COMISARIO "MODELO", MODELO DE EXTORSIONADOR
El capitán Luis Orlando Peveri era uno de
los oficiales superiores más jóvenes de la policía de la provincia de
Buenos Aires. Hace casi tres años, apenas ascendido a subcomisario,
todavía con los grados de la vieja estructura, fue designado a cargo de
la estratégica comisaría 1ª de San Isidro, en pleno centro de la
distinguida localidad de la zona norte. Casi enseguida recibió el grado
superior, equivalente al de comisario, en reconocimiento de su aceitada
relación con los vecinos de las imponentes mansiones y barrios cerrados,
siempre preocupados por la "inseguridad". Ejemplar representante de las
políticas promovidas desde el ministerio de seguridad para generar
políticas de seguridad involucrando la participación ciudadana, fue
un gran impulsor de los foros vecinales. Con los caracterizados vecinos
sanisidrenses y el apoyo del equipo técnico de la subsecretaría de
participación comunitaria del ministerio de seguridad provincial del
ministerio de seguridad, se dedicó a promover la confección de "mapas
del delito", entre otras "estrategias de gestión policial" en conjunto
con los rubios y ricos vecinos.
Tan eficiente
fue su tarea, y tan ágil su capacidad de respuesta a los requerimientos
de los ciudadanos, que el foro vecinal de San Isidro, con el que
mantenía dos reuniones semanales, lo distinguió con premiso en varias
oportunidades. En una palabra, un policía "moderno y democrático",
reclutado y formado para "servir a la comunidad", sin vínculo alguno con
los "resabios de la dictadura" o los comisarios de la "maldita policía".
Por otra parte,
Peveri tuvo su minuto de gloria periodística cuando logró que se
entregara a la justicia el colectivero Ochoa, condenado por la violación
de varios chicos discapacitados, que se había profugado tras la
sentencia. Como él mismo lo explicó entonces a los medios, pudo negociar
la entrega con el defensor del múltiple violador, haciendo innecesaria
la recompensa de $ 100.000 que el gobierno provincial ofrecía a quienes
dieran datos de su paradero.
Este modelo de oficial salió nuevamente en
los diarios la semana pasada, cuando fue detenido por orden del fiscal
Diego Calegari, quien investiga una causa iniciada por un empresario al
que Peveri extorsionó, exigiéndole u$10.000 para "arreglar" una denuncia
en su contra. En el momento de la detención, el capitán había citado a
su víctima en un bar céntrico de San Isidro para que le entregara el
dinero, reducido a u$ 5.000 después del largo regateo telefónico,
grabado por la fiscalía que había ordenado la intercepción de los
teléfonos. Sugestivamente, el hombre interrumpió la entrevista y salió
apresurado del bar, como si lo hubieran alertado de que estaba siendo
vigilado. Gracias a eso, su defensor -casualmente, el mismo que defendía
al violador Ochoa- pudo argumentar que el delito a imputar no debía ser "extorsión
agravada", sino "tentativa de extorsión", y en una muestra más de cuan
garantistas son nuestros jueces, el policía coimero fue excarcelado.
Pero no termina
la historia en este caso. Parece que Peveri también quiso extorsionar a
algunos de los detenidos por el robo al jugador de Los Pumas, Manuel
Contepomi, cometido el mes pasado en Beccar. También en ese caso el
comisario habría exigido u$10.000, que parece ser la tarifa de San
Isidro para dibujar una causa.
Para nosotros,
nada nuevo bajo el sol, ya que estamos más que acostumbrados a conocer
casos como éste, pero que no tienen tanta trascendencia mediática y
resultados judiciales porque sus víctimas, en lugar de ser prósperos
empresarios de San Isidro, son humildes vecinos de Barracas, Rafael
Castillo o Villa Fiorito, como Desiderio Meza o las madres de Sergio
Durán y Jorge "Chaco" González. Pero fuerte fue la "sorpresa" para
Carlos Ance, entusiasta miembro del foro de seguridad de San Isidro,
quien dijo que para los vecinos fue “un baldazo de agua fría”
la detención del comisario Luis Orlando Peveri, porque “para
nosotros es un asombro, es un hombre que, en el tema de seguridad,
siempre respondió rápidamente ante los conflictos que nosotros
descubríamos. A fin de año le entregamos un diploma por su buena gestión;
y hace un mes, el Club de Leones de San Isidro, le entregó otro”.
MUERE
UN POLICHORRO
El viernes 1º de febrero, en la ciudad de Mercedes, Paulino
Tapia (47) y su hija de 13 años, regresaban a su quinta luego de hacer
el reparto de las verduras que cultivan. En el camino, su camioncito
fue interceptado por dos hombres encapuchados que los amenazaron con
armas. Uno de ellos rompió el vidrio del lado del acompañante y sacó
de los pelos a la hija del quintero y luego, amenazó con un revólver
calibre 38 a Paulino para que entregara el dinero que llevaba por la
venta de la verdura en el Mercado Central.
Cuando Paulino intentó defender a su hija, el ladrón le disparó dos
tiros en el abdomen, pero aun así el quintero logró golpearlo con lo
que encontró a mano, una botella. La botella se rompió y uno de los
filos causó una grave herida al delincuente, que cayó muerto. Su
cómplice, sin siquiera intentar ayudarlo, escapó al ver que se les
complicaba la cosa.
La sorpresa para los medios de comunicación fue saber que el ladrón
muerto era el teniente de la bonaerense Eduardo Rea, con más de diez
años en la fuerza, y cuyo último destino fue ser custodio nada menos
que en un juzgado de garantías de Mercedes. A pesar de lo obvio del
escenario, cuando llegó la policía (los que en ese momento no estaban
robando), llevaron a Tapia al hospital, pero en calidad de aprehendido.
Recién hoy, domingo, fue liberado, después de que el fiscal se
convenciera de que actuó razonablemente en defensa propia y de su hija.
Como en el caso de las extorsiones, nada nuevo bajo el sol. En el
boletín pasado contamos el caso de un suboficial que se robó los
boletos premiados de la lotería. Y no hace falta mucho para recordar
tantos otros en los que policías de todos los rangos integran o
dirigen bandas de delincuentes, las mismas que cometen los delitos por
los que después nos dicen que hace falta más policía... y con mayor
poder de fuego.
Pero en este caso hay que hacer un poco más de memoria y recordar la
cantidad de hechos no resueltos de la misma zona de humildes quinteros,
casi siempre bolivianos, que fueron asaltados y robados, incluso con
aplicación de tormentos y hasta asesinados, para robarles los pocos
pesos que pueden ganar con la venta de los productos de sus quintas.
En uno de los pocos casos esclarecido, fue condenado a 5 años de
prisión el puntero peronista Orlando Ubiedo, ex secretario de la UTRA
(Unión de Trabajadores Rurales) y dirigente de la agrupación
kirchnerista Pensar Escobar. Se probó en esa causa que los ataques a
varios quinteros bolivianos de la zona entre 1999 y 2000, hechos con
complicidad policial, tenían una mecánica extorsiva, que comenzaba con
la visita de representantes del sindicato rural que exigían la
afiliación y el pago de cuotas sociales a los trabajadores. Si la
invitación no era aceptada por los trabajadores, pronto venían los
brutales asaltos durante los cuales algunos fueron torturados
quemándolos con planchas o cigarrillos hasta que entregaron sus
ahorros. Punteros peronistas y policías, siempre integrando las mismas
bandas.
DE
NUEVO, UN POLICÍA CONDENADO TRABAJANDO EN SEGURIDAD PRIVADA
Ruben Emir
Champonois fusiló a Mariano Witis y Darío Riquelme un día de la
primavera del año 2000. La historia es conocida. El tribunal oral en
lo criminal Nº 4 de San Isidro lo condenó sólo por la muerte de
Witis, ya que Riquelme era un "delincuente", lo que a criterio de
los jueces excluye la idea de "persona". Apelada la sentencia, la
cámara de casación la revocó y amplió la condena también por la
muerte de Darío, pues estaba perfectamente establecido que fue
ultimado en estado de absoluta indefensión.
Si Darío
Riquelme no hubiese sido asesinado, y lo hubieran detenido y juzgado
por el robo que cometió, seguramente hubiera purgado hasta el último
día de su condena en un penal, sin posibilidad alguna de ser
excarcelado, de tener salidas laborales, arresto domiciliario o
libertad condicional. Claro que no es esto lo que sucedió con
Champonois, el doble asesino, además involucrado en uno de los
homicidios del Escuadrón de la Muerte de zona norte, en una causa
que no llegó nunca a juicio oral. Champonois es policía, y aunque lo
hayan exonerado de la fuerza, sigue siendo, para jueces y fiscales,
"uno de ellos", un hombre del estado. En el espíritu de facilitar su
"reinserción en la sociedad", el tribunal lo puso en libertad y lo
autorizó a trabajar en una agencia de seguridad privada llamada
Bayerco, que no existe en ningún registro oficial. Sólo existe en la
calle, operando como una empresa más del complemento, por demás
numeroso, que las agencias de seguridad privada agregan a las
fuerzas represivas que controlan a la población de todo el
territorio argentino. Pero no hay un nombre, un responsable, nada, y
sin embargo la justicia argentina, ejecutada por no uno, sino tres
jueces de la provincia de Buenos Aires, le dio la bendición a
Champonois para que allí vaya a dignificar su vida con el trabajo.
No tenemos el espacio suficiente para recordar todos los casos que
hemos denunciado de similares situaciones. Es tanta la evidencia de policías
exonerados que sirven en forma privada a la represión, que se hace
innegable que detrás de tantas "coincidencias" hay evidentemente una
necesidad de conservar el valor, el tiempo invertido para la
formación de esos policías secuestradores, asesinos y torturadores.
Tanto esfuerzo en preparar un cuadro represivo no se puede
desperdiciar, así que cuando sufren un resbalón, nunca es caída,
porque pasan a cumplir su rol en la esfera privada.
Jorge "Chaco" González fue torturado hasta la muerte por los
policías Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo, personal de la
comisaría 5ª de Villa Fiorito. Cuando aún se esperaba el juicio,
reiteradas veces denunciamos que Segundo Concha trabajaba como
custodia privada, armado, para la fábrica de pastas Néfer, apenas a
unas cuadras de la casa de su víctima. La justicia no sólo no hizo
nada, sino que el TOC Nº3 de Lomas de Zamora, cuando finalmente se
celebró el juicio en noviembre de 2007, bendijo a los asesinos con
una pena de 4 años, por la que estarán presos un ratito en la UP 40.
En enero de 2001 José Rodolfo Toledo fue obligado a bajar del auto
en que viajaba en la ciudad de Buenos Aires. Estaba en el piso y
boca abajo, cuando en un gesto de hombría y valor harto frecuente
entre los "trabajadores" de la represión, el cabo de la federal
Pablo Marcelo Domínguez le puso un pie en la espalda y disparó su
arma. Felizmente el tiro sólo lo hirió en la pierna. Por el "desliz",
el juez correccional Omar Facciuto lo condenó en 2004 a un año de
prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para
portar todo tipo de armas de fuego. Sin embargo, un año después
Domínguez estaba trabajando como personal de seguridad armado, con
un sueldo de más de dos mil quinientos pesos, no en una fábrica de
pastas, sino en la Embajada de Gran Bretaña.
Las empresas contratan policías exonerados teniendo acceso a sus
legajos y prontuarios, que representan valioso curriculum para una
tarea avalada y promovida por la justicia, que los reintegra al
circuito represivo, para que tanto trabajo para prepararlos no
resulte en vano porque se hayan dejado agarrar...
JUJUY: OTRO JOVEN PRIVADO DE SU LIBERTAD MUERTO A MANOS DEL ESTADO
El domingo pasado reportábamos el caso de Mauricio
Maldonado (19) detenido por merodeo en la ex cárcel de encausados de
Córdoba y muerto a consecuencia de una meningitis sobreviviente a
las torturas sufridas antes y durante su alojamiento, tal como
denuncia su familia. Ahora fue en Jujuy.
Antes de
finalizar el primer mes del año, Roberto “Titi” Guerra (21),
detenido en la Unidad Penal N° 1 del servicio penitenciario
provincial, resultó incinerado en un 98 % del cuerpo, dentro de su
celda del Pabellón 5. Ocurrió en la madrugada del 28 de enero, cuatro
días antes de recuperar su libertad y unas horas después de haber
recibido la visita de su familia que lo vió de buen ánimo y recibió una
carta en la que saludaba a los pibes de su barrio. Son ellos quienes
se organizaron para denunciar que la versión del suicidio es falsa y
que el joven fue asesinado.
La noche del lunes pasado, Abel Orozco (22), detenido en el mismo
pabellón que Guerra, resultó con heridas por quemaduras en sus manos
dentro de la celda junto al colchón y su ropa. Si las versiones
oficiales no pueden argumentar que el suicidio se contagia, la
casualidad no alcanzará para tapar la práctica represiva que se da
en los 700 casos de personas muertas en privación de su libertad,
registrados en nuestro Archivo hasta noviembre de 2007: la
incineración del detenido es utilizada directamente como método de
tortura e indirectamente para borrar los rastros de golpes y picana
cuando sobreviene su muerte. Los testigos también se hacen
desaparecer a fuerza de más torturas y más muertes.
Ni enfermedad, ni suicidio. Ni el torturador Febrés vivió para
contarlo. Aquí, la función pasiva de garante de la vida de los
detenidos que se le atribuye al estado, deja paso al rol activo de
sus métodos represivos. No podrán esperar, quienes se levantan y
organizan para exigir justicia, que sean los funcionarios del mismo
estado quienes se culpen a sí mismos.
OPERATIVO SOL A PURO GATILLO
El miércoles 23 de enero a eso de las 9 de la noche Pablo
Fiorentino (16) estaba en la casa de un amigo en Ostende. Salió
con su bicicleta hacia una despensa, pero nunca volvió. Horas más
tarde, su madre recibió la noticia de que su hijo había querido
asaltar a una pareja, ambos policías, y había muerto con un
disparo en el pecho.
Como siempre pasa, hay un arma secuestrada que le atribuyen al
chico. Como siempre, es un "perro" que no sirve para nada, con el
martillo trabado. No vaya a ser que planten un arma buena, esas
las guardan para usarlas cuando salen ellos a robar o para
venderlas en el mercado negro de armas. También como siempre, la
pareja del Operativo Sol afirma que el pibe se puso de cuclillas
junto a la ventanilla del auto y desde ahí los amenazó con un arma,
logrando ambos policías sacar sus reglamentarias y dispararle,
pero el cuerpo de Pablo apareció a unos doscientos metros del
lugar, distancia que según los homicidas recorrió corriendo...
después de recibir, entre otros, el disparo que lo mató en el acto.
También como siempre, la primera versión periodística tuvo
titulares como "Un policía mató a su asaltante en Ostende",
"Matan a adolescente que quiso robar a dos policías".
Todo con certeza absoluta de que así fueron las cosas. Ni sombra
de duda frente a la versión policial. Luego, cuando la madre de
Pablo, que resultó ser una vecina conocida en la localidad y
además empleada del municipio, salió con firmeza a denunciar que a
su hijo lo fusilaron, poniendo en crisis lo afirmado por los
asesinos, apenas si logró algún titular dubitativo, como "Investigan
confuso episodio...".
No sólo hacen falta policías para garantizar la política de
gatillo fácil. También son necesarios, además de jueces y fiscales,
los medios que reproducen el discurso oficial.
GATILLO EN BAHÍA BLANCA
Giuliano tenia 14 años, vivía en un barrio humilde de
Bahía Blanca. Estaba escuchando música con cuatro amigos cuando la
policía lo asesinó. Momentos antes, una persona llamó al 911
denunciando ruidos molestos en la casa vecina. Cuando el patrullero
se presentó en el lugar, uno de los chicos, el único que era mayor
de edad, salió a la puerta y discutió con los oficiales.
Obviamente se lo llevaron detenido por resistencia a la autoridad.
Cinco minutos después, otros dos patrulleros de la comisaría 2ª
estacionaron frente a la vereda e inmediatamente empezaron a
disparar. Hubo no menos de nueve tiros contra el frente de la casa.
Las dos balas que fueron disparadas hacia la ventana hirieron a
Giuliano. Aunque una ambulancia acudió enseguida, los policías la
retuvieron media hora a 150 metros de la casa. Giuliano ya estaba
muerto cuando al fin llegó al hospital.
Además de la facilidad con que el estado fusila a un pibe en el
marco de la implementación de su politica de control social, es
notable el consenso social con que la represión es justificada,
mediante la inmediata y contundente campaña de criminalización de
la víctima, "no tan inocente", según los titulares televisivos. El
monopolio mediático de La Nueva Provincia, por medio de su
poderosa AM, empezó a reproducir testimonios de "vecinos anónimos"
- por miedo a supuestas represalias de los amigos de Giuliano- que
aseguraban que eran todos huérfanos, drogadictos, y que ellos
constantemente debían llamar al 911 porque se juntan a tomar
cerveza en la esquinan y temen que los ataquen.
El fin de semana anterior, en el barrio Villa Delfina de la misma
ciudad, un grupo de chicos que volvían de una fiesta de 15,
sufrieron una cacería con balas de gomas, y dos de ellos fueron
duramente golpeados por efectivos de comisaría 3ª de Ingeniero
White. Es necesario tener en cuenta el grado de criminalizacion de
los pibes pobres de Bahía Blanca , y que explica las razzias en
los barrios y las detenciones y golpes que sufren por andar en el
centro de la ciudad. De hecho la opinión "publicada" reclama a tal
punto la baja de ininmputabilidad, que en junio pasado el
intendente Breitenstein aclaró "un menor con armas y drogas no
es una persona a ser formada, sino un delincuente".
Ante semejante justificación de la injusticia, no sorprenderá que
el policía que disparó, Rodolfo Guidobono, quede en ibertad, ni
que quienes retuvieron la ambulancia ni siquiera fueran
desplazados de su oficio público. Los familiares y amigos de
Giuliano empezaron a organizarse para enfrentar la impunidad que
se presiente. Marcharán a la fiscalía el lunes, porque si bien el
fiscal a cargo de la causa les garantizó que encarcelaría a todos
los culpables, los pobres sospechan muy bien el valor que tienen las
promesas de los funcionarios de un estado que se encarga todos los
dias de tenerlos a raya.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Lunes 4 de febrero, 18:00, movilización en Glew, a la comisaría
7ª, reclamando juicio y castigo a los policías que asesinaron a Ramiro
Rocha (18). Nos concentramos a las 16:00 en la estación
Constitución y a las 17:00 en la estación Glew.
Lunes 4 de febrero, 9:00, en Estomba y Moreno, Bahía Blanca,
concentración frente a la fiscalía por el castigo a todos los
responsables de la muerte de Giuliano Gallo.
Atando Cabos, el programa de
radio de CORREPI en La Plata, volverá al aire en febrero, en su
horario de los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.
Debido al receso estival de la Radio Porteña, ex Radio Ciudad,
el programa Leña al Fuego del periodista Herman Schiller, con la
columna de opinión de nuestra compañera María del Carmen Verdú,
volverá al aire el sábado 16 de febrero en su horario habitual
de las 18:00.