1. Otro juicio a la tortura, en Neuquén.
2.
Torturas, en España también se consiguen...
3. La cámara criminal "pone las
cosas en su lugar".
4. Se viene la policía de Daniel.
5. Sigue el juicio por la tortura
seguida de muerte de Jorge "Chaco"
González.
6. Próximas
actividades.
OTRO JUICIO A LA TORTURA, EN
NEUQUÉN
Mientras seguimos en Lomas de Zamora con el juicio a los torturadores de
Jorge "Chaco" González, otro juicio por un hecho similar, afortunadamente sin
que la víctima muriera, empieza esta semana en Neuquén.
En el mes de noviembre de 2003, una
manifestación de trabajadores desocupados fue duramente reprimida en el Ruca Che
de Neuquén. Ese día hubo 9 heridos de arma de fuego, además de Pedro "Pepe"
Alveal, que fue perseguido y acorralado por cuatro policías que le
dispararon más de 60 perdigones a corta distancia. Uno de los impactos el
hizo perder un ojo.
Un año después, Pepe, obrero ceramista de Fasinpat
(ex Zanón), fue detenido como sospechoso por un
robo a un locutorio. Dejando bien claro que sabían bien quién era, y que la
detención no obedecía a sospecha alguna, sino a la decisión de castigarlo por su
militancia y la tozudez con que impulsaba la causa penal contra los policías que
lo hirieron, fue brutalmente golpeado en la comisaría.
Primero lo llevaron a una comisaría, donde lo
tuvieron largo rato parado frente a una pared. Luego lo trasladaron a otra
dependencia, donde lo recibieron con patadas y palmetazos, especialmente en la
zona del ojo que perdió, haciendo que se desacomodara la prótesis. También
lo hicieron arrodillarse y pararse varias veces.
Inmediatamente después de ser liberado, confirmando así que el motivo
de la detención era torturarlo, Pepe denunció lo ocurrido, con la asistencia
técnica del compañero Fernando Dalmazzo, que interviene en la causa junto a
Ivana Dal Bianco (CeproDH). Aunque desde su inicio los compañeros acusaron a los
policías por aplicación de tormentos, como de costumbre la tarea judicial es
silenciar que se tortura en Argentina. La cantidad de pruebas es contundente, ya
que el compañero no perdió un minuto en hacer la denuncia, así que finalmente la
fiscal debió requerir la elevación a juicio, obviamente, por "severidades
ilegales".
Como se trata de un delito con una pena máxima prevista de hasta tres
años, el juicio se hará en un juzgado correccional, y los policías,
por descontado, están en libertad.
Las audiencias comenzarán este miércoles y jueves. Los compañeros
Dalmazzo y Dal Bianco sostendrán la acusación por torturas, e intentarán que el
juzgado se declare incompetente y se realice un nuevo juicio por aplicación de
tormentos en el fuero criminal.
Torturas,
en España también se consiguen...
Alejandra González (48), una
trabajadora cordobesa que vive en la ciudad de Maó, en la isla española de
Menorca, fue torturada por la Policía Nacional el 10 de noviembre. Adriana
fue molestada en la calle por un hombre que “se había puesto pesado”.
Alguien llamó a la policía y ahí las cosas se pusieron peores. “No sé cómo,
ni quién llamó. El caso es que apareció un móvil de la policía y lo primero que
me preguntó fue si era sudamericana”, dijo la mujer. “Cuando
descubrieron que era argentina cambió todo. Me liaron acusándome de que yo no
quería entregarles mis papeles”.
“¿Qué haces aquí, sudaca?
vuelve a tu país”, son algunas de las frases que le dijo la policía. Luego
vino la tortura. Alejandra fue víctima de golpes en la cara, rodillazos en la
espalda, patadas en los genitales e insultos racistas. Se le negó el derecho a
una llamada y no le permitieron ni siquiera ir al baño. Las torturas recibidas
le provocaron una seria lesión en su riñón y traumatismos varios. "Las
declaraciones que han hecho los policías dan risa. Dicen que yo los golpeé, que
les luxé un hombro. Imaginate, peso 49 kilos”, dijo Alejandra.
Pero también hubo
otros casos. En Barcelona, el 15 de octubre, la peruana Jéssica Carranza
Rodríguez retiraba su auto del estacionamiento, cuando sin
querer chocó una moto. En cuestión de minutos aparecieron varios
policías españoles y empezaron a golpear a Jéssica y a su esposo en la espalda y
en la cara. En Madrid, Jorge Rojas, de 14 años, nacido en España de
padres peruanos, iba en una moto pequeña por la acera y sin casco.
"Perucho de mierda, sudaca, delincuente, hijo de puta extranjero que vienes
aquí a joder, cabrón te voy a dar la paliza de tu vida", gritaba
el policía mientras lo pateaba en el estómago y en las costillas. Durante
15 minutos, relataron los testigos, el chico fue apaleado, y luego retenido en
una comisaría por un día entero. Al salir en libertad, sus padres lo llevaron a
un centro médico, donde se detectaron lesiones óseas en la muñeca por
las que tuvo que ser enyesado, además de traumatismos en las rodillas, la espalda y las
costillas.
Ya en el boletín pasado, informábamos sobre el asesinato
de Carlos Javier Palomino (16), militante antifascista, a manos de un matón
neonazi, soldado profesional del Regimiento Inmemorial del Ejército, y sobre las
recurrentes denuncias de torturas a presos políticos, lo que confirma el
carácter represivo del estado español, que utiliza métodos como torturas y
asesinatos, que en “democracia” los llaman apremios ilegales y “errores” de
algún policía. Siempre dirigidos, como política de estado, a los sectores más
pobres, estén organizados o no.
El hecho de la discriminación, por ser
sudamericanos, no dice nada en sí mismo. Nunca nos enteramos que algo así le
pase al cónsul, al embajador, a algún empresario, político o turista rico.
En España, como en Argentina y en todo el mundo, están bien diferenciadas las
pertenencias de clase, y el estado y sus policías las reconocen, y actúan
en consecuencia.
En Estados Unidos la silla eléctrica no es para todos, es
para los negros y los latinos, que son pobres en su mayoría, y son la
mayoría de los pobres. En España, la represión y la tortura son para
los “sudacas” pobres, no para los “hermanos sudamericanos” ricos. La
discriminación y la xenofobia no son simples manifestaciones de
odio a otras nacionalidades, sino una más de las formas en la que se
expresa el odio de clase. Y la tortura, acá y en el "primer mundo", es una
sistemática herramienta represiva.
LA CÁMARA CRIMINAL PONE LAS "COSAS EN SU
LUGAR"
La Sala VII de la Cámara en lo Criminal pone las cosas en el lugar donde
deben estar. Como si hiciera falta que lo aclarara, en un fallo reciente
dictaminó que, por sobre los derechos sociales que garantiza el art. 14 bis de
la constitución, está el santo derecho de propiedad, que en este caso se
refiere a la propiedad privada del multimedios Clarín.
Ante una asamblea masiva convocada por la comisión interna de delegados de
la empresa Artes Gráficas Rioplatenses S.A., del grupo Clarín, realizada el 30
de agosto de 2004 a raíz de múltiples y antiguos conflictos, la poderosa
empresa formuló denuncia penal por usurpación, coacción, daños y amenazas contra
los diez miembros de la comisión interna. El juzgado nacional de
instrucción nº 12 sobreseyó la causa. Apelado el fallo por la
patronal, la sala VII de la cámara revocó la medida y ordenó producir las
pruebas ofrecidas por el querellante Grupo Clarín.
El juez de instrucción tomó los testimonios ofrecidos por la empresa
y, sin estimar necesario producir las pruebas de la defensa de los
trabajadores, volvió a dictar el sobreseimiento. La cámara, irritada por el
cierre de la causa, volvió a revocar el sobreseimiento y procesó por
su cuenta a los diez delegados de los obreros, argumentando que los
derechos de los trabajadores garantizados por el art. 14 bis de la constitución
no tienen primacía sobre el derecho de propiedad.
"Esto es administrar justicia, caramba. ¿Qué es esta subversión de las
buenas costumbres de plantear aspectos de la constitución que pudieran
beneficiar a los trabajadores, cuando se afecta la propiedad privada de la
poderosa empresa Clarín?", dijo el defensor de los trabajadores, el
Dr. Pedro Serra.
Bueno es aclarar que por las falencias de la empresa Artes Gráficas que
originaron los reclamos y la asamblea de los trabajadores, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (¿filomarxista, tal vez?) aplicó el 29
de marzo de 2003 una multa de 437.000 pesos a la empresa. "Aplicando su
criterio, la Excma. Cámara debería procesar al Ministro de Trabajo",
ironizó Pedro Serra.
En resumen, los trabajadores de la empresa (que este año fueron reelectos
como delegados por sus compañeros) irán a juicio oral en breve, por el
delito de haber afectado el poder supremo del Grupo
Clarín.
SE VIENE LA POLICÍA DE
DANIEL
El tema de la inseguridad sobrevoló tibiamente la campaña
electoral de Daniel Scioli, pero se hizo más explícito una vez que ganó la
elección, al punto de asegurar que es el tema más urgente para los habitantes de
la provincia de Buenos Aires. Para combatirla, el ex motonauta, ex menemista y
ahora kirchnerista Scioli no habló de mano dura sino de mano justa, de
soluciones “globales” e “integrales”, lo que suena mucho más lindo y
políticamente correcto.
Esta semana, el próximo jefe de gabinete de la provincia, Alberto
Pérez, adelantó a los medios que una de las primeras medidas a implementar
consistirá en destinar a 4.000 policías, que actualmente custodian detenidos en
comisarías, para combatir el delito en las calles. Según datos oficiales, en los
últimos cinco meses el número de detenidos en cárceles y comisarías
bonaerenses aumentó un 60%. Sin embargo, la solución integral de Scioli
y Stornelli consiste en trasladar a esos detenidos a los distintos
penales, ya superpoblados, para saturar de policías las calles. Más presos
hacinados, más policías dispuestos para el control y la represión de los pobres
y los sectores organizados en lucha.
Con el objetivo de optimizar la represión de carácter preventivo,
Scioli tiene la intención de mejorar la imagen de la institución policial con
una serie de medidas tendientes a “generar confianza en la policía por parte
de la sociedad”. Para esto alienta la participación ciudadana en la
prevención del delito con la consigna “Seguridad entre todos”, que en
la práctica no es más que potenciar la sensación de inseguridad con la que nos
bombardean diariamente los medios de comunicación; y lograr que cualquier buen
vecino que vea a algún morochito merodeando por el barrio, no dude en llamar al
911.
Scioli también promete “tolerancia cero a la corrupción
policial”, y a su vez, combatir los desarmaderos de autos, el narcotráfico
y los piratas del asfalto, delitos estrechamente vinculados a quienes serán sus
subordinados a partir del 10 de diciembre. Además, implementará una serie de
premios y estímulos al “buen policía”: ¿Quién se lleva el premio al policía del
mes? ¿El que torturó o el que “puso” a uno?.
SIGUE EL JUICIO POR LA TORTURA SEGUIDA DE
MUERTE DE "CHACO" GONZÁLEZ
Como estaba previsto, el jueves pasado comenzó el
juicio oral y público contra los sargentos Isidoro Segundo Concha y Ramón
Quevedo, que el 14 de diciembre de 2002 golpearon y patearon a Jorge "Chaco"
Gonzñalez (31) causándole lesiones que producirían su muerte el 7 de enero de
2003.
Lo que no estaba previsto fue que el fiscal, Dr.
Bernardo Schell, llegara al edificio de los tribunales de Lomas de Zamora
casi al mediodía, cuando el inicio de la audiencia estaba fijada a las 9 de la
mañana. Fue tan notoria la tardanza que al declarar abierto el debate, el
presidente del tribunal oral nº 7 le pidió explicaciones. Se declaró satisfecho
cuando el fiscal explicó que vive en Glew, y tardó en conseguir un
remise.
Hasta las seis de la tarde se sucedieron los
testigos, empezando con los médicos del hospital Durand, donde murió Jorge. Los
dos patólogos de la morgue del hospital relataron que por pedido del médico
tratante, que no tenía clara la causa de la muerte, iniciaron una autopsia
"académica", es decir sin intervención judicial. Pero cuando levantaron los
pulmones, vieron grandes coágulos de sangre adheridos a la pared costal,
por lo que interrumpieron de inmediato la práctica y llamaron a la policía. Esas
lesiones, explicaron, eran de claro origen traumático, y no tenían relación con
la tuberculosis que padecía "Chaco".
Luego fue el turno de la familia de Jorge.
Declararon su madre, nuestra compañera Ramona Núñez, su hijo Hugo y sus dos
nueras, que la acompañaron a la comisaría la noche de la detención, cuando
mientras a Jorge lo apaleaban, a ella la extorsionaban pidiéndole $2.000 "o lo
bajamos a juzgado con una causa pesada".
Mientras se desarrollaba la audiencia a sala llena,
con un público integrado en su mayoría por compañeros y compañeras víctimas o
familaires de víctimas de la represión estatal, otros tantos, junto a militnates
de diversas organizaciones como la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, la CPS 29
de Mayo, el PRT Santucho, y por supuesto, CORREPI, sostuvieron la concentración
en las puertas del edificio, repartiendo volantes, agitando banderas y entonando
consignas antirrepresivas.
La audiencia sigue este lunes, desde las 9:30,
siempre en Camino Negro y Larroque.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 26 de noviembre, de 9:30 a 17:00, segunda
jornada del juicio por la muerte en la tortura de Jorge "Chaco" González.
Concentramos frente a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y
Larroque.
En La
Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI,
los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM
90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen
Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio
Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso.
Entrada libre y gratuita.