1.
Represión en escrache a la comisaría 3ª de La Plata.
2.
Infiltrados bien blanqueados.
3.
Córdoba: Balazos del CAP contra familia de motociclista
atropellado.
4.
Caso Fuentealba: Condenaron al peón para salvar al rey y sus
alfiles.
5.
A dos años del fusilamiento de "Tato" Mansilla.
6.
Otra de polichorros
7.
Próximas actividades.
INFILTRADOS BIEN BLANQUEADOS
Nunca falta un incrédulo cuando los militantes populares denunciamos
la presencia en marchas y movilizaciones de personal policial de civil que se
infiltra en las columnas para generar provocaciones, para identificar a los
compañeros más representativos, o para fotografiarlos y filmarlos. Pero gracias
al buen fiscal Marcelo Romero, aquel que hace no mucho tiempo ordenó
directamente a la policía bonaerense que filamara y fotografiara cuanta marcha
hubiera para tener un buen registro gráfico de "sospechosos", ahora podemos
probar cómo funciona el asunto.
En el acta inicial de la causa en la que el buen fiscal platense imputa a
nuestro compañero Ariel Devoto el delito de daño calificado, se describe
con detalle el operativo montado por la policía frente a nuestro escrache del
pasado jueves 10 de julio. Además del personal uniformado, dice el acta policial
incorporada a la causa judicial, "se dio intervención a personal de la
Oficina de Reunión de Información para la Prevención del delito, que
vistiendo ropas informales, debían simular ser periodistas para
realizar filmaciones del acto". Pero no estaban solos. Al oficial
Gustavo Villarroel le ordenaron que, también "con ropa informal", se
confundiera entre los manifestantes para "observar los acontecimientos de
cerca".
El DVD con las fotos y filmaciones hechas por los
falsos periodistas está obviamente ya incorporado como prueba de cargo,
y el policía Villarroel fue, según dice la misma acta, quien indicó a sus
colegas que debían detener a Ariel.
Bien blanqueados estos infiltrados, por sus jefes policiales y por la
justicia, que como el fiscal Romero, tiene bien claro qué intereses
defiende.
REPRESIÓN EN ESCRACHE A COMISARÍA 3ª DE LA PLATA
En
nuestro Boletín n° 483 informábamos que en un nuevo “accidente” protagonizado
por un efectivo de la comisaría 3ª de La Plata (Los Hornos), moría Miguel Ángel
Serrano (19), atropellado intencionalmente, junto con un amigo que salvó su
vida, por el policía Marcelo Emilio Palomo. El uniformado ya había amenazado de
muerte a Miguel y es conocido en la zona por fotografiar, detener, golpear y
amenazar a los pibes y vecinos del barrio. Antes de morir, Miguel sindicó al
policía Palomo como el conductor del vehículo que lo atropelló y se dio a la
fuga.
Testigos del “accidente” fueron amenazados por el mismo Palomo para que
no declaren en su contra. A los pocos días, Palomo era “detenido” y alojado en
una dependencia policial, donde fue visto tomando mate en la vereda, cumpliendo
una muy cómoda prisión preventiva. Pasado el mes del asesinato, el juez de
garantías Juan Pablo Masi, a pedido de los fiscales Delucis y D´Gregorio (los
mismos que liberaron a los 14 agentes del servicio penitenciario bonaerense,
responsables materiales de 33 muertes en la Masacre de la unidad 28 de
Magdalena, en octubre de 2005) excarcelaron al policía al recaratular la causa
como homicidio culposo, avalando la versión policial-oficial de que se trató de
un accidente.
A pesar de las reiteradas amenazas sufridas por la familia de Miguel
-que incluyeron llamados telefónicos, autos merodeando por el barrio y hasta la
“casual” detención de diez días de su hermana Soledad- familiares, amigos y
vecinos del joven, acompañados por CORREPI junto a otras organizaciones
estudiantiles y de derechos humanos, marchamos el jueves pasado a la comisaría
3ª exigiendo cárcel a Palomo y denunciando al poder judicial, habitual
excarcelador de asesinos de uniforme.
A dos cuadras de la comisaría se visualizaba el vallado, un enorme
despliegue de efectivos de infantería y personal policial de civil, algunos de
ellos infiltrados como periodistas que fotografiaron y filmaron a los
manifestantes. Sonia Vallejos, la mamá de Miguel, exigió que se "deje de
apretar a los testigos que saben lo que pasó y quieren hablar. Dejen de cubrir a
Palomo, que es un asesino, solamente porque trabaja con ustedes".
Cuando finalizaba la marcha, sin que se produjeran incidentes de
importancia, efectivos de infantería arremetieron contra los manifestantes
disparando postas de goma e iniciando una persecución. Durante la represión fue
detenido deliberadamente nuestro compañero Ariel Devoto quien portaba el
estandarte de nuestra organización y se encargó de relacionarse con los medios
de comunicación que se acercaron a cubrir la marcha, y al que se le imputaron
los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y daño calificado. Durante
la detención fueron golpeadas las compañeras Yoná Eliossof y la abogada
Guadalupe Godoy de la LADH; más tarde fue detenido un menor de 16 años, al que
retuvieron esposado a un banco en la comisaría.
Ariel, después de permanecer deteido toda la noche en la comisaría de El
Dique (Ensenada), con la permanente presencia en la puerta de CORREPI La Plata y
compañeros que nos hicieron el aguante, fue indagado por el fiscal Romero, que
se vio obligado a dejar de lado el cargo por atentado y resistencia a la
autoridad y a ordenar la libertad, que se efectivizó por la tarde.
Desde CORREPI responsabilizamos al gobierno provincial y nacional por
cualquier amenaza que se concrete sobre los integrantes de la familia Serrano o
los amigos de Miguel Ángel; denunciamos la violenta represión y la detención
premeditada de nuestro compañero, que no tiene otro objetivo que intentar
amedrentar y desmovilizar a quienes denunciamos que el gatillo fácil, las
torturas y muertes en manos de las fuerzas de seguridad, es decir, las
políticas de estado del gobierno que dice ser el garante de los derechos humanos
y que nos tortura hasta la muerte o nos fusila un pibe cada 40
horas.
CÓRDOBA: BALAZOS CONTRA FAMILIA DE MOTOCICLISTA
ATROPELLADO
La madrugada del viernes, Francisco Heredia (29), que
conducía una motocicleta en compañia de su cuñado, por el barrio Los
Granaderos, fue embestido por un móvil del CAP (Comando de Acción
Preventiva) de la policía cordobesa. El patrullero arrancó de manera
intempestiva en medio de la oscuridad. Ante una brusca frenada del patrullero en
medio de la bocacalle, el motociclista impactó de lleno contra la puerta lateral
del patrullero.
Hasta aquí, esto no pasaría de un simple comentario de un accidente de
tránsito, pero sumado al choque, y la gravedad del mismo (fractura expuesta de
tibia y peroné), el joven declaró que, estando tendido en el piso con la
cara bañada en sangre: "Escuché desde el piso que prepeaban a mi cuñado y
decían que iban a esa velocidad porque los llamaron por un asalto, cosa que es
muy extraña, que no creo, porque no habían prendido la sirena. Cómo será que nos
maltrataron y contestaron mal que no quisieron decir cuál era la compañía de
seguros y el acompañante no se quiso identificar.
Pero aun hay más. Mientras la esposa del motociclista herido, Graciela
Bedoya, se encontraba en su domicilio del barrio La France, con el marido
internado en el Hospital de Urgencias, fue víctima de un ataque sobre el frente
de su domicilio, en el que dormían sus pequeños hijos de 2 y 9 años. El ataque
en cuestión fue a balazo limpio, ocho según la señora. Uno de los proyectiles,
atravesó la puerta del dormitorio. "Si hubiera estado sentada o parada, la
bala me atraviesa. Ni pensar si alguno de los chicos estaba saltando en la
cama", comentó la mujer.
Heredia, que sostenía a su familia con su carnicería, acusa
directamente a la policía del atentado que sufrió su familia: "Yo no tengo
problemas con nadie, no tengo enemigos, yo lo vinculo con el choque. No sé si
será para que no haga la denuncia, pero no pienso quedarme con los brazos
cruzados", dijo al diario La Voz.
No es la primera vez que se registra un atropellamiento de este tipo;
el primer muerto en las rutas del año 2008 tuvo como protagonista a otro
patrullero del CAP y el 4 de enero uno de estos móviles, que transitaba a
altísima velocidad por la Av. Fuerza Aérea, sufrió un vuelco en la intersección
con Gilardo Gilardi, embistiendo a cuatro jóvenes que se encontraban en el lugar
provocándole heridas gravísimas a dos de ellos. En este caso del barrio Los
Naranjos, el levantamiento de todas las pruebas fue tan veloz como el móvil que
habría llevado desde su casa hasta un comercio a un policía y su esposa.
CASO FUENTEALBA: CONDENARON AL PEON PARA SALVAR AL REY Y SUS
ALFILES
A veces no es necesaria una sentencia absolutoria para consagrar la
impunidad. La impunidad, que no es otra cosa que un atributo del poder, a veces
es mejor servida con una sentencia condenatoria que satisfaga en una mínima
porción el reclamo popular de juicio y castigo -preferentemente, la más
inofensiva- pero que al mismo tiempo ponga a resguardo a quienes,
circunstancialmente, administran el poder que debe ser
protegido.
Fuentealba es el último de una lista de fusilados en
manifestaciones en democracia que se inició con Víctor Choque (Ushuaia, 1995), y
cerraba, hasta el 4 de julio de 2007, con Luis Cuéllar (2003, Jujuy).
A
pesar de la larga nómina –plagada de nombres olvidados, como los fusilados de
Corrientes de 1999–, casi ninguno de los asesinos, todos identificables, pues
eran funcionarios estatales, fue condenados. La masacre de Corrientes no cobró,
hasta hoy, un solo preso.
Algún tirador aislado del 19 y 20 de diciembre
de 2001 fue condenado en el interior del país, pero el grueso de los ejecutores
y sus mandantes siguen impunes. Ninguno de los responsables políticos de los
asesinatos de Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Santillán o Barrios fue enjuiciado
ni mucho menos condenado. Pero, decíamos, a veces no hace falta la sentencia
absolutoria para que triunfe la impunidad.
El comisario Fanchiotti,
sicario en el Puente Pueyrredón, fue condenado a prisión perpetua, como su
colega Poblete, y esa sentencia contribuyó a garantizar la impunidad de sus
mandantes, desde el presidente y sus ministros hasta el gobernador y sus
secretarios. La condena de Poblete, como la de Fanchiotti, permitirá dilatar la
de sus superiores. Del mismo modo, señalar como su jefe sólo a Sobisch y sus
ministros oculta la responsabilidad del ex presidente Kirchner y su gabinete.
Cuando los hechos superan el límite, jueces y fiscales no dudan en condenar al
dedo que aprieta el gatillo, para garantizar la impunidad del cuerpo gobernante.
Como en el ajedrez, si hay que salvar al rey y sus alfiles, no les importa
perder uno o dos peones.
A DOS AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE "TATO" MANSILLA
El 11 de julio del año 2006, Tato, de 18 años, luego de una jornada de
trabajo, regresó a su casa con sus padres y salió a visitar a su ahijada a unos
metros de su hogar en el barrio de monobloks Nueva Italia en Villa Tesei. Menos
de media hora después de haberse retirado fue fusilado por un escopetazo de la
Remington calibre 12 del oficial Nogueira desde el móvil 7000 Toyota Hilux que
conducía el sargento Rojas.
Le plantaron un revólver tipo lechucero que no servía para disparar por
carecer de martillo percutor y en sus bolsillos colocaron documentación de un
vehículo robado. Después de dos años de protección judicial por el Juez de
Garantías Robles, que negó la detención por considerar que no había suficientes
pruebas, y de protección policial, que deja a los asesinos de gatillo fácil
patrullar los barrios todos los días, familiares, amigos, vecinos activando
desde CORREPI Zona Oeste seguiremos adelante por Tato y por todos los pibes
torturados y fusilados por el estado.
Esta semana, durante la toma realizada por el Centro de Estudiantes Esteban
Echeverría, trabajadores docentes y comunidad de la Escuela 1 y 4 en reclamo de
su derecho a estudiar en condiciones dignas, compañeros de CORREPI de la zona
recibieron el apoyo y el compromiso de jóvenes que a diario padecen el accionar
represivo de la bonaerense y de gendarmería.
OTRA DE POLICHORROS
La noticia, publicada sin mayor despliegue por el diario Crónica, habla
solita: "Policías amparan a piratas y a prostíbulos.- Los funcionarios de la
Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires tienen "en la mira", por irregularidades, a altos jefes policiales
de la Bonaerense, que recientemente se desempeñaban en la sede de Dirección
General de Investigaciones Judiciales de la institución. Los servidores públicos
figuran sospechados de amparar a bandas de piratería del asfalto y de ofrecer
cobertura a varios prostíbulos".
Las denuncias se remontan a junio de 2006, y esta vez se refieren a la DDI
de Lomas de Zamora, cuyos jefes reclamaron el pago de 100 mil pesos al
responsable de un galpón en Avellaneda donde se guardaba el botín de
varias bandas de piratas del asfalto. Además está probado que, justo
frente a la DDI, funcionaba un inmueble que los policías usaban como
depósito de artículos robados, y también que coimeaban a los dueños de
diversos prostíbulos y casas de juego ilegal de la zona, algunos en un radio de
100 metros de la Departamental.
¿Hace falta repetirlo? Juego clandestino, prostitución, piratería del
asfaltos, bandas especializadas en asaltos comando, secuestros extorsivos y
narcotráfico, coimas, zonas liberadas, logística, armas sofisticadas... Ningún
capítulo de la criminalidad organizada es ajena al aparato represivo del estado,
que la dirige y gerencia a través de sus altos mandos, así como explota y
administra la "pequeña" delincuencia barrial por la vía del control territorial
que ejercen las brigadas y servicios de calle.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 16 de julio, 8:30, concentramos frente al
edificio de los tribunales de Lomas de Zamora (Camino Negro y Larroque) en la
jornada en que se conocerá la sentencia al asesino de Matías Bárzola, el
"Mataguachos" José R. Pelozo.