En sintonía con el discurso mediático y avalando la tesis del "enfrentamiento", el inspector Salvador Baratta, jefe de la departamental La Plata, salió a decir que hubo cuatro policías heridos y como evidencia de esta supuesta violencia por parte de los trabajadores, sólo pudo mostrar un par de escudos policiales levemente dañados. Mientras el trabajador Roberto Bustos era atendido en el Hospital Gutiérrez por las heridas que las balas le produjeron a la altura de la ingle, Baratta le aseguraba a los medios de comunicación que los efectivos policiales "efectuaron disparos al piso, no al cuerpo".

CANDIDATOS REPRESORES
Los candidatos (todos) usan sus mejores modos cuando están en campaña. Los que tienen más plata contratan asesores de imagen, publicistas y encuestadores para que le digan de qué tienen que hablar, y cómo. Los que tiene menos dinero se arreglan como pueden, pero todos salen a la festichola electoral con sus mejores ropas. El tema de la "inseguridad" es parte de la agenda, y analizar las propuestas de los principales candidatos a presidentes y gobernadores sobre la materia permite confirmar que, gane quien gane, la represión seguirá en aumento, y el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias seguirán siendo la norma.

 

Cristina (que es Fernández y de Kirchner), en su larga, costosa y oficial campaña ya demostró que es una garantía de que las cosas sigan como están, es decir cada vez peor. El proceso de cambio que promete es aumentar el presupuesto de las fuerzas de seguridad en más de 2.200 millones de pesos y dotarlas de equipamiento para la represión en todas sus formas, incluyendo el increíble incremento de dinero para la SIDE previsto en el presupuesto 2008.

Elisa “Lilita” Carrió, candidata presidencial de “una fuerza progresista en serio”, ayer el ARI, hoy la Coalición Cívica y mañana veremos, plantea nuevos escalafones, mejores salarios para policías y militares, más y mejor equipamiento para las fuerzas de seguridad y no se priva de promocionar la "reconciliación tan necesaria" entre las fuerzas armadas y la sociedad. Promete más y mejor articulación de la represión en las barriadas populares, con la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad del estado, como ya lo vimos en elPuente de Corrientes o el Puente Pueyrredón. Recorre la ciudad de la mano del fiscal Norberto Quantín, ex subsecretario de seguridad de Kirchner, allá en tiempos de Bñeliz y el también fiscal Campagnoli. Quantín, además de ser conocido por sus historia represora, fue candidato junto a Domingo Cavallo, y entonces paseaba con William Bratton, el policía yanqui que desarrolló la tesis de la tolerancia cero.

 

El ex ministro de economía de Duhalde y Kirchner, desde su agrupación UNA a la que adhiere la UCR residual, dice poco del tema, pero en sus anunciadas "medidas para los primeros 100 días de gobierno" habla de lograr mayor presencia policial en la calle, de los famosos "mapas del delito" que son la oda al buchón, y de reducir los tiempos procesales para condenar más rápido a los únicos que le meter presos, con penas todavía más altas para el delito común. Del juicio y castigo a sus aliados de hoy, responsables de las masacres de Corrientes y del 19 y 20 de diciembre, ni una palabra.

No nos olvidemos de los más obvios, como el puntano menemista Rodríguez Sáa o el neuquino Sobich, ni de los candidatos a gobernadores Scioli, el macrista De Narváez o Patti, que llama desde sus afiches a votar “en defensa propia", como dice todo policía cuando fusila un pibe. O de Blumberg, que dijo a los medios “Voy a ser el primer policía de la provincia".

 

Como dice una de nuestras viejas consignas, “DISTINTOS GOBIERNOS, LA MISMA POLITICA, LA MISMA IMPUNIDAD”.

Mientras en EEUU se implementa el operativo "devolver al remitente", que consiste en capturar masivamente, encerrar y expulsar a sus países de origen a miles de inmigrantes sin documentación suficiente, y en España se autoriza el uso de chalecos de fuerza para "evitar que los repatriados se autolesionen", como comentábamos hace poco, en Gran Bretaña un diario dio a conocer centenares de casos de torturas y violaciones por parte de los guardias contratados para "escoltar" a los deportados en sus viajes de regreso.

Es tan grande la cantidad de inmigrantes que está expulsando Gran Bretaña que no alcanza el personal de sus fuerzas de seguridad, por lo que el gobierno contrató empleados de empresas privadas de vigilancia para la tarea. Según una investigación hecha por el diario "The Independent" y Medical Justice Network, un grupo que representa y da atención médica a los aspirantes frustrados al asilo en el Reino Unido, algunas de las heridas que muestran los deportados son tan graves que hasta los oficiales de policía se muestran impresionados. Un ugandés contó que lo ataron al asiento del avión, un "escolta" se sentó a cada lado y lo golpearon todo el viaje, tratándolo de "mono". Armand Tchuibeu, un camerunés llegado al Reino Unido en 2000, al que en 2006 le negaron el asilo, cuatro "escoltas" lo sacaron del centro de detención de East Sussex y lo llevaron a un vehículo, donde lo maniataron e intentaron encadenarle los pies, rompiéndole una rodilla. Tchuibeu quedó tan mal que su deportación fue suspendida.

 

El gobierno inglés no se hace cargo de responsabilidad alguna por las torturas y ataques sexuales cometidos por sus mercenarios, a los que, ahora que el asunto viola luz, mira como si no los conociera. Ventajas de la "tercerización" dela represión, que ya llegó al primer mundo.

El 4 de octubre el juez de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón, haciendo honor a su historial como intrumento de la represión del estado español al pueblo vasco, mandó arrestar 23 dirigentes y militantes de Izquierda Abertzale que estaban en una reunión en Segura. Para detenerlos montó una enorme operación de la policía nacional española con helicópteros sobrevolando un pueblo sitiado, registros de locales y casas, y amenazas y golpes a quienes intentaron protestar por la redada. Las detenciones siguieron en los días siguientes, sumando más y más presos políticos a los que ya pueblan las cárceles de España.

 

La reacción popular fue inmediata en el País Vasco. Miles y miles de personas se movilizaron sin tiempo para la convocatoria previa en casi todos los centros urbanos, reclamando la libertad de sus compañeros y denunciando la política represora del estado español. La policía no pudo impedir que las calles estuvieran llenas de pueblo reclamando por sus presos, ni siquiera en los lugares en los que cargó contra los manifestantes. Son muchos los vascos que han decidido trasladarse a Madrid a "arropar a los detenidos", a los que el democrático defensor de los derechos humanos Garzón puede tener incomunicados para torturarlos a gusto por el tiempo que precise.

 

La legislatura porteña completó esta semana la sanción del Código Procesal Penal Juvenil porteño donde incorpora con "carácter excepcional" la prisión preventiva para los menores de edad. Como todas las leyes "de emergencia", sabemos lo que significa "excepcional": que es para siempre.

 

"La libertad ambulatoria sólo podrá limitarse en caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. La detención cautelar de una persona menor de 18 años sólo procederá cuando no apareciese suficiente la aplicación de otra medida menos grave y por el período mínimo necesario para evitar que eluda el juicio, siempre que el delito imputado prevea pena privativa de la libertad y el/la Juez Penal Juvenil estime prima facie, que no procederá condena de ejecución condicional", indica la norma. Pero lo que la realidad marca, es que ningún juez evalúa de igual manera conceptos como "posibilidad de eludir el juicio" cuando se trata de un pibe pobre o de un policía, un funcionario político o un rico y famoso.

 

Ya tiene demonio la "democracia": los "menores", que sólo cuando son hijos de ricos pasan a ser "niños".