|
La Agrupación Albatros es,
según explica la web de la prefectura naval, su fuerza de operaciones
policiales, organizada, instruida, adiestrada y equipada para responder rápida y
eficientemente a una amplia gama de requerimientos del servicio que
puedan desbordar la capacidad operativa de los servicios policiales
regulares. Este grupo comando es entrenado por instructores nacionales y
extranjeros (suelen ser enviados a perfeccionarse con los SEALS
yanquis) para actuar "como elemento táctico policial homogéneo" en
forma aislada o en conjunto con otras fuerzas, en su propio
ámbito jurisdiccional o fuera de él. Sus objetivos son "preservar la
seguridad y el orden público o restablecerlos si son perturbados (...) en
misiones de alto riesgo por las características del lugar, por la
naturaleza del ilícito o por la peligrosidad de los
delincuentes".
Los vimos en acción en los operativos
de Corrientes (1999) y Avellaneda (2002), en ambos casos coordinados con otras
fuerzas provinciales y nacionales, con el saldo de centenares de heridos y
cuatro asesinados entre ambos hechos. También podemos recordar su participación
central en los alzamientos carapintadas de 1988 y 1990, donde su jefe Raúl de
Sagastizábal fue una especie de lugarteniente táctico del ex coronel Seineldín,
al punto de que 18 de sus integrantes huyeron a pedir asilo político
en Uruguay cuando fracasó la última asonada.
Hace una semana que están en Mar del
Plata, a cargo de la represión del conflicto de los trabajadores pesqueros de
tierra, que están reclamando cuestiones tan elementales como tener un salario
fijo garantizado, una obra social o cobertura previsional, volviendo al
convenio que tenían en 1975. Fueron convocados por el intendente Katz, segundo
candidato a diputado bonaerense en la lista del Frente para la Victoria (de los
explotadores) que encabeza el gobernador Solá. Aníbal Fernández, jefe político
de la prefectura, de inmediato accedió al pedido.
El jueves pasado mostraron su
capacidad táctica militar cuando atacaron una nueva movilización de los
trabajadores, que terminó con cuatro presos, heridos y golpeados a granel. Hasta
el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, que intentaba "mediar"
convocando con la misma consigna que enarbolan gobernantes y empresarios, "Paz
Social", es decir disciplinamiento de la protesta y sumisión a la súper
explotación, fue lesionado.
Los trabajadores detenidos fueron
trasladados de inmediato a 50 km. de la ciudad para evitar la movilización a la
comisaría. Eso no impidió la rápida intervención de los compañeros del Frente
Antirrepresivo marplatense, que se dirigieron a Balcarce para asistir a los
presos y rápidamente convocaron una cadena de solidaridad con
organizaciones hermanas como CORREPI. Aunque los trabajadores fueron ya
liberados, quedaron imputados por varios delitos como incendio en grado de
tentativa, daño y atentado a la autoridad.
En cambio, el que no pasó ni un
ratito preso fue el empresario Rubén Sosa, autor del disparo que el 27 de
septiembre hirió gravemente al trabajador Diego Argañaraz durante otra
movilización.
DETENCIONES ARBITRARIAS Y
EXTORSIONES, UNA PAREJA ETERNA
En esta semana se conocieron dos
noticias similares, una en el conurbano norte y otra en el sur, que en ambos
casos fueron presentadas por los medios como "novedosas" o "increíbles"
modalidades criminales de la policía, cuando cualquier vecino de un barrio
pobre, en provincia, en la ciudad de Buenos Aires, o en cualquier lugar del país
sabe que es el pan nuestro de cada día.
El fin de semana pasado dos pibes de
17 y 18 años fueron detenidos por personal de la comisaría 1ª de Escobar. Los
llevaron a la dependencia, no sin pegarles antes un par de puñetazos por haber
tenido la osadía de avisar por mensaje de texto a un familiar que los llevaban
presos. La familia llegó a la comisaría para enterarse que los acusaban por
el robo de unas zapatillas a un linyera. Como caído del cielo apareció en
el lugar un abogado que ofreció sus servicios invocando "amistad con la
guardia", y previo pago de $2.000 logró la libertad de los muchachos sin que se
iniciaran actuaciones penales. Antes de retirarse satisfecho, el letrado les dio
un consejo curiosamente gratis: les dijo que no convenía que hicieran la
denuncia, para no correr riesgos, porque "todos sabemos lo que hace la
policía".
Apenas unos días después, se supo que
el 18 de mayo pasado seis policías de la 7ª de Lomas de Zamora pararon en
la calle a cuatro hombres que iban en un auto, los golpearon, y los llevaron a
la comisaría, donde los siguieron golpeando y pateando, mientras les exigían la
entrega de una suma de dinero para recuperar la libertad. El monto, y no por
casualidad, fue de $2.000. Hecha la denuncia, y comprobado el relato de las
víctimas, una de las cuales presentaba un gran corte en el cuero cabelludo,
fueron procesados por extorsión en grado de tentativa y apremios ilegales (no
sea cosa que los jueces o fiscales digan tortura), y su jefe Arslanian
los echó de la policía.
Cada vez que se conocen situaciones
como éstas, los periodistas se sorprenden cuando nosotros les decimos,
justamente, que no nos sorprendemos. El "armado" de causas, sea con fines
extorsivos o estadísticos, o ambos, es una de la prácticas policiales más
frecuentes y homogéneas en todas las jurisdicciones. En infinidad de casos se ha
comprobado que detienen personas, generalmente chicos jóvenes, y siempre
pertenecientes a los sectores vulnerables, los acusan de un delito inexistente,
y luego extorsionan al familiar o al preso mismo para "limpiarlo". No menos
habitual es que, para dar credibilidad a la amenaza, también torturen al preso,
como ocurrió con Jorge "Chaco" González, detenido en 2004 por la 5ª de Lomas de
Zamora en idénticas circunstancias, y que murió luego como consecuencia de los
golpes recibidos. A su mamá, Ramona, también le exigieron $2.000... parece
que el gobierno tiene razón, y no hay inflación.
El hoy juez federal Daniel
Rafecas, siendo fiscal, detectó más de 70 causas fraguadas de la policía
federal en un par de años. Desiderio Mesa sufrió la misma modalidad
en abril de 2001, causa por la que toda la brigada de la comisaría 30ª
terminó presa. En marzo de 2005 denunciamos varios casos en la zona sur del gran
Buenos Aires, especialmente Villa Fiorito y Villa Caraza, informe que fue
publicado en tapa del diario Clarín. Sin embargo, insisten los medios frente a
cada caso en que es el primero que se conoce, mostrando cómo, al desinformar,
son parte del mecanismo de disciplinamiento. Tampoco señalan lo obvio: que es
para poder hacer estas detenciones, y no para "defender la seguridad ciudadana"
que son tan valiosas para los policías y sus jefes herramientas como la
Averiguación de Antecedentes o los Códigos de Faltas y Contravenciones. Gracias
a las normas que los facultan a detener personas a su antojo, pueden "blanquear"
la presencia en la comisaría del detenido con uno u otro recurso, y de esa
manera los libros quedan bien prolijitos, y a ellos no se los puede acusar
por privación ilegal de la libertad.
Tampoco puede sorprender, con este
panorama, que el estado no cumpla la sentencia del Caso Bulacio, donde la Corte
IDH le ordena, precisamente, derogar las facultades policiales para este tipo de
detenciones arbitrarias, que son la puerta de acceso, la oportunidad y la causa
de torturas, extorsiones, y muertes.
DOS AÑOS DE LA MASACRE DE
MAGDALENA
Se cumplen esta semana dos años de la
Masacre de Magdalena, donde 33 detenidos bajo custodia del estado fueron
abandonados entre las llamas y el humo tóxico que se desprendían de los
colchones quemados en el pabellón 16 de la unidad 28. Los autores materiales de
la masacre reprimieron con balas de goma (las pericias indican que se efectuaron
alrededor de 21 disparos dentro del pabellón), cerraron con candado la única
salida y reprimieron a los detenidos de los pabellones contiguos que intentaron
socorrer a sus compañeros con extintores vacíos que sólo servían para romper las
paredes. Siete días después de la masacre, Fernando Díaz, jefe del servicio
penitenciario, dijo "todavía no hay ningún error que reconocer (...) el
manejo por parte de los agentes fue impecable” y se comprometió a elaborar
un código de procedimiento carcelario porque –afirmó- “frente a estos hechos
no sabemos cómo actuar” (sic).
Conocedor de las penurias económicas por las que
atraviesa la clase social a la que el estado ha empobrecido y con el claro
objetivo de desarticular cualquier tipo de organización confrontativa de los
familiares de las víctimas con su aparato represivo, el gobierno les asignó, a
modo de indemnización, la irrisoria suma de $1.000 por muerto en agosto de 2006,
que no todos aceptaron.
Tres meses más tarde, funcionarios del Ministerio de
Justicia provincial y del SPB que estuvieron en la unidad 28 la noche de la
masacre, junto con algunos familiares de los asesinados, descubrieron una placa
en la que se grabaron, a modo de “homenaje”, los nombres de las víctimas. En un
acto marcado por el cinismo y con el claro objetivo de remitir la
responsabilidad de las muertes a lo inevitable de las tragedias, el
subsecretario de política penitenciaria Carlos Rotundo dijo que el incendio fue
“consecuencia de una política irracional de encarcelamiento masivo”.
Pese a ser el responsable de la implementación de esa política irracional,
Rotundo no ha sido imputado por la justicia en la causa Magdalena.
En octubre de 2006, a pedido de los fiscales Delucis y Di
Gregorio, 13 agentes del servicio penitenciario bonaerense fueron detenidos como
responsables de los hechos sucedidos la noche del 16 de octubre de 2005,
acusados del delito de abandono de persona seguido de muerte. Dos semanas
después, la Sala II de la Cámara a cargo de Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida
y María Elia Riusech, los eximió de prisión porque “hay demasiados
implicados en esta causa como para que sólo ellos tengan prisión
preventiva” y pese a que dos de ellos se profugaron ni bien se libraron las
órdenes de detención.
Por ser integrantes de las fuerzas de seguridad del
estado, estos hechos constituyen delitos de lesa humanidad, además de graves
ilícitos contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Todos,
pese a ello, están en sus casas.
Treinta de los treinta y tres asesinados, igual que el
70% de las personas que pueblan las unidades penitenciarias, se encontraban sin
sentencia firme. La presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario
no se aplica cuando el acusado es pobre. Como el primer delito es ser pobre, las
cárceles están atestadas de presos. Personas viviendo como deshechos humanos, en
las condiciones más miserables de hacinamiento, suciedad, sin comida, sin ropa,
sin espacio para higienizarse, sin lugar para dormir, sin acceso a la salud,
lejos de sus familias y sufriendo la tortura cotidiana por parte de sus
carceleros con el aval y la promoción por parte de los directivos y la justicia.
Así como la justicia no duda en condenar, a
cuentagotas, a los violadores de los derechos humanos de los ’70, garantiza
la impunidad para los violadores de los derechos humanos de hoy.
Camino al juicio oral, la investigación sobre la Masacre
de Magdalena no ha avanzado en determinar las responsabilidades políticas de
estas 33 muertes; el perro no muerde la mano que le da de comer. Es así que
el ministro de justicia Eduardo Di Rocco y el jefe del servicio penitenciario
bonaerense Fernando Díaz, siguen en sus funciones: poniendo placas con los
nombres de los muertos en la masacre, reclamando más presupuesto, formación en
derechos humanos para los agentes y, por supuesto, torturando y matando.
GATILLO FÁCIL Y MUERTES EN
CÁRCELES, SIEMPRE SUMANDO
Se acerca fin de año, y la fecha en
la que habitualmente presentamos el informe sobre el aspecto más oscuro y
silenciado de la política represiva del estado: el recuento de los asesinatos
cometidos por el aparato de seguridad del estado en el año en curso. Como
todos los años, los datos que ya hemos procesado señalan la hegemonía de las dos
modalidades principales, el gatillo fácil y las muertes en cárceles y
comisarías. Esta semana dos casos que trascendieron el muro de silencio
mediático los confirman.
En Rosario, una de las ciudades que
encabeza el ranking de muertes policiales en el país, Diego Blanco (29) apareció
ahorcado en su celda de la comisaría donde estaba detenido desde la noche
anterior. Según informaron voceros policiales, se ahorcó sujetando su
pantalón enrollado a una reja. Cada vez están más creativos los
suicidas.
Por otra parte, en Zárate, una joven
fue violada. A pesar de haber hecho la denuncia e identificado al sujeto, la
policía no lo había detenido. Gustavo Barrientos (37), padre de la víctima,
embargado por el dolor, salió corriendo de su casa diciendo que iba
a detenerlo él. Sus familiares, preocupados por la desesperación del
padre, llamaron al 911.
La policía, esta vez, respondió de
inmediato, enviando una patrulla de la comisaría 1ª. Al llegar al lugar, el
sargento José Luis Careta disparó directamente a la cabeza de Barrientos con su
Ithaka, matándolo en el acto. Aunque después le explicó al fiscal que tenía el
arma cargada con cartuchos antitumulto, es decir con postas de goma, en el lugar
se encontró un cartucho con postas de plomo como la que mató al desesperado
padre. Varios testigos afirmaron que el policía disparó sin dar la voz de alto y
por la espalda de Barrientos, mientras éste corría.
Sólo dos ejemplos más de una política
tan constante y sistemática como su ocultamiento. El 14 de diciembre, a las
18:00, presentaremos el Archivo de Casos de este año en Plaza de Mayo, para
intentar romper el silencio que renueva la victimización permanente de los
reprimidos de todos los días.
KIRCHNER REDOBLA EL APOYO
ARGENTINO A LA OCUPACIÓN DE HAITÍ
"La Argentina aumentará su compromiso
en Haití", informó el domingo el diario La Nación. Fiel al mandato de sumisión
al amo imperial yanqui, la ministra de defensa, Nilda Garré, anunció que la
armada de nuestro país contribuirá con dos naves para conformar
una escuadra naval sudamericana de 12 buques que operará en la zona antes
de fin de año, con la excusa de "combatir el narcotráfico" hacia
EEUU.
El mismo diario despeja toda duda:
aunque la iniciativa requiere formalmente la aprobación del congreso, "la
decisión política ya está tomada", según le aseguraron en el ministerio de
defensa.
En este momento hay un batallón
(500 efectivos) ayudando a hacer el trabajo sucio de los yanquis en la isla
caribeña, acantonados en la ciudad de Gonaives, donde desarrollan
patrullajes y controles de rutas, en coordinación con la fuerza de
seguridad local y policías de Pakistán, que actúan con la cobertura de los
militares argentinos, con 12 tanquetas Panhard.
Desde el
comienzo de la ocupación, Chile, Brasil y Argentina fueron los países
que asumieron la mayor intervención en el "control de la seguridad" haitiana,
liberando así a las tropas yanquis para ser destinadas a Irak, y dando un perfil
"multilateral" a la invasión imperial. Ahora, involucrándose directamente en el
bloqueo marítimo, el gobierno argentino demuestra otra vez quiénes son sus
jefes.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Martes 16 de octubre, 16:00, en la Plaza San Martín de La
Plata, radio abierta a dos años de la Masacre de Magdalena. Organiza y convoca
CORREPI La Plata.
Jueves 18 de octubre, 18:00, charla en la calle, frente a la
Facultad de Filosofía y letras (Puán 470), sobre la situación d elos presos
políticos en Argentina, con compañeros de CORREPI, la Coord. por la
Libertad de los Presos Políticos, Néstor Kohan y Jorge Beinstein. Organiza
la Comisón Antirrepresiva de Filo.
En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa
de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM
90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen
Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio
Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso.
Entrada libre y gratuita.
|