TORTURAS EN SAN MARTÍN: LA CONDENA

(por nuestro compañero Sergio "Cucú" Cabrera, particular damnificado en la causa por torturas contra el policía Juan Carlos Botrón)

El 24 de julio de 1999 la policía de San Martín me detuvo a golpes y palazos junto a otras cuatro personas. Nos llevaron a la comisaría, donde ya a la entrada nos golpearon y apalearon duramente entre 10 a 15 policías. Luego de largos minutos de golpiza, nos separaron de a uno, llevándonos al despacho del jefe de calle. Yo fui el tercero en entrar a ese lugar de aplicación de tormentos. Los policías se dispusieron a torturarme con el método conocido como submarino seco, que consiste en la colocación de una bolsa de plástico en la cabeza. Las sensaciones  que se sufren en ese momento son terribles y hoy me siguen lastimando.

 

En ese cuarto estaba yo solo, y mis torturadores. La correlación de fuerzas era terriblemente desfavorable, pero algo tenía que hacer, ya que mi vida estaba en riesgo. La única herramienta que encontré fue empezar a gritar con toda mi fuerza para que mis compañeros me escucharan y protestaran para que los policías pararan de torturar, cuestión que los incomodó aunque no se detuvieron. Pude hacer que mis gritos fueran más fuertes, y también los pibes que escuchaban comenzaron a gritar más fuerte, y finalmente los policías pararon la tortura.

 

La otra herramienta que tenía era poder identificar a mis torturadores, ya que como militante de DDHH estaba convencido de que en cuanto tuviera el mínimo contacto con la gente de afuera los iba a denunciar pública y judicialmente. Logré identificar a los policías Juan Carlos Botrón y Marcelo Palleroni, éste hasta hoy prófugo.

 

Luego de varios días de detención salimos en libertad, sobreseídos en la causa que nos habían inventado. Lo primero que hicimos fue ir al hospital a que los médicos verificaran los golpes recibidos, y realizar la denuncia por tortura contra los policías. Enseguida, junto con mi organización y otras que nos acompañaron, comenzamos a confrontar a los torturadores con escraches, denuncias en los medios y charlas en el barrio. 

 

Hoy, a casi 10 años del hecho, el policía Juan Carlos Botrón fue condenado por tortura en tres oportunidades y por apremios en cuatro, a sólo 9 años de prisión. El monto de la pena es ínfimo, considerando la gravedad del delito. Aunque los jueces lo silencien, la tortura es un delito de lesa humanidad, pero la justicia burguesa no quiere reconocer que en democracia se violan los derechos humanos.

 

Lo que rescato de esta historia es que con convicciones, lucha y decisión firme podemos ganarles. Ser militante de CORREPI me dio los conocimientos que apliqué en la comisaría, y cuando pude salir, para encarar la lucha en la calle. La fuerza de la organización fue mi fuerza para enfrentar a mi torturador en dos juicios, para lograr su condena, y para seguir buscando al prófugo.

 

DOS POLICÍAS BONAERENSES DETENIDOS A CASI CINCO AÑOS DE LA EJECUCIÓN DE DAMIÁN SALCEDO
El 27 de agosto de 2003, Damián Salcedo (23) salió del taller mecánico de un amigo, en su barrio, Villa Tesei, y subió a un auto Fiat Vivace. Casi de inmediato el patrullero a cargo de los policías bonaerenses Luis Fabián Zaffonte y Sandro Soria comenzó a perseguirlo. Unas cuadras más adelante, ya en Morón, el auto que manejaba Damián, denunciado como robado, chocó contra un árbol. Cuando el muchacho bajó con las manos en alto, fue ejecutado por los policías de la comisaría de Hurlingham, con un tiro en la nuca.

La versión policial encubridora sostuvo que se trató de un enfrentamiento con un supuesto acompañante de Damián que les disparaba. No se encontraron armas en el lugar, ni balas ni ningún acompañante. Así lo declararon los testigos hace cuatro años y nuevamente hace un mes, luego de que el titular de la UFI 3 de Morón tuviera que hacerse cargo de la denuncia por retardo de justicia efectuada por la familia Salcedo, representada por CORREPI.

Esta investigación estuvo a punto de ser archivada en el año 2004, ya que la ejecución de un pibe pobre, según dijo el fiscal, indignado por haber sido sumariado luego de quince años de carrera, “en la pila no se ve”. Será por eso que frente a cada intimación, durante tres años, para continuar la investigación, se limitaba a citar en Mar del Plata a la dueña del auto que nada puede aportar al proceso contra los policías. La prueba que el declamante funcionario se jacta de haber conseguido porque casi cinco años después hizo un reconocimiento del lugar, no dejó otro remedio a los judiciales que ordenar la detención. 

Sabemos de sobra que la “atenuación fácil” de la prisión preventiva le llegará más que pronto al teniente primero Zaffonte (34), que estaba descansando en su hogar con licencia psicológica y cicatrizando un tiro en la zona lumbar, ganando un sueldo de cinco mil pesos, cuando fue detenido, semanas atrás. Soria recibió lo propio en su lugar actual de trabajo, la comisaría de Hurlingham II en Villa Tesei. Por ahora ambos están detenidos, a la espera de que se dicte su prisión preventiva, y la lucha continúa.

 

EL "PLAN DE SEGURIDAD" DEL COMISARIO MACRI

Mauricio Macri y su secretario de seguridad, el ex juez federal y egresado del Liceo Naval Guillermo Montenegro, anunciaron finalmente su "plan de seguridad". Con una cuidada presentación mediática, trataron de darle originalidad a lo que no sorprendió a nadie: el "plan" no es otra cosa que lo mismo de siempre, más policía, más armas, más control social, esta vez dirigido por el gobierno de la ciudad.

 

Bajo la consigna "recuperar el espacio público" se nos espiará con un millar de cámaras de video en 227 lugares de la ciudad, al mejor estilo Gran Hermano. La bonita exhortación a la "participación ciudadana" incentiva la sospecha de los "vecinos honrados" sobre todo el que no "encaje" por su ropa o pinta en determinado barrio, promoviendo la delación. La remanida propuesta de confeccionar "mapas del delito" no es otra cosa que el señalamiento de los enclaves más pobres de los barrios.

 

Finalmente, la parte más promocionada del anuncio fue la creación de la Policía Metropolitana, diseñada, según dijeron, como una especie de híbrido entre Scotland Yard y la policía de Nueva York, con algo de CSI Miami. Pero el plan que presentaron promete bastante menos rating. Los primeros 25 instructores que formarán a la primera camada de policías metropolitanos en diez meses serán reclutados de la policía federal, la gendarmería y la prefectura. Esos mil de la primera promoción, deberán preparar, en menos de 4 años, a los 15.000 que Macri quiere ver en la calle antes que termine su mandato. Sólo nutriéndose de los que quieran abandonar otras fuerzas para probar suerte en la metropolitana podrán cumplir esos plazos tan exiguos. O sea, la "nueva" policía será un rejunte de todos los que dejen las "viejas", tentados por los sueldos prometidos, el escalafón único y la puesta a cero de sus legajos. 

 

Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires se convertirá en territorio doblemente ocupado, con la superposición de la federal, prefectura y gendarmería, como hasta ahora, y la "nueva" metropolitana. Como ya ocurrió cuando prefectos y gendarmes fueron incorporados al patrullaje urbano en Capital y provincia de Buenos Aires, las internas por los negocios y las disputas territoriales estarán a la orden del día. Y los que vivimos o trabajamos en la ciudad, tendremos 15.000 armas más apuntando a nuestras cabezas.

 

LA CORTE SUPREMA QUE QUIERE A LOS NIÑOS... PRESOS
En diciembre de 2007, un fallo de la cámara de casación ordenó liberar a los menores de 16 años presos en institutos, planteando la inconstitucionalidad del artículo 1º de la ley 22.278 decretada en 1980, la que, a pesar de reconocer la inimputabilidad de los menores de edad, habilita a los jueces al encierro con la excusa de la “protección moral y material” del menor; es decir, la pobreza y el abandono justifican el encierro.
Esta semana, al cumplirse los 90 días del plazo impuesto por aquel fallo para liberar progresivamente a los adolescentes, la corte suprema de justicia, la “renovada” e “independiente” del poder político, la que se rasga las vestiduras ante las atrocidades cometidas por la última dictadura militar pero niega que en “democracia” la tortura sea sistemática, decidió suspender este fallo por considerar que, más allá de la inconstitucionalidad planteada, el tema debe ser tratado por el poder legislativo o el ejecutivo y no por el poder judicial.

Lejos de ser un ámbito en el que se logre resocializar o reinsertar a los menores a la sociedad, los institutos son verdaderas cárceles dónde los internos -en su mayoría chicos dispuestos por razones sociales, no por haber cometido delitos- sufren el aislamiento en buzones de castigo, las torturas, el uso indebido de psicofármacos, el hacinamiento y demás condiciones infrahumanas similares a las que se viven en las unidades penitenciarias; y la muerte, por tratarse de pobres a los que el estado les “soluciona” con encierro las carencias que sus políticas económicas de hambre le imponen.

Pese a haber sido incorporados a la constitución nacional tratados internacionales sobre derechos del niño que prohíben el encierro, la corte suprema lo defiende, aclarando que no se pronunció sobre la validez constitucional de las normas del régimen penal de menores y que estas deberían ser modificadas por el poder ejecutivo o el congreso de la nación, no por el poder judicial, en otra muestra de respeto a las formas, de “calidad institucional”, aunque ello signifique mantener las actuales condiciones de detención de miles de niños y adolescentes, insistimos, en muchos casos por las razones que llaman "asistenciales" o "tutelares".

Sin cumplir lo convenido en tratados internacionales –como no se cumple la sentencia de la CIDH en el caso Bulacio- miles de pibes sufren el encierro que imponen leyes decretadas en la última dictadura militar  y que son tan funcionales a la “democracia” de hoy.

 

GATILLO FÁCIL EN LOMAS DEL MIRADOR: DOS CLICS AVALAN UN ESCOPETAZO
El 1º de febrero, en Villa Las Antenas, Lomas del Mirador, Nelson Malcolm Bordón (23) se encontraba en su casilla junto a su mujer y sus dos bebés, cuando ingresó armado un vecino del que se sabía en el barrio que vendía paco. En esa discusión, el hermano de Nelson, enterado de la situación, se acercó a la vivienda e hirió al sujeto con su arma de portación legal.

A los pocos minutos, integrantes de la comisaría distrital de La Matanza Noreste 2ª, encontraron en la calle a Nelson llevando el arma de su vecino, y de frente, a una distancia de entre 6 a 10 m. el oficial Osvaldo Martín Rosso (30), apoyado por el oficial Leonardo Pace, le disparó un escopetazo con su Mossberg directo al pecho. Ocho perdigones causaron la muerte inmediata.

Rosso está en libertad, luego de haber declarado ante la titular de la UFI 7 de La Matanza que disparó porque “escuchó dos clics” del arma que portaba Bordón que, conforme su versión, se encontraba a 6 m de distancia en una calle ruidosa y concurrida por los hechos anteriores. Pace solo fue citado como testigo del hecho y repitió la versión de su compañero de armas. Esto fue suficiente para que la fiscal Ravello, pese a la imputación por homicidio agravado, no ordenara la prisión preventiva del policía, asegurando que el foro de seguridad “vecinos en alerta” de Lomas del Mirador, siga adelante con su cruzada para eliminar “la inseguridad” proveniente de las tres villas de la zona.

El año pasado celebraron con algarabía la creación de la comisaría donde Rosso y Pace siguen trabajando. En palabras del intendente K, Fernando Espinoza, para el diario NCO, durante el corte de cintas hace menos de cuatro meses: “Desde La Matanza estamos marcando un ejemplo, y deseamos que se multiplique a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos que unirnos en pos de los objetivos generales que queremos. (…)”. El gatillo fácil está dentro del objetivo de represión a los pobres.

GONZÁLEZ CATÁN: LA 2ª DE RAMOS MEJÍA TORTURA EN SERVICIO Y GATILLA DE FRANCO
Tal como adelantamos sobre el caso en nuestro anterior Boletín, se conoció la denuncia de los familiares de Alexis Bergalo (19) que confirmó que en la noche del siete de marzo mientras usaba una computadora del cibercafé de su barrio, recibió dos balazos mortales de la pistola reglamentaria de un oficial de civil perteneciente a la comisaría segunda de Ramos Mejía, mediatizada tras las torturas seguidas de muerte de Gastón Duffau. Alexis, trabajador de una curtiembre de Cañuelas, estaba de licencia por tratamiento médico y vivía a siete cuadras del lugar con sus padres y cuatro hermanos.

Lo que el diario Crónica difundió directamente de la versión policial como un “policía héroe que le dio game over a un chorro y desactivado para otros dos en un cyber” fue un caso de gatillo fácil a manos del agente, que, con la ayudita de los compañeros de la cría. 5ª de González Catán (distrital de La Matanza Sur) –conocedores en el tema, incluyendo en su haber la muerte por torturas de Sergio Daniel Díaz en agosto del año 2001- intentó involucrar a Alexis con dos sujetos que habrían ingresado al local con presuntos fines de robo, portando un arma, heridos en la balacera desatada por el “ciberpolicía”. El dueño del negocio afirmó que el ladrón no alcanzó a disparar y en palabras de los familiares de Alexis: “Quisieron tapar todo porque estaba involucrado un policía. Incluso tomaron como testigo a un familiar del acusado” relató a Diario Popular José Bergalo.

Las víctimas de gatillo fácil no son ni culpables ni inocentes, son la moneda común de la represión del estado en los barrios de trabajadores.

 

 

DE TROPIEZO EN TROPIEZO, SIEMPRE GATILLOS