EL GOBIERNO "SOCIALISTA" ESPAÑOL ES
"DERECHO Y HUMANO"
Los inmigrantes de países pobres,
generalmente sin suficiente documentación a su ingreso y por eso
llamados "ilegales", constituyen el más vulnerable de los estamentos
sociales en los países que buscan para superar su miseria. No asombra que,
a la par de la explotación laboral sin límites, sean quienes reciben con
más dureza la represión estatal. Son conocidas las masacres cometidas por
los "rangers" yanquis en su afán por impedir el ingreso a EEUU de los "espaldas
mojadas" provenientes principalmente de Mexico, y las condiciones infrahumanas
en las que son encerrados en verdaderos campos de concentración a la espera de
su deportación cuando son atrapados con vida. No nos quedamos atrás en
Argentina, como lo prueban las condiciones laborales y de vida de los
trabajadores de talleres clandestinos, particularmente textiles, como se hizo
público a partir del incendio de uno de ellos el año pasado.
Pero la democrática, socialista y muy defensora de
los DDHH España tampoco tiene mucho que envidiar al trato que se da a
los inmigrantes de piel oscura en Alemania, Francia u otros
países del llamado "primer mundo". El gobierno español no sólo repatrió 8.500 inmigrantes "sin papeles" en lo que va del
año, sino que esta semana el ministerio del interior difundió las nuevas
normas de seguridad que regirán para los traslados forzados de los inmigrantes.
En primer lugar aclara la ley que los policías "no podrán drogarlos ni hacer uso
de la fuerza de forma que puedan poner en riesgo las funciones vitales del
repatriado". El solo hecho de que se prohiban expresamente semejantes
barbaridades da una idea de la forma en que los inmigrantes expulsados son
tratados habitualmente. Pero peor es lo que sí se autoriza: el uso de camisas de
fuerza y otros medios de sujeción antes y durante el viaje, eso sí, "con el fin
de evitar que se autolesionen".
La medida ordena que los inmigrantes sean
abordados a los aviones con las manos atadas con cuerdas, quedando a
criterio de los policías que los custodien mantenerlos así durante el
vuelo. Mientras dure el viaje, deberán utilizar cinturones y prendas
inmovilizadoras. Sólo podrán ir al baño escoltados.
Según
fuentes del ministerio del interior, "la medida busca evitar otros casos como el
de Osamuyia Aikpitanhi", que en junio último falleció maniatado y amordazado
mientras iba a bordo de un vuelo de repatriación. Es que según el gobierno
español al nigeriano no lo mataron ellos, sino que se suicidó dándose
cabezazos contra el avión.
No se sabe que el juez
Garzón, el recontra humanista y garantista, haya objetado la
medida. Seguramente tendrá informes confidenciales de que los nigerianos y otros
inmigrantes sin papeles son todos etarras.
TORTURA Y MUERTE EN CÓRDOBA
El
jueves pasado, integrantes de la Comisaría 12, ubicada en el Barrio Colón de la
ciudad de Córdoba, detuvieron a Maximiliano Alexis Aguirre (21) y a otro
joven, y los condujeron a la seccional, acusados de intentar robar un
quiosco.
En la comisaría, Maximiliano fue torturado por un grupo de
policías y luego trasladado a la cárcel de Bouwer, a la que ingresó
con golpes en todo el cuerpo y hasta la marca de los borceguíes en la
cabeza, según constató el médico del penal. Al agravarse su estado, lo
llevaron al Hospital de Urgencias, donde pronto quedó en estado vegetativo.
Finalmente falleció el domingo, mientras Juez y Schiaretti contaban sus
votos.
Sus padres, Jorge Quevedo y Ana María Aguirre, realizaron la
denuncia en tribunales y a los medios tres días después, en medio de la parodia
electoral. Ningún policía ha sido indagado por el fiscal Rubén Caro,
ni mucho menos detenido. Como sucede en la mayoría de los casos de
torturas, ni la evidencia más clara es elemento suficiente para que los
autores sean castigados. Y en los pocos casos que lo son, esperan en sus casas o
en celdas VIP una leve condena de parte de los encargados de aplicar justicia,
que califican la tortura como excesos o abusos, como simples apremios
excarcelables, o, como dijo la Corte en el caso Derecho, como delitos
individuales que no configuran un crimen de estado ni un delito de lesa
humanidad porque según ellos, "esto es una democracia, y en democracia el estado
no es una máquina represora".
Como lo dijimos durante el juicio por Diego Gallardo, como lo
denunciamos ante cada reiterado caso de torturas seguidas de muerte, los
crímenes de estado se siguen perpetrando durante la “fiesta de la
democracia”.
COIMAS POLICIALES, NINGUNA NOVEDAD
El diario La Nación difundió hoy una encuesta hecha
por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés,
según la cual uno de cada cinco entrevistados fue víctima o testigo de un
pedido de coima por parte de integrantes de la Policía Federal. Un detalle interesante es que los barrios en los que fueron
más altos los índices de pedidos de coima policial corresponden a los más
humildes de la ciudad, como Villa Riachuelo, Villa Lugano o Villa Soldati,
mientras se registraron -o se confesaron- menos casos en los barrios
más ricos, como Retiro y Puerto Madero.
Pero lo que verdaderamente llama la atención es que
se titule como si fuera novedad que la policía (federal u otra) realiza a diario
extorsiones de todo tipo, y que esas exacciones no son "hechos individuales"
sino tan institucionales que se reparte siempre hacia arriba (y bien arriba) y
se destina buena parte a gastos de mantenimiento de vehículos y otros igualmente
"oficiales".
A pesar de los elevados guarismos, seguramente no
están incluidos en el cómputo los recurrentes casos de extorsión en el marco de
detenciones arbitrarias, enormemente frecuentes en las barriadas populares
de la ciudad y el conurbano. Está probado, incluso en procesos judiciales con
condena como el de la brigada de la comisaría 30ª de la PFA, que
es habitual la detención de personas a las que se amenaza con el
"armado" de una causa, generalmente por tenencia de drogas, armas o elementos
robados que serán "plantados" en su domicilio o vehículo, si no aportan sumas
que varían entre $2.000 y $10.000 según la zona y la posibilidad de la víctima.
Estas extorsiones se realizan al amparo de las
facultades policiales para detener personas arbitrariamente, y si el
damnificado denuncia luego el hecho, su arresto aparece legitimado en los libros
policiales como una averiguación de antecedentes o una aplicación del código de
faltas o contravenciones. Por eso sólo suelen llegar a juicio casos en los
que la víctima, antes de pagar, recurre a organizaciones que, como hicimos en el
caso de la comisaría 30ª, la orientan para hacer una sigilosa denuncia
judicial que implemente una cámara oculta para registrar el delito en el momento
de la consumación.
En no pocas ocasiones este tipo de situaciones ha
ocasionado la muerte de la víctima, ya que la imposición de tormentos es parte
del mecanismo de "ablande" para forzar el pago. Así ocurrió en el caso de Jorge
"Cahco" González, cuya madre fue obligada a entregar $2000 en la comisaría 5ª de
Villa Fiorito para evitar que a su hijo le endilgaran el robo de una bicicleta.
Aunque Ramona pagó para recuperar a su hijo, los golpes que le propinaron los
policías Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo le causaron la muerte unos días
después.
El 22 de noviembre de este año ambos policías serán
juzgados por un tribunal de Lomas de Zamora, para el cual -vaya novedad- la
tortura seguida de muerte es, en esta ocasión, "homicidio preterintencional en
concurso con vejaciones". De más está aclarar que ambos policías están
excarcelados, y uno de ellos, por añadidura, es vigilador privado de una fábrica
a un par de cuadras de la casa de la familia de su
víctima.
TERROR POLICIAL EN LA VILLA LA
CATANGA
Desde que en febrero de 2005 se inauguró una
seccional de la policía Bs. As. 2 en Coronel Mom y 3 de
Febrero de San Martín, los vecinos de la muy cercana villa La Catanga
viven aterrorizados. Razzias en todo momento y a toda hora, detenciones
arbitrarias, palos, balazos, y hasta un "novedoso" método que ya lleva más de
dos años de uso: las picadas entre los patrulleros en
las calles alrededor de la villa, que siembran el terror permanente e
impiden el libre acceso al barrio. Además, como los pasillos de la villa no
tienen lugar para que los chicos jueguen, los padres los llevaban a
las calles cercanas a correr y jugar, pero desde que llegó la Bs. As. 2 no
pueden hacerlo sin riesgo de ser atropellados por policías
divirtiéndose.
El miércoles 5 de septiembre irrumpió en la
villa una de las razzias habituales. Los policías entraron repartiendo
golpes con sus bastones "tonfa", rociando gas pimienta en los pasillos y
disparando sus armas con balas de plomo. Una mujer que esperaba un llamado en la
puerta de la casa de una vecina, porque su hija acababa de morir, recibió un
palazo en la cabeza y luego se ahogó entre una nube de gas pimienta. Una vez
derribada la mujer, los policías entraron a la casa y se llevaron al hijo de la
vecina. De más está decir que para tal detención jamás existió una orden, lo que
constituye lisa y llanamente un secuestro. Además
de ese chico, otros tres fueron detenidos, no sin antes tirarlos al piso y
aplastarles las piernas con sus borceguíes.
Luego de la razzia, los policías
llevaron los chicos a la comisaría 1ª de San Martín, desde donde
los trasladaron al hospital Ramón Carrillo, en el partido de Malvinas
Argentinas. Habiendo tantos otros hospitales en el partido de San Martín,
llama la atención que los llevaran tan lejos. Quizás nos dé una pista lo que
cuenta uno de los pibes detenidos. Agobiado por los golpes que había
recibido, le pidió al médico del Carrillo que abriera la ventana de la sala
donde lo estaban revisando, a lo que el médico respondió “Callate la boca y
dejate de joder o te vamos a poner un fierro y te vamos a hacer aparecer en
una zanja”.
De los cuatro detenidos en la última razzia, dos eran mayores y dos
menores. Una vez liberados, quizás confundidos con la idea del loquito suelto o
del policía al servicio de la comunidad, los vecinos de La Catanga fueron a
denunciar el accionar de la Bs. As. 2 a la comisaría 1ª. Nadie les prestó
atención. Los “camaradas” de “la familia policial”, como dicen los delegados de
los sindicatos policiales, bien saben a quien deben proteger.
La villa La Catanga está ubicada entre las calles Libertad, Coronel
Mom, Suipacha y José C. Paz, a una cuadra de la seccional que se dedica a
aterrorizar a los vecinos, principalmente a los más chicos. Recordemos que este
destacamento está conformado por policías "educados" en los cursitos de
derechos humanos del actual gobierno, y no son “resabios de la dictadura”
sino producto de esta "democracia". En la inauguración, dijo
el ministro de seguridad Arslanián: "Queremos una policía
prestigiosa, reconocida y útil para el mantenimiento de la paz y la relación con
la comunidad (...) De esta manera, el gobierno sigue avanzando en la
apertura de estándares de seguridad modernos y respetuosos de los derechos
humanos, (…) la nueva Bonaerense II está pensada para actuar en conjunto
con fuerzas de seguridad nacionales".
Ya vemos lo respetuosa que es la Bs. As. 2 en materia de DDHH, y sobre
todo cómo actúa en conjunto con las otras fuerzas, como las que persiguen y
asesinan maestros en Santa Cruz y Neuquén y hostigan barrios completos
como el Alto en Bariloche, o secuestran personas como en Las Heras por
citar algunos ejemplos. Lo que publicita el gobierno nada tiene que ver con como
viven la "democracia" los vecinos de los barrios pobres. Una vecina de La
Catanga que se comunicó con CORREPI dijo: “Yo estoy aterrorizada, me da
escalofríos ver que estos tipos hacen lo mismo que hacían los
militares”.
OTRO "NEGOCITO" POLICIAL: LA VENTA DE
BEBÉS
Es bien conocido que existen en todo el país, y
especialmente en las provincias más pobres, amplias redes que se dedican al
tráfico de niños, que en el caso de bebés son vendidos a parejas adineradas
que no reúnen condiciones para ser adoptantes legales, o no quieren seguir el
proceso de adopción. Corrientes es una de las provincias donde con más
frecuencia se denuncian estas mafias, que como toda organización criminal de
envergadura, cuentan con la participación, cuando no la dirección, de
integrantes del aparato estatal.
El domingo pasado, en Corrientes, fue detenido
un matrimonio italiano que salía de la provincia con un bebé de 4 días, hijo de
una mujer de 40 años con otros ocho hijos, residente en la localidad de San
Cosme, a 27 kilómetros de la capital provincial. Poco después fue
también detenido el "intermediario", un policía provincial de apellido
Gómez. Usando sus dotes para la investigación, Gómez era el encargado de
detectar mujeres embarazadas sin recursos, a las que convencía de entregar
el bebé por unos pesos. El policía había vendido el chiquito a los
italianos por $ 20.000, entregándoles además una partida de nacimiento falsa en
la que figuraban como sus padres biológicos. Además del policía, fue detenido el jefe del registro civil que emitió la
partida falsa, y están investigándose la conexión en el hospital local.