Como una
reedición del caso Gerez, esta semana hubo una nueva
desaparición, esta vez en Zárate, de un militante kirchnerista. Juan
Evaristo Puthod, presidente de la Casa de la Memoria de esa
ciudad, fue secuestrado y liberado luego de 28 horas de
cautiverio. Durante su secuestro, según declaró, permaneció
atado en una cama y fue interrogado sobre un acto en el que a
mediados de mayo se recordará a los militantes montoneros
Cambiasso y Pereira Rossi, torturados y fusilados en 1983
cerca de Zárate con la participación de Luis Abelardo Patti.
Como no ocurriera con la desaparición de Jorge Julio López,
desde el gobierno provincial se ordenó inmediatamente un
enorme despliegue que contó con 250 policías, helicópteros y
la presencia en esa localidad bonaerense del gobernador Scioli
y su ministro de seguridad Carlos Stornelli, que idearon
infructuosos operativos cerrojo y requisas de vehículos para
buscar a Puthod, que apareció, horas más tarde, en una agencia
de remises.
Esta vez – aunque sin cadena nacional de por medio-, la
encargada de señalar como responsables directos de esta
desaparición a los “resabios de la dictadura”, e
indirectamente a Patti, fue la secretaria de derechos humanos
de la provincia Sara Derotier de Cobacho, madrina política de
Juan Puthod, sosteniendo así la tesis de que el secuestro es
una respuesta a la “política de derechos humanos” llevada a
cabo por este gobierno que, cooptando e institucionalizando
militantes y organizaciones que hasta entonces formaron parte
del campo popular se presenta, nuevamente, como el blanco de
estos ataques al igual que en el caso Gerez.
En ocasión de la desaparición de Gerez (Boletín nº 408)
sostuvimos que la amenaza, la intimidación, el ataque físico,
llegando al grado extremo del secuestro y la tortura, es una
metodología habitual del aparato represivo del estado usado
contra los pobres no organizados y contra los militantes que
no se dejan engañar con el discursito gubernamental de los
derechos humanos, y que no es una metodología del terrorismo
de estado que quiere volver, sino la metodología actual,
cotidiana y creciente de un estado represor llevada a cabo
por sus fuerzas de seguridad. En septiembre del año pasado (Boletín
nº 446), denunciábamos el secuestro y detención clandestina
durante 24 horas de Nicolás Montecino en Neuquén, hecho que no
trascendió en los medios a pesar de su gravedad y al que
ningún funcionario le dedicó ni media palabra.
La gran difusión mediática que generó la desaparición de
Puthod pareciera ser otro aporte a la confusión, planteándose
el propio gobierno represor como víctima, generando cierto
consenso por izquierda que, al igual que en el caso Gerez,
pone esfuerzos en reclamar el esclarecimiento de lo sucedido
en Zárate mientras se agudiza la persecución y represión a los
trabajadores en lucha por un salario acorde a la escalada
inflacionaria, las cotidianas torturas y asesinatos por
gatillo fácil en las calles o en cárceles y comisarías.
Los medios, la capacidad operativa y tecnológica para
secuestrar y desaparecer, y la posterior impunidad, es
exclusiva del estado y sus aparatos represivos, sea
colaborando, o participando directamente, y no de "resabios de
la dictadura", como se plantea oficialmente. Como también lo
es el monopolio de la violencia a través de sus fuerzas de
seguridad hasta con los militantes kirchneristas que,
repudiando a Patti, fueron reprimidos hace apenas un mes en
San Martín por la policía de su gobierno “derecho y humano”.
SECUESTRO EXTORSIVO, TORTURA SEGUIDA DE MUERTE, ARMADO DE
CAUSAS Y AMENAZAS A TESTIGOS, TODO EN LA MISMA COMISARIA
Un joven de 24 años, hijo de un comerciante,
resultó interceptado por policías en inmediaciones del cruce
de Avenida de Mayo y Curupaytí del distrito de Villa
Adelina. Los uniformados redujeron a la víctima,
llevándosela privada de la libertad. El muchacho tenía una
vieja causa que había sido archivada. Momentos más tarde,
los policías se comunicaron telefónicamente con el padre del
rehén y le exigieron la entrega de una cifra de dinero con
el argumento de que tenían nuevas pruebas que les iban a
permitir la reapertura de esa causa judicial. El padre
denunció la situación ante las autoridades, por lo que los
policías prefirieron liberar a la víctima sin cobrar lo que
pretendían.
Se trata de la misma comisaría donde Matías Jaime, de apenas
17 años, un estudiante de medicina domiciliado en Carapachay,
que se dirigía hacia un local bailable, fue detenido y
golpeado hasta que murió. Después, se sospecha que estos
uniformados retiraron al estudiante del inmueble por una
puesta trasera y lo depositaron -muerto o todavía en agonía-
entre los rieles, para simular un accidente ferroviario. El
muchacho fue localizado sin vida en un paso a nivel ubicado a
escasos 10 metros de la comisaría de Villa Adelina.
Las ropas que tenía la víctima al momento del asesinato
-vitales para las pericias- fueron "perdidas" por los
servidores públicos, a la vez que se determinó que el libro
de guardia de la dependencia (usado para anotar el ingreso
de detenidos) hay diversas irregularidades, razón por la
cual ya ha sido incautado. Como consecuencia de la situación,
están procesados el capitán Adrián Antonio Daddona y el
oficial Ricardo Leyes. A pesar de eso, una testigo, Ana
María Ramoa de Garrido, de 49 años, sufrió amenazas de
muerte, ya que declaró en la causa implicando a los policías.
Un cuadro de situación en el que se concentra una gran
muestra de cual es el accionar cotidiano de la policía.
Mientras mata en la tortura a los pibes que crea conveniente
para infundir el miedo, se las rebusca para solventar sus
gastos mediante la extorsión en los secuestros.
SITUACIÓN REPRESIVA EN MAR DEL PLATA (sobre datos del
informe publicado por el Frente Antirrepresivo)
En la ciudad de Mar del Plata se vienen sucediendo varios
hechos que, en conjunto, nos describen la situación que
vive la ciudad en materia represiva. En concordancia con
la represión, el año pasado, a los trabajadores portuarios
y a la militarización, en 2005, de la feliz ciudad en
defensa del asesino G. W. Bush, las últimas novedades
siguen en la línea que marcan tanto el gobierno local como
el nacional, en lo que respecta a la naturaleza de la
represión estatal.
En la empresa Toledo, los trabajadores del peladero de
pollos, sufrieron 15 despidos arbitrarios debido a que
habían comenzado a reunirse y organizarse para encarar una
lucha que les permitiese lograr un aumento de sus
depreciados sueldos. Esta medida tuvo su justa respuesta:
cortaron la salida y entrada de camiones del parque
industrial pidiendo la reincorporación de los despedidos,
por lo que fueron nuevamente reprimidos, esta vez a los
palazos. Un trabajador tuvo que ser hospitalizado debido a
los golpes que recibió por parte del cuerpo de infantería.
La represión estuvo a cargo del inspector Gustavo Salvá,
Jefe Distrital de policía, quien actuó sin siquiera orden
fiscal.
En el barrio marplatense El Martillo reprimieron a los
vecinos que se organizaron para ocupar unas casas
pertenecientes a planes de vivienda que estaban terminadas
hacia más de un año, pero que el gobierno no adjudicaba y
por tanto estaban vacías, mientras las familias del lugar
habitan casas precarias, de chapa y madera, cuando no con
materiales aun menos propicios para el frío del invierno
en Mar del Plata. Los vecinos aún hoy, luego de la
represión, siguen en tratativas con el gobierno municipal
para conseguir una vivienda digna y acorde a las
necesidades de una familia.
El pasado martes 22 de abril durante un escrache en la
casa del asesino de Sebastián Suárez amenazaron y
golpearon a uno de los vecinos del lugar que se había
sumado a la movilización. Este efectivo retirado de la
policía bonaerense, pero que sigue, entre otras cosas
utilizando su arma reglamentaria, le disparó por la
espalda a Sebastián, quién murió teniendo dieciséis años.
La mayoría de las pruebas fueron encubiertas o fraguadas
como sucede habitualmente en estos casos. Actualmente
continúan el juicio y las movilizaciones a tribunales para
que este no sea otro caso impune.
Represión a trabajadores para evitar los aumentos de
sueldos y su organización para la lucha. Palos a los
pobres que deciden cambiar su realidad a como de lugar.
Protección a los asesinos del gatillo fácil. Tal es la
política de derechos humanos del gobierno, en Mar del
Plata y en todo el país.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Jueves 15
de mayo, de 14:00 a 17:30, charla sobre la historia y
objetivos de CORREPI en el Centro Universitario de la
cárcel de Devoto, cargo d elos compañeros María del carmen
Verdú, Silvia Góngora y Alejandro Rivero.