Como haría cualquier inescrupuloso acusado de
un delito común, Fernando De la Rua aprovechó la muerte de un "cónyuge de
averías", como les gusta decir a los jueces cuando los imputados no son ex
presidentes, como estrategia para su defensa. El juez Bonadío procesó hace
poco a De la Rua por los homicidios de la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de
2001, lo que su defensa obviamente apeló. Su línea de descargo, hasta ahora, fue
decir que no sabía lo que pasaba, porque no vió
televisión, no escuchó radio, no se asomó a las ventanas ni nadie le avisó que
el país estaba en llamas y sus policías mataban gente en las calles cumpliendo
su orden de despejar la plaza. Pero ahora cambió.
Ahora su coartada es decir que no fue él, sino que
la culpa la tuvo su ministro del interior, Ramón Mestre, que se murió con
impecable timing, justo cuando se lo iba a indagar. De la Rua hace lo que
cualquier preso sin códigos cuando hay un cómplice muerto: toda la culpa
al difunto, que no puede desmentirlo. Ya que no le creyeron que era el
único argentino que ignoraba lo que pasaba en Plaza de Mayo la tarde del 20 de
diciembre, ahora dice que él no tenía el mando, ni el dominio de la situación represiva,
sino que el único responsable está bajo tierra.
Como siempre cuando el estado mata, el responsable es su gobierno.
EN URUGUAY, COMO ACÁ, EL "PROGRESISMO" ES
REPRESOR
En estos días se pretende aprobar en Uruguay un proyecto de
ley de procedimiento policial que busca dar más poder a la policía. La
aprobación y puesta en marcha de la nueva ley es inminente.
Según nos informan los compañeros de la Plenaria
Memoria y Justicia, los superpoderes policiales incluyen la posibilidad de
cualquiera, en cualquier momento y lugar, sea detenido. Por ejemplo, puede ser
llevado a la comisaría un sospechoso; las personas
eventualmente implicadas, que puede significar cualquier cosas; los
que no tengan cédula o la tengan en malas condiciones, los que sean
testigos de un delito, etc. En todos los casos, pueden ser incomunicados por la
propia policía.
También se incluye la facultad policial de ingresar
a domicilios particulares a cualquier hora, con o sin consentimiento del
jefe de hogar, con o sin orden judicial, si hay una situación
de "extrema necesidad", lo que obviamente es definido por
el criterio policial. Recién dos horas después deben dar cuenta al
poder judicial de la medida realizada.
Dice el gobierno uruguayo que esta
ley va a permitir progresar, porque dará más seguridad, al aumentar las
facultades policiales. Como acá, el discurso hegemónico de la “inseguridad”,
sirve al gobierno uruguayo, (también “progresista”) para armarse hasta los
dientes, para tener al aparato represivo más aceitado, más preparado y con leyes
más flexibles para el accionar represivo. Como acá, los derechos y garantías de
las personas ceden ante las facultades policiales. Como acá, legisladores,
jueces, policía, todos unidos contra el mismo crimen: no pertenecer a la clase
dominante.
Que se preparen los hermanos uruguayos, porque con
esta nueva norma lo único que va a crecer va a ser la detención arbitraria de
personas, y con ella el gatillo fácil y la tortura.
LA CORTE DE SALTA, MOVILIZACIONES DE REPUDIO Y
REPRESIÓN
En uno de sus últimos actos como gobernador salteño, el peronista Juan
Carlos Romero envió a la legislatura provincial, donde su partido tiene amplia
mayoría, el pliego para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia
local. El elegido, inmediata y obedientemente votado por los legisladores del
partido justicialista, es Gustavo Ferraris, secretario de seguridad saliente del
gobierno de Romero. El nuevo cortesano carece de curriculum en la justicia, y ni
siquiera se sabe que haya ejercido demasiado su profesión de abogado. Es
nutrido, en cambio, el prontuario de represor que cosechó a lo largo de su
gestión al mando de las fuerzas de seguridad provinciales, como el desalojo a
los tiros del asentamiento de San Expedito en agosto pasado, desconociendo
una orden judicial para que la policía no interviniera, la represión a los
docentes en 2005 o el operativo de expulsión a los habitantes de Santa
Victoria. En lo académico, el futuro juez tiene en su haber infinidad
de charlas y conferencias ...a personal policial.
A la designación del secretario de seguridad y la confirmación del
presidente de la Corte, Guillermo Posadas, otro incondicional romerista, se sumó
el nombramiento de Guillermo Catalano, apoderado del FREJUVI (Frente
Justicialista de la Victoria), también en el máximo tribunal.
El descaro con que se votaron estas designaciones, que dejan el máximo
tribunal salteño convertido en un comité romerista, provocaron la reacción
indignada de amplios sectores, con una gran cantidad de organizaciones de
trabajadores, políticas y sociales que se han estado movilizando una y otra vez
en su contra. El 30 de noviembre el colegio de abogados convocó a un abrazo
simbólico a la Ciudad Judicial, en repudio del nombramiento de Ferraris. La
multitud que concurrió lo convirtió en acto. Cuando después de improvisados
discursos desde una silla un grupo de abogados ingresó al edificio para
interponer un amparo contra la designación del represor, el personal
policial quiso impedirles el acceso. Hubo forcejeos, empujones, y un letrado fue
golpeado y lesionado por un uniformado que fue identificado de inmediato por los
demás manifestantes.
Mientras se encara una campaña de repudios a lo largo y ancho del país,
siguen en Salta las movilizaciones cada vez más masivas, denunciando el carácter
servil de la Corte a las necesidades del poder político, agudizado con estos
escandalosos nombramientos.
TORTURA: PEPE ALVEAL Y CHACO GONZÁLEZ, Y LA LENGUA CORTADA DE LOS
JUECES
Vamos de nuevo: los jueces argentinos no tienen permiso para usar la
palabra "tortura". Cada vez que cae frente a sus narices una aplicación de
tormentos, se quedan mudos. Cuando éramos chicos y nos pasaba eso, nos
preguntaban si los ratones nos había comido la lengua. Sólo que con los jueces
no son los ratones: son los gobiernos, que no van a dejar que sus propios
magistrados anden por ahí diciéndoles torturadores.
Esta semana, en Neuquén, el policía Roberto Daniel Rechini fue condenado a
tres años de prisión efectiva y seis de inhabilitación por haber golpeado a Pepe
Alveal, trabajador ceramista de Zanón, después de haberlo detenido el 19 de
septiembre de 2004. Buena parte del castigo le fue propinado en la zona del ojo
que un año antes el compañero había perdido en una movilización, cuando recibió
más de 40 perdigones de goma de escopeta 12/70 durante la represión, y uno de
los proyectiles le vació la cuenca ocular. De tortura, ni hablar...
También esta semana el tribunal oral nº 7 de Lomas de Zamora anunció que
condenará a los policías Concha y Quevedo que detuvieron a Jorge "Chaco"
González el 14 de diciembre de 2002, apaleándolo de tal modo que murió días
después. Si bien ordenaron preventivamente la detención de los policías para
evitar su profugación, anticiparon que la condena sería por apremios y
homicidio preterintencional, es decir, "más allá de su intención", lo que
significa que fue "sin querer". Y no informaron el monto de la pena, que sólo
será dado a conocer el próximo miércoles 12 de diciembre, y que si es de menos
de 3 años permitiría que los asesinos recuperen su libertad de inmediato.
Bien clarito: Patear alguien en las costillas y el abdomen hasta causarle
lesiones que le van a hacer sangrar los pulmones y le van a fisurar la
vesícula, matándolo en unos días, para los jueces argentinos no es
tortura. Golpear a otro, ensañándose con una ablación anterior
cometida por sus colegas, tampoco. Nada es tortura, como no fue
tortura para los jueces de San Martín en la causa Botrón-Palleroni que
le dieran "bolsita" (submarino seco) a uno de los siete chicos torturados,
porque se la pusieron una sola vez... ¿Cuántas veces tienen que
bolsearte para que deje de ser apremios y sea tortura? ¿Dos? ¿Cincuenta y
dos?.
Como no fue tortura, también en Lomas, que a Diego Gallardo le reventaran
alma y vida a golpes y patadas, causando 57 lesiones visibles, 4 fracturas de
cráneo, estallido del esófago y del estómago. Eso tampoco fue tortura. Todo sea
por defender al estado, y a su gobierno de turno.
REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES DEL CASINO DE
BUENOS AIRES
Exigiendo la reincorporación de más de 90
compañeros despedidos, los trabajadores del Casino flotante de la ciudad de
Buenos Aires mantuvieron bloqueados los accesos al predio por 20 días. El martes
por la noche, mientras se encontraban reunidos en asamblea, fueron
brutalmente reprimidos por efectivos de prefectura que, sin mostrar orden
judicial alguna, comenzaron a desalojar a los palos y lanzando gases
lacrimógenos a los trabajadores, entre los que se encontraban mujeres
embarazadas y menores. Hernán Lopatka, uno de los once detenidos durante la
represión, denunció “estábamos terminando la asamblea y la Prefectura
avanzó sobre nosotros. Habían apostados más de 400 efectivos de la guardia de
infantería. Hubo muchos golpes. A mi en un momento me reducen y llevan a los
golpes. Me ponen las botas sobre la cabeza, me amenazan y dicen que me van a
fusilar”. Otro de los detenidos fue Edgardo Moyano, abogado de los
trabajadores en lucha que, al igual que sus compañeros, recuperó la libertad
doce horas más tarde.
Como muestra de qué intereses resguardan las fuerzas de seguridad de la
“democracia”, los trabajadores denunciaron que el operativo fue dirigido por la
gerencia del casino, entre los que se cuenta Cristóbal López, empresario amigo
de Néstor Kirchner. Además de la orden de desalojar, los gerentes indicaban
a los prefectos, mostrándoles fotos, cuáles eran los trabajadores a los
que debían golpear y detener.
Como ya nos tiene acostumbrados, cuando se hace muy evidente que “el
gobierno de los derechos humanos” reprime como ningún otro desde 1983 a la
fecha, hay que echar mano a teorías como la del loquito suelto, los resabios de
la dictadura o el funcionario policial que se excede en su función. Es así
que Fernández salió a decir que los prefectos involucrados “serán
sancionados como corresponde”, aunque no aclaró en que consistirá la sanción que
seguramente no pasará de un traslado o un descuento de haberes. Lo que sí dejó
bien en claro es que se va a investigar quién hirió a uno de los prefectos
que participó de la represión porque, según su particular visión de los hechos,
“alguien que va pacíficamente a discutir un tema de estas características no le
pega con un adoquín en la cabeza a un prefecto” aunque lo apaleen, le tiren
gases lacrimógenos y lo detengan por defender su fuente de trabajo.
La magnitud que le confiere al conflicto y a la posterior represión el
hecho de que se desarrolle en la Ciudad de Buenos Aires y que como consecuencia
de esto haya sido reproducido por las grandes empresas de comunicación, obligó a
Aníbal Fernández a dar explicaciones. El próximo comisario del gabinete de
Cristina se despegó rápidamente de su responsabilidad diciendo que desde el
ministerio del interior no se había autorizado ningún desalojo.
El pez por la boca muere: Fernández no salió con el mismo ímpetu a
negar que desobedecieran órdenes cuando sus muchachos de gendarmería
secuestraron, torturaron y militarizaron la ciudad de Las Heras, cuando ocuparon
el Hospital Francés, o más recientemente con el despliegue de 600 efectivos del
Grupo Albatros de prefectura para controlar y reprimir a los trabajadores del
puerto del Mar del Plata, y sigue la cuenta. No aclares, Aníbal, que
oscurece…
QUILMES: POLICÍA EJECUTADO POR CAMARADAS Y
SOSPECHOSO "SUICIDADO" EN COMISARÍA
Esta semana, mediante su
presencia en la redacción de un diario matutino, los padres del oficial de la
bonaerense Iván Esteban Penida (34), asesinado a fines del mes de
setiembre en el Cruce de Florencio Varela, denunciaron la falsedad de la versión
oficial del homicidio. A Penida no lo mataron delincuentes en enfrentamiento
sino que “directamente lo ejecutaron de varios tiros y en ningún momento
pudo usar su arma reglamentaria. Vinieron a su encuentro en un vehículo y sin
darle chance a defenderse le dispararon”. La madre sostuvo que Penida
estaba amenazado de muerte a raíz de una denuncia que había hecho de su
superior, el jefe de la Comisaría 3ª de Florencio Varela Marcos Levinson, quien
le había ordenado que “si no se amoldaba a sus formas de trabajar iba a
tener serios problemas”.
Al estado el tiro le sale por la
culata. Igual que en el caso del cabo Ayala, ejecutado en el asalto a un
banco por el ladrón, también policía, y convertido en un símbolo del “buen
policía que lucha contra la delincuencia”, el asesinato de Penida fue centro de
la campaña propagandística a la que cada tanto apela el estado para mejorar la
imagen de la institución. Hasta en un ágape donde estuvieron presentes la cúpula
de la Distrital y autoridades del Municipio de Quilmes recordándolo como “héroe
caído en cumplimiento de su deber” buscaron ponerle su nombre a una biblioteca
con discurso lacrimógeno incluído. También como en el caso de Ayala, no pasó
mucho tiempo para que se sepa que sus ejecutores eran camaradas que “se matan
entre ellos”.
Perejil suicidado en su celda. Como en toda red de
impunidad para tapar sus propios crímenes, esta vez apelaron a los “perejiles” y
la misma noche del 28 de setiembre, tres jóvenes fueron detenidos en operativos
en el Barrio Pepsi, acusados del homicidio de Penida. Dos fueron liberados, pero
el tercero, de 20 años de edad y apodado “Pelo Duro”, apareció ahorcado en la
celda de la comisaría de la seccional novena en Barrio Parque Calchaquí de
Quilmes, diez días después de la muerte del oficial.