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II Convención de Organizaciones y Masas por la Auténtica Verdad Histórica
Por la Auténtica verdad Histórica Sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(7, 8 y 9 de febrero) FEBRERO DEL 2003
LIMA - PERU
La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio AFADEVIG Pone a consideración de la II Convención de Organizaciones y Masas por la Auténtica Verdad Histórica lo siguiente:
MOCION POR LA AUTENTICA VERDAD HISTORICA
En Agosto del 2001 en la exitosa I Convención acordamos luchar por una Auténtica Comisión de la Verdad integrada también por representantes de las dos partes y familiares de los prisioneros, desaparecidos, torturados y victimados; en cumplimiento de lo cual hemos desenvuelto marchas, movilizaciones, vigilias, y elevado petitorios a las autoridades, incluso al propio Presidente de la República, pero haciendo oídos sordos, el gobierno de Toledo negó nuestra participación aduciendo que para ser imparcial, las dos partes en conflicto y los afectados no debieran estar presentes, sin embargo, incorporó al General Arias Grazziani, una voz de defensa de las Fuerzas Armadas mostrando también con este hecho lo que ya se veía en el D.S. 065 que conformó la Comisión de la Verdad, en el que se exculpa al Estado peruano y sus Fuerzas Armadas de la política genocida aplicada desde el 82, reduciéndola a la acción de solo "algunos agentes del Estado" mientras que se imputa a las organizaciones levantadas en armas de "Terroristas" y de haber desenvuelto "violencia contra la humanidad".
Así desde un inicio adelantó opinión y se conformó de una manera unilateral sin tener en cuenta que una auténtica Comisión de la Verdad y Reconciliación debe ser objetiva y no tendenciosa ni cargar prejuicio, sino equitativa. Pese a estas observaciones y críticas consideramos positiva su creación y no estamos de acuerdo con quienes desde posiciones recalcitrantes se han opuesto a su trabajo, desatando campañas negras como el Partido Aprista con Alan García a la cabeza, que ha llegado a pedir su disolución y que agredió en Ayacucho a las masas que fueron a dar su testimonio en audiencia pública; lo que pretenden es evitar que se investigue la política genocida aplicada por el gobierno aprista. Campaña de la que ha sido partícipe Fujimori, quien insolentemente se opuso a recibir al Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y moviendo a algunos de sus secuaces busca también la impunidad. También el congresista Rafael Rey defendiendo a los genocidas imputó de "talk show" a las audiencias públicas. Tampoco estamos de acuerdo con el socavamiento que hace el gobierno de Toledo a la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; restándole importancia demoro en cubrir el 60% del presupuesto que debía entregar al Estado y pese a que en su campaña electoral y después de ser elegido prometió que sus conclusiones tendrían carácter vinculante, hasta la fecha no lo cumple; y más aún, actuando en contra de los objetivos de la Comisión de la Verdad Reconciliación, la usa para sus fines políticos como en estos últimos días para atizar el odio y la venganza.
Nosotros en cumplimiento de los acuerdos de la I Convención concretando nuestra disposición de servir a que la verdad se abra paso, nos hemos avocado a recopilar y hacer nuestros testimonios escritos y orales y lo hemos entregado a la Comisión de la Verdad; y principalmente los hemos difundido en reuniones públicas de expresión de agravios en las plazas de nuestro país, rematando hoy en esta II Convención.
SOBRE EL TRABAJO DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILlACION
Al año y seis meses de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, consideramos nuestra obligación plantear posición frente al trabajo que viene desenvolviendo y la ponemos a consideración de la II Convención. La Comisión de la Verdad y Reconciliación recién comenzó a hacer sus investigaciones y recojo de testimonios el 13 de Noviembre del 2001 y luego de superar contradicciones y oposiciones pasó a desenvolver las audiencias públicas, que han sido positivas en cuanto han permitido que algunos hechos de la guerra interna sean conocidos por un número más amplio de peruanos, han permitido que se denuncien algunas violaciones de los derechos fundamentales, participando la población de la indignación y dolor de las víctimas y sus familiares; es que los hechos son tan contundentes que hablan por sí mismos, pese a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación expresando una vez más su ladeamiento, ha manipulado en la mayoría de las veces buscando contrapesar responsabilidades, difundiendo en las audiencias igual número de casos atribuibles a organizaciones subversivas y a las Fuerzas Armadas del Estado, no ajustándose a la realidad. Además, han condicionado la difusión pública de los testimonios, discriminando muchos de ellos, con ideas preconcebidas, como lo han denunciado los familiares del Alto Huallaga. En Aucayacu la señora Rosalía Stork y el señor José Vásquez pretendieron inducir a los familiares de desaparecidos y víctimas de genocidio perpetrado por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales a que declaren que "fueron descuartizados o mutilados por los senderistas" para que así obtengan "ayuda del Estado", y cuando decían que el responsable de la desaparición eran las Fuerzas Armadas, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dejaba de lado esos testimonios negándole el derecho de participar en la Audiencia Pública: así como se negaron a investigar los genocidios en los -. operativos "Cuchara" el 92 y "Aries" el 94, diciendo que "en el Huallaga no existen fosas comunes porque el río Huallaga los ha arrasado" 1 ocultando el hecho que el río Huallaga es la más grande fosa común pues las masas de dicha región son testigos que todos los días aparecían flotando en el río, cadáveres descuartizados, mutilados, sin cabeza y sin manos.
En cuanto a las Audiencias temáticas, consideramos positivo que haya habido un esfuerzo por tratar algunos problemas específicos como son: la mujer, la legislación antisubversiva, las universidades, la educación y el magisterio, y desplazados; pero no estamos de acuerdo que hayan sido tratados en forma unilateral encubriendo la política antisubversiva aplicada y principalmente que no haya considerado cuatro importantes problemas derivados de la guerra: prisioneros políticos y de guerra, los aún alzados en armas, requisitoriados y expatriados. La Comisión de la Verdad y Reconciliación tiene en sus manos y ha escuchado más de 1000 testimonios de los prisioneros políticos y sus familiares y hay la necesidad que investigue la política que aplicó el Estado peruano con los prisioneros políticos y de guerra en los 20 años del conflicto armado, sometiéndolos a un plan de torturas, aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado, y genocidios impunes hasta la fecha como son los del 85 y 86 ejecutados por García Pérez que asesinó a 300; y el 92, Fujimori que asesinó a 50. Rechazamos que ninguno de estos tres genocidios de los penales están considerados en los 20 casos significativos que menciona la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Sobre esto, hemos presentado al Congreso una demanda de Acción Constitucional para que se levante la impunidad de Fujimori y sea investigado por delito de lesa humanidad, a lo que el Congreso se ha opuesto con absurdas justificaciones, abdicando a su responsabilidad y lavándose las manos lo ha derivado a la Comisión de la Verdad que hasta la fecha tampoco responde. Asimismo, hasta hoy la Comisión de la Verdad y Reconciliación no presenta ninguna propuesta concreta de solución a la situación de los prisioneros políticos, y teniendo en cuenta que el Protocolo II Adicional al Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, establece en su Artículo 6to. Inciso 5: "A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder, procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado", consideramos que siendo el cerrar heridas y servir a la reconciliación nacional uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ésta debe ponerse a la cabeza y propiciar una amnistía general dentro de ella para los presos políticos.
Respecto a los que aún quedan alzados en armas, no se toma en cuenta, pese a que públicamente es conocido que en el Alto Huallaga, ellos han planteado su decisión de luchar por una solución política a los problemas derivados de la guerra interna que permita evitar un mayor derramamiento de sangre y acabar con el encono, y dé condiciones para que el pueblo pueda abocarse a resolver sus necesidades de democracia y desarrollo. Nos llama la atención que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, teniendo como su fin mas alto "iniciar un proceso de reconciliación nacional genuino y perdurable" hasta ahora no ha planteado opinión al respecto ni ha dicho nada de la persistencia del gobierno en una salida militar, desoyendo a las masas de ese lugar que en la I Convención Regional sobre Desaparecidos y Asesinatos, Violencia Política y Planes Especiales de Desarrollo para el Atto Huallaga acordó: "Exigir a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que escuche a los alzados en armas que hoy plantean una solución política".
Asimismo tampoco ha tratado la situación de las decenas de miles de requisitoriados y expatriados que no pueden desenvolver una vida normal pues son permanentemente perseguidos y no se les permite reincorporarse a la sociedad; y más aún, el gobierno desata campañas negras usando a los medios de comunicación para mantenerlos en esa situación. Otro aspecto del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación son las exhumaciones de fosas comunes y pese a considerarla "una de las violaciones más dolorosas" que debe ser "atendida con la mayor presteza", por su parcialización y prejuicio no han hecho todo lo que pudieron hacer, limitándose a la excavación de dos fosas: de Chuschi y Totos que suspendieron por contradicciones y problemas de presupuesto, para luego reiniciar, usando tendenciosamente el caso de Lucanamarca con el objetivo de hacer consentir que son las organizaciones subversivas las responsables de los genocidios y así exculpar al Estado peruano y sus Fuerzas Armadas y Policiales, o minimizar su responsabilidad, pretendiendo negar que el Estado aplicó una política genocida; así, las más de 200 fosas siguen sin abrirse y nosotros seguimos sin ni siquiera saber donde están nuestros familiares.
En cuanto al estudio a profundidad sobre Lucanamarca publicada bajo el título "Lucanamarca, una terca esperanza", rechazamos que hayan cogido este hecho, ya reconocido como exceso por una de las organizaciones subversivas, para no investigar y desentrañar los innumerables genocidios perpetrados por las fuerzas del orden. Y a pesar que el propio informe presenta una serie de hechos que reflejan el enfrentamiento cruento entre las dos parte, la Comisión trata de manera diferente a las víctimas, en el caso de las víctimas del genocidio perpetrado por las fuerzas del orden, no exhumó sus cadáveres ni entregó sus restos a sus familiares ¿por qué ese trato discriminatorio? ¿Estas vidas no tienen el mismo valor para la Comisión de la Verdad y Reconciliación? ¿Cómo valorarán entonces las de nuestros familiares? ¿Esto es esclarecer la verdad de los hechos? No estamos de acuerdo con que por intereses políticos se discrimine y se busque condenar a una de las partes, a las organizaciones subversivas, en tanto que se exime a la otra; y peor aún, se usa este hecho para atizar la venganza y el odio entre peruanos, como hemos visto el. 10 de Enero que en presencia de la comisionada Sofía Macher, el Presidente Toledo dijo en tono amenazante: "me las van a pagar...........en mi gobierno ningún terrorista saldrá libre",oponiéndose al interés nacional de cerrar heridas, y socavando el camino hacia una verdadera reconciliación nacional.
En cuanto a los desaparecidos, si bien es bueno que la Comisión haya presentado una lista preliminar con nombres de 7618 desaparecidos, no es suficiente, no hay un esfuerzo para encontrar a los responsables, ni menos se exige al Estado peruano que se haga justicia y nos entreguen los restos de nuestros familiares; más aún si las propias cifras de la Comisión señalan que el Estado peruano es el responsable del 84% de desaparecidos y sólo el 0.7% es atribuible a los grupos subversivos. No estamos de acuerdo con que se persista en avalar la impunidad. Por otro lado expresamos nuestro desacuerdo con que "entre los veinte casos significativos" que considera la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no estén las matanzas y genocidios perpetrados por las Fuerzas Armadas en aplicación de su política antisubversiva durante los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori, entre estos:
Huambo, Iquicha, Huaychao, Uchuraccay, Espita, Oqopeja, Paccha, más de 800 cadáveres monstruosamente torturados tirados en las calles y alrededores de Ayacucho por el General Noel, Sivia, Sillco, Soccos, los campos de concentración en "Los Cabitos", Totos, Qoisa y Pichari, Huanta y Luisiana; genocidio de Chinche (Pasco), Parabamba (Huancavelica), San Francisco (varias veces), Chiara, Rosario, Pomabamba, Puramenta, Cocahuichun, Vía Libertadores, Leompata, Sajrarumi, Churrubamba, Misquibamba, Paraíso (San Martín), Milpo y Pillo-Pachamarca (Huancavelica), Putís, Chullay, Lucmahuayqo (Vilcabamba, Cuzco), Cuñi (Acobamba), Ayahuarcuna, Vinchos, Remillapata, Mayopampa, los niños de Balcón, Pichari, Azángaro (Luricocha), Huamangilla, Chuschi, arrasamiento de Incaraqay, Quinuas, Sivia, Quimbiri, las fosas de Pucayacu, carretera Huanta- Mayo, Macachacra, Quinua, Muyuri, Cocahuischaca, Toldorumi, Zamatapampa, Usutapampa (Victor Fajardo), Pichuyrumi y Qarpaqasa (Cangallo), Yribamba, Luricocha y Cassa-Orqo, Yanaorqo, Vado Chico, Capitampapa, Laurente, Las Vegas, Neque, Paqueq, Qanqana, Pava, Pacha,. Aucayacu, Alto Pacae, Arancay, hasta el 85 durante del gobierno de Belaúnde.
Durante el Gobierno de Alan García:
Huambalpa, Carhuanca, Pujas, Vilcashuaman, Vischongo (Cangallo), Huamanmarca, Aqomarca, Llocllapampa, Piteq, Yuraqera, Mayopampa, Ahuaqpampa, Qeuqeqata, Pucayacu, arrasamientos de Aqomarca, Umaru, Incaraqay, Pantin, Tankiwa, Cochapata, Mayopampa, Mamallasaq; genocidios de Umaru, Bellavista, Llocllapampa, Totora, Huácar (Huánuco), Situyi (San Martín), Penal de Lurigancho, Uchuyunqa; Aucayacu, Campo Grande, Venenillo y Palo de Acero en San Martín; Churupampa ( Ayacucho); Uchiza, caseríos 8 de Diciembre e Independencia en Pasco, genocidio de los penales el 86, Cayara; Cochapata (Totora, Oropesa Apurimac); Huachullo (7 evangelistas), Puchungo (Chumbivilcas, Cuzco), Collama (Quiñota), Chuchumke, Ccasahui, Ccapullullu. Los asesinatos de Yahuarmachay, Ayahuanco (Ayacucho) , Chaynabamba (Huancavelica).
Durante el Gobierno de Fujimori:
Iquicha, Chilcahuayco, Challwapampa, Castropampa en Ayacucho; Mamaru, Totora, Anco, Turpay, Huaruchaca (Grau); Chalhuanca, Antabamba, Ocobamba y Andahuaylas; Pucallpa, Vista Alegre, río Inuya; Santo Tomás (Chumbivilcas); caso Castillo Páez, atentado Dr. Zuñiga; desaparición en Chusqui, Víctor Fajardo (el Ejército desaparece a 7 candidatos de la IU), Puquio, Cahuaco (Caravelí, Arequipa), Fundo Bocanegra (Lima), desaparición en Iscos y Universidad del Centro; 300 desapariciones (hasta Octubre 91) en San Martín, Huánuco y Ucayali, en Pucallpa y Tarapoto localidades de Chilcayo y Picota, los distritos de Morales, Soritos y Naranjillo; desapariciones de los niños Gómez Paquiyauri en La Perla (Lima); desaparición de campesinos de Santa Bárbara (Huancavelica). Los asesinatos de Ramadilla, Llochegua (Ayacucho) , Somabeni (Río Ene), Acocro, Quinua y otros en Huanta; en Chincho, Huanchuy, Uralla, Michca, Villoc en Huancavelica; Tocache; matanza de 10 jóvenes en San Gabriel (Lima), Barrios Altos, La Cantuta, campesinos del Santa, etc.
Toda esta ola de muertos desatada por el Estado peruano no es considerada "significativa" para la Comisión de la Verdad y Reconciliación ¿porqué? Porque apuntan a condenar la insurgencia armada y defender la política genocida del Estado peruano considerándola como acción residual, así discriminan para aplicar ley del Talión para las organizaciones subversivas e impunidad para el Estado peruano y sus fuerzas armadas; por eso mientras se pretende mantener ilegalmente en prisión a 2,300 prisioneros políticos, no hay en prisión ningún miembro de las fuerzas del orden responsable de estos viles genocidios.
Por otra parte rechazamos las declaraciones del Comisionado Tapia que dijo" "Son los grupos terroristas los más grandes violadores de los derechos humanos y es la primera vez que un grupo insurgente ha violado los derechos humanos más que el Estado", contradiciendo públicamente el porcentaje de las cifras de desaparecidos dadas por el Dr. Lerner. De continuarse así, si la Comisión de la Verdad y Reconciliación no corrige su ladeamiento quedará como una Comisión encubridora más, como lo fueron la Comisión Vargas Llosa o la Comisión Melgar y no cumplirá su objetivo. Siendo ésta la situación, comprobamos una vez más que somos nosotros los que tenemos que seguir contribuyendo a que la auténtica verdad histórica se abra paso, y sólo así podremos saber al fin dónde están nuestros familiares desaparecidos porque no tendremos descanso hasta que podamos recuperar sus restos, enterrarlos y rendirles el homenaje que se merecen. Sabemos que el pueblo del cual somos parte siente nuestro dolor y con su apoyo, estamos seguros que lograremos nuestro objetivo.
Finalmente, queremos que esta Tribuna sirva para hacer llegar nuestro saludo al Movimiento Popular de Control Constitucional y a los 14,000 firmantes de la demanda de inconstitucionalidad por el triunfo político, jurídico y moral obtenido, que sirve a la democratización de la sociedad peruana y a hacer conciencia de la necesidad de una solución política a los problemas derivados de la guerra interna.
Por otra parte denunciamos la detención de nuestra Secretaria de Organización doña Delia Vidal Mariño, pedimos a la II Convención apoyar nuestra lucha exigiendo su libertad, y demandamos al gobierno que cese la persecución a las organizaciones y familiares de víctimas de genocidio o presos políticos.
Por todo lo expuesto proponemos que la II Convención de Organizaciones y Masas por la Auténtica Verdad Histórica acuerde :
1).- Seguir haciendo conciencia de la necesidad de una solución política a los problemas derivados del conflicto interno, y una vez más llamamos a las masas y organizaciones de familiares de prisioneros, de víctimas de genocidio, de requisitoriados y expatriados, y a todas las organizaciones populares y democráticas, a aunar esfuerzos para resolver este problema central de nuestra vida nacional y servir a la reconciliación nacional que necesita el pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto.
2).- Los aquí presente nos comprometemos a seguir bregando por establecer la auténtica verdad de la guerra interna y hacerla conocer y comprender a nuestro pueblo y a la sociedad peruana.
3).- Nuestro pueblo y la sociedad peruana necesita la paz pero no puede haber sin justicia, por eso exigimos sanción para los genocidas y demandamos a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que acoja todas nuestras denuncias y no siga eximiendo de responsabilidad a los gobernantes de turno, Belaúnde, García Pérez y Fujimori, y a las Fuerzas Armadas y Fuerzas policiales que ejecutaron los viles genocidios, torturas, detenciones y violación de los derechos fundamentales.
4).- Ubicar a los familiares de quienes fueron víctimas de genocidio en los diferentes lugares del país, con el objetivo de denunciar penalmente estos crímenes para que no queden impunes. La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio -AFADEVIG- concentrará las informaciones y elaborará las respectivas denuncias.
5).- Rechazamos la campaña en contra de la reconciliación nacional. Basta de odio y venganza, la necesidad hoy es buscar una solución política que abra camino a la amnistía de los presos políticos en función de una reconciliación nacional.
6).- Servir al movimiento por la libertad de los presos políticos.
7).- Exigir la libertad de la secretaria de AFADEVIG Doña Delia Vidal Mariño. 8) Demandar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación lo siguiente:
l Que en sus conclusiones finales considere la necesidad de resolver los problemas derivados de la guerra interna, políticamente, incluyendo la situación de los que aún quedan alzados en armas, y que se pronuncie frente a la opción del gobierno por una solución militar que sólo trae más muertos, represión y mayor pobreza y aumenta el encono y resentimiento.
l Que en las audiencias públicas institucionales, escuche equitativamente a las partes que han participado en el conflicto armado que se desenvolvió en el país desde 1980, y no sólo a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y partidos políticos como han planteado.
l Que en sus audiencias públicas institucionales consideren nuestra participación.
9).- Acudir al llamado hecho por el Movimiento Popular de Control Constitucional a constituirse como asociación civil inscrita amplia.
10).- Publicar las expresiones de agravio vertidas en la II Convención, así como todos los testimonios recopilados y proseguir difundiéndolos en plazas y asambleas públicas.
11).- Elevar una carta al Presidente de la República planteando al gobierno que la necesidad hoy es buscar una solución política a los problemas derivados del conflicto armado.
12).- Encomendar a la Coordinadora Nacional de Organizaciones y Masas por una auténtica Comisión de la Verdad, la publicación inmediata de toda la documentación de la Convención así como la aplicación de los acuerdos.
Lima, 6 de febrero del 2003
Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio
AFADEVIG