CUANDO LA VIOLENCIA PRIVADA
SE VUELVE CRIMEN ESTATAL
Dos noticias similares de esta
semana: El sargento Roberto Telleo, de la PFA, discutió con su mujer en su
casa de Tolosa. Después de pegarle un tiro, se suicidó. Aunque la mujer recibió
el disapro en el cuello, logró sobrevivir. En Río Gallegos, el suboficial de la
Prefectura Naval Aníbal Castro fue a la casa de su ex esposa, agente de la
policía provincial, a ver a sus hijos. Se encontró en el lugar con el nuevo
novio de la mujer, también policía provincial, y le pegó cinco tiros. Luego, se
puso el arma en la boca y se mató. Milagrosamente, el herido no
murió.
En 1969, Rodolfo Walsh publicó una
nota titulada “La secta del gatillo alegre: el enigma de La Matanza” en
la revista de la CGT de los Argentinos. Allí, además de describir casi todo el
menú de herramientas empleadas por el aparato represivo del estado (la tortura,
las detenciones arbitrarias, las muertes en cárceles e institutos de menores, la
represión a militantes y activistas, y los fusilamientos que hoy llamamos de
“gatillo fácil”), mencionaba también la recurrencia de hechos derivados de
“conflictos personales y pequeños incidentes cotidianos que los policías
suelen resolver por la vía del arma reglamentaria”.
El 8% de los casos registrados en el Archivo que
anualmente publica CORREPI corresponde a situaciones "intrafuerza" o
"intrafamiliares", en los que el policía, gendarme, prefecto o servicio
penitenciario actúa como tal, y convierte un hecho de violencia privada en uno
estatal. Es habitual también que, para intentar la impunidad, se usen otros de
los muchos recursos que el estado pone a su disposición para cumplir sus
objetivos institucionales. Buen ejemplo es el comisario Sodano de la PFA, que
está preso por asesinar a su mujer y luego tratar de presentar el homicidio
como un suicidio, con ayuda de sus subordinados.
Estos episodios ponen de manifiesto cómo, también a la
hora de resolver sus cuestiones particulares, los perros guardianes de la clase
dominante utilizan los mismos métodos y recursos que sus mandantes les proveen
para ser empleados contra los trabajadores y el
pueblo.
CÓRDOBA: GATILLO FÁCIL EN BARRIO SAN
VICENTE
ALTO VALLE: INTIMIDACIÓN EN EL ANIVERSARIO
DE LA DESAPARICIÓN DE UN ESTUDIANTE
El sábado 14 de junio de 2003, Sergio Avalos, de 18
años, fue a bailar a un boliche tropical de Neuquén llamado "Las Palmas". Era
estudiante de la Universidad del Comahue. Ya entrada la madrugada, sus amigos
vieron que estaba con una chica, lo saludaron y se fueron. No volvió a la
pensión de estudiantes donde vivía, pero como el domingo era el "día del
padre", sus compañeros supusieron que habría ido a visitar a su familia en Picún
Leufú. Nunca se supo más de él.
Desde el inicio de la causa, las
sospechas de sus amigos y familiares, y de las organizaciones como ATEN e HIJOS
Alto Valle que se involucraron en el reclamo por su aparición, se
dirigieron al sitio de diversión nocturna y a su sistema de seguridad. Es
que los "patovicas" del boliche, hoy cerrado, eran integrantes del ejército, que
se hacían unos pesos extras como custodios privados.
A cinco años de su desaparición, la "investigación"
es tan frustrante que la fiscal ni siquiera pudo establecer si Sergio salió
vivo del local bailable, o si murió en su interior. Las cámaras de seguridad,
que no eran pocas, curiosamente se quedaron sin película a las 2 de la mañana
del día en cuestión.
En lo que sí hubo novedades, en cambio, es en los
aprietes y amenazas a militantes. En cada aniversario de la desaparición se
han repetido los anónimos y las amenazas, pero este año el asunto tomó un cariz
más grave. El jueves 12 de junio, mismo día que se habían reunido con
la rectora de la Universidad Nacional del Comahue para exigirle que la casa de
estudios se presentara como querellante en la causa judicial, alguien dejó una
bolsa que contenía un cráeno humano, absolutamente limpio y completo, frente a
la casa de un referente de la agrupación HIJOS en Cipolletti, Río
Negro.
Además de la desaparición del estudiante, HIJOS
sigue de cerca el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de
represión “La Escuelita”, y recientemente denunció a Luis María Fernández,
profesor del Colegio Militar durante la dictadura y de la Escuela de Policía en
los ’90, hoy uno de los jueces que interviene en la causa por el
fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba. La
fiscalía de turno envió muestras del cráneo a La Plata para determinar si se
trata de la cabeza del estudiante desaparecido, o la de un testigo del "triple
crimen" de Cipoletti, que fue asesinado y decapitado, y cuya cabeza nunca se
halló.
LA PLATA: OTRO GATILLO
El jueves por la noche, dos adolescentes de 15 años ingresaron con
aparentes fines de robo en un ciber de la calle 10 entre 64 y 65, en La Plata.
Entre los clientes se encontraba -de civil, de franco pero con su pistola
reglamentaria-, el policía Miguel Ángel Chocobar, de 23 años, que
regularmente cumple funciones en una comisaría del Gran Buenos Aires. Según los
medios de comunicación, los jóvenes estaban armados: uno con una pistola, el
otro con una cuchilla. Y como el primero “amagó a usar el arma”, el
policía sacó la suya, dio la voz de alto y disparó hiriendo a ambos.
Uno de los pibes murió horas después, mientras era intervenido
quirúrgicamente por la herida que le afectó el abdomen. El otro fue aprehendido
al solicitar asistencia médica en una clínica del barrio de Villa Elvira, con
heridas en el abdomen y mano derecha. Fuentes policiales argumentaron que
el policía “sintió que estaba en riesgo su vida” y que por eso efectuó
los certeros disparos sin sufrir siquiera un rasguño, lo que nos da la pauta que
los efectivos de la bonaerense tienen la mejor puntería del mundo y son los
pistoleros más eficientes y rápidos para gatillar, o fusilan sin dar la voz de
alto.
A escasos metros de este mismo ciber, hace casi tres meses, el policía
federal Javier Ojeda (31) asesinaba al famoso “hombre araña” que de hombre tenía
muy poco ya que contaba con 16 años de edad. A este pibe se le adjudicaban una
serie de robos y violaciones a estudiantes universitarias. La noche del 24 de
marzo descendía por las rejas del edificio donde había intentado cometer un robo
y fue ejecutado de un disparo en la cabeza mientras huía.
Lejos de hacer la apología de los robos a mano armada y mucho menos de
las violaciones, no podemos dejar de denunciar que en Argentina la pena de
muerte existe, de manera extra legal, y es ejecutada por todas las fuerzas de
seguridad, a razón de una muerte cada 40 horas. Las víctimas son, casi sin
excepción, pibes pobres, a lo que en muchos casos se suma el
argumento justificador del fusilamiento de que algo habrá
hecho.
RESISTENCIA A LA PERUANA
La comunidad peruana de
Moquegua sufrió los ataques de la policía tras organizarse para resistir el
saqueo de sus recursos mineros. La empresa Southern Copper Corporation estaba a
punto de ser beneficiada con una reducción en los impuestos que debe pagar por
la explotación de sus minas de Moquegua y Tacna. La resistencia y llamado a la
discusión con el gobierno peruano comenzaron hace 8 meses, y tras no ser
escuchados, los obreros mineros y la población de la zona comenzaron una huelga
general y el corte de la ruta nacional que pasa por el lugar.
La
respuesta del gobierno fue la represión, con bombardeos desde aire y tierra
hacia la Carretera Panamericana Sur, tomada por unos seis mil huelguistas.
Cuando se le terminaron las bombas a la policía, los manifestantes continuaban
yendo a la ruta, llegando a ser más de 15.000, y superando enormemente la
cantidad de efectivos de las fuerzas policiales. En ese momento la tortilla se
dio vuelta y fueron los policías los que empezaron a huir de los manifestantes
que los corrían con palos y piedras, y que apresaron a 70 de ellos para obligar
al jefe policial a ir hasta la catedral y pedirle perdón a la población por la
represión que habían desatado. El jefe Jordán fue luego desplazado de su cargo y
el presidente de Perú, Alan García, se refirió a él como un cobarde por dejarse
"pasar por arriba" por el pueblo enfurecido, al mismo tiempo que pretendía
desligarse de la responsabilidad de la represión acusando al mismo
policía.
Luego de una clara demostración de poder, los habitantes de
Moquegua liberaron a los policías, sostienen los cortes y han llamado a una
huelga general para el lunes 23 de junio. Un ejemplo claro de que a la represión
se la combate con organización, y de que el pueblo es mucho más poderoso de lo
que se pretende hacernos creer.