1. Despedida con fotos y ascensos.
2. Represión en
San Luis.
3. Denuncian abogada de
DDHH.
4. Un año de la
pueblada de Corral de Bustos.
5. Más extorsiones
policiales.
6. Próximas
actividades.
DESPEDIDA CON FOTOS Y ASCENSOS
León Carlos Arslanian termina en estos días su segunda gestión
como ministro de seguridad bonaerense, la cartera que fue creada para él hace ya
más de 10 años. Pero no ha sido una despedida tranquila ni prolija. Aparte de
algunas cuestiones casi anecdóticas, lo que quedó claro fue el apuro por cerrar
a último momento algunos negocios y pagar algunos favores.
Mucho se escribió sobre la inusual cantidad de ascensos
que, triplicando el número habitual de fin de año, benefició incluso a quienes
no podrían haber ascendido de acuerdo a las propias reglamentaciones impuestas
por Arslanián. Tan notorio fue el ascenso masivo (casi 10.000 policías) sin
secundario completo siquiera que hasta el "sindicato" policial bonaerense,
Apropoba, se dio el lujo, en su histórico enfrentamiento interno con Arslanián,
de denunciar que uno de los nuevos subtenientes, de apellido Paolini, no podría
haber sido ascendido... porque está condenado por un delito, aunque
excarcelado. Es decir, tendría que haber sido exonerado hace rato. Por otro
lado, se han denunciado ascensos "de favor" como el del chofer y el
cocinero de la subsecretaria de formación y capacitación profesional Haydeé
Barletta.
Eso sí, los negocios, a la orden del día. Una de las últimas
medidas, junto con los ascensos, fue ordenar la compra directa, es decir sin
licitación ni concurso ni control alguno, de 250 camionetas para la bonaerense.
Ya sabemos los negocios que hacen hasta cuando licitan, así que imaginen los
vueltos y retornos en una compra directa.
Finalmente, y aunque los medios intentaron mostrar un relajado
ministro abrazado a los nuevos cadetes de la Vucetich el día de su graduación,
con fotos que parecían estudiantes en Bariloche con el profe de turno,
lo cierto es que Arslanian, que fue con el gobernador Solá al acto de colación
de casi 4.000 nuevos policías, se tuvo que ir por los fondos, abucheado, ya que
muchos de los presentes -conocedores de asuntos intestinos- le gritaban cosas
como "tomátelas, gordo ladrón".
Como frutilla de la torta, se acusó esta semana al saliente
ministro de usar fondos oficiales para pagar una suntuosa fiesta de casamiento
de una empleada bonaerense, Marta Arriola, subsecretaria del departamento
de relaciones con la comunidad. Lo que se dice, una despedida con bombos y
platilla. Perdón, platillos.
REPRESIÓN EN SAN LUIS
En la
madrugada del 27 de noviembre pasado, en San Luis, miembros del cuerpo especial
COE (Comando de Operaciones Especiales) desalojaron violentamente con balas de
goma, gases y palos, a 60 obreros que estaban ocupando la fábrica textil Pagoda
de Villa Mercedes. Desde hace algo más de un mes los
obreros reclamaban mejoras salariales y exigían la reincorporación de
despedidos con diversas medidas que incluyeron la toma de la
planta.
El COE actuó por orden de la jueza de instrucción
en lo penal Martha Vallica San Martín de Figari, que accedió al pedido del
dueño de la empresa, Alfredo Hang,
que denunció la falta de avances en las negociaciones y requirió la toma
por la fuerza de la fábrica.
El cuerpo de elite puntano rodeó la zona, aislando
a los trabajadores, y a las 4:30 am desató la represión. La mayoría de
los obreros resultaron heridos, algunos de gravedad. Hay un trabajador
internado, y también está herido el delegado de la fábrica, Marcos Reynoso,
quien recibió cinco impactos de bala de goma en la cara.
Por supuesto, el ataque no fue noticia para los medios masivos. Tampoco
apareció la burocracia de la Asociación de Obreros Textiles (AOT-CGT), ni se
horrorizó la clase media, que tiene "normalizada" la represión como parte
algo aceptada y es normal, cuyo límite sólo aparece, y por poco
tiempo, cuando matan a un trabajador.
Como es costumbre, ante cada reclamo salarial que se escapa del “pacto
social” entre gobierno, empresarios y burócratas, el aparato represivo se pone
en funcionamiento. Poder político, judicial y fuerzas policiales aplican todo el
peso de la violencia organizada sobre los trabajadores, en defensa siempre de la
patronal.
DENUNCIAN A ABOGADA DE DDHH
La
abogada Myriam Bregman del CePRoDH y del Colectivo Justicia Ya!, patrocinante de
las querellas en los casos Etchecolatz y Von Wernich, fue denunciada por la
presunta comisión del delito de calumnias por un personaje muy particular. Se
trata del abogado Roberto Durrieu, que fue nada más ni nada menos que fiscal
general de la provincia de Buenos Aires cuando los destinos de los bonaerenses
dependían del Gral. Camps y que fue subsecretario de justicia de la Nación,
cuando el presidente no era otro que Jorge Rafael Videla.
La denuncia está centrada en las declaraciones de la compañera
referidas a las pruebas que existen de la participación de civiles en el
genocidio cometido durante la dictadura militar. Durante el juicio
que terminó con la condena al cura Von Wernich, varios
testigos refirieron el activo protagonismo de civiles en las torturas, como
por ejemplo el superior inmediato de Durrieu, el ex ministro Rodriguez
Varela). Eso motivó el inicio de una nueva causa ante el Juez Corazza
para investigar esa participación. Entre los investigados, está el aquí
ofendido Durrieu.
Durrieu, además de colaborador de la dictadura, siempre ha sido
ideólogo de la derecha, especialmente desde su "Colegio de Abogados de la
Ciudad", verdadero think tank de la represión, como se pudo apreciar en
años recientes con sus reiteradas columnas de opinión en el diario La Nación
exigiendo el castigo de "criminales aberrantes" como ... los desocupados que
cortaban calles. Además, Durrieu fue el abogado y más
estrecho colaborador de Juan Carlos Blumberg.
Querellas como las iniciadas por Durrieu son demostrativas de la
intención de estos esperpentos de la derecha de obstaculizar las
investigaciones judiciales contra ellos y acallar a los luchadores por los
derechos humanos. Myriam Bregman es defendida por los compañeros Liliana Mazea
de FIDELA y Daniel A. Stragá de CORREPI.
UN AÑO DE LA PUEBLADA DE CORRAL DE
BUSTOS
El 4 de diciembre de 2006, los vecinos de la
localidad cordobesa de Corral de Bustos reaccionaron masivamente ante la
displicencia cómplice con que jueces, fiscales y policías locales actuaban
frente al asesinato de Ariana Sabache, de 3 años de edad. Una serie de
cuestiones, desde la falta de atención a las denuncias de la abuela de la
chiquita anteriores al hecho, pasando por el secreto a voces de las pistas de
aterrizaje clandestinas para tráfico de drogas con apoyo policial local,
hasta policías y fiscales más dedicados a fraguar causas que a
investigar los verdaderos delitos, muchas veces cometidos por ellos, sus
patrones o sus amigos, hicieron que el pueblo, luego del entierro de Ariana, se
dirigiera a la plaza, exigiendo que saliera el juez a dar
explicaciones.
Como siempre, primero fueron los presos, y después
la justa reacción popular. Ya la llegar la multitud a la plaza había tres
detenidos durante el entierro. La negativa del juez o de otras autoridades a
aparecer mientras se empezaba a cerrar el cerco represivo generó la repulsa de
los manifestantes, más del 15% de la población total, que terminaron incendiando
el edificio de los tribunales. Cuarenta y dos personas fueron detenidas, entre
ellas dos periodistas que registraban los sucesos. Por un ratito el asunto llegó
a los medios nacionales, porque entre los presos estaba... el hermano de un
futbolista famoso.
Después, como siempre, el silencio. Hoy siguen
procesados 42 vecinos y 7 siguen presos en Villa María, a pesar de que casi
todos denunciaron, igual que muchos testigos, que fueron amenazados y
maltratados para cambiar sus declaraciones, y hay evidencias de tal armado
policial y judicial de la causa que todo debería caer fulminado de
nulidad.
A un año de la pueblada, en Corral de Bustos se
suceden las movilizaciones reclamando la libertad de los presos y la
investigación de los responsables del cuadro de impunidad y delincuencia oficial
que indignaron a los vecinos.
MÁS EXTORSIONES POLICIALES
Que la policía arma causas para simular una eficiencia que nunca podría
tener, y/o -según como venga la mano- para recaudar fondos para su "caja chica"
es una verdad que nadie ignora en las barriadas populares. La mayoría de
las víctimas no hace la denuncia, porque ¿ante qué policía o fiscal podría
hacerla, si los que fraguan causas y toleran el fraguado son ellos?. A
pesar de eso, son frecuentes los casos que salen a la luz, que,
insistimos, son sólo un botón (literalmente) de muestra.
Esta semana, se supo de un nuevo caso, esta vez en la DDI de
Zárate-Campana. Como suele suceder, tres policías (un inspector, un teniente y
un sargento) detuvieron a un comerciante, y le pidieron cierta cantidad de plata
a cambio de ponerlo en libertad. Si no pagaba, lo involucrarían en una causa
judicial con pruebas plantadas.
Como Desiderio Meza en abril de 2000,
cuando la brigada de la comisaría 30ª de la PFA lo levantó para extorsionarlo,
el hombre hizo la denuncia y los policías fueron atrapados con las manos en la
masa. Por ahora están detenidos, pero ya va a aparecer algún juez o fiscal (no
hace ni falta que contraten un abogado defensor) que va a argumentar que no fue
un secuestro extorsivo, ni siquiera una extorsión lisa y llana, sino alguna otra
figurita excarcelable como la concusión, que en realidad es la extorsión
cometida por funcionario público, pero que "curiosamente" tiene una pena
infinitamente menor que cuando el autor es un civil.
No podemos dejar de relacionar el hecho con el juicio que estamos
terminando en Lomas de Zamora por la tortura seguida de muerte de Jorge "Chaco"
González, justamente detenido, igual que ese comerciante, para extorsionar a su
madre, a la que le exigieron $2.000 para no "pasarlo a juzgado con una causa
pesada".
Tampoco con el sostenimiento y defensa, por parte de los gobiernos nacional
y provinciales, de las facultades policiales para detener personas, como la
averiguación de antecedentes o las contravenciones, que siempre sirven de
pantalla para blanquear estas detenciones que son verdaderos secuestros
extorsivos, y sobre los que no hemos escuchado quejarse a ningún periodista de
esos que exigen más seguridad.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Martes 4 de diciembre, a partir de las 9:30, jornada de
alegatos en el juicio por la muerte en la tortura de Jorge "Chaco"
González. Concentramos frente a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino
Negro y Larroque.
Viernes 14 de diciembre, a las 17:00, acto para la
PRESENTACIÓN EN PLAZA DE MAYO DEL ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR EL
APARATO REPRESIVO DEL ESTADO 2007.
En La
Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI,
los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM
90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen
Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio
Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso.
Entrada libre y gratuita.