El viernes, ocho “piqueteros” del campo fueron detenidos por prefectura
acusados de cortar rutas y quemar campos y los medios, junto con la “oposición”,
no ahorraron tinta en hablar de represión, criminalización de la protesta,
y los más osados, negando la realidad cotidiana en materia represiva contra los
trabajadores y el pueblo, se animaron a decir que “comenzó la fase represiva
del ex presidente Kirchner” y repudiaron “el uso de la justicia al
servicio de la violencia”.
Poco y nada se mostró en esos mismos medios (como sistemáticamente
ocultan el gatillo fácil, la tortura y la represión a los trabajadores), de la
brutal represión desatada unos días antes en un asentamiento de la localidad de
Orán, Salta, la provincia donde el ultrakirchnerista gobernador Urtubey le
preparó a Cristina su acto del 25 de mayo y donde no se reparte la riqueza, sino
los palos y las balas a los pobres.
Por orden de la jueza Norma Beatriz Vera, aproximadamente 1.000
policías de Orán y de la capital provincial, con el apoyo del cuerpo de
infantería de Tartagal, procedieron a desalojar dos manzanas del asentamiento La
Canchita, en el barrio El Milagro, por usurpación de terrenos municipales. Tras
cortar la luz en el predio ocupado, los policías comenzaron el desalojo
disparando indiscriminadamente, pateando a quien se cruzara, arrastrando de los
pelos a mujeres, muchas de ellas embarazadas y con niños.
Los vecinos que intentaron resistir el desalojo fueron perseguidos
por el barrio a los balazos, mientras los uniformados destruían sus precarias
casillas. Alrededor de 1.500 familias en Orán carecen de vivienda. La respuesta
del gobierno –que dice destinar las retenciones para obra pública y vivienda- es
la represión y el encarcelamiento, en reiteradas ocasiones, de dirigentes
populares que incluyen entre sus tantos reclamos el acceso a una vivienda
digna.
La “fase represiva” del ex presidente Kirchner –novedosa, y ante la que
se escandalizan los “patriotas” del campo- es la que cuenta con más de 6.000
procesados y 25 presos por razones políticas; la que mata, cada cuarenta
horas, un pibe en la calle o un detenido en una cárcel o una comisaría; la que
desaloja pobres sin techo o reprime trabajadores brutalmente con patotas o con
sus fuerzas de seguridad; y el “uso de la justicia al servicio de la violencia”
la padecen, cotidianamente, los que no tienen ni una hectárea, ni
un tractor, y menos una empresa.
LOS GERENTES DE LA INDUSTRIA DEL
CRIMEN
Una de las grandes mentiras de este régimen consiste en
hacernos creer que la policía constituye una necesidad de toda la sociedad para
garantizar el cumplimiento de las leyes y dar la pelea contra la “delincuencia”.
Se presenta de esta manera a la institución policial, en el mejor de los casos,
como un “mal necesario”, cuando no como uno de los pilares del bienestar general
que se encuentra permanentemente “al servicio de la comunidad”.
Por este camino, entre otros, se logra el consenso
del que dispone el estado para hacer uso de la violencia organizada. Pero esta
teoría de la supuesta utilidad de la policía da por tierra semana tras semana
cuando aparecen más y más casos en los que los uniformados se ven involucrados
en distintas situaciones delictivas. En esta semana, dos casos
significativos:
Un camión blindado fue asaltado el lunes pasado en la capital
mendocina. Los perpetradores lograron alzarse con 258 mil pesos. Casualmente las
pruebas obtenidas por los investigadores revelaron que el léxico empleado por
los ladrones durante el espectacular atraco responde al "código Q", que utilizan
los uniformados en sus comunicaciones y significa "quedarse quieto".
A su vez, se comprobó que los diez delincuentes que participaron del
audaz robo -en el que actuaron todos encapuchados para no ser reconocidos-
contaban con una frecuencia policial. Claro y conciso. La policía delinquiendo
para lucrar.
El otro caso: dos policías bonaerenses de la subcomisaría La Cava, en
el partido de San Isidro, extorsionaron al joven dueño de un lavadero de autos
de la zona en unos 500 pesos para no clausurar su negocio, que está en la
esquina de las calles Paunero y Daer, de Villa Adelina. Aquí los policías
aparecen más claramente como quienes organizan la industria del delito, cobrando
por la “seguridad” que sólo pueden ofrecer quienes gerencian y organizan los
robos de determinada zona.
La policía, entonces, no sólo no cumple el supuesto rol que la
legitima (el de ofrecer “seguridad” a todos nosotros), sino que, por el
contrario, es quien se encarga de llevar a cabo gran parte de los grandes golpes
que dejan jugosos resultados y de organizar la industria del crimen, lucrando
con los delitos que se cometen... y con los que no se cometen
también.
LAS VERSIONES POLICIALES INGRESAN EN LA
NUEVA ERA
Los lectores de nuestro boletín
están acostumbrados a leer la variedad de versiones policiales destinadas a
encubrir cualquier tipo de crimen contra el pueblo: ¿será esta una experiencia
piloto para reemplazar los “perros policiales” por los “E.T.
policiales”?
Relato recogido por Diario Popular:
"El uniformado, quien nunca
antes había tenido experiencias del tercer tipo, relató que 'no me inquietó esa
visión, pero veo a diez metros una figura que se movía y primero pensé que era
un perro, sin embargo cuando veo bien era una silueta como de un hombrecillo de
aproximadamente 80 centímetros, con una cabeza grande, ojos grises prominentes y
un color verdoso'”.
El "encuentro cercano" fue protagonizado por efectivos de la
subcomisaría de la localidad de Oriente, quienes estacionaron el móvil policial
en los alrededores de una propiedad privada, en una zona rural al sur de la
provincia de Buenos Aires. Continuó el relato: “entonces quise marcar el
número de celular de mi compañero que estaba afuera, pero cuando marco el 1 y el
5 mi mano queda como estática. Puedo ver que de ese vehículo o nave salen tres
seres más, dos iguales al primero y un cuarto de aspecto un poco más
robusto”.
A la fecha se desconoce si venían de algún procedimiento en el que
habían decomisado alguna sustancia estupefaciente.
EN FECHA PATRIA, EL GOBIERNO K FESTEJA SU
POLÍTICA REPRESIVA
El mensaje de la presidenta en Salta el
pasado 25 de mayo, cuando se cumplían cinco años de gobierno K, no
incluyó sus logros en la continuidad de la política represiva.
Pero los hechos lo siguen demostrando:
El mismo día, un recluso de la cárcel de Melchor Romero fue encontrado
muerto en su celda con una correa aferrada a su cuello.
Una vez más, la muerte de un interno en circunstancias no muy claras,
pero que por haber ocurrido en un establecimiento penitenciario es
responsabilidad estatal.
Desde el 25 de mayo de 2003 son 938 los muertos del gobierno K por el
gatillo fácil, la tortura o en cárceles y comisarías. No son "errores" ni
"excesos", ni se trata de herencias de la dictadura. Es la más actual
política del gobierno de los “derechos humanos”.
BOTONES DE MUESTRA: TORTURAS EN MERLO Y
MENDOZA
Un hombre, cuyos datos no se han difundido por
orden judicial, fue detenido la semana pasada en Merlo, al amparo del código de
faltas. Durante su detención en la comisaría 1ª (Parque San
Martín) fue víctima de todo tipo de golpes. Al recuperar la
libertad hizo la denuncia por torturas, obviamente convertidas en apremios
ilegales por la justicia, que ya sabemos que cumple la orden superior de evitar
el uso del término "tortura".
La denuncia era muy contundente, de manera que el ministro Stornelli tuvo
que ponerle el pecho, y mandó a sus especialistas de Asuntos Internos, junto con
personal de la fiscalía y "rambos" de la División Custodia y Traslados a detener
a los torturadores. Pero se repitió lo que pasó en 2004 muy cerca de ahí,
en Moreno, cuando la súper brigada antiprófugos de su antecesor Arslanián fue a
detener al cabo Gastelú, prófugo en su propia casa encontrado por CORREPI. Los
"guardianes de los guardianes", de nuevo, cometieron un leve error, y los
torturadores se escaparon. Esta vez no entraron al barrio tocando bocina
como en el Barrio Trujuy de Moreno. Simplemente, fueron a buscar a los
policías de día, cuando los torturadores denunciados son los del cuarto
nocturno. Y colorín colorado.
En la misma semana, en Mendoza, cuatro turistas chilenos que iban en un
auto fueron perseguidos a los tiros por 9 patrulleros y dos motos. Según la
policía, "no se detuvieron para identificarse, y dispararon contra los
efectivos". No murió ninguno de casualidad, ya que el auto en el que iban
recibió seis disparos.
Durante las 18 horas que estuvieron detenidos fueron apaleados, tanto en la
calle, ya esposados y en el piso, como en la comisaría. Los imputaron por graves
delitos, pero al recuperar la libertad, después que un abogado tramitó su
excarcelación y depositó una fianza, su versión del ataque resultó mucho más
convincente que la historieta policial. De más está decir que no hay armas,
vainas servidas ni proyectiles secuestrados, ni señal alguna de que los
turistas hicieran otra cosa más que tratar de escapar de quienes les disparaban
a mansalva.
Dos ejemplos más, por si hiciera falta, del uso sistemático de la tortura
en comisarías. En el primero, el uso legitimador de las contravenciones
para blanquear una detención irregular. En el segundo, el "armado" de una causa
penal, con el aval de la justicia, para justificar los tiros, las detenciones y
las torturas.