Ya hemos comentado en Boletines anteriores que la "renovada" Corte Suprema, en una causa por torturas aplicadas a un detenido en 1988, benefició al comisario René Jesús Derecho con la prescripción de la acción argumentando que el hecho fue un delito común y no un crimen de lesa humanidad. El fundamento del fallo fue decir que, como todos sabemos, para que se configure un crimen de lesa humanidad se debe tratar de un delito cometido por y desde el estado en el marco de una política sistemática y generalizada contra la población o parte de ella. Y, razonaron los cortesanos, que bajo gobiernos democráticos la tortura no es nunca usada en forma sistemática...

 

Dijimos entonces que con ese fallo quedaba bien claro que la justicia argentina está plenamente dispuesta a reconocer el carácter de crimen de estado a los hechos del pasado, cuyo castigo legal no afecta la capacidad represiva actual de los gobiernos de turno, pero nunca a los hechos, igual de sistemáticos y generalizados, que sirven para ejercer el control social hoy, como el gatillo fácil y la tortura.

 

Esta semana conocimos otro ejemplo de cómo funciona la lógica de jueces y fiscales, y cómo adaptan los supuestos "debates jurídicos" a las necesidades represivas del momento. El fiscal general de cámara de Rosario, Claudio Palacín, promovió la apertura de una causa contra quienes hubieran participado en los hechos que concluyeron en 1974 con la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, y rechazó que esa acción penal estuviera prescripta porque la consideró crimen de lesa humanidad. El fiscal, que actuó luego que planteara el asunto el juez Sutter Schneider, hijo de quien fuera ministro de gobierno de la dictadura en Santa Fe, usó los mismos precedentes legales que la Corte en el caso Derecho, al que incluso cita entre los fallos más recientes, para terminar diciendo que aunque el pretenso delito no fue cometido por integrantes del estado, no fue parte de una agresión masiva a la población civil ni parte de un plan de exterminio sistemático... es un crimen de lesa humanidad, porque el ERP tenía como objetivo la toma del poder en Argentina.
 
Para resumir lo mucho que podríamos abundar en este tema, hay que dejar claro que el aparente "debate" jurídico no es tal. La “posiciones doctrinarias” sobre si el crimen de lesa humanidad puede extenderse o no a organizaciones o individuos que no forman parte del estado, no es un debate entre jurisconsultos químicamente puros, sino que es parte del enfrentamiento de las clases. El diario La Nación ha sido el vocero de la posición del fiscal rosarino desde que se logró el fallo liberatorio del compañero Josu Lariz Iriondo hace ya varios años. Hubo intentos judiciales anteriores, como cuando los ex montoneros Perdía y Vaca Narvaja fueron imputados por las muertes de sus propios compañeros en el marco de la contraofensiva.

Nos interesa señalar el riesgo de aportar consciente o inconscientemente a la legitimación del estado si pensamos que éste es un debate de definiciones o conceptos jurídicos. Lo que estamos discutiendo, es otra cosa. Lo que quieren el fiscal rosarino o La Nación, es que el aparato judicial del estado sea usado solamente para lo que fue creado, es decir, para garantizar su existencia, y no para buscar justicia para los que quieren destruirlo.
 
Y nosotros, lo que queremos, es una sociedad diferente. Mientras esa deuda pendiente de la humanidad consigo misma no se salde, tendremos que seguir usando, para defendernos de nuestros verdugos, las mismas armas que ellos inventaron para dominarnos, como el estado de derecho.