| ||||||||||||
| Inicio | |
Política Actual | |
Campañas | |
Documentación PCP | |
Marx - Lenin - Mao Tse-tung | |
Enlaces | |
Contacto |
Los presos políticos, sus familiares, abogados y organizaciones democráticas en Perú actualmente han reforzado su lucha por una mejora de las condiciones en las cárceles y por una amnistía general para todos los presos políticos y prisioneros de guerra. Nosotros nos adherimos a esta campaņa y llamamos a las organizaciones de derechos humanos, así como a todas las fuerzas democráticas y progresistas a apoyarla resueltamente. Se trata de defender los derechos fundamentales de los presos políticos y prisioneros de guerra y particularmente la defensa del derecho humano más alto: el derecho a rebelarse contra la opresión y explotación y construir una nueva sociedad.
La situación de los presos políticos en Perú viene siendo criticada desde hace muchos aņos por las organizaciones de Derechos Humanos internacionales por ser cruel, inhumana y degradante. Desde el inicio de la guerra interna, hace más que 20 aņos, el Estado peruano aplica una política sistemática y sofisticada de concentración, aislamiento y aniquilamiento contra los presos políticos, que empezó en 1982 cuando el entonces Presidente Belaúnde introdujo la "ley antiterrorista" D. L. 046 y concentró los presos políticos en Lima; su sucesor Alan García la continuó mandando a asesinar cruelmente a más de 30 presos en el penal de Lurigancho el 4 de octubre de 1985 y ordenando personalmente la matanza del 19 de junio de 1986 en las prisiones El Frontón, Lurigancho y el Callao donde fueron asesinados alrededor de 300 presos políticos; se agudizó durante la década de la dictadura de Fujimori quien después de su golpe de Estado ordenó otro genocidio ordenando asesinar selectivamente a más de 30 supuestos dirigentes del PCP en el penal de Canto Grande e introdujo una legislación que, dejando sin efecto todas las normas jurídicas internacionalmente reconocidas y los derechos fundamentales garantizados por la constitución peruana y convenios internacionales, sanciona delitos políticos con penas draconianas. Hoy el gobierno de Toledo que después de la caída de Fujimori y un breve periodo de apertura bajo el gobierno de transición de Paniágua, asumió su cargo en julio 2001 prometiendo la restitución de "la democracia y la constitucionalidad" continúa la misma línea.
Las llamadas "prisiones de alta seguridad" donde se recluye a los presos políticos a largo plazo bajo condiciones extremas sin que el Estado garantice sus necesidades básicas como alimentación, ropa, artículos de higiene y limpieza, medicinas etc. siguen funcionando. Sobre todo los penales de Yanamayo y Challapalca fueron concebidas como "prisiones de castigo" especialmente para presos políticos. Ambas se encuentran a una altura de más de 4000 m en regiones alejadas de la puna andina donde en las noches hace un frío intenso que ha causado graves daņos de salud a los prisioneros. Ya por esta razón se considera especialmente Challapalca que está ubicada a una altura de 4600 m como inhabitable. A eso se suma que la ubicación aislada hace imposible y en muchos casos impide por completo las visitas de familiares y abogados. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Defensor de Pueblo del Perú entre otros han exigido reiteradas veces al gobierno peruano que cierre Challapalca y Yanamayo, en mayo de este aņo se ha vuelto a trasladar un grupo de presos a Challapalca. Además se viene realizando una nueva concentración de presos políticos en Yanamayo.
Un caso extremo es el Penal Militar de la Base Naval del Callao donde hace ya 10 aņos el Dr. Abimael Guzmán, la Sra. Elena Iparraguire y otros presos políticos están recluidos en las condiciones más infrahumanas, después de que se les sentenció a cadena perpetua en un juicio que se burlaba de las más elementales garantías legales. El aislamiento perpetuo y el encierro de aņos en una mazmorra subterránea de un tamaņo de 2 x 2 m no sólo son incompatibles con el nivel de desarrollo de la civilización humana en el siglo 21 sino también están en contra de las leyes peruanas y normas legales internacionales que prohíben la detención de personas civiles en instituciones militares. Sin embargo, el gobierno de Toledo emitió en Agosto de 2001 el D.S. Nš 024-2001 JUS, que aprueba el ilegal reglamento del CEREC (Centro de Reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao), pretendiendo "legalizar" la ilegal estadía de presos civiles en recintos militares.
Además sigue vigente y se aplica la legislación anticonstitucional de Fujimori. Mientras Fujimori optó por ignorar los reiterados reclamos de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y los correspondientes fallos de la Corté Interamericana de Derechos Humanos que exigieron la adaptación de las llamadas "leyes antiterroristas" y las condiciones de reclusión de los presos políticos a los estándares internacionales de la Convención de San José y finalmente, en julio 1999, pidió la exclusión de la jurisdicción de la Corte, el gobierno de Toledo se esfuerza por mejorar el prestigio internacional deteriorado del Estado peruano y declaró su intención de cumplir las demandas de la OEA. Pero recién cuando en julio 2002 la Comisión de Derechos Humanos de la OEA declaró admisible la denuncia de la estadounidense Lori Berenson quien en 2001, después de la revisión de su proceso por una corte civil fue sentenciada a base de esta legislación a 20 aņos de prisión, y transmitió la demanda a la Corte Interamericana recomendando la anulación del juicio, el Consejo de Ministros peruano presentó un proyecto del ley para cambiar la "legislación antiterrorista". Si bien en este proyecto de ley se elimina las violaciones más fragantes de la Constitución y las normas legales internacionales como los "jueces sin rostro", la jurisdicción militar sobre personas civiles, los delitos de "apología de terrorismo" y "traición a la patria" y las restricciones del derecho de defensa, por otro lado se implementa la figura de "terrorismo agravada", las penas siguen igual de draconianas como hasta ahora, se mantiene el derecho del ejército a efectuar detenciones aunque limitado a zonas alejadas, la consecución de beneficios penitenciarios que según la ley vigente corresponden a todos los sentenciados a base de la D.L. 046 queda en dudas y se introduce como un agravante la inhabilitación de por vida de los presos reincidentes. De este modo, la prisión sigue siendo un acto de venganza política que apunta a la destrucción de los presos negándoles el derecho a la reintegración a la sociedad garantizado en la Constitución peruana.
Además todo indica que el gobierno Toledo no tiene ninguna intención de sancionar los responsables de los crímenes de la guerra antisubversiva de los aņos ochenta y noventa, entre ellos las matanzas de los presos políticos. A pesar de que tanto un estudio de la Defensoría del Pueblo publicado el aņo 2000 como las investigaciones del "Comisión de Verdad y Reconciliación" que se creó por iniciativa del gobierno de transición de Paniágua demuestran claramente que la gran mayoría de los cerca de 30000 muertos y desaparecidos corre a cuenta de la policía y el ejército, este hecho hasta ahora no ha llevado ni al castigo de los culpables directos ni ha el gobierno reconocido la responsabilidad política del Estado peruano. En lugar de ello, se sigue culpando cínicamente a los insurrectos de las víctimas de la guerra interna, mientras Alan García, el responsable principal de las matanzas de los presos políticos del 4 de octubre de 1985 y del 19 de junio de 1986 y de numerosos actos de genocidio contra el pueblo peruano ocupa una curul en el parlamento y como líder de la oposición ha asegurado al gobierno su pleno apoyo en la implementación de la nueva "legislación antiterrorista".
Considerando esta situación exigimos del gobierno peruano:
Cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao y el traslado inmediato de los prisioneros a penales civiles.
Cierre de los penales de Yanamayo y Challapalca. abajo la nueva concentración de los presos políticos en Yanamayo.
La garantía de los derechos fundamentales de los presos políticos como el derecho a la vida a la integridad física, el derecho al trabajo, a actividades intelectuales y culturales, a la libertad de ideas, de opinión y información, el derecho a mantener el contacto con sus familiares y la sociedad en general y el derecho a la reintegración a la sociedad.
La derogatoria de la anticonstitucional legislación "antiterrorista" y la revisión de todas las sentencias que se basan en ella, especialmente los fallos de los tribunales militares y los "jueces sin rostro".
El restablecimiento de los beneficios penitenciarios de todos los presos comprendidos en el Decreto Ley 046.
Que se termine la impunidad de los genocidios en las cárceles y contra el pueblo en general.
Libertad de todos los presos políticos y prisioneros de guerra a través de una amnistía general.
Movimiento Popular Perú de Alemania
Mayor información en nuestra página Web www.mppa.de.vu
Hacemos un llamado a difundir esta campaņa y tomar iniciativas y realizar actividades para apoyar el cumplimiento de estas demandas. Cartas de protesta en espaņol o inglés pueden dirigirse a las siguientes direcciones:
Presidencia del Consejo de Ministros
Plaza Mayor S/N Cercado de Lima
LIMA
Fax: 426-6770 - 311-4307
Página Web: www.presidencia.gob.pe
http://www.peru.gob.pe/contacte/contacte.asp
Ministerio de Justicia del Perú
Scipión Llona 350 - Miraflores,
Lima 18 - Perú
E-mail: webmaster@www.minjus.gob.pe
Comisión de la Verdad
Av. Salaverry 2802, San Isidro, Lima
Teléfono: (01) 4609170
Fax: (01) 4609185
Congreso de la República
Palacio Legislativo
Plaza Bolívar - Av. Abancay s/n
LIMA
Fax: 311-7402
Email: Postmaster@congreso.gob.pe
Defensoría del Pueblo.
Apartado 3906.
Jr. Ucayali 388
Lima 1 - Perú.
Fax: 511-4267889.
E-mail: defensor@ombudsman.gob.pe
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación
Av. Abancay Cdra 5
LIMA
Fax: 511- 4269421
Email: webmaster@mpfn.gob.pe
Comisión Interamericana de DDHH de la OEA.
Sr. Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo.
1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006
Fax: 202-4583992.
E-Mail: cidhoea@oas.org
Representante de la Secretaria General de la OEA
Patricio E. ChellewPatricio E. Chellew
Avenida Nicolas de Rivera 774
San Isidro, Lima 27, Perú
Fax: 511-4416715.
E-Mail: oea_peru@goalsnet.com.pe
Conferencia Episcopal Peruana - E-mail: prensa@iglesiacatolica.org.pe
Setiembre 2002