LA JUSTICIA AMPARA AL ASESINO DE SONIA COLMAN

El teniente 1º Oscar Benítez bajó de su patrullero en pleno centro comercial de Del Viso, puso su escopeta Ithaka 12/70 cargada con cartuchos con posta de plomo en condición de disparar, apuntó y apretó el gatillo. En víspera de Nochebuena, un sábado a las dos y media de la tarde, el lugar era un hormiguero de gente que iba y venía. Cuatro perdigones dieron en un auto estacionado, cuyo conductor acababa de bajar para entrar a un comercio. Otros dos pegaron en un cartel de publicidad de un kiosko puesto en la vereda. Otro dio en pleno pecho de Sonia Colman, militante socialista que se ganaba la vida vendiendo mercadería diversa en la calle. Ese día tenía accesorios para el asado, palitas y atizadores.

 

Para la fiscal Domínguez de la UFI de Benavídez, y para el juez de garantías Diego Efraín Martínez, fue un accidente. Un accidente como el que según los jueces del TOC nº 2 de Morón sufrió Marcelo Bogado, cuando tendido boca abajo en el suelo y esposado a la espalda recibió el disparo en la nuca del policía Díaz. La defensa de Benítez pidió esta semana la eximición de prisión del teniente, para asegurarse que siga en libertad. El juez Martínez, dejando bien claro qué garantías protege, se la concedió, porque entiende que el delito cometido, a lo sumo, es un homicidio sin intención, un descuido. Un homicidio culposo como el de quien, sin querer, mata en un accidente de tránsito. Una gaffe del oficio, un riesgo del trabajo "que le cabe a cualquier policía", como una vez dijo algún otro juez. Nada más explícito para comprobar en la práctica por qué decimos y repetimos que el gatillo fácil es una política de estado, de la que participan, cada cual en su rol, todos los poderes del estado.

 

Las abogadas de la familia de Sonia, las compañeras Gisela Bustos de Izquierda de los Trabajadores y María del Carmen Verdú de CORREPI, aún no pudieron ver la causa, leer las declaraciones testimoniales o el protocolo de la autopsia. Primero había que garantizar la libertad del "descuidado" policía. La justicia tiene sus prioridades...

 

La semana pasada, las compañeras presentaron formalmente a Antonio Espasa, compañero de Sonia, y a sus hijas Laura, Natalia y Melisa, como particulares damnificados en la causa. Pidieron medidas periciales para demostrar que el policía, voluntaria y deliberadamente, con toda intención, apuntó y disparó para matar a los pibes que huían desarmados, y que ese disparo, con 8 o 9 perdigones de plomo, podía con certeza también matar a Sonia, al conductor del auto parado, o a cualquiera de las muchas personas que había en esa esquina.

 

Si el 14 de diciembre dijimos que 2334 personas fueron fusiladas, masacradas en la tortura, en cárceles o comisarías desde fin de 1983, hoy, incluyendo a Sonia, ya son 2350. Desde que cerramos el Archivo 2007 el 30 de noviembre, registramos 16 casos más. Como el de Sonia Colman, siete son del mes de diciembre de 2007. Seis son posteriores al recambio del gobierno de Néstor Kirchner por el de su cónyuge. Los policías hacen su trabajo, los jueces el suyo, juntos para que el estado siga fusilando trabajadores y pobres.

EN PARAGUAY EL GATILLO FÁCIL TAMBIÉN ES “ACCIDENTAL”
A un suboficial de policía paraguayo, se le “escapó” un tiro de escopeta, y ¿adónde fue a dar? En la cabeza de un joven de 19 años, matándolo en el acto. En Paraguay también, el mismo procedimiento, los mismos protagonistas: Fuerzas de seguridad del estado fusilando jóvenes pobres desarmados, y un andamiaje judicial igual de sistemático para encubrir y garantizar la impunidad, con armas que se disparan solas, o a lo sumo, dispara un loquito suelto.

El hecho ocurrió en ciudad de Villarrica, el 31 de diciembre pasado, alrededor de las 00:30. Estaba la víctima, Elio Alejandro Morínigo, en un Esso Shop, donde se congregan muchos jóvenes para escuchar música y tomar bebidas. En esas circunstancias, Morínigo se retiraba del lugar, arrancó su motocicleta, y parece que hizo ruido acelerándola demasiado. Algunos jóvenes se pusieron molestos y se produjo una áspera discusión con Morínigo.

Y ahí apareció el otro protagonista de la historia. Un suboficial inspector llamado Fernández, que se encontraba en el lugar y estaba de uniforme. Según el informe policial, el suboficial intentó calmar los ánimos, y en ese momento, "imprevistamente" recibió un fuerte golpe en la espalda " ..de un desconocido". Como consecuencia, perdió el equilibrio y... ¿qué pudo haber pasado? ¡Si, señor, han adivinado! Accionó “accidentalmente” el gatillo de una escopeta calibre 12. Y el tiro dio en la cabeza del chico y lo mató en el acto.

Esta versión (la oficial) por supuesto que no convenció a los familiares, que ya se están organizando para exigir justicia. El policía está detenido en la jefatura de su fuerza, es decir, en su lugar d etrabajo, con todos los privilegios que eso implica.

Un caso más del ya conocido gatillo, esta vez en Paraguay pero con las mismas características de siempre, el mismo aparato represivo, la misma mano ejecutora. La misma (y sacrosanta) versión policial, en fin, el mismo estado represor.
 
REPRESIÓN A TRABAJADORES MUNICIPALES DESPEDIDOS EN ALTE. BROWN
El día 28 de diciembre alrededor de 60 empleados de la Municipalidad de Alte. Brown fueron despedidos por decreto del intendente Darío Giustozzi. Como respuesta a los despidos se organizó una concentración frente a la municipalidad mientras el intendente y sus colaboradores celebraban un brindis de fin de año.

Conforme iban pasando las horas, el intendente ignoraba la petición de audiencia con los despedidos, y los despedidos mantenían una vigilia en las afueras de la municipalidad, esperando respuesta. Lentamente los manifestantes comenzaron a  ser rodeados por la policía e incluso por el grupo de elite Halcón. Pasado más tiempo, hizo su entrada por la calle Larrosa una patota que embistió a los golpes contra los manifestantes. Del mismo modo en que operara la policía cuando municipales al servicio del intendente Villordo reprimieron a los estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes, la policía que rodeaba a los empleados municipales de Alte. Brown dejó campo libre para la represión gubernamental de la patota, interviniendo sólo para apoyarla cuando los manifestantes comenzaron a responder.

 

Hubo numerosos heridos, entre ellos mujeres y niños. Como es costumbre a la hora de reprimir, nadie se salva. Desde CORREPI denunciamos todas las formas de represión, en este caso tercerizada a manos de patotas organizadas con apoyo de las fuerzas de seguridad, que el estado utiliza para oprimir a los trabajadores y el pueblo. Denunciamos también a las fuerzas en pugna del PJ que se han encaramado sobre el despido y la represión a los trabajadores para sumar puntos al enfrentamiento entre el actual intendente y el anterior, el diputado nacional Jorge Villaverde.

El actual Intendente Darío Giustozzi es un represor, claro está, y gustoso violador de los derechos de los trabajadores, pero sus opositores no lo son menos. Villaverde ha sido durante largos años fiel compañero de Duhalde, (represor asesino del puente Pueyurredón), y compañero de Antonio Cafiero y Daniel Varizat en el Bloque Justicialista Federal. Y hoy, subidos al carro derechohumanista, que viene de la rosada, para sacar alguna ventajita en la lucha por los beneficios de la intendencia de Alte. Brown. Por eso, no hay “unos” y “otros”, menemistas, aliancistas y duhaldistas. Hoy, amontonados en el kirchnerismo, siempre tienen la misma respuesta a los reclamos: patotas, policía, palos gases y balas.