Ahí están tantos ejemplos que nos cansamos de denunciar, y que a nadie
en el gobierno o en los medios les resulta "escandaloso". Hugo Alberto
Cáceres (a) El Hugo Beto, jefe del escuadrón de la muerte de Don
Torcuato y condenado a 20 años de prisión, fue visto hace un tiempito
en el cumpleaños de 15 de su hija. El oficial bonaerense Gnopko,
condenado a prisión perpetua por haber torturado, junto a otros
policías, hasta la muerte a Diego Gallardo, está excarcelado. El
oficial de la PFA Justo J. Luquet, que el 28 de mayo va a ser juzgado
por fusilar de un disparo en la nuca a Marcelo Báez (16), nunca estuvo
preso, aunque ya tiene una condena anterior por fraguar una causa, y
aunque esté procesado por homicidio simple. O el torturador de Sergio
Durán, subcomisario Miguel Angel Rojido, prófugo gracias a la manito
que le dio la justicia bonaerense, que lo excarceló porque "no
presentaba riesgo de fuga", y desde luego, no apareció cuando lo
citaron para juzgarlo. ¿Nos puede sorprender lo de Fanchiotti? Es la
confirmación de la regla: pertenecer... tiene sus privilegios.
DIME QUIÉN TE ASESORA 2...
La semana pasada comentábamos el desembarco del ex ministro del
interior Carlos V. Corach como asesor en materia de seguridad del
gobernador bonaerense Daniel Scioli, sumándose así al dúo ensamblado
del ministro Stornelli y el jefe de la "Comisión de Notables", el
juez Alberto Durán, dos funcionarios que hilvanaron sus carreras
judiciales con fuertes puntadas a su relación con las fuerzas de
seguridad. El juez federal convocado para presidir a las 15 "personalidades"
del nuevo órgano creado por Scioli, sin ir más lejos, fue
funcionario del ministerio de gobierno bonaerense durante la
dictadura, y desde hace más de 20 años es docente en la Escuela Juan
Vucetich, así que cada policía recibido en ese lapso es producto de
sus enseñanzas.
En distintos lugares del país se están produciendo nombramientos
similares, como Mendoza y Salta. En La Linda, el gobernador Urtubey
conservó en la secretaría de seguridad a Jorge Amado Skaf, que fue
oficial superior de la policía federal hasta 1980 y revistó, desde
1982, en la salteña. Según testimonios de sobrevivientes, el hombre
fue visto en comisarías donde funcionaban centros de tortura, aunque
su especialidad era espiar estudiantes en la universidad de Salta,
donde se hacía pasar por un simple alumno.
El caso de Mendoza, que por estos días ocupa grandes espacios en
algunos diarios, no escapa a esta norma, que simplemente ratifica lo
que históricamente ha venido ocurriendo: mientras un represor sea
útil, los sucesivos gobiernos lo seguirán usando. Cuando no lo sea
más, o cuando el rédito sea mayor si lo señalan con el dedo que si
lo siguen cobijando, lo entregarán y se rasgarán las vestiduras como
si nunca antes lo hubieran visto. Y si la cosa da, hasta se
presentará algún secretario de DDHH como querellante, de manera de
aprovechar para sumar puntos en el magistral lavado de cara que
supone la falacia de que el propio estado se presente como víctima
del estado represor.
En la tierra del sol y el vino, el designado del escándalo es un
alumnito del ex coronel Mohamed Seineldín, el comisario Carlos Rico
Tejeiro, entrenado como comando por el jefe de los carapintadas y su
subordinado en las operaciones represivas durante el mundial de
fútbol de 1978. El caso tuvo bastante trascendencia porque puso en
evidencia una fricción interna sin resolverse en el partido de
gobierno: los roces entre los sectores más tradicionalmente
peronistas, y los incorporados más recientemente, al calor del
discursito setentista y el palabrerío derechohumanista del
kirchnerismo. Así, el presidente del CELS y periodista Horacio
Verbisky, coautor del discurso oficial de derechos humanos, salió a
denunciar el nombramiento en Página/12, haciendo una severa
advertencia a CFK, como él le dice, y a su marido, si no resuelven
pronto este "serio escollo" que "los coloca en
contradicción con su política de respeto a los derechos y garantías
constitucionales".
Pero parece que al gobierno nacional poco le importa el asunto.
Cristina Fernández viajó a Mendoza después que estallara el
escándalo, pero no tuvo tiempo para recibir a los airados referentes
de los organismos -todos aliados K, y entre ellos, varios actuales
funcionarios del área de justicia y derechos humanos-, que tuvieron
que conformarse con que los atendiera el ministro Randazzo, que se
limitó a recibir sus quejas con cara de nada, y a responderles lo
que todo funcionario dice cuando no quiere decir nada: "el caso
está en manos de la justicia, que es la que debe dirimirlo".
Mientras discuten sus internitas, para los trabajadores y el pueblo
nada cambia. Dirigidas por "demócratas" diplomados o por represores
experimentados, las fuerzas de seguridad del gobierno siguen
torturando, masacrando en cárceles y comisarías y matando con el
gatillo fácil un pibe cada 40 horas.
REPRESIÓN EN PERÚ
A principios de esta semana comenzó en Perú un paro agrario. La Convención
Nacional del Agro, organizaciones agrarias, indígenas y de defensa
del agua, lo convocaron en reclamo del cumplimiento de distintos
reclamos que viene realizando el sector, entre ellos el rechazo al
Tratado de Libre Comercio, cese de las subastas de tierras de la
Amazonia, el cese de las persecuciones a líderes indígenas y
campesinos y contra la criminalización de la protesta.
En los dos días que duró el paro, el gobierno peruano de Alan García
largó a sus perros guardianes para sofocar la movilización y los
bloqueos de rutas, con un saldo de 4 muertos y más de 150 detenidos.
Tres de los muertos recibieron impactos de bala en la cabeza,
mientras un cuarto fue arrojado por un precipicio. El gobierno
decretó el estado de excepción el martes a la madrugada, habilitando
la irrupción en domicilios y la prohibición de reunión, entre otras
cosas. En las movilizaciones de repudio a los asesinatos, un joven
de 20 años, Edgar Huayta Sacsara, recibió también un disparo en la
cabeza y se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos
de Ayacucho.
Distintas voces del estado salieron a justificar la represión
explicando que "manos terroristas con intervención extranjera
están detrás de todo esto". Luego de decir esto, el presidente
García explicó claramente cuál es la función del estado, la ley y la
justicia en relación a los oprimidos y explotados, en este caso
campesinos e indígenas: "el derecho a la seguridad es la primera
obligación del estado, y esta es la respuesta del gobierno, de las
leyes y de la constitución"; mientras el ministro del interior,
Luis Alva Castro dijo que él no podía "llegar a la conclusión
(de) que fueron los policías los que ocasionaron las muertes de
dichas personas", argumento que los argentinos ya conocimos en
la masacre del Puente Pueyrredón, en la de Corrientes y en las
represiones en Salta y Jujuy, y que supone que los manifestantes se
mataron entre ellos.
Puso el broche de oro Jorge del Castillo, presidente del consejo de
ministros, que responsabilizó de las muertes a los gremios
convocantes, resumiendo las ideas de sus compañeros y superiores y
dejando en claro lo que el estado puede ofrecer a quienes deseen
pelear por sus vidas: la muerte.
LOS CARTONEROS, MACRI, FERNÁNDEZ Y LA FEDERAL
¿No era que Macri, preocupado por la seguridad de los porteños,
exigía el traspaso de la policía federal -y fundamentalmente, su
caja, a la que llaman "recursos"- porque de lo contrario no le puede
dar órdenes? Desde que empezó ese aparente debate, venimos diciendo
que la discusión real es otra, es una pelea por la dirección
política de la fuerza y por el control de sus ganancias cotidianas,
que no tiene nada que ver con cuestiones operativas. Poníamos el
ejemplo de la brutal represión para desalojar el Padelai, ordenada
por el jefe de gobierno y ejecutada por la policía del gobierno
nacional, y otros hechos similares, como las movilizaciones donde
son los fiscales porteños los que mandan a los federales.
Ahora no hace ya falta recurrir a historias de años atrás. Lo que
ocurrió en las Barrancas de Belgrano con las familias de
trabajadores que se dedican a juntar cartones de la basura, que
malvenden para sobrevivir, es más que suficiente para que se
entienda que, cuando se trata de reprimir, ellos no se andan fijando
en jurisdicciones, límites, competencias ni pavadas legales. Dan la
orden, y reprimen. No hizo falta que Macri se juntara con Cristina
Fernández, ni que los muy paquetes Pinedo o Rodríguez Larreta
llamaran por teléfono a Aníbal Fernández para que les "prestara" la
policía.
Como lo dijo el ministro de ambiente de la ciudad Juan Pablo
Piccardo, "la comuna dio la orden". Ni siquiera fue, como quisieron
simular al principio, una orden de la justicia contravencional, que
sólo mandó "constatar si se estaban cometiendo contravenciones".
Lisa y llanamente, el ejecutivo de la ciudad dio la orden a la
policía federal de despejar la plaza, que tan horrible quedaba con
las glorietas y los canteros ocupados por negros suburbanos. La
policía obedeció sin chistar. Y nadie vio al ministro Fernández, a
su secretario de DDHH o al comisario Vallecca corriendo por Belgrano
para avisarle a sus hombres de azul que estaban obedeciendo el mando
equivocado... ni se supo que les vayan a descontar el día por
trabajar para otro patrón.
Parrafito aparte para Piccardo, que con sus declaraciones del día
logró un lugar en la historia. Después que molieron a palos a
hombres, mujeres y chicos; que les reventaron las precarias carpas
levantadas para pasar las noches ante la imposibilidad material de
volver a sus casas por la suspensión del tren blanco; que metieron
presos a los que se atrevieron a defenderse y les decomisaron la
carga de cartones de la semana, el ministro dijo, con cara de
institutriz inglesa convencida que te pega por tu bien: "La
ciudad apoya a los cartoneros ... hicimos esto para ayudarlos. Esta
gente estaba en condiciones de total inseguridad."
EN SANTIAGO DEL ESTERO TAMBIÉN SE
GARANTIZA LA "LIMPIEZA" DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
No hace muchos días atrás, veíamos al gobernador de Santiago del
Estero Gerardo Zamora aprovechando los minutitos que le daba un
canal de noticias porteño, espacio que utilizó no para hablar de
la masacre de la Unidad 1 o del hambre al que es sometido el
pueblo santiagueño, sino para expresar su más que incondicional
apoyo a Néstor Kirchner y su esposa presidente.
El último martes en horas de la mañana,
compañeros –en su gran mayoría mujeres y niños- del MTR Regional
Santiago del Estero concentraron frente a la casa de gobierno
provincial exigiendo la entrega de planes sociales prometidos en
enero, trabajo digno y ayuda escolar. Para proteger del sol a la
numerosa cantidad de niños presentes en la marcha, las mujeres
intentaron colocar un plástico a modo de toldo, hecho que fue
impedido por la policía provincial, que al igual que sus
compañeros de la federal de Aníbal Fernández y Macri, son muy
eficientes para “recuperar el espacio público”, como les gusta
decir, cuando se trata de desalojar a cartoneros o familias que
deciden llevar adelante un reclamo cortando una calle o acampando
en una plaza.
Los manifestantes, muchos de ellos heridos,
lograron continuar el corte a unos cien metros de la gobernación,
sumando al reclamo el repudio por la represión, el constante
asedio de la policía a los pibes en los barrios pobres, los 35
muertos del 4 de noviembre en la Unidad Penal 1 a manos del
servicio penitenciario.
Si bien no hubo detenidos, se vivieron escenas
de brutalidad como las que mostraría la televisión el viernes tras
la represión a los cartoneros en Belgrano: policías arrastrando
menores, golpeando mujeres, robando sus objetos personales,
destrozando la carpa, lo habitual en la cotidiana persecución al
pobre que ejecutan los gobiernos
CÁRCELES EN CORRIENTES: DESTRUYENDO LA DIGNIDAD HUMANA
En la Unidad Penal 6 de San Cayetano, hay 300 internos en huelga
de hambre. Sus reclamos son históricos. Demandan medidas de fondo
y ejemplificadoras para el personal de custodia y
traslado.Denuncian torturas a quienes están privados de su
libertad ambulatoria pero no deberían estarlo de su dignidad. La
semana pasada, ante un intento de fuga de dos internos, la guardia
disparó indiscriminadamente, primero con balas de goma, y luego
con pistolas 9 mm al patio cerrado, donde estaban las visitas, en
su mayoria mujeres y niños.
Por otro lado, en la Unidad 1, hay doce internos alojados en
celdas de aislamiento, que denunciaron a través de notas al
Ministro de Gobierno, y a los Subsecretarios de Seguridad y de
DDHH de la provincia las infrahumanas condiciones de detención en
las que cumplen condena, reclamando que se tomen medidas urgentes
para que cese el agravamiento de las condiciones de detención. El
contenido del escrito describe en detalle las condiciones
inhumanas en que se encuentran alojados, demostrando una vez más,
que las cárceles están lejos de ser lugares de rehabilitación,
para convertirse en lugares de destrucción de la dignidad humana.
Esto sucede en Corrientes, pero es común a todas las cárceles del
país. Cada tanto salen a la superficie noticias sobre motines, con
muertos, suicidios, torturas a los presos, requisas vejatorias,
etc., que dejan al desnudo esta realidad terrible. Es todo parte
de lo mismo, la represión, el sistema judicial y los demás poderes,
trabajando en sincronía, para mantener al pueblo disciplinado y
atemorizado. La rebeldía es peligrosa en todas sus formas, y es
castigada con todo rigor. Para que nadie se atreva a cuestionar al
sistema, ni individual ni colectivamente.
NUEVOS CASOS DE GATILLO FÁCIL EN LA RIOJA, MENDOZA Y
CÓRDOBA
El 3 de febrero había una fiesta en una casa
frente a una plaza en La Rioja. Al provocarse una discusión
familiar, algunos jóvenes que estaban en la plazoleta se acercaron
para ver que pasaba. Alguien pensó que los jóvenes pretendían
entrometerse en el festejo y por las dudas llamó a la policía. En
cuestión de minutos llegaron tres móviles con unos 11 policías y
luego un móvil de la B.A.O., grupo especial antimotines, que entró
en escena disparando sin mediar advertencia, cuando los policías
que ya estaban en el lugar habían desplazado intimidatoriamente el
grupo juvenil al centro de la plaza sin mayor resistencia.
Apareció entonces en
escena el suboficial Dante Agüero, que estaba enla fiesta. Vestido
de civil se integró al "procedimiento". Desenfundó su arma
reglamentaria y disparó directamente sobre los chicos. Daniel
Sánchez, un muchacho que en ese momento gritaba “paren de
disparar” a los policías, recibió como respuesta un tiro fatal en
el pecho.
Dejando al herido tirado sobre la vereda, que
pronto murió a pesar de que los vecinos llamaron una ambulancia,
todos los policías, incluido Agüero, se retiraron del lugar. La
causa recayó primero en el juzgado a cargo del Dr. Arce,
responsable de la impunidad de los policías que asesinaron a
Cristian Ruiz, aquel preso que, según la versión oficial, se
ahorcó con una bufanda en pleno verano de 1998. Ahora interviene
el juez Daniel Barría, que antes de ser nombrado fue defensor de
mafias dedicadas a la trata de blancas, de piratas del asfalto y
del policía fusilador Juan Tello). La impunidad policial de las
calles queda así resguardada desde el poder judicial.
El 18 de febrero, en el barrio La
Favorita de Mendoza, dos efectivos policiales forcejearon con
Leonardo Vila (21), terminando el pibe con un cartucho de Ithaka
que impactó de lleno en su tórax. De nuevo, se fueron abandonando
a la víctima tirada en el lugar. Vila
fue llevado por un vecino al hospital Lagomaggiore. Mientras era
intervenido quirúrgicamente una guardia policial de la unidad
operativa Capital custodiaba la puerta del sector. El fiscal de
Delitos Complejos Eduardo Martearena no tomó medida alguna contra
los policías y aseguró “es prematuro hablar de un abuso
policial”.
Ezequiel Saldaño (18) murió el 21 de febrero a la
tarde en barrio Villa Bustos, en el sudeste de la ciudad de
Córdoba. El encargado de dar la versión policial fue el comisario
inspector Gustavo Aldo Luján, jefe del Comando de Acción
Preventiva del Distrito 3 de la capital provincial. Según él, una
vecina llamó al 101, para alertar que “merodeaban dos muchachos
que la noche anterior habían asaltado en la vía pública a un
familiar suyo”. “A partir de ahí se inició un operativo y se
divisó a dos jóvenes similares a los descriptos. Al ver las
patrullas, los muchachos salieron corriendo. Los móviles
persiguieron a uno de ellos, primero en las camionetas y luego a
pie. Durante la persecución, el delincuente se internó en un
descampado, sacó un arma y comenzó a efectuar disparos, por lo que
los policías repelieron la agresión”, señaló el comisario.
Pero como siempre, otra cosa cuentan los vecinos.
Un testigo presencial declaró a los medios que Saldaño, desarmado,
corrió al llegar los móviles porque tenía antecedentes. El hombre
vio que un policía bajó de uno de los patrulleros que lo
siguieron, y le disparó por la espalda.
Tres casos con los
puntos en común de siempre: la edad y condición social de las
víctimas, la alevosía de las agresiones y la rápida elaboración de
versiones para justificar los hechos, contando con la respuesta
aceitada del aparato policial que da la garantía de impunidad. La
política del gatillo fácil continúa aplicándose a lo largo de todo
el país, cobrándose la vida de nuestros jóvenes y mostrándonos a
las claras cuál es el camino a seguir por el gobierno al momento
de disciplinar al pueblo.