LEGISLACION REPRESIVA PARA CONTENER LA PROTESTA POPULAR

El pueblo es la verdadera fuerza motriz que hace la historia de la humanidad. Esta afirmación que estableciera el marxismo sigue tan vigente hoy, cuando los pueblos siguen luchando contra la pobreza, el hambre, la desocupación, por lograr el respeto a sus derechos fundamentales como el derecho a la vida, la alimentación, salud, educación, trabajo, etc. La última ola de la lucha social en junio y julio del presente año es una muestra irrefutable. Pero, ¿Como actúa el Estado frente a esta situación? ¿Cuál es su respuesta? ¿Solucionar los problemas sociales? Todo lo contrario, responde criminalizando la protesta popular con una legislación cada vez más represiva para pretender contenerla e impedir nuevas olas de lucha.

Ya en el mes de julio varios analistas señalaban la existencia de un tema de fondo como causa de las protestas, un problema económico, social.

Por ejemplo Javier Aspur, representante de "Propuesta ciudadana" decía: "Hay regiones en donde en realidad la situación ya es dramática y este crecimiento no se refleja en la dinámica cotidiana, en la vida de la gente... es un elemento que está generando esta dinámica de exigencia, de conflicto, de movilización porque la gente tampoco percibe que del gobierno haya una actitud preventiva, prevenir, dialogar".

Vladimir Huaroc Portocarrero, Presidente de la Región Junín y representante de la Asamblea nacional de Presidentes Regionales: "tiene que ver sobre todo con razones económicas, con razones sociales, que lamentablemente no han sido atendidas..." Y Martín Tanaka de Estudios Peruanos señalaba: "Hay un tema de fondo y por lo tanto la respuesta no debe ser la satanización, represión..."

Pero la respuesta no se hizo esperar y el gobierno que comenzó incumpliendo las promesas y pasó a un proceso de reprimir todo reclamo y exigencia penalizando más las protestas, tomas de locales y bloqueos de carreteras, etc. con decenas de detenidos en las cárceles, da un paso más en la criminalización de la protesta popular con la promulgación de un "paquete" de Decretos Legislativos el 21 de julio del presente año arguyendo la llamada "lucha contra el crimen organizado" y el tan usado "combate al terrorismo" que implican una violación mayor de derechos fundamentales, como por ejemplo la sanción a todo funcionario (Presidentes Regionales, Alcaldes, etc.) que participe en las huelgas junto a la población, decreto que ha sido muy criticado y cuestionado.

Aquí queremos resaltar algo en que algunos no han reparado lo suficiente, el que mediante estos decretos se ha reintroducido inconstitucionalmente la cadena perpetua, que había sido derogada a fines del 2001, para dejar oleado y sacramentado el enterrar de por vida a los prisioneros, revolucionarios, principalmente a sus dirigentes y escarmentar al pueblo para que no ose jamás cambiar el sistema.

Esto además de violar el elemental derecho a la vida, niega ex principio que el régimen penitenciario tiene por objeto la reincorporación del penado a la sociedad. A lo que también sirve la introducción del pago íntegro de la reparación civil como requisito para la liberación condicional cuando ya el detenido que solicita este beneficio ha cumplido las tres cuartas partes de su pena, y, reintroduciendo lo que el gobierno de Fujimori impusiera (y luego fuera derogado) sanciona para los "nuevos" tipos de delitos artificialmente creados de "narcoterrorismo" o "terrorismo internacional" la negación absoluta de todo acceso a cualquier beneficio para mantener por siempre a las personas en prisión; en esencia se viene aplicando en el país el Derecho Penal del Enemigo y no un derecho ajustado a las normas del respeto a los derechos de la persona.

En los últimos meses nuevamente se usa el tema del combate al llamado terrorismo, se montan campañas escandalizando y alarmando a la población y otra vez se lanzan voces reclamando nuevas "medidas legales" llegando al extremo de pedir la publicación de listas con los nombres de los acusados de terrorismo liberados, llamando a desatar una persecución de ellos y sus familiares, así como de todo sospechoso. Todo esto no hace sino confirmar que el Estado usa la ilegal legislación represiva como instrumento político contra la lucha social, vulnerando los derechos fundamentales y socavando el proceso de democratización de la sociedad que es una necesidad.

PRISIONERAS POLITICAS
PABELLON "B"

Chorrillos, diciembre 2007

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