¡LOS PRISIONEROS DE GUERRA Y PRESOS POLITICOS DEL PERÚ RECHAZAMOS LOS JUICIOS POR TERRORISMO!

I. NO SOMOS TERRORISTAS, SOMOS COMBATIENTES REVOLUCIONARIOS.

En el Perú de las dos últimas décadas del siglo XX se desenvolvió una guerra popular marxista-leninista-maoísta dirigida por el Partido Comunista del Perú cuyo objetivo político era conquistar el Poder para construir la República Popular de Nueva Democracia; teniendo al campo como el ámbito principal y la ciudad como su complemento.

Y fueron las condiciones históricas del momento las que generaron esta lucha revolucionaria: una sociedad de profundo rezago industrial y agrario con sobre todo relaciones de producción semifeudal, mantenidas por las dictaduras explotadoras y corruptas de terratenientes y grandes burgueses que impusieron un capitalismo burocrático al servicio de sus intereses y los del imperialismo principalmente norteamericano y en contra de las mayorías a las que postraron en la miseria, en la ignorancia y el atraso, pero que hartas de su situación y bajo la repercusión de las revoluciones de la época se rebelaron en armas para cambiar su destino.

Guerra popular que se inicio, desarrolló, y entró al equilibrio estratégico derrotando los planes de la guerra contrasubversiva del Estado Peruano librada a través de las Fuerzas Armadas, Policiales y Complementarias (como los llamados Comités de Auto Defensa) a más de diversos grupos paramilitares. Proceso que tuvo su punto más alto en Junio de 1992 pero que lamentablemente ese mismo año vivió un problema de dirección política en un momento en que nuevos, complejos y muy serios problemas se tenían que resolver, hecho que redondeó un giro estratégico el cual venía manifestándose a nivel internacional desde fines de los 80s, giro desfavorable en la correlación de fuerzas al camino popular.

II. TRECE AÑOS DESPUÉS DE ENFRENTAR UN INHUMANO REGIMEN CARCELARIO SIN LAMENTO NI QUIEBRE DE NUESTROS IDEALES CONQUISTAMOS NUEVOS JUICIOS.

Al ser detenidos en DINCOTE:la tortura y la violación; la vejación y el escarnio público al ser presentados a la prensa en traje a rayas y número al pecho, violando la presunción de la inocencia. Entregados "en custodia" en hoscos cuarteles, navales, aéreos y militares con aislamiento, incomunicación y encierro absolutos nos sometieron al fuero militar para juzgarnos o con jueces civiles pero sin rostro "en el teatro de operaciones" con leyes especiales, delitos especiales y 400 condenas de cadena perpetua. Se crearon prisiones militares con regímenes militarizados como la Base Naval, o policializadas con hacinamiento de 3 a 5 en una celda pequeñísima e insalubre como Chorrillos, Yanamayo o Canto Grande y Challapalca la más alta y apartada de todas (4500 msnm) sin derecho al trabajo o al estudio. Prisiones todas calificadas como de tortura por diversos organismos internacionales, porque además hacían traslados masivos o selectivos sorpresivos, requisas constantes con golpizas y saqueos; las visitas eran de 30 minutos a 1 hora por mes luego de un primer año sin visita alguna, sólo familiares de primer y segundo grado de consanguinidad y por locutorios. 300 prisioneras quedaron privadas de su derecho a ser madres. La pésima alimentación y casi nula atención medica llevó a la tumba a algunos por TBC a otros por cáncer y SIDA; sin olvidar que muchos sobrevivientes de el Frontón, Lurigancho y el Callao o de Canto Grande y el Británico quedaron mal heridos y algunos de ellos son parte de la población penal actual.

Sobre aquello promovieron la delación y traición con leyes de arrepentimiento adecuando la política penitenciaria desde los 80s y en especial en los 90s a las necesidades de la guerra contrasubversiva, convirtiendo a los prisioneros en "peligro potencial" "permanente" por lo cual ni libros ni ningún tipo de información se recibía. Pero la cuestión de fondo es que esta política carcelaria derivada de la ley terrorista de la dictadura tuvo por objetivo quebrar las convicciones ideológicas y no lo lograron con nosotros: el 70%.

Mas bien, firmes en los principios del Marxismo y conscientes del giro estratégico de la propia realidad, luchamos decididamente por una salida política negociada: por un Acuerdo de Paz primero, por una solución política a los problemas derivados de la guerra después, y no nos cruzamos de brazos antes la callada por respuesta de unos y la negativa encubierta de otros porque seguimos luchando con nuestros familiares, abogados y el pueblo por derogar la legislación antiterrorista del fujimorismo y conquistamos la anulación de todos los juicios y el mandato de nuevos juicios, siendo estos logros derivados de la demanda de inconstitucionalidad que con 5000 firmas interpusimos ante el Tribunal Constitucional, lucha legal que acompañamos además con dos masivas huelgas de hambre de 900 y 700 prisioneros del país. Es así que llegamos a los nuevos juicios para los casi 2000 prisioneros del Perú.

III. EL SISTEMA LEGAL QUE NOS APLICAN CORRESPONDE A UN ESTADO DE EXCEPCION.

El Tribunal Constitucional en sentencia del 3 de enero del 2003 cometió el grave error de ir mas allá de sus atribuciones para mantener el Decreto Ley 25475 que reconoce es producto de un golpe de Estado y la deja como columna vertebral del sistema legal antiterrorista. La misma que el gobierno de Toledo va a apuntalar con los Decretos Legislativos 921 a 927 que mantienen un fuero especial antiterrorista y procedimientos procesales especiales violando todas las garantías.

Pero ¿Cuál es el origen de este sistema legal antiterrorista? Para combatir los avances de la guerra popular el Estado Peruano desmontó progresivamente su ordenamiento legal vigente sustituyéndolo por un sistema legal especial al que llamó "antiterrorista" el cual es continuación de las normas de excepción dadas en el Perú desde los años 30 por los regímenes de Sánchez Cerro, Benavides y Odría, aunque adecuadas a la doctrina de Ronald Reagan o de Bush sobre guerra al terrorismo para desprestigiar la revolución en particular y toda propuesta que cuestione su sistema en general, estigmatizando al "terrorista" para ocultar la motivación del cambio revolucionario que propugnamos y así presentarnos a la sociedad como monstruos, sujetos sin derechos, enemigos a quienes solo cabe destruir negando nuestra condición de personas con derecho y dignidad, cerrándonos toda posibilidad de reincorporación social.

Califican pues como punto de partida a la guerra popular de "terrorismo" con un fin político ajeno a los principios del derecho y la justicia para levantar sobre eso una ley sustantiva de excepción, separada del ordenamiento legal sustantivo, igualmente hacen con los procedimientos, las Salas y la misma ejecución penal. Y al comenzar por exceptuarnos a los políticos extenderán poco a poco a otros casos criminalizando así la propuesta popular y reintroduciendo un derecho dentro del derecho, llamado "especial" pero que es "anti"derivándose de ese modo un derecho penal del enemigo, el que se crea únicamente por acción directa del ejecutivo desbordando ilimitadamente el poder penal estatal contrario al Estado de derecho.

IV. RECHAZAMOS LOS JUICIOS POR TERRORISMO TENEMOS DERECHO A QUE SE APLIQUEN LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO Y LA JUSTICIA COMUNES. NO A LA PENAS DRACONIANAS Y LA ILEGAL CADENA PERPETUA.

De los procesos habidos podemos apreciar que aún quedarán 700 encarcelados parte de los cuales con 25 a 35 y cadena perpetua sin beneficios penitenciarios o muy restringidos, con regresión a aislamientos y locutorios, esto significa que no se llegará a una paz jurídica como escriben connotados juristas. Nosotros hemos asumido que hubo una guerra popular en el Perú y que como todo hecho social tuvo limitaciones, errores y excesos, que lamentamos profundamente y nos condolemos con los familiares de los hijos del pueblo en especial que han sido parte del costo; sin embargo creemos que eso no quita que sea el hecho de transformación social mas trascendente en beneficio del pueblo hasta hoy en la historia de este país. Pero sabemos que hay muchos cambios en el mundo por lo que consideramos que lo que corresponde hoy es actuar políticamente junto y para el pueblo, sirviendo a la brega por sus beneficios, conquistas, derechos y libertades democráticas conculcadas. Parte de eso es esta lucha legal contra los juicios por terrorismo.

Rechazamos el denominado "mega proceso" un juicio político contra el PCP su Jefatura y dirigentes, contra la guerra que dirigió y contra la ideología que lo sustenta; manifestamos nuestra solidaridad con la firme y resuelta posición de asumir sus diversas responsabilidades, de rechazar la acusación fiscal y guardar silencio en claro rechazo al juicio por terrorismo; defendiendo la causa del proletariado y del pueblo sin temer a la sanción por más severa que les venga.

Saludamos y asumimos el comunicado de los abogados defensores del "mega proceso", su labor de recta conciencia y posición democrática su coraje en mantenerse pese a ser amedrentados.

¡Basta ya de aislamiento absoluto al doctor Guzmán el único en esa ilegal e inhumana condición!

¡Cierre del Penal Militar de la Base Naval!

Comité Nacional de Prisioneros de Guerra y Presos Políticos del Perú

Lima, Perú, 1° de mayo del 2006

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