LA IMPUNIDAD ES UNA CUESTIÓN DE CLASE
En nuestro boletín Nº 403 de noviembre de 2006 publicábamos que el 25 de
noviembre de ese año Sean Bell, de 23 años, fue asesinado a la salida de
un bar en el que festejaba junto a sus amigos su despedida de soltero.
Al salir del local en que se encontraban subieron al auto, momento en
que los policías los rodearon apuntando sus armas, sin advertir o
anunciar nada al grupo de amigos. Bell era el conductor y al verse en
esa situación aceleró. Los policías abrieron fuego, disparando más de 50
balazos. Dos de los amigos de Bell fueron heridos de gravedad, Joseph
Guzmán recibió 19 balazos y Trent Benefield recibió tres. Sean Bell
recibió cuatro balazos en el torso y cuello y murió en el momento. Sus
amigos se recuperaron tras meses de internación en un Hospital local.
El caso sucedió en Queens, Nueva York y la semana pasada tuvo su
sentencia, que alcanzó a 3 de los 5 policías involucrados: Michael
Oliver que recargó su arma en medio de la balacera para terminar
disparando un total de 31 balas; Gescard Isnora, que disparó 11 veces; y
Marc Cooper, que disparó 4 tiros. El juez Arthur Cooperman encontró que
la defensa era contradictoria, aparte de que las víctimas tenían
antecedentes penales, razón suficiente para encontrar inocentes a los
policías y mandarlos tranquilamente a sus hogares y a continuar
trabajando para el país. Sean Bell era negro, razón por la cual mucha
gente pensó y piensa que este es un caso de discriminación, pero
sabemos que la política represiva, del estado que sea, no apunta a la
raza, sino a la clase. Igual que Sean Bell, los policías Michael Oliver
y Gescard Isnora son negros, igual que sus hijos, sus madres y sus
abuelos.
Deacon Frederick Williams fue torturado hasta la muerte con las picanas
portátiles yankis en una comisaría, luego de que su familia llamara una
ambulancia por un ataque de epilepsia y desafortunadamente llegara antes
una patrulla, tortura y muerte documentadas en video. Varios eran los
policías negros que sometían a Williams mientras pedía por su vida y su
familia. Efectivamente este no se trata de discriminación, sino
de poder, de quienes lo tienen y usufructúan y quienes deben someterse.
El candidato presidencial negro, Barack Obama lo explicó claramente
cuando, llamando al cese de protestas después de la sentencia en el caso
Bell, dijo: “somos una nación donde reina el derecho y debemos
respetar el veredicto”. En nuestro país es muy pequeña la población
negra, sin embargo los policías asesinos gozan del mismo amparo legal
que los asesinos de uniforme estadounidenses; los mapuches, los
inmigrantes y cualquier otra persona que en un análisis apresurado
podría ser catalogada como una “minoría” recibe las mismas balas, con la
misma impunidad que cualquier otra persona pobre, o desobediente, que el
estado precise disciplinar a lo largo y ancho del territorio nacional.
ELIMINACIÓN SISTEMÁTICA POR GATILLO FÁCIL: CUATRO CASOS EN DOS
DÍAS
En el edificio Alas del barrio de Retiro, donde funcionan oficinas de la
fuerza aérea, el domingo 20 de abril, el vicecomodoro Roberto Enrique
Sparadi (43) asesinó a balazos a su mujer, también oficial aeronáutica,
la mayor Rosa Elvira Fridlmeier (44). Para mantener el “prestigio” que
supo conseguir, la fuerza aérea emitió un escueto comunicado de prensa
en el que informó sobre el "fallecimiento" de la mujer y señaló que se
desempeñaba en esa institución como oficial del cuerpo profesional, sin
entrar en el detalle de que recibió tres balazos -uno en la cabeza- del
arma reglamentaria calibre 9 mm. de su marido. Sparadi estaba a punto de
realizar un curso en la escuela de guerra perteneciente al estado mayor
conjunto, para ascender al grado de comodoro. Bien preparado estaba para
solucionar hasta sus problemas familiares intrafuerza.
El mismo domingo, en el barrio Villa El Libertador de Córdoba, el agente
Adrián Mato, quien se desempeña en el Cuerpo Especial de Vigilancia del
Distrito 1 de la Policía, vestido de uniforme y junto a su esposa,
disparó dos balazos con su pistola 9 milímetros contra Adrián Alfredo
Heredia (20) quien murió horas más tarde en el Hospital Misericordia. La
versión policial fue tratando de acomodarse, con el paso de las horas,
hasta que Mato fue detenido por homicidio. Al comienzo difundieron que
el “justiciero”, repelió un enfrentamiento armado contra tres o cuatro
delincuentes que intentaron robar la cartera de su mujer, personal de
seguridad privada. Luego dijeron que el delincuente le pegó un culatazo
al agente y que el arma que portaba se la podrían haber llevado tanto
los otros que huyeron, como los vecinos. Tomando en cuenta este tipo de
versiones calcadas, en las que la policía tiene la mejor puntería del
mundo, y en las que los que intentarían robar usan armas que no disparan
para pegar en la nuca, podemos deducir que Adrián Heredia no disparó, no
tenía armas, estaba solo, y que el asesino integrante de un cuerpo
especializado con 25 años de edad no carecía de preparación, no cometió
errores ni excesos, ni es un “resabio de la dictadura” sino que es parte
de la política represiva del estado que nos mata un pibe cada cuarenta
horas en los barrio pobres.
En Ranelagh, sur del Gran Buenos Aires, el miércoles 23 de abril, un
teniente primero del Destacamento Hudson de la Policía de seguridad Vial,
a bordo de su automóvil en la puerta de su casa, disparó contra un
adolescente del mismo barrio, Pablo Nicolás Fortín (19). Según la
versión policial, el bonaerense, franco de servicio y de civil, fue
sorprendido por cuatro desconocidos que se movilizaban en dos vehículos.
Ante su supuesta respuesta armada, habrían abandonado un Citroen C3
denunciado como robado en City Bell, en la puerta de su casa y escaparon.
Pero con la agudeza del olfato policial, sobre todo ante el disparo en
el abdomen que el teniente le dio al joven, sospecharon que uno de los
frustrados asaltantes habría resultado herido y realizaron una recorrida
por los centros asistenciales de la zona logrando ubicar al muchacho en
el Hospital de Berazategui.Para completar el tremendo despliegue, en el
que intervinieron la comisaría de Ranelagh, la policía distrital
Berazategui y la DDI de Quilmes, a la vuelta del hospital encontraron un
Fiat Palio chocado, con el que los desconocidos habrían huído.
El mismo día, también en la zona sur, un custodio del vicepresidente
Julio Cobos, el sargento de la federal Claudio Vendrel, dio muerte a
Pablo Oviedo (20) quien se encontraba en bicicleta, desarmado y quien
fue acusado de intentar robarle al policía, recibiendo varios disparos y
cayendo muerto a 20 metros de donde el federal esperaba el colectivo, en
la localidad de Glew, Partido de Almte. Brown. Esta vez, del menú de las
versiones oficiales para cubrir la ejecución, se eligió el forcejeo con
el arma: pertenecer a la custodia presidencial tiene sus privilegios. De
esta clase de ventajas supo, por ejemplo, el director de la custodia de
Scioli durante su vicepresidencia, subcomisario Cecatti, con una persona
que apareció con tres balazos cruzando la General Paz y otra abandonada
en un hospital en Ezeiza con tres tiros - uno en la boca-, la noche
después de que habría resistido el robo de su auto en Capital. De estos
privilegios supo también el cabo Jorge Fabián Goyochea, custodio del
entonces ministro del interior Carlos Corach cuando asesinó en Claypole
a Marcos Viera (24) como respuesta ante su reclamo por acosar a su novia
en la calle. Al día siguiente Corach avaló públicamente a su custodio,
sostuvo su versión de intento de robo y lo hizo asistir por defensores
del cuerpo de abogados del ministerio del interior, que se presentaron
"en defensa del interés público".
"ARBOLITOS" QUE FLORECEN EN CÓRDOBA
Eran las 17:15, los 30º se notaban y el hombre de traje gris y
camisa oscura transpiraba profusamente en su despacho del primer piso de
la Delegación Córdoba de la Policía Federal. Era el comisario Walter
Claudio González Galzerano, asumido como titular de la repartición hace
no más de tres meses. A esa hora, mientras el jefe policial trataba de
demostrar tranquilidad, las cosas estaban que ardían en la delegación de
los “federicos”, como se conoce popularmente a los policías federales.
Hacía escasos minutos que el subcomisario Claudio Bonggi había sido detenido,
junto a un oficial que le hacía de chofer, en el ingreso al mismo
edificio por hombres de la policía de seguridad aeroportuaria (PSA), que
lo venían persiguiendo desde la San Martín.
El subcomisario, según testigos, había salido “disparando” de la plaza
en una 4x4 Cherokee azul, cuando vio que los de la PSA detenían a varios
de sus hombres por tentativa de coima. Los federales habían sido
apresados en el baño de caballeros de la plaza San Martín, cuando
cobraban unos cuantos miles de pesos. Al ver que el subcomisario se
esfumaba de la plaza, los efectivos de la PSA tomaron un taxi que pasaba
por 27 de Abril (luego de bajar a unas pasajeras) y ordenaron, como en
las películas, que el taxista siguiera a toda marcha a la 4x4 azul.
En la entrada de la delegación de la federal, el “sub” disimuló ante los
periodistas diciendo que la situación “estaba controlada”, cuando uno de
los de la PSA le susurró: “Usted cállese, está incomunicado” . A esa
hora de la tarde, las cosas hervían a unas siete cuadras de allí, en la
plaza San Martín. Una multitud, compuesta por hombres de traje, niños,
jóvenes con los MP3 a todo volumen, vendedores ambulantes, mujeres con
bolsas de nailon, no se perdía detalle de lo que pasaba.
¿Y qué ocurría? En el baño de la plaza estaban los federales de civil,
recién detenidos. En otro costado estaba el “arbolito” que los había
denunciado y que hoy es un testigo de identidad reservada por precaución
a que sufra alguna represalia.
El hombre disparó a los periodistas. “Estaba harto de pagarle coimas
a los de la federal, por eso los denuncié y se armó el operativo”,
exclamó. Cuando se retiraba del lugar, rumbo a los tribunales federales
para declarar, el “arbolito” levantó un dedo y apuntó a hacia un policía
federal, también de civil (de pelo largo, barbado y con nariz aguileña)
parado a un costado. “Yo le pagaba a ése”. De inmediato, el
pelilargo policía quedó detenido. El sujeto trató de ensayar una excusa,
pero no hubo caso. Los de la PSA requisaron el VW Golf gris en el que se
movía y secuestraron una pistola, cargadores, una notebook, muchos
papeles, una balanza y un sobre con varios gramos de cocaína. En un
costado del baúl hallaron varios billetes de 100 pesos.
Los curiosos no podían creer lo que estaba pasando y no paraban de sacar
fotos con sus celulares. A todo esto, cada vez llegaban al lugar más
efectivos de la PSA, luciendo uniformes negros con cascos y armas largas.
Era el grupo de elite de la fuerza de seguridad que reemplazó hace pocos
años a la policía aeroportuaria nacional, luego de que ésta quedara
desarticulada por orden del ministerio del interior tras el escándalo de
las narcovalijas, pero eso es otra historia.
Ayer, varios de los hombres de la PSA no ocultaban sus rostros
sonrientes ante las cámaras por el operativo que acababan de concretar.
A unos 50 metros de allí, tres policías de Córdoba apresaban a un
arrebatador que aprovechó el tumulto manotearle la billetera a un
curioso.
En las últimas horas de la noche, cuando ya quedaban pocos curiosos, los
de la PSA sacaron del baño a los “federicos” y los llevaron derecho a
Tribunales.
Esta noticia parece sacada de una historieta, pero fue difundida por el
diario principal de la ciudad de Córdoba. No hace más que corroborar lo
que todos ya sabemos: la corrupción no es una excepción, sino politica
constante del funcionamiento de las fuerzas represivas del estado. La
caja chica está institucionalizada. La PSA, reemplazo de la vieja
policia aeroportuaria por causas de narcolavado y demas yerbas, está
lavando la cara más sucia del estado y ahora se dedica a perseguir
federicos. Pero no nos extrañe que en un futuro cercano sean ellos los
perseguidos y detenidos por "federicos", por estar involucrados en algún
otro caso.
SCIOLI Y SU "OBSERVATORIO DEL DELITO"
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su ministro de
justicia, Ricardo Casal, acaba de anunciar una serie de nuevas medidas
referidas a su política “antidelictiva”. Al incremento de empleados en
las unidades carcelarias y la ejecución de un programa de alcaidías
departamentales, se suma la creación del “Observatorio del Crimen”,
presentado por Casal como “la herramienta científica que tendrán los
actores de la seguridad, la justicia, la asistencia social y del
Ministerio para poder fijar políticas de prevención en los jóvenes".
Este “observatorio”, que ya cuenta con el aval de varios municipios,
consta de la sistematización y categorización de los datos que los
policías y los “buenos ciudadanos” aporten para tal fin, delineando así
los llamados mapas de delitos en toda la provincia y bases de datos
locales en cuanto a problemática “urbanística, de nocturnidad, policial,
judicial y penitenciaria". Es decir, se definirán "perfiles del accionar
delictivo” en las diferentes regiones bonaerenses y se detectarán las
características de los delitos que se dan en cada zona en todos sus
detalles: modalidades, variables horarias y estacionales, entre otros;
así como las características de los “delincuentes”: edad, extracción
social, modus operandi y niveles de organización.
De esta manera se legitima y se sistematiza lo que hasta hoy forma parte
del saber cotidiano de cada una de las comisarías. No cabe duda de que
los policías manejan al dedillo el “mapa delictivo” de sus respectivas
localidades (en buena medida porque son ellos los que lo delimitan con
sus zonas liberadas). Lo que este “observatorio” viene a hacer es dar un
carácter legal a tal manejo, y favorecer la designación de recursos con
una nueva excusa, aceitando y provincializando este tipo de información,
y sustentando la presencia policial y su acción represiva en los lugares
adonde ellos ya saben que es necesario profundizar. Aquellas zonas donde
es necesario acrecentar la intimidación policial.
Así lo explica el ministro Casal: “una vez que se cuente con los
relevamientos del accionar delictivo, se definirán políticas y medidas
necesarias para actuar preventivamente”. Una nueva herramienta para
legislar contra los pobres, para negociar en mejores condiciones los
arreglos con narcotraficantes, desarmaderos, etc., y, por supuesto, para
ser más efectivos en la represión contra las barriadas populares.
AGRADECIMIENTO POR LA SOLIDARIDAD RECIBIDA
El episodio de violencia física que padeció nuestra compañera María del
Carmen Verdú el pasado viernes fue el más grave de una serie de aprietes
y amenazas de diversa naturaleza que, con mayor frecuencia y virulencia
que la habitual, se descargaron sobre varios militantes de CORREPI
durante las últimas dos semanas. Queremos agradecer la impresionante
cantidad de mensajes, llamados y correos que hemos recibido de
compañeros y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de
trabajadores de todo el país.
Sólo queremos agregar a lo que ya hemos dicho que sabemos que los
aprietes no vinieron sólo por Bulacio, ni por el torturador de Durán
libre y trabajando, ni por los asesinos de Damián Salcedo, que CORREPI
metió presos hace apenas un mes, también en Morón, ni por el juicio oral
que se viene contra el policía asesino de Marcelo Báez, ni por la causa
del pibe fusilado hace un año en la esquina de Tribunales, donde hoy
participamos de la reconstrucción judicial, ni por ninguna en particular
de las varias decenas de causas que en este mismo momento CORREPI está
trabajando contra policías, gendarmes, guardiacárceles y prefectos,
todos asesinos y torturadores.
El apriete viene para que nos callemos, para que nos rindamos, para que
nos sumemos a los que, por conveniencia o por miedo, transan, se
convierten, y abandonan la lucha. El apriete aparece y reaparece...
pero uno elige las ideas y los principios, y construye su vida en ese
camino. Un camino que nos trasciende.