|
CORREPI - BOLETÍN
INFORMATIVO
Número 439 - 5 de agosto de julio de 2007 SUMARIO 1- Si es en "democracia", no es tortura. 2- Un gendarme con 316 kilos de
marihuana.
3- Leyes antiterroristas en todo el
mundo.
4- Justicia para pocos (los pocos
ricos).
5- Policía preso en Córdoba por asesinar el 20 de
diciembre.
6- Pintar "Aparición con vida de Julio López" es
delito.
7- Empiezan dos juicios por casos de gatillo
fácil.
8- La Plata, capital de la Bonaerense
SI ES EN "DEMOCRACIA", NO ES
TORTURA
El gobierno de Kirchner dice que es "el
gobierno de los DDHH". Sus aliados, sus sostenedores más o menos
"críticos", e incluso buena parte de la "oposición", aun con matices,
insisten en que "no es lo mismo" en este tema Kirchner que sus
antecesores. Para afirmarlo se sostienen, en líneas generales, en la idea
desarrollada en el nuevo prólogo del informe "Nunca Más", redactado por
Eduardo Luis Duhalde, Secretario de DDHH de la Nación, a 30 años del golpe
de 1976: "Nuestro país está viviendo un
momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, treinta años después del
golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra
historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre
la decisión política del gobierno nacional, que ha hecho de los derechos humanos
el pilar fundamental de las políticas públicas, y las inclaudicables exigencias
de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las
últimas tres décadas. (...) a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso ha
anulado las leyes de impunidad y una Corte Suprema renovada las ha declarado
inconstitucionales y ha confirmado el carácter imprescriptible de los crímenes
de lesa humanidad".
Esta semana vimos cómo se aplica en la
práctica la decisión política del gobierno nacional, por boca de esa
corte suprema "renovada", la que dicen que no tiene mayoría automática ni
responde a las necesidades del poder político. Con su “criterio independiente”,
con el “progre” Zaffaroni a la cabeza, bien cuerdo él
para estar al servicio de los que necesitan torturar para dominar, la corte decidió esta semana que no toda la tortura es tortura, porque la tortura policial, aun cuando esté
demostrada, no es un crimen de estado ni un delito de lesa humanidad cuando
se comete en democracia.
En una causa iniciada en 1988, cuando un ciudadano uruguayo denunció que fue torturado en una comisaría para forzarlo a confesar una estafa y para que acusara a un abogado de ser su cómplice, la corte dijo textualmente: "Aun cuando el hecho de la tortura particular se encontrara demostrado, es evidente que en la República Argentina, durante el año 1988, no existía un Estado o una organización dependiente del Estado que evidenciara la característica básica de haberse convertido en una maquinaria perversa de persecución sistemática y organizada de un grupo de ciudadanos, desviándose en su fin principal de promover el bien común y la convivencia pacífica de la sociedad". Conclusión, declararon que la acción penal está prescripta, y aquí no ha pasado nada. Podríamos escribir varias hojas de análisis jurídico, mostrando cómo este fallo implica desconocer la sentencia de la Corte IDH en la causa Bulacio, los pactos internacionales y mil argumentos técnicos más, pero no hace falta para entender lo que los jueces dijeron: No es crimen de lesa humanidad que un policía te pegue en una comisaría, te de bolsita o te picanee si su sueldo lo paga un gobierno "democrático". No hay tortura en democracia... Dicen que cuando a Richard Nixon le dijeron que el dictador nicaragüense "Tacho" Somoza, protegido por el gobierno yanqui, era un hijo de puta, el presidente respondió "sí, pero es nuestro hijo de puta". Otros atribuyen la misma frase a Henry Kissinger, en relación a Saddam Hussein. Cierta o falsa, la anécdota se aplica perfectamente a la corte kirchnerista y a los torturadores en democracia. El torturador de la democracia, el que picanea, apalea o bolsea hoy, es "su" hijo de puta, y no lo tratan igual que al que ya no precisan y sólo representa un lastre, como Etchecolatz, el Turco Julián o Von Wernich. Y lo más grave es el error, o el deliberado sofisma, de los que señalan en esta política un "doble discurso", una "contradicción" o una "política buena en un sentido pero insuficiente en otro". Nada de eso, sino dos patas de una misma y eficiente política represiva. Es altamente simbólico saber quién es
el policía beneficiado con esta decisión judicial que establece una línea
para todas las causas de tortura tramitando actualmente o por
tramitar. René Jesús Derecho, un nombre que no es fácil de olvidar, sobre
todo si es un policía el que se llama Derecho, fue Jefe de la Comisaría 2ª
de la PFA desde el 15 de noviembre de 1998 hasta el 8 de noviembre de 2001.
es la comisaría con jurisdicción en Plaza de Mayo, así que el hombre
dirigió todas las represiones a cuanta manifestación, concentración o acto
público hubo en las inmediaciones de la Casa Rosada en ese tiempo.
El 20 de diciembre del 2001, aunque era el jefe de
la Circunscripción VII, bien lejos de Plaza de Mayo, fue convocado por De la
Rua, Mestre y Mathov para “despejar la Plaza”, por su condición de “especialista
en esas acciones”, como surge textualmente de la causa judicial. Es entonces uno
de los responsables de la muerte de 5 argentinos, entre ellos nuestro compañero
Carlos “Petete” Almirón, asesinados durante la rebelión popular por los policías
bajo su mando. Días después, Derecho fue también el responsable de la represión
a los vecinos del barrio de Floresta que se manifestaron contra la policía por
el triple fusilamiento del 29 de diciembre.
También fue René Jesús Derecho el encargado del operativo que retuvo a varios miles de manifestantes por más de 8 horas en el Puente Pueyrredón el 26 de noviembre de 2002, en el marco de la marcha contra la represión y la impunidad convocada por CORREPI y casi medio centenar de organizaciones populares. El comisario hoy sobreseído terminó su carrera judicial reemplazando a otro conocido "poronga" de la federal, Jorge "El Fino" Palacios en la Superintendencia de Investigaciones (la célebre "Madariaga") cuando al jefe anterior se lo llevó puesto el escándalo de sus vínculos con bandas de piratas del asfalto y secuestradores extorsivos. El buen nombre y honor de René Jesús Derecho fue dejado a salvo por la corte, en este fallo que confirma que en Argentina, SI HAY TORTURA, QUE NO SE NOTE. UN GENDARME CON 316 KILOS DE
MARIHUANA
Un gendarme de 28 años, que prestaba servicios en
Campo de Mayo, fue detenido hace unos días cuando transportaba 316 kilos de
marihuana en una camioneta Kangoo azul por la Panamericana. El ministro del
interior, Aníbal Fernández, dispuso su pase a disponibilidad, que no es lo mismo
que expulsión de la fuerza.
La noticia es breve, y no es novedosa. En
septiembre de 2006 trascendió que la división narcotráfico de La Plata actuaba
en connivencia con narcotraficantes, y varios de sus integrantes, incluido su
jefe, fueron imputados penalmente por la desaparición de un cargamento de drogas
incautado en un boliche de Lobos. Un año antes, en Salta, un accidente de
tránsito reveló que cuatro policías federales llevaban en una camioneta Fiat
Fiorino blanca 116 kilos de cocaína desde Jujuy. El episodio reveló una compleja
trama que involucraba jueces y fiscales, además de la delegación de la federal
en Salta completa.
Estos episodios son simples confirmaciones de lo
que cualquiera sabe en un barrio: las fuerzas de seguridad manejan el
negocio de las drogas en Argentina, desde los grandes operativos con
centenares de kilos como los mencionados, hasta el menudeo a cargo de
punteros que reportan a la patota (la brigada) de la zona. Pero a no
equivocarse: no se trata de una corruptela individual o de ciertos "bolsones
mafiosos" que podría erradicarse con una adecuada política de purgas y más
control institucional. La expansión del consumo de estupefacientes, sobre todo
en los sectores más pobres y en especial los juveniles, y en el último
tiempo a través de sustancias de descarte como el "paco", es una política de
control social incentivada desde el poder, al que le conviene la descomposición
social y la destrucción individual resultante, porque le conviene que no
pensemos, y sobre todo, que no pensemos en organizarnos y rebelarnos contra la
opresión.
También es una confirmación, por si hiciera falta,
de quiénes controlan y dirigen los grandes negocios de la criminalidad, los que
originan la tan cacareada "inseguridad" ciudadana. Secuestros extorsivos,
narcotráfico, piratas del asfalto, asaltos comando, contrabando de armas, trata
de personas, en una palabra, el "crimen organizado", cuenta siempre con la
activa intervención del aparato estatal, como lo prueba el hecho de que cada vez
que se identifica alguna de las grandes bandas, tarde o temprano, "salta el
botón".
LEYES ANTITERRORISTAS EN TODO EL MUNDO
En nuestro Boletín nº 435 comentábamos cómo el
gobierno de El Salvador ya estaba usando, para reprimir la protesta social, la
ley antiterrorista sancionada en octubre 2006 por imposición
norteamericana, y señalábamos su equivalencia con la recientemente votada por el
congreso argentino en cumplimiento de la misma exigencia, igual que con las ya
existentes en Inglaterra, Perú, Paraguay, España, etc.
Día a día se suman a la lista otros países que
obedientemente se cuadran ante el imperialismo y adoptan normas parecidas en
América, Asia, Europa y América, siguiendo los lineamientos publicados
por organismos internacionales como el FMI y el GAFI, dejando bien
claro quién manda, y en defensa de qué intereses.
Canadá aprobó una
amplia ley antiterrorista que incrementa los controles fronterizos, hace
más estrictas las normas de inmigración y otorga a la policía y otras
fuerzas de seguridad la facultad de detener "sospechosos de
terrorismo" por varios días sin acusación formal ni garantía procesal
alguna.
Dinamarca dictó un paquete de medidas "antiterroristas"
que dan a las autoridades más poder para controlar internet, intervenir
comunicaciones telefónicas y allanar domicilios. Los servicios de inteligencia
de la policía pueden vetar solicitudes de asilo por razones de "seguridad
nacional u orden público".
India promulgó una
ley que otorga a la policía amplios poderes para arrestar, interrogar,
interceptar comunicaciones y detener sospechosos de "terrorismo" hasta por 90
días sin someterlos a juicio.
La "ley de seguridad interna" de Malasia
permite también detener "sospechosos de terrorismo" sin someterlos a juicio, igual que una reciente norma en
Filipinas, llamada Ley de Seguridad Humana, que permite detenciones
indefinidas.
Argentina, como
le gusta decir a nuestros gobernantes, está integrada al concierto de
naciones que tocan al unísono la sinfonía de la obediencia al
imperialismo.
JUSTICIA PARA POCOS (LOS POCOS
RICOS)
Cuando se reanude el lunes 6 de agosto la actividad
judicial al término de la feria de invierno, entrará en vigencia en el orden
nacional una nueva acordada de la corte suprema que reglamenta los requisitos
formales para los recursos extraordinarios y de queja, es decir, de los que
pueden interponerse ante el máximo tribunal.
Con el indudable objetivo de "filtrar" la cantidad
de recursos ingresados a la corte, se extrema en la resolución el detalle de
requisitos de forma, fijando reglas precisas
sobre la extensión, legibilidad y presentación de los escritos, dando al
tribunal la posibilidad de desestimar sin otro fundamento que la mención de esta
acordada cualquier apelación que no los respete a rajatabla.
También aprovecharon los "supremos" para actualizar
el monto de la tasa de justicia que hay que depositar antes de presentar un
recurso de queja. De mil pesos, pasó a ¡cinco mil !. El recurso de queja es
la última herramienta recursiva con que cuenta un justiciable frente a una
resolución adversa, y tiene la particularidad de ser el único que se presenta
directamente ante la corte, ya que el extraordinario tiene una etapa previa de
admisibilidad ante el mismo tribunal que dictó el fallo que se impugna. Pues
bien, a partir de ahora, para que los jueces de la corte admitan el ingreso de
una queja, habrá que ponerse con cinco mil pesitos, uno sobre otro, depositados
en el banco de la Nación.
Evidentemente el Indec, además de dibujar los
números del costo de vida como se le da la gana al gobierno, no incluye en sus
mediciones los constantes aumentos de las tasas y otros impuestos exigidos a
quien recurre ante un órgano judicial, que en los últimos años se han
multiplicado de manera asombrosa. Todo se cobra en la justicia argentina.
Hay que pagar distintas tasas e impuestos para designar un abogado, para ser
querellante o particular damnificado, hasta para tener derecho a sacar
fotocopias (aparte del costo material de las copias). Y muchos de esos
costos no son alcanzados por los beneficios de litigar sin gastos, que
además requieren un largo trámite previo, que a su vez ocasionan más
gastos, por ejemplo para acreditar que el justiciable no es propietario de
inmuebles o vehículos.
Justicia para los pocos ricos, y trabas cada vez
más insalvables para los pobres, cosa que les quede claro que esta "justicia" no
es para ellos.
POLICÍA PRESO EN CÓRDOBA POR ASESINAR EL 20
DE DICIEMBRE
David Ernesto Moreno fue una de las casi cuarenta
víctimas de la represión a la rebelión popular que echó a Fernando de la Rúa y
su Alianza del gobierno argentino el 20 de diciembre de
2001. David tenía 13 años y vivía en Córdoba. Un gran número de vecinos se
agolpaba frente a un supermercado cuando la policía comenzó a disparar para
dispersarlos. David fue herido con cinco
proyectiles, algunos de goma y otros de plomo, en la espalda y la nuca. El
oficial Hugo Ignacio Cánovas fue individualizado al poco tiempo como autor de
los disparos fatales, y en 2003 estuvo detenido un corto tiempo. Fue liberado y
siguió prestando servicios a pesar de la continuación de la causa.
Esta semana fue nuevamente detenido, imputado por
homicidio simple, después que nuevas pericias ratificaron que disparó contra el
niño con un arma cargada con balas de plomo. Cuando lo fueron a buscar estaba
garantizando la seguridad en un banco, donde hacía servicios adicionales. Por
supuesto que no fue alojado en una unidad penitenciaria, sino en su propio lugar
de trabajo, una dependencia de la guardia de infantería de la policía
provincial, al cuidado de sus camaradas.
PINTAR "APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ"
ES DELITO
Para la justicia nacional, pintar en una pared
pública "Aparición con vida de Julio López", constituye el delito de daño
calificado, y merece persecución penal.
El 1º de mayo pasado, temprano a la mañana, en la
esquina de Riobamba y Marcelo T. de Alvear, un patrullero avistó un
graffiti reciente con el reclamo de aparición con vida en el muro de un viejo
edificio. Inmediatamente detuvieron a un joven al que imputaron la pintada.
Aunque a las pocas horas fue liberado, el juez consultado decidió que como en
ese inmueble funcionan dependencias de la cámara de seguridad social, el delito
era daño calificado. La causa fue delegada a la fiscalía de instrucción nº 35,
que esta semana citó al muchacho para hacerle saber sus derechos (que obviamente
no incluyen reclamar por la aparición con vida del compañero).
Una empleada de la defensoría oficial le sugirió
hacer un descargo argumentando que no sabía que en ese edificio deteriorado
funciona una oficina del poder judicial federal, de manera que
recalifiquen como daño simple y a competencia pase a la justicia
correccional, donde le aconsejó "hacerse cargo" y pagar una multa. CORREPI
asumirá la defensa del compañero, que no está dispuesto a aceptar el gentil
consejo de la funcionaria.
Falta poco para que se cumpla un año de la
desaparición del querellante en la causa Etchecolatz Jorge Julio López. No
hay patrullero de la federal o la bonaerense sin el cartelito oficial
que reclama su aparición con vida en la luneta, ni comisaría o dependencia
oficial que no luzca el afiche con su foto y el ofrecimiento de recompensa por
datos sobre su paradero. Cada tanto Kirchner o su señora lo mencionan en sus
discursos, y se divulga algún nuevo fallido de la pretendida "investigación"
judicial. Hasta ahí llega la "preocupación oficial" por la desaparición,
mientras policías y jueces se apresuran a criminalizar una pintada.
EMPIEZAN DOS JUICIOS POR CASOS DE GATILLO
FÁCIL
El 29 de enero de 2003 Fabián Sosa, cabo primero de la comisaría 7ª de Quilmes, sacó su arma y disparó contra un grupo de adolescentes que jugaban al carnaval arrojando agua y espuma. Uno de los disparos dio en la cabeza de Verónica Gauto (19), embarazada de 8 meses, y otro hirió en el hombro a Ezequiel Núñez, de 14 años. Aunque Verónica murió, los médicos del hospital Ana Goitía, de Lanús, lograron una cesárea de emergencia que salvó a la beba, que se iba a llamar Melina y que recibió el nombre de Milagros Melina por la tragedia que rodeó su nacimiento. Este lunes, en los tribunales de Quilmes, comenzará el juicio oral y público al policía, que está acusado de "homicidio simple con exceso de legítima defensa en concurso real con lesiones leves", y por supuesto, en libertad. Por otra parte, en San Martín de los Andes, Río Negro, comenzó la semana pasada el debate contra el guarda ambiental Horacio Calderón, confeso autor de la muerte por un tiro del pescador Cristian González. Mientras el homicida, que al momento del hecho se desempeñaba como vigilador privado, argumentó que disparó en legítima defensa, las pericias médicas demuestran que Calderón no presentaba los golpes que dijo haber recibido del pescador, ni González tenía otras lesiones que la perdigonada en el cuello que lo mató. El arma (un pistolón de dos caños) era propiedad
del conocido empresario de ascendencia alemana, dueño del elegante complejo
Cabaña Andina frente al Lago Lolog, para el que Calderón trabajaba como empleado
de seguridad. LA PLATA, CAPITAL DE LA BONAERENSE
El domingo 29 de julio, al terminar un recital de cumbia de “La Banda del Lechuga”, agentes de la Comisaría 3ª de Ensenada, que funcionan como seguridad permanente del boliche “Platino”, intervinieron en una pelea con su herramienta favorita para demostrar su supremacía física y legal: disparando contra todos los pibes que se encontraban a la salida del boliche y corriéndolos por la avenida 122 hacia el Bosque. Nicolás Domínguez (17), recibió un disparo de frente a menos de dos metros hecho por el policía José Violini, que le rozó el hemisferio izquierdo de la cara y por el que tuvo que ser internado en terapia intensiva en el Hospital Gutiérrez. Después de sangrar por 30 minutos en la vereda - ya que además de los
represores, la seguridad privada del boliche se negó a asistirlo-, y cómo nunca
se presentó ninguna ambulancia, el chico fue trasladado en un vehículo
particular, luego de que el conductor de un auto que se ofreció a llevarlos
fuera interceptado por los agentes policiales que le advirtieron: “flaco, dejalo
porque te metés en problemas”.
Durante el primer día que Nicolás estuvo internado, distintos agentes circularon por el Hospital presionando a su mamá, Myriam, para que se acercara a “dialogar” en la Comisaría. Al negarse a colaborar con quienes por milagro no mataron a su hijo y proponerse la denuncia pública de los hechos, Myriam sigue siendo hostigada, y durante toda la semana, hasta tres veces en el mismo día, los hermanos del chico fueron detenidos por diversos agentes de la comisaría, con un claro mensaje para quienes se niegan a “dialogar”. Por más que Arslanián haya anunciado la exoneración de 105 empleados de las fuerzas de seguridad bonaerenses por diversos hechos de encubrimiento, corrupción y apremios, lo cierto es que no hay purga ni curso de DDHH que reforme lo que es una necesidad de disciplinamiento para las clases populares, y por lo tanto, una política de estado. PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 6 de agosto, 9:30, concentración con los trabajadores del
Hotel Bauen para acompañar la entrega de la apelación a la sentencia de
desalojo frente al juzgado, Marcelo T. de Alvear y
Callao. En La Plata,
escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI,
los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM
90.5.
Los sábados, a las
18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al
Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad,
AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel.
5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y
gratuita.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Ciudad de Buenos Aires • Argentina correpi@fibertel. com.ar www.correpi. lahaine.org |