1. Los gatillos de la semana.
2. Libertad a todos los presos políticos.
3. Truchadas varias y el narcopolicía de
la semana.
4. Reprimen a familiares de la masacre de la cárcel de varones en
Sgo. del Estero.
5. Averiguación de
antecedentes: sólo en Salta, hay 45.000 detenciones al año.
6. Los policías
muertos en La Plata y la construcción de la noticia.
7. Próximas
actividades.
LOS GATILLOS DE LA SEMANA
Dos noticias que circularon por los medios esta semana se
complementan para dejar a la vista que la policía tiene derecho a atentar
cotidianamente contra la vida de la gente, y quien no haya entendido quién
juega para quién, y ose recurrir a la justicia, terminará pagando por ellos:
En Mar del Plata una mujer policía salió de su casa para hacer las compras.
Al estar fuera de servicio, salió con ropas comunes y corrientes, pero no
dejó de llevar su 9mm. En el camino, dos jóvenes en bicicleta intentaron
robarle, a lo que, según cuenta el diario La Capital, la mujer sacó su arma
y se identificó como policía. Curiosamente, siempre según cuenta el diario,
al sacar el arma los presuntos ladrones dispararon dos veces pero no le
pegaron. Acto seguido ella disparó y e hirió a uno de los ladrones en el
gemelo de la pierna derecha, herida que lo delata cuando va a hacerse
atender al hospital, donde quedó detenido e imputado de "tentativa de robo
calificado, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones". Resulta
difícil creer que, disparando primero, los presuntos ladrones fueran
incapaces de dar en el blanco y que además tuvieran solamente dos balas.
También cuesta creer que al "repeler" la agresión, la bala de la mujer
policía diera la vuelta para ingresar por la parte de atrás de la pierna de
uno de los "atacantes", a menos que el supuesto atacante estuviera huyendo,
situación en la cual el disparo ya no sería para "repeler la agresión" sino
simplemente para atacar. De todos modos, estas son suposiciones que la
versión oficial no necesita, ni pretende considerar. El solo hecho de que la
mujer sea policía y diga que le quisieron robar es razón suficiente para
imprimir noticias a favor de quien sale a hacer las compras con una 9mm.
Veamos ahora el caso de quien sí fue atacado, y llevando las evidencias en
el cuerpo, como no es policía, no tiene posibilidades de salvarse de la
cárcel: el caso Carrera. Para quien no lo recuerda, el hecho ocurrió el 25
de enero de 2005, cuando a metros de la Basílica Nuestra Señora de Pompeya,
perseguido por policías, Carrera atropelló y mató a tres peatones: Edith
Custodio, de 41 años; Gastón Gabriel Bedoya, de 6, y Fernanda Silva, de 31,
madre del niño. Los policías que lo perseguían lo confundieron con un ladrón,
abrieron fuego y Carrera, inconsciente y herido de 8 balazos, terminó
subiéndose a la vereda en la que atropelló a esas personas.
Por este caso, Fernando Carrera fue condenado a 30 años de prisión, y si
bien su defensa apeló argumentando que la causa fue armada, la cámara de
casación decidió esta semana confirmar la sentencia, haciendo responsable de
las muertes a quien recibió los balazos, y por ende perdió el control del
auto, y no a los policías de la comisaría 34ª, a los que una sospecha les
alcanzó para abrir fuego y a los que el Tribunal Oral Nº 14, compuesto por
los jueces Hugo Cataldi, Beatriz Bistué de Soler y Rosa Lescano, terminó de
encubrir procesando a Carrera por "robo con armas retirado, homicidio
agravado reiterado -en tres ocasiones-, lesiones agravadas, resistencia a la
autoridad, daño y encubrimiento" . Fernando Carrera fue el único imputado en
el hecho que sucedió cuando tenía 29 años; a los 60 saldrá de la cárcel,
después de perder la mitad de su vida pagándole al estado por sus propios
crímenes, gracias a tres jueces compañeros que encubrieron a sus camaradas
de gatillo fácil, y a la cámara de casación que ratificó para qué lado juega
la justicia.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Karina Germano López, “La Galle”, hija de Rodolfo Germano, desaparecido en
la última dictadura militar, se encuentra detenida por motivos similares a
aquellos por los que el estado argentino asesinó a su padre. Exiliada en
España, fue durante los '90 una activa y reconocida militante del movimiento
"ocupa" e impulsora de la agrupación H.I.J.O.S. en Barcelona. En febrero de
2002 fue condenada por el estado brasileño a 30 años de prisión, condena que
fue producto de una causa fraguada en donde se le adjudicó, junto a
militantes chilenos y colombianos, el secuestro extorsivo del empresario
televisivo Washington Olivetto.
Desde noviembre de 2006 se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, lo
cual se pudo lograr debido a la intensa lucha que su madre y amigos llevaron
a cabo para conseguir el traslado. Desde fines de diciembre se le viene
negando el derecho a salidas transitorias, las que le corresponderían al
cumplirse una sexta parte de la condena de acuerdo al régimen de
progresividad que dispone la Ley de Ejecución Penal brasileña . El juez que
le viene negando ese derecho es Sergio Delgado, miembro del Consejo de
Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). De
esa forma el gobierno, para legitimar la opresión, no sólo cuenta con la
cooptación directamente política de la organización de DDHH integradas a su
partido, sino además con la cooptación institucional, que de forma más sutil,
materializa el “discurso de ddhh” colocando en distintas instituciones
represivas y secretarias del gobierno a supuestos defensores del campo
popular.
A mediados de marzo de este año, la policía de la provincia de Neuquén
detuvo a tres militantes chilenos en un operativo conjunto con efectivos
carabineros, donde plantaron documentos de identidad falsa y armas de fuego
a Marcelo Villaroel Sepúlveda, Freddy Fuentevilla Saa y David. Los
compañeros cruzaron la cordillera, escapando de la intensa campaña
mediática de criminalización en Chile, donde se los acusa de participar de
un asalto bancario donde murió un agente de seguridad. Un ejemplo más de
efectividad con respecto a la solidaridad represiva entre los estados
contra los luchadores populares: si son extraditados, en Chile los espera
el enjuiciamiento en manos de un tribunal militar y la amenaza de pena
muerte extralegal.
En similar situación se encuentran los 6 dirigentes campesinos de la
organización paraguaya Patria Libre que, escapando de la persecución
paraestatal en su país, fueron detenidos en Argentina cuando solicitaban
asilo político.
Con el silencio garantizado por la burocracia sindical, en Córdoba hay
todavía detenidos por participar -convocados por la seccional de CTA del
pueblo de Corral de Bustos- en un escrache contra los edificios del poder
judicial local, donde se denunciaba la complicidad de este poder con las
fuerzas policiales al encubrir diversos casos de violación y abuso sexual.
En el sur del país, siguen detenidos los seis trabajadores petroleros de Las
Heras, torturados en distintas comisarías de Santa Cruz.
Sin necesidad siquiera de aplicar las leyes antiterroristas que el
departamento de estado yanqui ordena aprobar, el gobierno de Cristina
Fernández mantiene encarcelados a 25 presos políticos en el marco de la
judicialización de la protesta, que se complementa con el procesamiento de
miles por participar en distintas luchas populares.
TRUCHADAS VARIAS Y EL NARCOPOLICÍA DE LA SEMANA
Trascendió esta semana que más de 1.000 policías
bonaerenses presentaron títulos secundarios apócrifos para ser beneficiarios
del plus salarial que implica contar con el secundario completo. Por
supuesto que desde el oficialismo, con el apoyo de los medios de
comunicación que colaboran para legitimar a los nuevos cuadros de la
bonaerense capacitados en derechos humanos, se encargaron de destacar que
las truchadas son consecuencia del diseño del nuevo escalafón policial
implementado por la gestión de Arslanián, a través del cual, para ascender
en la fuerza, es necesario contar con estudios secundarios completos. “Ahora
todos los policías egresan como oficiales y tienen título secundario
completo, pero los que antes eran suboficiales no pueden ascender de
jerarquía si no tienen completo ese nivel”, fue la forma en que un anónimo
vocero de la fuerza intentó justificar a un diario platense las truchadas
que, por el momento, se cuentan de a centenas.
Por otra parte, el pasado lunes comenzó un juicio contra el comisario de la
seccional de Ringuelet, Sergio Ríos, y los sargentos Rubén Herrera y Claudio
Minicucci, acusados del delito de fraude contra la administración pública
por el cobro de horas adicionales de vigilancia que nunca realizaron -pero
siempre cobraron- en el complejo habitacional del instituto de la vivienda
de las calles 17 y 524. El fiscal pidió la pena de tres años de prisión y la
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, casi lo mismo o más de
lo que piden por el asesinato de un pibe pobre al que luego le plantan un
arma, dejando en claro que es más grave robarle al estado que “excederse” en
la ejecución de su política de control y disciplinamiento social.
Semanalmente denunciamos que los grandes negocios delictivos como el
narcotráfico, la prostitución, el juego, robos a bancos y demás son
gerenciados por las fuerzas de seguridad. El lunes pasado, en Misiones, el
sargento de la policía provincial Alejandro Prenscel fue detenido en la
localidad de Santo Tomé cuando transportaba, en un vehículo de su camarada y
también sargento Carlos Barbosa, 297 kilos de marihuana. El narcosargento
fue detenido porque el coche en el que se trasladaba había sido denunciado,
por la esposa de Barbosa, como robado esa misma mañana. Parece que al
sargento Barbosa le salió mal la jugada porque Migraciones aseguró que el
domingo anterior el mismo Barbosa usó ese vehículo para cruzar, ida y vuelta,
por el puente internacional hacia Brasil, no creemos que con fines
turísticos.
REPRIMEN A FAMILIARES DE LA MASACRE DE LA CÁRCEL DE VARONES EN SGO.
DEL ESTERO
A seis meses de la masacre en el Penal de
Varones de Santiago del Estero que causó la muerte de 39 personas,
familiares de las víctimas y organizaciones que los apoyan se manifestaron
el lunes pasado en reclamo de esclarecimiento, frente al edificio de la
legislatura provincial en calle Avellaneda entre 25 de Mayo y Buenos Aires.
Allí sufrieron la represión de la policía que vigilaba el lugar, uniformada
y de civil, y tres mujeres, esposas y hermana, respectivamente, de presos
muertos en el incendio, fueron detenidas: Karina Argüello, Cristina y
Claudia Corvalán. Primero fueron golpeadas e insultadas cuando quisieron
ingresar a hablar con el gobernador Zamora, presente en la sesión de la
cámara de diputados, y posteriormente golpeadas en la comisaría.
Tras el reclamo de los compañeros que se hicieron
presentes en la comisaría, fueron liberadas poco después de las 15:00. Nada
muy diferente de lo que ocurrió hace un mes, al cumplirse cinco meses de la
masacre que sigue impune, como la de Coronda, la de Magdalena, y los
centenares de muertes similares en todos los penales del país.
AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES: SÓLO EN
SALTA, HAY 45.000 DETENCIONES POR AÑO
“En base a la variedad de operativos que
realiza Policía de la Provincia, tenemos una media aproximada durante el fin
de semana de 450 detenidos en total, entre ellos la gran mayoría son por
averiguación de antecedentes. Estos resultados para la Policía son
totalmente normales y aun podrían superar los números brindados, de acuerdo
a eventos o festividades que se realicen". Las declaraciones pertenecen
al director de seguridad de Salta, comisario general Francisco Galván, y
muestran a las claras cómo la policía salteña ejecuta de manera permanente
su política de hostigamiento hacia los sectores populares.
Según el ex secretario de seguridad provincial,
la policía de Salta es referente de varias provincias. “Salta es ejemplo
de seguridad a nivel nacional” dice Gustavo Ferraris, el muy
cuestionado integrante de la corte suprema de justicia de Salta por sus
vínculos históricos con la dictadura y su prontuario de represor. “Siempre
las averiguaciones de antecedentes tienen que ver con tratar de prevenir
algunas situaciones. No hay que tener miedo al aumento de detenciones. Estas
detenciones por averiguaciones de antecedentes, en muchos casos significa
prevenir delitos. Bajo ningún punto de vista el número de detenciones
resulta llamativo” declara Ferraris.
Y tal cual él lo explica, la detención por AA es
una de las herramientas policiales más comunes para “prevenir algunas
situaciones” o dicho de otro modo, es una herramienta cuya aplicación
sistemática y constante se explica como parte de la política represiva que
el estado aplica a las masas populares para lograr infundir el miedo al
poder estatal, y la consiguiente aceptación de la realidad impuesta,
educando y acostumbrando al rol de víctimas que difícilmente sean partícipes
de “algunas situaciones” que pongan al descubierto la injusta realidad
cotidiana que golpea a los más pobres.
Hoy, viven en la pobreza mas del 50% de los
salteños, de los cuales 250 mil son indigentes. Ante esta realidad, Ferraris
declara que no hay que 'policializar la ciudad”. Mientras tanto, la
adquisición de nueva tecnología y equipamiento policial, y el aumento de
efectivos a las filas de la policía es constante.
El gobierno salteño usa la AA y el código de
faltas para disciplinar a las masas populares, explicando, como lo hace
Ferraris, por qué el estado nacional se niega a cumplir la sentencia en su
contra en el caso Bulacio, que le ordenó terminar con el sistema represivo
integrado por las contravenciones y la averiguación de antecedentes.
LOS POLICÍAS MUERTOS EN LA PLATA Y LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA
A veces puede resultar difícil entender cómo se construye la
realidad, pero, si uno está atento, no es tan complicado comprender de qué
manera se la pretende construir a través de los medios de comunicación. El
19 de octubre de 2007, los policías Pedro Díaz, Raúl Torres Barboza y
Alejandro Vatalaro fueron encontrados muertos en una planta transmisora
del Ministerio de Seguridad, en las afueras de La Plata. De inmediato el
hecho fue usado para apuntar a la siempre útil "inseguridad". Desde el
gobierno y desde la oposición, la tesis más desarrollada fue la del "crecimiento
de la delincuencia", desde luego acompañada por la correlativa propaganda
represiva, promoviendo de paso la necesidad de endurecer el sistema penal
en la misma dirección de siempre.
Se habló también de ataque mafioso, de "mano
de obra desocupada", de "resabios de la dictadura", de complot contra el
gobierno para atacar su "política de derechos humanos" y hasta su "plan
socioeconómico", como dijo la presidenta Fernández de Kirchner, pero de a
poco todo pareció diluirse en la tesis de un crimen pasional motivado por
el cambio de novio de una señorita.
Señalábamos nosotros por entonces que en el
episodio se ponían de manifiesto los clásicos recursos del aparato
represivo, que son creados para usarlos contra el pueblo, pero también son
aprovechados cuando deben dirimir sus disputas intestinas. Esta semana,
una información novedosa, rápidamente acallada, recorrió las redacciones
periodísticas. Aunque el lugar supuestamente había sido clausurado después
del hecho, ya había trascendido que había movimiento policial en la planta.
Hasta se había denunciado que un grupo de comisarios se reunieron allí
hace unos meses para comer un asado. Lo que se supo ahora le da un
carácter bien distinto al episodio y a esos movimientos posteriores.
Por orden de la fiscalía que investiga el
hecho, se hizo una inspección pericial en la dependencia policial, con
perros entrenados en la detección de drogas. Los animales enloquecieron
frente a una habitación que estaba cerrada, cuya cerradura hubo que forzar
para ingresar. Una vez adentro, llamó la atención la extrema limpieza del
lugar, como si alguien se hubiera dedicado a dejarlo hecho un espejo. Los
perros señalaron una serie de cajas, algunas con el rótulo "Pinamar", que
contenían equipos de comunicación. Vale aclarar que los canes entrenados
para buscar estupefacientes pueden detectar su rastro hasta seis meses
después de que fueran removidos, si las cantidades son suficientes.
En una palabra: en forma concomitante con el
triple asesinato, esas cajas habrían contenido grandes cantidades de
drogas, cuya presencia en esa dependencia no tiene explicación alguna,
salvo la eterna vinculación de la policía con el narcotráfico. ¿Cómo era
lo del complot contra el gobierno?
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 15 de mayo, de 14:00 a 17:30,
charla sobre la historia y objetivos de CORREPI en el Centro
Universitario de la cárcel de Devoto, cargo de los compañeros María del
carmen Verdú, Silvia Góngora y Alejandro Rivero.
En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de
radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen
Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por
Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel.
5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen
Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740,
www.am740.com.ar.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar
http://correpi.lahaine.org/