EL ESTADO SIGUE MATANDO POBRES: 35 MUERTOS EN EL PENAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
Como hace dos años en la unidad 28 de Magdalena, 33 presos murieron como consecuencia de un incendio en el pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Santiago del Estero. El fuego se originó pasadas las 18:00 cuando los presos, hartos de la violencia con que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) lleva a cabo las requisas a los familiares durante las visitas, comenzaron a quemar colchones a modo de protesta. El reclamo también tenía también como objetivo exigir la aceleración de las causas de los internos procesados, mejoras en la alimentación y de las condiciones de detención en un penal con capacidad para 200 personas y donde se encontraban alojadas más de 450.

Con la complicidad de los medios de comunicación, desde el gobierno se instaló en la opinión pública que la “tragedia” fue consecuencia de un intento de fuga frustrado por el servicio penitenciario y que los presos amotinados fueron los responsables de sus propias muertes. A pesar de que las imágenes de los noticieros mostraron al pabellón completamente quemado y con los candados cerrados en las puertas, ningún periodista puso en cuestión el rol del SPP en las muertes, avalando la hipótesis de que los presos se mataron entre ellos y que, como en Magdalena, los penitenciarios no pudieron hacer nada para evitarlo. La represión continuó dentro del penal hasta  la tarde del día siguiente. Los presos denunciaron que el SPP disparó balas de goma y de plomo a los internos que seguían amotinados.

En las inmediaciones del penal, los familiares de las víctimas comenzaron a reunirse para exigir información sobre la nómina de muertos y heridos. La respuesta del gobierno fue la represión: 300 policías del Grupo Especial para Tareas y Operaciones de Alto Riesgo (GETOAR), de Infantería, de la División Canes y de distintas comisarías rodearon el penal y dispararon balas de goma y gases sobre los familiares. Pasaban las horas, e incluso antes de que se informaran oficialmente los nombres y el número de muertos, el gobernador Zamora –que mantiene una excelente relación con el gobierno nacional- dijo textualmente estar “a disposición de lo que soliciten en el penal. Tenemos un stock de 100 cajones (en referencia a los féretros) pero no creo que hagan falta tantos”. Toda una muestra ejemplar de “sensibilidad” del jefe de gobierno provincial, que no garantiza la vida de las personas bajo custodia del estado, pero sí una cristiana sepultura.

 

Funcionarios del gobierno provincial aparecieron en los medios balbuceando la hipótesis del intento de fuga. “Se trató de un motín con intento de fuga que se originó en el pabellón 2 donde hay 42 internos procesados”, explicó el director del penal Rodolfo Camaño, quien conociendo ya la magnitud de la masacre, optó por decir que todavía no se atrevía a hablar de personas muertas. De lo que sí estaba seguro Camaño es que “ninguno pudo fugarse”. La efectividad ante todo: que estén vivos o muertos es un detalle menor  para este funcionario; lo importante es que no se fuguen. Cuarenta y ocho horas después de la masacre, Camaño era destituido por decreto de su cargo y los medios no dudaron en hablar de “víctima política” al referirse al ahora ex director.

 

La justicia santiagueña, en sintonía con la versión oficial y en otra clara muestra de su “independencia” del poder político, adhiere a la hipótesis de que los presos se mataron entre ellos. “Entendemos que hubo un claro intento de fuga que terminó en motín, que a su vez encontró a los presos prendiendo fuego todo a su paso, lo que les ocasionó la muerte, cayendo ellos mismos en una trampa mortal”, dijo el juez Ramón Tarchini negando, de esta forma, cualquier tipo de responsabilidad del SPP.

La secretaría de derechos humanos envió dos psicólogos que se dedicarán a la contención y asistencia de los familiares de las víctimas… y a desarticular o encausar, en beneficio del mismo estado asesino, cualquier tipo de organización o confrontación de los familiares de las víctimas.
Las masacres en penales se suceden una tras otra (Córdoba, 5 muertos; Coronda, 14; Magdalena, 33 y 35, por ahora, en Santiago del Estero, por citar las más recientes y numerosas- y la comisión interamericana de derechos humanos instó, una vez más, al gobierno a que “investigue el incendio y tome recaudos para evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro”. Pedido que no pasa de ser una mera formalidad y no revierte las condiciones inhumanas de reclusión en las cárceles de todo el país, como lo demuestran los hechos, con cárceles superpobladas, nichos hidrantes que no funcionan, penitenciarios que matan o dejan morir a los internos.

Ni tragedia, ni deuda de la democracia, ni defectos del sistema que aún no se han podido corregir: el encierro, el hacinamiento, las torturas y el asesinato de pobres es la política de derechos humanos que implementa el gobierno de turno  y que sus policías ejecutan  cotidianamente en las cárceles, en los barrios, en las comisarías.

 

Desde hace más de cuatro años que, cada vez que la Corte Interamericana de DDHH nos pregunta cómo avanza el cumplimiento d ela sentencia en el Caso Bulacio, tenemos que contestar lo mismo: NO AVANZA, RETROCEDE. Porque, además del incumplimiento obvio que surge de que el comisario Espósito sigue tranquilo en su casa sin sentencia, y que la policía nos mata pibes todos los días, en forma permanente se incrementan también en todo el país las facultades policiales para detener personas arbitrariamente.

 

Con la mentirosa excusa del "combate al delito", como si se desbarataran bandas de narcos levantando adolescentes por docenas en las esquinas, la leyes dan a las fuerzas de seguridad herramientas como la averiguación de antecedentes o los códigos de faltas y contravenciones, que les permiten detener a cualquiera en cualquier lugar, sin expresar siquiera un motivo. Total, una vez en la comisaría, y generalmente un buen rato después de la detención, cuando dejaron de pegarles o mientras les pegan otros, llenan un par de planillas asentando que el "individuo tuvo una actitud esquiva al divisar a los efectivos" o que "aceleró el paso", o simplemente la infalible afirmación de que "incurrió en una actitud sospechosa".

 

Total, si el "demorado" tiene la peregrina idea de denunciar la privación ilegal de libertad, la extorsión que le hubieran hecho para sacrale plata bajo amenaza de armarle una causa o las torturas, siempre hay un juez a mano que dictamine que fue todo bien legal porque se aplicó la ley 23.950, la 12.155 o la que sea según la provincia, o porque se cometió alguna de las faltas del código disponible. Y si por esas contradicciones del sistema algún policía fuera procesado, ahí está la "transparente" corte suprema para defender el "olfato policial" o para afirmar que en democracia podrá haber algún chirlo, pero nunca llega a tortura...

 

Ahora les tocó el turno de aggiornarse a los sanjuaninos, cuya cámara de diputados acaba de sancionar por unanimidad un nuevo código contravencional (ley 7819) que entrará en vigencia el próximo 14 de noviembre. Como antes la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y tantas otras provincias, la nueva norma profundiza la función represiva de estos códigos fulminados de ilegalidad por la Corte IDH en el Caso Bulacio, castigando como delitos conductas que no lo son, o directamente castigando circunstancias personales o condiciones de vida. De paso, levantan también la puntería contra los sectores organizados de la población, restringiendo los derechos de reunión y de petición a las autoridades, lo que en criollo significa criminalizar la protesta. Así se aumentan las penas de prisión y multas para el "merodeo", la "vagancia" o la organización de actos públicos sin autorización oficial.

 

Como decimos cada vez que nos preguntan porqué el estado argentino no cumple la sentencia del Caso Bulacio, la respuesta es una sola: no es que no quiera o que no sepa cómo hacerlo. Simplemente no puede, mientras sea un estado de clase. Ningún gobierno de ningún estado va a autolimitar las facultades de su aparato represivo cuando las necesita para garantizar la opresión y la explotación.

 

 

LOS AMIGOS DE SOMOHANO
Don Felipe Solá tuvo varias recetas a la hora represiva. Argumentando lo de "acercar la justicia y la policía a la gente", creó al estilo yanqui las fiscalías de distrito y la policía comunal. Así se juntaban, bajo la cabeza del intendente, fiscales, policías y delincuentes que se mueven en el égido municipal, todo debidamente controlado por el P.J. local.

 

Uno de los lugares donde funciona la policía local es en Baradero, donde hay un intendente llamado Aldo Carossi. De ese municipio también es vecino el ex jefe de la policía bonaerense en épocas del folckórico Cafiero, el comisario Somohano. A pesar de su pasado procesista y de su amistad con Patti, este represor se hizo más conocido cuando su hijo mayor dirigió la partida federal que torturó a Ezequiel Demonty tirándolo a las aguas del Riachuelo.

Pues bien, el comisario Somohano estafó a un vecino de Baradero. Le vendió una propiedad rural que resultó más chica en la realidad que las hectáreas descriptas en la escritura. Hay varios juicios entrecruzados entre el comprador y el ex jefe bonaerense. En los últimos días del mes de octubre, la justicia de San Nicolás ordenó una diligencia de constatación en la chacra en cuestión. Ello es, que un oficial de justicia llame a la puerta de la vivienda y pregunte quién vive allí, y a qué título. Nada más sencillo. El día en cuestión el funcionario público se llegó al umbral (o a la tranquera), pero no fue solo. Lo acompañaba Somohano. Irregularidad al fin, aunque siendo una de las partes del juicio el policía podía justificar que participara de la medida. Pero los que no estaba invitados a intervenir en la diligencia, e igual estaban allí, eran una docena de policías comunales que, sin autorización judicial, se hicieron presentes para "hacerle el aguante" a Somohano.

Los efectivos de la policía de Baradero, con evidente autorización del intendente Carossi, custodiaron a Somohano, armados como corresponde. Los muchachos de la municipalidad y del comisario fueron a amedrentar al vecino que tuvo el atrevimiento de iniciarle un juicio. Apriete mediante, una vez más, "pertenecer tiene sus privilegios" y el Frente para la Victoria los prefiere con uniforme.