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DENUNCIAMOS:
Que el Estado Peruano continua aplicando draconianas penas establecidas en contra el pueblo Peruano en general y en particular a los prisioneros políticos, imponiendo medidas inconstitucionales que atenta los Derechos Humanos vulnerando elementales derechos consagrados por la Constitución Política del Estado peruano y los tratados internacionales.
El gobierno actual, dictó el DS 024 JUS 2001 JUS que pretendiendo regularizar la entrega de civiles a una Fuerza Armada. Decreto Supremo que sirve para:
- Justificar legalmente la prosecución de la jurisdicción militar sobre civiles ya declarada inconstitucional y consiguientemente la eliminación del principio de igualdad ante la Ley.
- redundando en la restricción de la visita familiar estrictamente al segundo grado de consanguinidad, y a las visitas especiales que finalmente son las del abogado.
- La imposición de un Comité Técnico con tres funcionarios militares, dos de los cuales son la primera Instancia administrativa, actuando como juez y parte en segunda instancia.
- A la censura de libros y revistas se suma la censura del pensamiento y la derogación del derecho a la libre expresión, pues sin estar prohibidas, las solicitudes de entrevistas de orden académico o periodístico de diversos medios nacionales como internaciones, ni siquiera son comunicadas.
Ante aberrante atropello se dio la modificación del aludido Decreto Supremo 024-JUS-2001 mediante el DS 02-JUS-2004 que establece: La obligatoriedad de uso de locutorios, que se aplicaron el 22 de marzo de este aņo, por parte de los oficiales a cargo por orden de su Jefatura del CEREC y Comando del Jefe del CEREC.
La aplicación de el DS 02-JUS-2004 busca el estado de indefensión absoluta pues no sólo se niega el derecho a la entrevista en condiciones adecuadas de privacidad, si no también el tiempo necesario para preparar la defensa y la privacidad de los documentos de defensa junto con la aniquilación del ser social que se concreta en la eliminación de toda relación social parental con la visita familiar elemental.
El Lunes 3 de Mayo el Dr. Abimael Guzman, La Profesora Elena Iparraguirre, y otros prisioneros politicos recluidos en el Penal Militar de la Base Naval del Callao, han iniciado una Huelga de Hambre, a la que se han adherido los prisioneros politicos y prisioneros recluidos en diferentes carceles del Perú: Contra la legislación antiterrorista, el fuero antiterrorista, las draconianas penas establecidas, por un justo y debido proceso con jueces naturales y según las normas del derecho penal y procesal común y en contra el restablecimiento de locutorios en los penales del país y defender el respeto de los derechos de visita, de socialización. Además el Dr. Abimael Guzman plantea una solución política a los problemas derivados de la guerra interna (entre 1980 y el 2000), que pueda incluir la más amplia amnistía posible, en concordancia con el artículo sexto del Protocolo Adicional de los Protocolos de Ginebra sobre conflictos.
Responsabilizamos al gobierno peruano por la integridad física de los presos políticos y prisioneros de guerra del Perú, que han tenido que optar por esta forma drástica de lucha para ser escuchados y arrancar al Estado peruano sus justos derechos y por una solución política a los problemas derivados del conflicto interno.
LLAMAMOS:
AL PUEBLO PERUANO Y ARGENTINO, A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES DE DD.HH., A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PERUANAS, ARGENTINAS Y DEL MUNDO.
A DENUNCIAR FLAGRANTES VIOLACIONES COMETIDOS POR EL GOBIERNO PERUANO.
Y APOYAR LA LUCHA EMPRENDIDA POR EL PUEBLO PERUANO EXPRESADO POR LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y PRISIONEROS DE GUERRA.
Mayo de 2004
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE REFUGIADOS POLITICOS - Argentina