CORREPI

CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO
Número 450 – 21 de octubre de 2007

SUMARIO
1. Amenazas y aprietes en Mar del Plata
2. Sigue el gatillo fácil
3. El triple crimen de la Plata
4. Nueve años de lucha por justicia para Marcelo Maione
5. Recambio de cúpula policial en Santa Fe (y van...)
6. Nueva policía minera en Mendoza
7. Próximas actividades

AMENAZAS Y APRIETES EN MAR DEL PLATA
El conflicto de los trabajadores portuarios en Mar del Plata, lejos de resolverse, acumula día a día nuevos episodios represivos. No sólo son baleados y gaseados los obreros de la industria del pescado en cada nueva movilización, y perseguidos con causas penales que ya acumulan más de diez compañeros acusados de diversos delitos por defender su fuente de trabajo. La represión se ha extendido a las organizaciones y compañeros que vienen apoyando el reclamo de los trabajadores, mientras la ciudad sigue militarizada, con la presencia de más de 600 efectivos del grupo de elite de la prefectura, los Albatros.

En la movilización del viernes 19 de octubre varios compañeros reconocieron entre los manifestantes a nueve policías de civil, entre ellos una mujer. Al verse descubiertos, comenzaron a maltratar y amenazar a los compañeros, que lograron ingresar al local del SOIP (Sindicato de los Obreros de la Industria del Pescado, que abandonado por la burocracia está ocupado por los trabajadores). Una compañera que colabora con los trabajadores, sacó fotos del episodio. Cuando poco después se retiraba del lugar en su auto, fue interceptada por dos camionetas de la policía con uniformados adentro que probablemente querían sacarle la máquina de fotos. Con muy buenos reflejos la compañera frenó, giró de contramano y logró volver al sindicato, desde donde se comunicó con los compañeros del Frente Antirrepresivo. Recién entonces se fueron del frente del edificio los nueve policías.

El día anterior, en otra movilización, trabajadores, compañeros universitarios y del Frente Antirrepresivo habían sido agredidos físicamente por personal de infantería. Otro trabajador fue interceptado en la calle por el oficial de calle de la comisaría 3ª, de apellido Gancedo, que le mostró una foto de su familia diciéndole “por esta boludez vas a perder algo tan importante...”

También el viernes 19, por la tarde, se recibió en la secretaría de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es solidaria con el reclamo de los fileteros, un llamado telefónico diciendo “hay una bomba, déjense de joder con el puerto”. Finalmente, el sábado 20, alguien llamó dos veces por teléfono a la madre de una compañera abogada del Frente Antirrepresivo, diciéndole que ella estaba secuestrada. La señora llamó a la casa de su hija, pero fue atendida por otra persona que le dijo que la estaba esperando. A esa misma hora, la compañera estaba en su casa, donde el teléfono no sonó. Días previos, otro compañero de la misma organización se encontró con 4 policías en un Fiat Uno gris y un patrullero de la bonaerense apostados a metros de su casa.

Los compañeros del Frente Antirrepresivo marplatense han encarado todas las acciones de denuncia y legales que corresponden, que por descontado no han tenido resultados concretos, y por supuesto, seguirán asistiendo a los compañeros represaliados en la defensa política y técnica. Desde CORREPI convocamos a todas las organizaciones a solidarizarse y difundir lo que está ocurriendo en Mar del Plata, bajo la dirección del segundo candidato a diputado nacional en la lista oficialista de la provincia.

SIGUE EL GATILLO FÁCIL
El 16 de octubre tres personas ingresaron en una estación YPF ubicada sobre la colectora y Thames, en la localidad de Boulogne. Entraron al bar, robaron y se fueron, pero entre los clientes del bar se encontraba un policía de franco y de civil que esperó a que se fueran. Una vez que estaban en la playa de la estación abrió fuego acribillando a dos, uno murió en el instante y otro más tarde en el hospital.

Según lo publicado por Télam, no hay testigos que hayan visto quién comenzó a disparar, sin embargo el título de la noticia es el infaltable: "Dos delincuentes muertos en un tiroteo". Ambos pibes asesinados tenían entre 18 y 20 años, y numerosos disparos en su cuerpo, sin embargo la noticia no dice que haya ningún arma secuestrada a los muertos.

En el escenario que los medios dibujan, de haber un tiroteo debe haber armas, y si son tres las personas que se enfrentaron con el policía...¿entonces cómo es que no recibió siquiera un rasguño?

Los testigos sólo dicen que escucharon varios disparos, varios disparos como los que terminaron con la vida de estos dos pibes que parecen no merecer ni la publicación de sus nombres. Otro caso que a simple vista es un enfrentamiento a tiros, y que con un poco de profundización, termina siendo otro de los cotidianos fusilamientos de la policía.

EL TRIPLE CRIMEN DE LA PLATA
La noticia acaparó las tapas de todos los diarios, horas de aire en radio y televisión: tres policías que custodiaban un predio de la dirección de comunicaciones de la bonaerense fueron asesinados la madrugada del jueves en el barrio Aeropuerto de La Plata. Semanalmente informamos numerosos casos en que los agentes del orden solucionan sus internas de la única forma en que lo saben hacer y bajo la misma modalidad con la que ejecutan su tarea de control y limpieza social en los barrios: a los tiros.

Sin embargo, son dos las hipótesis con las que, tanto el gobierno provincial como el nacional -y hasta la "oposición"- han insistido a la hora de hacer un análisis sobre lo sucedido en La Plata. Ambas son funcionales a la necesidad de un gobierno que defiende intereses de clase como el de Kirchner que se la da de nacional y popular: la teoría del complot o la de la inseguridad.

Pese a que los tres policías fueron asesinados con armas de fuego idénticas a las reglamentarias de la bonaerense y en un predio de la misma fuerza, la hipótesis sobre la participación de policías en actividad o exonerados es la que con menos fuerza ha repercutido en los medios de comunicación, que siempre suelen hacerse eco de la versión oficial, que argumenta que el hecho de que hayan sido apuñalados, golpeados y uno de ellos baleado por la espalda, demuestra un grado de ensañamiento "que no es habitual entre los integrantes de la fuerza". ¿Y los casos de jóvenes torturados, quemados y asfixiados que son moneda corriente en cárceles y comisarías? ¿Y los fusilamientos por la espalda o en la nuca cometidos por las policías en los barrios? Esas muertes, cotidianas y hasta naturalizadas y justificadas por el hecho de que las víctimas sean pobres y carguen con el estigma de "delincuente", remotamente ocupan un lugar de importancia en esos mismos medios, y generalmente se las adjudica a lo inevitable de las tragedias, a peleas entre pobres o en el mejor de los casos, a errores, accidentes o excesos.

Como con la desaparición de Jorge Julio López, Néstor Kirchner salió a decir rápidamente que el asesinato de los tres policías es parte de un complot "de la derecha" que tiene como objetivo desestabilizar a su gobierno por su política en materia de derechos humanos. Más lejos aún fue el ministro de seguridad bonaerense León Arslanián al referirse a "una venganza de delincuentes o un acto de terror" y que "hubo una finalidad totalmente compatible con un atentado a la democracia, a la nación y al orden público". Por su parte, López Murphy se animó a decir públicamente que en los hechos "puede haber manifestaciones muy propias del terrorismo. ¿Quién, si no, va a robar armas"; y el ex jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma manifestó que puede tratarse de narcoguerrilleros y peruanos que venden droga en las villas.

El asesinato de estos tres policías y la sensación de inseguridad potenciada por los medios y los políticos de turno es la excusa perfecta para profundizar y ejecutar más eficientemente la represión de carácter preventivo, con consenso, con mayor presupuesto y presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, con más gatillo fácil, torturas, zonas liberadas, trata de blancas... y hasta ajustes de cuentas entre ellos.

NUEVE AÑOS DE LUCHA POR JUSTICIA PARA MARCELO MAIONE
El 7 de diciembre de 1998 dos pibes de 19 y 16 años asaltaron una estación de servicio. Se llevaron un jugoso botín de unos 70 pesos, un pebete de jamón y queso y una botellita de gaseosa. Varios patrulleros de la federal, a tiro limpio, los persiguieron más de 30 cuadras, hasta que el auto, sin control, chocó contra una pared. Los vecinos escucharon claramente una tanda de disparos a lo lejos, luego el choque y un silencio denso, y a continuación otra serie de tiros. Marcelo Maione Míguez, que manejaba, murió en el acto. Su compañero, acurrucado bajo el tablero y cubierto por el cuerpo de Marcelo, estaba gravemente herido. La versión oficial, como siempre, fue que los policías "repelieron la agresión con la fuerza mínima necesaria", y si la madre de Marcelo no hubiera decidido impulsar la causa como querellante, hubiera sido un trámite condenar al sobreviviente por el robo y archivarla respecto de los policías.

Hace 9 años, cuando vimos las fotos y la autopsia, supimos que estábamos frente a un fusilamiento. El coche tenía 39 impactos de bala. Los patrulleros, ni un solo raspón. La mayoría de los tiros había ingresado por la puerta del conductor, muchos con trayectoria de adelante hacia atrás, aunque los policías dijeron que dispararon sólo cuando el auto circulaba delante de ellos. Marcelo Maione tenía 14 tiros en su cuerpo. Nueve entraron de frente, aunque él manejaba. Su compañero tenía un tiro en la nuca y dos en la espalda.

Durante estos 9 años el juez de instrucción Federico Salvá hizo cuanto pudo… para cerrar la causa. Una y otra vez sobreseyó a los policías, justificando su accionar con la legítima defensa y el legítimo cumplimiento del deber. Una y otra vez pudimos demostrar en la cámara de apelaciones que había mucho que explicar sobre la forma en que murió Marcelo. El último sobreseimiento fue hace unos meses, después que nuevas pericias probaran que por lo menos un disparo fue hecho metiendo el tirador la mano por la ventanilla del auto ya detenido. Esta semana, la sala IV de la Cámara Criminal tuvo que reconocer que las cosas no pudieron suceder como dicen los policías, y procesó a cuatro oficiales que ahora deberán afrontar un juicio oral.

Claro que, aunque procesados por homicidio simple y homicidio en grado de tentativa, ninguno está preso. Para los jueces, no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento del trámite, porque son policías de ejemplar conducta procesal...

La provincia de Santa Fe encabeza hace varios años el "ranking" de policías asesinas del país. Proporcionalmente a la cantidad de habitantes del distrito, registra el índice mayor de asesinatos por gatillo fácil y en comisarías. Este año, además, logró el record de cambios de mando, al consagrar cuatro jefes de policía desde agosto de 2006. Cada recambio, a su vez, se produjo en el marco de fuertes escándalos por la eternamente comprobada participación policial en delitos gravísimos. Hace años que se reiteran las evasiones de presos que "arreglan" su fuga y que se conoce la existencia de pistas clandestinas de aterrizaje en los departamentos del norte de la , donde llegan avionetas desde Paraguay con cargas de cigarrillos y drogas. Son recurrentes las denuncias de la justicia federal rosarina sobre la connivencia de policías con el tráfico y la comercialización de estupefacientes y las denuncias de corrupción.

El 13 de agosto de 2006, la echada fue la comisaría Leyla Perazzo, después de la fuga de un narcotraficante, "King Kong", de la Alcaidía de Policía de Reconquista. La reemplazó el subjefe Jorge Pallavidini, que más que legajo tenía prontuario, y que con la excusa de haber cumplido 30 años de servicio fue reemplazado el 20 de febrero de 2007 por Gabriel Leegstra. Esta semana, el ministro de gobierno Roberto Rosúa le exigió la renuncia a Leegstra, debido a la incomodidad que causaron al gobernador ciertas declaraciones que hizo el comisario sobre la investigación que se sigue contra el ex jefe de Drogas Peligrosas de Rosario, comisario Alejandro Franganillo. En su reemplazo asumirá el Comisario General Ricardo Daniel Cáceres, quien se venía desempeñando como sub-jefe provincial de la fuerza.

Más allá de que, como decimos siempre, si las purgas o descabezamientos de cúpulas sirvieran para algo más que lavarse la cara ya nos hubiéramos enterado a esta altura de los permanentes recambios, veremos cuánto dura el nuevo jefe, y cuando llega el próximo escándalo. Mientras tanto, como en todo el país, pero más desfachatadamente, la policía de Santa Fe seguirá cobrando coimas para asegurar a ciertos presos alojamiento más confortable; participando en ilícitos de todo tipo, especialmente el narcotráfico; cometiendo exacciones ilegales; estafando al erario público con el tráfico del combustible para los patrulleros; administrando el cuatrerismo en el norte de la provincia, igual que la pesca ilegal y la venta de medicamentos "truchos"; amparando, pago mediante, a los “arbolitos” (vendedores ilegales de moneda extranjera), a los lugares de venta de ropa de marca, DVD y CD falsificados, por ejemplo frente mismo a la Comisaría Primera de Santa Fe; protegiendo hoteles que funcionan ilegalmente como moteles y capitalistas del juego clandestino, explotando la prostitución, incluso de menores, los desarmaderos de autos, o haciendo zonas liberadas para los piratas del asfalto.

El 10 de octubre el gobierno mendocino promulgó la resolución necesaria para la creación de una Policía Ambiental Minera, para “controlar la industria en Mendoza.”. Pero por supuesto sabemos que ese “controlar” es en realidad un proteger y custodiar el normal desarrollo de las actividades de las mineras, que tienen ya un plazo proyectado para extraer nuestros minerales y luego retirarse del país. Por supuesto, también, igual que la policía común y corriente, que funciona bajo el verso de servir a la comunidad, la PAM ve la luz con el falso objetivo de “…controlar distintas variables ambientales en los yacimientos y en las plantas de tratamiento,… la planificación y ejecución de los estudios ambientales de base… y difundir las normas de conservación del medio ambiente de la actividad minera…así como en el cierre del emprendimiento minero una vez que la empresa concesionaria se retire.”

Lo que no se entiende es la necesidad de que eso lo haga una policía especial, cuando la ya existente jamás demostró interés alguno por el cáncer que generan las torres de electricidad, los desperdicios que las fábricas hacen correr por las zanjas de los barrios y los propios depósitos de autos de la policía que con el paso de los años fijan el plomo en la tierra, contaminan el agua y matan a los vecinos.

En realidad, el verdadero y absolutamente predecible objetivo de la nueva policía no sólo es explícito en su nombre, sino que la información reproducida por los medios permite verlo sin mayores problemas: “La creación de este cuerpo policial se produce mientras en el último año el tema de la minería y su impacto ambiental salió a la luz en Mendoza de la mano de grupos y organizaciones sociales que se oponen a la explotación de los yacimientos provinciales. Con esta medida, el Gobierno intenta garantizar a los manifestantes –y a las propias empresas- que hay leyes y normas que respetar y que las hará cumplir”. La PAM no tiene aún poder de represión propio, pero sí está facultada en su estatuto a solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario.

Ahora, a las patotas oficiales que reprimen a los manifestantes cuando atentan contra algún acto proselitista rechazando la minería que envenena el lugar donde viven y las empresas de seguridad privada que apalean a las comunidades que intentan resistir el saqueo se suma la nueva Policía Minera, que por el momento actuará de buchona, hasta que la situación demande su capacidad represiva, por el bien de la comunidad.