifestantes bloquearon el puente Ilave y varios tramos de la carretera Puno-Desaguadero. Asimismo, en Ilave hubo un cierrapuertas general de los centros de comercio y se suspendió las labores escolares en esa localidad puneņa. En el segundo día de paralización se sumaron varias comunidades campesinas, que desde tempranas horas bloquearon la carretera Puno-Desaguadero, con piedras y guano. A diferencia del primer día, esta vez no hubo servicio de transporte desde Puno a Ilave y viceversa, porque los transportistas paralizaron totalmente. La jornada de lucha culminó con una masiva concentración en la plaza de armas de Ilave, donde los pobladores de los tres distritos acordaron otorgar un plazo de 15 días al Ejecutivo para que atienda sus reclamos.
Sigue el conflicto en las Unidades locales de Educación de Julcán y Santiago de Chuco (La Libertad)
Luego de varias semanas de mantener tomados las sedes de las Unidades de Gestión Educativa (Ugel) de Julcán y Santiago de Chuco (La Libertad) en protesta contra la falta de ejecución de las recomendaciones de la comisión investigadora, el 4 de julio, un grupo de profesores partió a Lima para presentar al Ministro de Educación las pruebas sobre las irregularidades cometidos en estas entidades. Como denunció la subsecretaria del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Flor De La Cruz Pereda, el presidente regional, Homero Burgos Oliveros, protege a sus directores pese a que la comisión que evaluó todas las pruebas los ha encontrado responsables de múltiples actos irregulares entre los que están la indebida contratación de personal.
Trabajadores de PETROPERU paralizan operaciones por Ley de Fortalecimiento
El 4 y 5 de julio, con la paralización de sus actividades en las refinerías de Talara, Conchán, y el oleoducto Piura e Iquitos, los miembros del Sindicato de Trabajadores de Petróleos del Perú-Operaciones Oleoducto acataron un paro preventivo de 48 horas para exigir al Congreso la aprobación de la ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú que, según este gremio, le daría las herramientas necesarias a la petrolera estatal para hacerla más rentable y competitiva, y derribar las trabas que hoy le imponen el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El secretario general del Sindicato Oleoducto, Evin Querevalú, informó que por no contar con autonomía económica y administrativa, Petroperú enfrenta actualmente una vertiginosa pérdida del mercado de combustibles que la debilitan y desestabilizan. Según explicó, el 4 de abril la transnacional Repsol, por intermedio de su subsidiaria Recosac, compró ochenta grifos y otros activos de Mobil, principal cliente de Petroperú hacia donde iba el 22% de sus ventas diarias. Con esa operación que calificó de irregular, Querevalú estima que la industria nacional dejará de percibir ingresos por US-$ 600 millones anuales; además de convertir a Repsol en un monopolio con control sobre la cadena productiva de exploración y producción y transporte, refinación, distribución, almacenamiento y comercialización. Por esta razón, los trabajadores también exigieron al FONAFE que vete esa venta de grifos, haciendo uso de la "acción dorada" que tiene el Estado, y evite la integración vertical de Repsol que distorsiona el mercado de combustibles.
Pobladores de Pucará (Puno) piden que JNE se pronuncie sobre vacancia de alcalde
Los días 5 y 6 de julio, los pobladores del distrito de Pucará - Lampa (región Puno), acataron un paro de 48 horas, solicitando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirme la vacancia del alcalde distrital Luis Ccama Quispe, conforme fue aprobado en sesión de consejo. Los manifestantes exigieron que el defensor del Pueblo, el presidente y el prefecto regional se acerquen al lugar para dialogar y respaldar su demanda. Durante su protesta, más de 200 manifestantes con piedras, rocas y botellas rotas bloquearon la carretera que une Juliaca con Cusco. Cuando un contingente policial trató de despejar la vía, los manifestantes se enfrentaron con piedras y palos a los policías quedando un efectivo herido.
En Día del Maestro jubilados salieron a reclamar sus derechos
El 6 de julio, en el Día del Maestro, los profesores jubilados y cesantes agrupados en la Asociación de Docentes Cesantes y Jubilados a nivel nacional se movilizaron para protestar contra el abandono en el cual están sumidos por el gobierno. Entre sus demandas, los jubilados exigieron: aumentos de pensiones que se encuentran congelados, la nivelación de los derechos pensionarios, reorganización de EsSalud, ampliación del Fonaphu. Los ex trabajadores manifestaron su rechazo al gobierno de turno que con la Ley 20530 les recortó sus derechos pensionarios.
Madres integrantes de los comités del "Vaso de leche" exigen aumento de presupuesto
El 6 de julio, la marcha de aproximadamente unas seis mil madres de familia, integrantes de los comités del "Vaso de Leche" generó gran congestión vehicular en el Centro de Lima. Con la movilización las madres demandaban al gobierno un aumento del presupuesto para dicho programa. Las manifestantes se desplazaron por las diferentes avenidas del Cercado de Lima para concluir la protesta frente a la sede del Congreso de la República, donde realizaron un plantón.
Obreros de construcción civil del Cusco denuncian existencia de dobles planillas
En el Cusco, el 7 de julio, los trabajadores de construcción civil salieron a las calles en una nueva jornada de protesta para exigir a las autoridades de los gobiernos regional y local, el cumplimiento de las escalas de pago a los trabajadores. El secretario de defensa del gremio, Wilber Condori, seņaló que el Gobierno Regional Cusco y la Municipalidad Provincial no están cumpliendo con pagar los 1200, 1150 y 1050 soles, que deben ganar un operario, oficial y peón, respectivamente y que en realidad vienen percibiendo sueldos de 900, 780 y 700 soles respectivamente. Condori, seņaló que en la obra de construcción del estadio Garcilazo de La Vega, se logró detectar la presencia de dos planillas de pagos de salarios. Explicó que los trabajadores eran contratados por un determinado monto que es lo que reciben al momento de cobrar, pero al firmar las planillas figuran otras sumas más elevadas. El secretario manifestó también que en las obras de la comuna provincial, los ingenieros están condicionando a los trabajadores a que trabajen con sus propias herramientas, tales como picos, palas carretillas, entre otros. Además los obreros seņalaron que en las obras de la región y de la comuna no se cumple con la aplicación de la norma E-120, la cual estipula los estándares de seguridad que los trabajadores deben cumplir.
En Puerto Pizarro (Tumbes) pescador muere durante protesta contra langostinera
El 8 de julio, cientos de pobladores de Puerto Pizarro (Tumbes) intentaron tomar la comisaría de la zona y quemaron parte de la infraestructura de la langostinera San Martín, durante las protestas efectuadas contra dicha empresa por el inicio de una construcción en una zona prohibida. En los enfrentamientos el pescador Zoilo Huertas Correa (45) falleció tras recibir un disparo en el pecho y otros cuatro pescadores resultaron heridos. En tanto, la delegación policial terminó con las puertas, ventanas y el mobiliario destrozados. La población protestó porque la empresa edificaba su planta a solo cien metros de la zona poblada y pese al cierre dispuesto por el municipio provincial por la falta de licencia de funcionamiento. Ellos seņalaron que la obra los dejaba en desventaja ante una inundación. Además, el lugar donde la compaņía levantaba sus muros ha sido catalogado zona de expansión urbana. Tras una reunión entre el prefecto de Tumbes, Hernán Carrasco, el alcalde Miguel Calle, el general Benavides y representantes del gobierno regional, de las organizaciones vecinales y del Sindicato de Pescadores, se llegó a un acuerdo para destruir los muros levantados por la langostinera, y así suspender la medida de fuerza. Entre los puntos acordados figuraban, además, anular la autorización que el Ministerio de la Producción otorgó a la empresa para la crianza de langostinos y cambiar al personal policial de Puerto Pizarro.
Trabajadores de las direcciones regionales de San Martín reinician huelga indefinida
El 10 de julio, los trabajadores de las direcciones regionales de San Martín volvieron a la huelga indefinida ante el incumplimiento del Gobierno Regional del pago de sus devengados por racionamiento y movilidad a partir de mayo pasado. Según manifestó el dirigente sindical, Jorge Luis Bardales, "el presidente regional, Julio Cárdenas, es un mentiroso y es el único responsable que los trabajadores de la región paralicen nuevamente, pues, firmó documentos que a la fecha no los cumple, mostrando una gran falta de respeto e irresponsabilidad hacia la clase trabajadora".
En Yauyos docentes toman local y retienen a funcionarios
Al mediodía del 11 de julio, unos cien profesores que laboran en media docena de centros educativos de cuatro distritos de Yauyos irrumpieron en el local de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), y retenían al director de esta dependencia, Aníbal Bohórquez Fuertes, así como a 28 trabajadores y funcionarios que laboran en esta sede. En su airada protesta, los maestros exigieron a las autoridades de Educación que suspendan la pretendida rescisión de sus contratos, así como el proceso de reducción de personal que emprendió esta dependencia el pasado mes de marzo. La provincia de Yauyos se ubica a unos 140 kilómetros al este de Caņete en la región Lima.
Pobladores de Lampa (Puno) piden demandar a minera CIEMSA por contaminación
El 11 de julio, el consejero regional de la provincia de Lampa, Roberto Ramos, exigió al gobierno regional de Puno iniciar una demanda penal contra el Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. (CIEMSA) El Cofre, por su responsabilidad en la contaminación de los ríos Paratía, Santa Lucía y Cabanillas. Ramos advirtió que más de tres mil comuneros corren peligro de intoxicación a consecuencia del desborde de casi 15.000 metros cúbicos de relaves en los citados afluentes del Lago Titicaca. De igual modo, consideró que el Ejecutivo debe disponer la paralización inmediata de las operaciones que desarrolla CIEMSA como sanción por la irresponsabilidad cometida. Un grupo de autoridades llegó a Paratía para verificar los trabajos de contingencia que efectúa la empresa y evitar el avance de la contaminación. Allí los moradores criticaron a las autoridades porque consideraron que no hicieron nada para impedir que el relave se extienda varios kilómetros, poniendo en riesgo a unas 8 comunidades asentadas en la ribera del río. El subgerente del Comité Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional, José Marón Vásquez, afirmó que si se comprueba que los relaves mineros que se rociaron al río Paratía están compuestos por mercurio y cianuro, este centro minero podría ser cerrado. Mientras tanto, funcionarios de Ciemsa reconocieron su responsabilidad y prometieron acciones para mitigar los efectos del relave.
Durante una primera reunión entre los comuneros de las zonas bajas de la provincia de Lampa (Puno) y los representantes de compaņía CIEMSA El Cofre que se llevó a cabo el 14 de julio, miles de comuneros de la irrigación Cabanillas, Maņazo y otras zonas de la provincia, afectadas por la contaminación minera producida por la fuga de relaves de la minera, amenazaron con paralizar las operaciones de esta empresa. Luego de largas horas de discusión no se llegó a concretar acuerdo alguno. Los comuneros exigieron la presencia de las autoridades regionales y del propietario de la mina; por su parte, los delegados de CIEMSA indicaron que ellos no tenían poder de decisión para ofrecer soluciones al daņo generado.
El 31 de julio, los pobladores del distrito de Cabanillas volvieron a realizar una protesta de 24 horas contra la contaminación de los ríos de la zona por relaves mineros. Como parte de la protesta piquetes de manifestantes bloquearon la carretera Juliaca-Arequipa desde las 6 de maņana. Pese a que un contingente de efectivos policiales de Juliaca llegó al lugar, con el fin de disuadir a los manifestantes que depusieran su actitud, éstos recién al mediodía accedieron a reabrir el paso a los vehículos que quedaron varados, pero solo de manera restringida.
Trabajadores judiciales cumplen paro nacional de 48 horas
Frente a la demora en la expedición del Decreto Supremo por parte de la Presidencia de la República para el pago del incremento remunerativo de 200 nuevos soles y otros beneficios acordados, el 12 y 13 de julio, los empleados del Poder Judicial acataron un paro nacional de 48 horas. En Lima, el paro fue acatado de manera parcial. Sólo unos 500 trabajadores de la Corte Superior de Justicia dejaron sus labores a un lado para protestar en las afueras del local, situado en la avenida Abancay. Mientras tanto, en el interior del país los trabajadores acataron de manera mayoritaria la medida de lucha.
En Tacna jubilados realizan plantón pidiendo mejores pensiones
El 12 de julio, más de 30 cesantes y jubilados de diferentes sectores del Estado realizaron un plantón en la sede del gobierno regional de Tacna pidiendo la mejora de sus pensiones que se encuentran congeladas por parte del Ejecutivo. El secretario de organización y disciplina de los cesantes y jubilados de Educación, Javier Lira Andrade, aclaró que la medida se dirigía contra el gobierno central, puesto que desde el 23 de marzo no publica el reglamento que permitiría el aumento de sus pensiones. Explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debieron elaborar el reglamento, según el D.S. 2871, para mejorar el nivel de las pensiones. Lira seņaló que actualmente un maestro nombrado percibe más de mil nuevos soles y un cesante se quedó en 600 soles.
Realizan plantón frente a empresa Majaz
El 12 de julio, dirigentes y representantes de las provincias de Piura y Cajamarca, quienes llegaron a Lima en días anteriores, realizaron un plantón al frente del local de la empresa minera Majaz en Lima para reiterar su rechazo de la actividad de esta empresa en las zonas altas de la provincia de Huancabamba. El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Wilson Ibáņez, indicó que su protesta tenía la finalidad de entregarles un documento en el que piden aclarar su posición legal y cesar el hostigamiento a las autoridades comunales. Ibaņez mencionó que la empresa es responsable de la muerte y desaparición de dos campesinos y de los disturbios en un forum del 21 de mayo, así como de otros actos de violencia contra la población.
Alcaldes de Pacasmayo inician huelga de hambre
El 13 de julio, los alcaldes de nueve centros poblados de la provincia de Pacasmayo (La Libertad) iniciaron una huelga de hambre para demandar la pronta transferencia de competencias y recursos económicos. La medida de fuerza era acatada por los burgomaestres de Ciudad de Dios, Berdún, Limoncarro, El Progreso, San Martín de Porres, Portada de la Sierra, Pagadnamú y La Calera, quienes llegaron a la capital de la provincia en una marcha conjunta. El presidente de la Asociación de Consejos Municipales, Gonzálo Sánchez Malca, indicó que sus reclamos ante el consejo provincial no han sido atendidos por lo que se acordó llevar a cabo esta huelga. Algunas mujeres se sumaron a la protesta y se anunció la llegada de los alcaldes de San Martín de Porres y El Progreso, que seguirían los pasos de sus colegas.
Mineros bloquearon por varias horas la Carretera Central
En la madrugada del 17 de julio, trabajadores mineros y pobladores de San Mateo de Huanchor, bloquearon por varias horas la Carretera Central a la altura del Km. 90 en protesta contra el anunciado cierre de minas que determinó en Ministerio de Energía y Minas. Luego de varias horas de protesta, la Policía Nacional que llegó al lugar despejó la vía permitiendo que a los centenares de vehículos de transporte interprovincial de pasajeros y carga, así como vehículos particulares que se encontraban varados, puedan continuar sus destinos hacia la capital o hacia las ciudades de centro del país.
Agricultores algodoneros de Lambayeque reclaman pago de incentivos
El 17 de julio, los agricultores algodoneros del departamento de Lambayeque realizaron un plantón frente a la Dirección Regional de Agricultura para exigir que el gobierno cumpla con el pago de los incentivos prometidos a los algodoneros formales en septiembre del aņo 2005. Según Leoncio Navarrete Moreno, presidente de la Asociación Regional de Productores Algodoneros de Lambayeque, ha llegado un presupuesto para que se pague a una lista conformada por 702 agricultores algodoneros. Los agricultores exigieron que inmediatamente se haga efectivo el pago y que se elabore una nueva lista, ya que el número de los algodoneros formales asciende a 1,128.
En Arequipa camioneros impidieron paso de carga pesada
El 19 de julio, los transportistas de carga pesada de la región Arequipa, tomaron por más de 5 horas la vía en el kilómetro 3.5 de la Variante de Uchumayo, e impidieron el paso de camiones perjudicando a más de 300 unidades interrumpiendo su ingreso y salida de Arequipa. Esta acción de fuerza la realizó el Sindicato de Choferes Camioneros de Arequipa, dirigido por Justiniano Apaza Ordóņez y casi un centenar de transportistas que rechazan la aplicación de las detracciones del IGV en el transporte terrestre fijadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) y solicitan su inmediata derogatoria. Apaza expresó que la medida es por la forma abusiva del gobierno central que a través de la SUNAT ha determinado se haga un pesaje adelantado de la carga que transportan pero con tarifas que no son reales por lo que es necesario que el gobierno escuche a los camioneros. El dirigente manifestó que este gobierno o el que ingresa el 28 de julio debe derogar el dispositivo 073 que determina una detracción del 8 % en el transporte de carga a nivel nacional y exigió que la detracción debe ser de acuerdo a la realidad y no supuestas tarifas. De no ser atendidos no descartó el inicio de una paralización macro regional sur en forma indefinida. Durante una nueva protesta que realizaron los camioneros el 24 de julio, apostándose provistos de banderolas y palos en la carretera de ingreso a Arequipa y obligando a unos 30 chóferes a guardar sus camiones en una playa de estacionamiento situada a un lado de la vía, se produjo un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes cuando estos se resistieron a retirarse del lugar. La policía detuvo al secretario general del Sindicato de Transportistas de Carga Pesada de Arequipa, Justiniano Apaza Ordóņez, por promover disturbios. Por su parte, voceros de la SUNAT manifestaron que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra en proceso de revisión de la tabla de valores referenciales que norman el funcionamiento de las detracciones. Esta misma fuente seņaló que el Poder Ejecutivo aprobó suspender el referido sistema hasta el 1 de setiembre para evitar los enfrentamientos con los transportistas.
El día siguiente, los transportistas de carga pesada de la Región Tacna decidieron suspender la paralización que acataban en protesta contra el cobro de las detracciones. Así lo dio a conocer el dirigente transportista, Hugo Chambilla, quien saludó la decisión de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para postergar la aplicación de citado impuesto a la carga.
Muerte de minero provoca marcha de protesta en mina San Rafael
Luego de la muerte de un minero, ocurrido el día 18 de julio, cuando operaba una maquina en la mina San Rafael, ubicada en el distrito de Antauta, provincia de Melgar (Puno), el día siguiente, los obreros de la mina realizaron una marcha de protesta para exigir que los responsables apliquen las medidas de seguridad correspondientes. Los mineros denunciaron que se trata del segundo accidente dentro de la mina en menos de dos meses y se debería a presuntas negligencias por parte de los funcionarios de la empresa. Además exigieron que la compaņía cumpla con el horario de ocho horas de trabajo, ya que actualmente trabajan hasta 12 horas diarias.
En Arequipa pensionistas iniciaron huelga de hambre
El 20 de julio, un grupo de pensionistas del régimen 20530 de Arequipa, Puno y Moquegua, iniciaron una huelga de hambre para exigir al electo presidente Alan García Pérez, la restitución de la Constitución de 1979. Con carteles en mano, ingresaron al frontis de La Catedral de Arequipa, donde instalaron dos carpas para albergar a 14 pensionistas que decidieron iniciar esta medida de lucha. Alfredo Chávez Chávez, secretario general de la Confederación Macro Regional de Activos y Cesantes de la Ley 20530, dijo que su exigencia es que el presidente García, desplace la Constitución de 1993, aprobada durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori, a través del cual los más de 20 mil pensionistas vieron congeladas sus pensiones e incluso a las viudas y huérfanos se les redujo sus pagos hasta en un 50%.
Ganaderos protestan frente a la municipalidad de Pisco
El 24 de julio, los integrantes de la Asociación de ganaderos y usuarios del camal municipal de la provincia de Pisco protestaron frente al local de la municipalidad provincial para exigir que la comuna cumpla con las normas de sanidad impuestas por el Servicio Nacional de Sanidad (SENASA) que, el 25 de mayo, había realizado una notificación porque dicho establecimiento no reúne las condiciones sanitarias necesarias.
Sigue el conflicto por el control de la azucarera Tumán
El 25 de julio, mujeres y jóvenes procedentes del distrito de Tumán protestaron en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque contra un fallo de la Segunda Sala Especializada en lo Civil en un proceso por la administración de la azucarera que favorece al ex presidente del directorio de la empresa azucarera Tumán, César Quintana Barboza. Además solicitaron a titular de la Corte de Justicia que se revisen las resoluciones judiciales que proceden de otros distritos judiciales y que apuntan a embargar los azúcares de Tumán.
Sindicalistas toman sede de Trabajo en Tumbes
El 25 de julio, integrantes de Coordinadora General de Trabajadores del Perú (CGTP), sede Tumbes, por más de una hora y media, tomaron la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, con el objetivo de presionar se publique el cuarto listado de reposición de trabajadores, que fueron despedidos ilegalmente en la época gubernamental de Fujimori. Sobre los motivos de su protesta el jefe regional de la CGTP, Ismael Cedillo Clavijo, explicó que en la semana anterior se aprobó en el Congreso de la República una ley que resarcirá a los trabajadores despedidos en su derecho, pero que hasta la fecha, el Presidente Alejandro Toledo, ha incumplido a la demanda de los despedidos de promulgar la ley que permita la reposición de los excluidos.
Trabajadores de Pucalá bloquean carretera
El 25 de julio, un grupo de trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá, ubicada en el distrito de Pátapo, bloqueó la Panamericana Norte, en protesta por la instalación de una nueva administración en dicha compaņía. Dos personas resultaron heridas luego de que la policía lanzara bombas lacrimógenas contra los manifestantes para dispersarlos.
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