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Las Asociaciones Perú en Europa protestamos frente al agravamiento del inhumano, agresivo y brutal proceder del gobierno del Perú contra el pueblo peruano y en particular contra los prisioneros políticos. Frente a la agravación de las condiciones de encarcelamiento, frente al rechazo del gobierno a no escuchar las repetidas justas demandas de los prisioneros políticos, no les ha quedado otro recurso que la huelga de hambre. Nosotros constatando efectivamente esta insoportable situación carcelaria hemos acordado de apoyar la huelga de hambre, que desde el lunes 3 de mayo conllevan los prisioneros políticos del penal militar de la Base Naval del Callao, por estas demandas:
I. Contra la legislación antiterrorista, el fuero antiterrorista y las draconianas penas establecidas. Y por un justo y debido proceso con jueces naturales y según las normas del derecho penal y procesal comunes.
II. Contra el restablecimiento de locutorios en los penales. Y por el respeto de los derechos de visita, de socialización y defensa de los internos.
III. Contra el hostigamiento y persecución de los familiares y abogados. Y por el reconocimiento de sus derechos de visitar, socorrer y apoyar a sus familiares recluidos en penales; y garantizar a los abogados el derecho de ejercer la defensa de sus representados.
IV. Solidaridad con las luchas del pueblo en brega contra el hambre y la pobreza, la desocupación y el abandono en que pretende ahogársele, y por el respeto y satisfacción de sus demandas y derechos fundamentales.
V. Necesidad de solución política de los problemas derivados de la guerra interna: inocentes encarcelados, requisitoriados, desaparecidos, damnificados, exiliados, presos políticos y de guerra, y de quienes aún continúan en armas.
Luego de la detención de los dirigentes del Partido Comunista del Perú en setiembre de 1992 fueron procesados y sentenciados con más de 2.000 prisioneros políticos, juzgados en aplicación de inconstitucionales decretos leyes. Negándoles las mínimas garantías para su integridad física y seguridad; y producto de su arbitraria derivación al Fuero Militar, fueron entregados por orden de Fujimori "en custodia" a las Fuerzas Armadas, a la Marina de Guerra, que al inicio los recluyó en la Estación Naval de San Lorenzo para luego trasladarlos al Penal Militar de la Base Naval del Callao al que expresivamente llamaron "Némesis" y que fuera construido con el deliberado propósito de servir a la aplicación de la línea y política represiva del Estado peruano para someterlos a un inicuo régimen carcelario de aislamiento absoluto y aniquilamiento sistemático; desenvolviendo una política de odio y venganza.
Por la acción política que desenvolvieron los prisioneros políticos conquistaron condiciones de trabajo aunque limitadas y con las luchas que desenvolvieron a fines de la década pasada lograron otras conquistas en los últimos meses del gobierno de Fujimori y principalmente durante el gobierno de Paniagua. Pero en ningún momento estos gobiernos respetaron los derechos establecidos en la Constitución, en el Código de Ejecución Penal, en las leyes internacionales y en las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para la protección de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Los prisioneros políticos conllevaron duras luchas exigiendo el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao y normas iguales para todos los penales sin excepción.
El gobierno de Toledo en su endurecimiento, el 19 de agosto del 2001 dio el Decreto Supremo 024 - 2001 pretendiendo darle visos de legalidad al confinamiento de civiles en un penal militar, invocando supuestas "razones de seguridad nacional" cuando no hay estado de emergencia ni estado de excepción de acuerdo a la Constitución Política vigente. Este Reglamento norma un régimen especial lo cual viola la Constitución, el principio de igualdad ante la ley; invoca el artículo 118° inciso 8 de la Constitución que dice "ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas" pero precisamente este Decreto ampara la desnaturalización, pues en su condición de civiles fueron juzgados en un Tribunal Militar y el invocado Decreto Ley 25744 que supuestamente esta reglamentando en ninguna parte establece la reclusión de civiles en penales militares.
Este Decreto Supremo, desde su dación es ilegal por tanto el Reglamento es nulo, pero más aún, desde el 4 de enero del 2003 fue declarado nulo el inconstitucional Decreto Ley 25744 mediante la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto a partir de esa fecha no tiene ya legalidad ni el invocado Decreto Ley en el cual se amparaban, pues ha sido expulsado del sistema jurídico.
Este nulo e ilegal Decreto Supremo 024 restringe deliberadamente las visitas de familiares a tan sólo los del segundo grado de consanguinidad negando la visita de otros familiares y amigos de manera limitada, con el objetivo de aniquilar el ser social del prisionero, su esencia humana, reduciendo su mundo al trato entre detenidos. El Reglamento permite a las autoridades militares la censura de todo tipo de materiales de lectura afectando el derecho de opinión, expresión del pensamiento, información y derecho a la defensa; tras que lo ideológico y político es peligroso, impide la salida de trabajos de investigación y deniega entrevistas de medios de comunicación afectando así no sólo el derecho de los prisioneros sino también el derecho a la libertad de información de la sociedad. El derecho de defensa está seriamente restringido pues la denominan "visita especial" sujeta a trámites engorrosos. La más mínima protesta es calificada por la autoridad militar como falta grave aplicando de inmediato sanciones acumulativas en forma abusiva.
Ahora toda esta privación de derechos se agrava con la modificación del Reglamento mediante el Decreto Supremo 02 - 2004, que impone locutorios para la visita familiar y de abogados eliminando toda forma de socialización con el objetivo de aniquilarlos socialmente pues se impide todo tipo de contacto físico y visual con sus familiares, se vulnera abiertamente el derecho de defensa precisamente cuando esta a punto de iniciarse el denominado megajuicio en el Fuero Antiterrorista con el objetivo de privarlos de defensa. Así se ha producido una regresión en el régimen penitenciario del Penal Militar de la Base Naval del Callao que vuelve a ser igual o peor que en el tiempo de Fujimori.
La imposición de locutorios en el Penal Militar de la Base Naval del Callao forma parte de la política de odio y venganza del gobierno de Toledo frente a los avances y éxitos obtenidos por los prisioneros y responde al plan del gobierno de encarcelar por siempre a los prisioneros políticos con el objetivo de proscribir la acción política del Partido Comunista del Perú en su protervo afán de destruir y desaparecer a comunistas y revolucionarios. Esta medida arbitraria y abusiva ha sido dada en una feroz contienda de quienes detentan el poder y constituyen una provocación a los prisioneros políticos.
Las Asociaciones Perú en Europa apoyamos la huelga de hambre de los prisioneros políticos y denunciamos la imposición del uso de los locutorios, denunciamos el agravamiento de las condiciones de encarcelamiento, el no respeto de las normas en sus procesos y el no respeto de las leyes nacionales e internacionales.
¡NO AL RESTABLECIMIENTO DEL INHUMANO LOCUTORIO EN LAS PRISIONES!
¡APOYEMOS LA HUELGA DE HAMBRE DE CIENTOS DE PRISIONEROS POLITICOS EN EL PENAL MILITAR DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO Y OTRAS PRISIONES EN EL PERU!
¡SUPRESION DEL SISTEMA ANTISUBVERSIVO INCONSTITUCIONAL!
7 de mayo de 2004
Asociaciones Perú en Europa
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