EL TORTURADOR, UN BUEN PADRE DE FAMILIA
Así definió la defensora oficial a Juan Carlos Botrón, el
policía tardíamente condenado por las torturas sufridas por
nuestro compañero Sergio "Cucú" Cabrera y otros seis muchachos
detenidos en julio de 1999 en la comisaría 1ª de San Martín.
Decidida a lograr la menor condena posible, la funcionaria no
ahorró argumentos ante el tribunal oral nº 1 de ese
departamento judicial, que por orden del tribunal de casación
debe dictar nueva condena, esta vez por tres hechos de
imposición de tormentos y cuatro de apremios contra el ex
federal y ahora, ex bonaerense. "Los tres años que estuvo
detenido -de 1999 a 2001- lo resocializaron, le quitaron
peligrosidad, hoy se ha revinculado con su familia, aprendió a
arreglar lavarropas, ayuda a su mamá anciana y su hermana
discapacitada y es presidente de la comisión de fútbol de la
asociación de padres del colegio religioso al que va su hijo",
argumentó la defensora pública. "Nada ganaría la sociedad
con que vaya preso de nuevo", terminó, no sin antes
plantear que en los cuatro casos calificados como apremios
habría prescripto la acción penal, por lo que sólo se lo
debería condenar por los tres hechos reconocidos como torturas.
El fiscal Sorraco pidió que se condenara a Botrón a 16 años de
prisión, y nuestra compañera María del Carmen Verdú, en
representación de cinco de las víctimas, reclamó el máximo de
la pena por aplicación de torturas, 25 años, teniendo en
cuenta los muchos agravantes, como la minoridad de uno de los
chicos; la peligrosidad manifiesta; la multiplicidad de hechos
y la pluralidad de víctimas, que prueba la sistematicidad de
su conducta; el aprovechamiento de la indefensión de los
damnificados y su propia conciencia de impunidad, etc. La
abogada de CORREPI resaltó además que se trata de delitos de
lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles, incluso los
que el tribunal calificó como apremios, ya que la Corte
Interamericana de DDHH, en la sentencia del caso Bulacio, no
distingue entre diferentes figuras del derecho interno, sino
que define todo crimen policial como crimen de estado. No es
un detalle menor que la defensa del policía usó como
precedente legal contra la invocación de la sentencia Bulacio
el reciente fallo de la corte suprema en el caso del comisario
Derecho, que dice que, por definición, en democracia no puede
hablarse de tortura, ya que es un método que sólo se da en
gobiernos dictatoriales...
El martes 18, a las 12:00, se conocerá el monto de la condena.
Durante su lectura, militantes de CORREPI se concentrarán
frente al edificio de los tribunales, para denunciar, sea cual
fuere el resultado final, la permanente y sistemática
aplicación de tormentos a detenidos y la no menos sistemática
actividad judicial para proteger a los torturadores, a los que,
cuando no les queda más remedio que condenar, como en este
caso, les garantizan la impunidad con todos los recursos
disponibles. Así, se estiran los procesos, apostando a que
prescriban; se usan figuras menores, como apremios o
vejaciones, en lugar de torturas; y se aplica la "excarcelación
fácil", y otros beneficios que ningún preso pobre tiene en su
horizonte, por conductas aberrantes castigadas con veinte o
más años de prisión.
EL INFORME DE DDHH DEL DEPTO. DE ESTADO YANQUI
"El respeto por los DDHH es la base de la libertad, la
justicia y la paz en el mundo". Condoleeza Rice citó a su
presidente George W. Bush al presentar el Informe que cada año
publica el Depto. de Estado yanqui sobre la situación de los
DDHH en 196 países del mundo. También como cada año, nada dice
el informe de las permanentes y crecientes violaciones a los
derechos humanos practicadas sistemáticamente, en su
territorio y en el resto del mundo, por el imperio. Al
contrario, en la misma introducción se encargó de aclarar que
aunque "EEUU continuará escuchando y replicando las
preocupaciones sobre nuestras propias prácticas, incluyendo
las acciones tomadas para defender la nación de la amenaza global del
terrorismo", seguirán en su "lucha por proteger
civiles inocentes... y sometiéndose a los cuerpos
internacionales ... y tratados de los que es parte". Dicho
sea de paso, EEUU nunca ratificó la Convención contra la
Tortura, ni es parte de la Convención Americana de DDHH, por
sólo poner dos ejemplos nada menores.
Habría mucho que comentar del informe, que pasa el peine fino
sobre los países del tercer mundo y nada objeta a sus socios
primermundistas. Pero es el capítulo argentino el que,
naturalmente, nos convoca. Basta una rápida lectura para ver
cuáles son las preocupaciones de los yanquis respecto de
nuestro país. Dedica largos párrafos para reclamar más
transparencia y menos corrupción del gobierno, aunque a cada
paso honra los acuerdos con su incondicional servidora, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los casos de
corrupción que menciona los atribuye a "instituciones débiles",
"insuficientes mecanismos de control" e "ineficiencia judicial",
y varias veces distingue el ámbito nacional, al que defiende,
de "ciertas prácticas" que endilga a "gobiernos locales", como
la manipulación política de jueces. Sobre los temas que nos
incumben, el ejercicio cotidiano de la represión estatal, es
significativo el silencio y ocultamiento.
Según el gobierno estadounidense, "ni el gobierno ni sus
agentes han cometido asesinatos políticos en 2007", y
sólo reconoce que algunos policías mataron personas "por
usar excesivamente la fuerza". Menciona sólo tres casos
ocurridos en 2007, y dos de 2006. Parece que el presupuesto de
Internet es exiguo, y no pudieron bajar de nuestra página el
listado de las 194 muertes a manos del aparato represivo argentino
ocurridas durante el año 2007, o los 189 de 2006.
Párrafo aparte para las torturas, que según les informó el
CELS, ocurren "ocasionalmente"... De nuevo, sólo tres casos se
mencionan, de los centenares que se denuncian -y comprueban-
por año, y que sobran para afirmar que la aplicación de
tormentos es una práctica sistemática en cárceles y comisarías,
tanto a personas legal como ilegalmente detenidas. En la misma
línea, sostiene el reporte que no son frecuentes las
detenciones arbitrarias, las que sólo ocurren "en ocasiones",
agregando que los funcionarios enjuiciados son castigados con
"duras penas"... Sobre los centenares de muertes en el sistema
penitenciario, celebra el informe que el gobierno ha anunciado
la construcción de nuevas cárceles y el aumento de presupuesto
para el sector, con lo que lo único que crecerá, será el
número de muertos.
No hay, según los yanquis, presos políticos en Argentina, ni
se persigue a nadie por razones políticas. Sólo hubo dos "incidentes"
en movilizaciones y huelgas en todo el año, una en Santa Cruz
por gendarmería, y otra en diciembre en Buenos Aires, cuando
prefectura tiró gases contra los trabajadores del Casino. Se
ve que sufrimos alucinaciones colectivas que nos hacen creer
que hubo unas cuantas represiones más, de la policía federal,
de las provinciales, de las demás fuerzas de seguridad, de las
patotas oficiales; o que hay presos políticos y millares de
encausados por razones políticas.
Una muestra perfecta de cómo el estado más represor, asesino y
torturador del mundo, así como invade países soberanos en
nombre de la libertad y tira bombas inteligentes para defender
la democracia, se calza el útil traje de la "defensa de los
derechos humanos" para enmascarar mejor su naturaleza. Nada
muy distinto de lo que, en versión local, hace el gobierno que
dice que es "el de los DDHH", mientras nos fusila o mata en la
tortura un pibe día por medio.
DOS CASOS DE "JUSTICIA FÁCIL"
Dos casos recientes dan muestras claras de cuál es la
justicia para los pobres, de cómo actúa el estado a la hora de
“hacer justicia” cuando los ajusticiados no son poderosos, ricos,
torturadores, genocidas ni funcionarios:
En González Catán, el 7 de marzo pasado, tres hombres entraron a
un cyber con intenciones de robo. Un oficial de la policía
bonaerense que se hallaba allí, vestido de civil, como usuario
en una de las computadoras, empezó a disparar, mató a uno e
hirió a los otros dos, que eso sí, no se llevaron ni una moneda.
En la madrugada del 10 de marzo último, durante otro robo (un
intento de asalto a una pizzería en Congreso), tres personas
fueron baleadas por otro policía de civil, esta vez un sargento
que hacía vigilancia en un estacionamiento cercano. De nuevo,
uno de los hombres murió.
Mientras vemos sueltos a los asesinos del pueblo, mientras vemos
a genocidas gozar de arrestos domiciliarios, a torturadores
excarcelados o absueltos, y a los que matan con el hambre
enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo, el mismo estado
que se encarga de garantizar esas situaciones de injusticia fusila
a ladrones de gallinas que no arreglaron previamente con la yuta
para que les libere las zonas de acción. Este es el gobierno
aplicando su política de seguridad.
COSAS EN COMÚN
Nunca insistimos lo suficiente en que la represión policial no
es patrimonio exclusivo, o siquiera preponderante, de una u
otra fuerza en particular, ni de una u otra provincia donde la
policía sea intrínsecamente peor que en otras. Hay diferencias
y matices, que dan caracteres específicos a la bonaerense, la
federal, la mendocina o la santafesina, por ejemplo, pero esas circunstancias eventuales
no hacen al nudo de la cuestión: en una sociedad con ricos y
pobres, con explotadores y explotados, los primeros necesitan
reprimir a los segundos para garantizar la dominación.
Resulta útil, para entender esto, ver lo que sucede en otros
países. En Mexico, por ejemplo, varios organismos de apoyo a
los derechos humanos hicieron una fuerte denuncia esta semana
contra la policía de Monterrey. Los hechos relatados en el
informe no resultan extraños para los argentinos: detenciones
masivas y arbitrarias, especialmente de jóvenes, pobres y
homosexuales; torturas a los detenidos; prácticas vejatorias
como inspecciones anales para detectar si llevan drogas
ocultas; menores encerrados con adultos; jovencitas
sexualmente atacadas en recintos policiales; robo de
pertenencias a los arrestados, etc.
Esta vez es la policía mexicana. Podría ser cualquier otra. Es
el mismo patrón y son los mismos métodos. Es el aparato del
estado al servicio de los poderosos. Es la tarea común de las fuerzas
represivas. Es la realidad, que con la fuerza de los hechos,
demuestra que la política de disciplinamiento de las fuerzas
represivas del estado es continua, sistemática y no tiene
banderas.