6- La "garzonada" de Nodo50
7- Próximas Actividades
WALTER BULACIO: 16 AÑOS
El viernes 27 de abril CORREPI convocó a una marcha y acto al cumplirse 16
años de la detención y muerte de Walter Bulacio, el pibe de 17 años apaleado
en la comisaría 35ª después de ser uno más del centenar de detenidos en un
recital de rock. El Caso Bulacio, además paradigma de la denuncia de la
represión policial en Argentina, al punto de ser el primero por el que el
estado argentino ha sido condenado por un tribunal internacional, sigue
siendo motor de la organización de la juventud contra las detenciones
arbitrarias y las torturas en comisarías, dos de las herramientas represivas
sistemáticas y cotidianas.
Cerca de las cinco de la tarde los militantes de CORREPI, entre ellos muchos
familiares de víctimas de la represión policial, nos empezamos a concentrar
en el Obelisco, adonde fueron llegando las delegaciones de estudiantes
secundarios como la Agrupación X, y compañeros de diversas organizaciones
políticas (CPS 29 de Mayo, MTR Santucho, Convergencia Socialista, MTR La
Dignidad, MTR 12 de abril, CUBa-MTR, Coordinadora por la Libertad de los
Presos Políticos, etc.) y gremiales como la Junta Interna de Trabajadores
del Hospital Garrahan y trabajadores de los peajes de las autopistas.
También participaron compañeros del Colectivo del Alto de Bariloche, de
Chaguar de Salta y de Nosotros de Misiones.
Encolumnados tras la bandera con la consigna EL GATILLO FÁCIL Y LA TORTURA
SON CRÍMENES DE ESTADO que llevaban la abuela de Walter, María Armas de
Bulacio y su nieta Tamara junto a familiares de Jonathan Mansilla, Rodrigo
Corzo, Marcelo Rivero, Diego Gallardo, Héctor Otero, Jorge González, Matías
Bárzola, Damián Blanco, Miguel Da Silva, etc., marchamos hasta Callao y
Corrientes, donde los referentes de las organizaciones presentes
intervinieron, denunciando la situación represiva y reclamando la libertad
de los presos políticos. La compañera Mariana de CORREPI dijo a su turno:
Hoy se cumple un año más del asesinato de Walter Bulacio. Al
contrario de lo que se suele creer, que la represión en nuestro país está
dividida en dos vertientes que no se vinculan entre sí, el asesinato de
Walter y el tratamiento mediático y legal que ha recibido este caso, hoy en
tiempos en que se suma un militante más a la lista de luchadores asesinados,
demuestra que las prácticas represivas del estado hacia pibes pobres no
organizados y hacia militantes del campo popular son parte de una misma
estrategia de dominación.
El comisario Espósito, principal responsable de la muerte de
Walter, gozó de las mismas garantías legales que el asesino de Carlos
Fuentealba: el policía Poblete. Como Espósito y Poblete, tantos otros
asesinos que fusilan a nuestros pibes en las calles continúan trabajando con
ascensos y cargos cada vez más importantes, la impunidad garantizada.
El 30 de septiembre de 2004 el policía Walter Daniel Taljuk
asesinó a Mauro Orellana en Tucumán, el castigo para este asesino fue pasar
a ser la custodia personal de León Alperovich, el hermano del gobernador.
Hector Eusebio Sosa, que debía estar exonerado por el
asesinato del Frente Vital en 1999, en Navidad de 2006 asesinó por la
espalda a dos pibes en San Isidro.
Lorenzo Collman, que debía estar preso por el asesinato de
Oscar Maidana en la Isla Maciel, estuvo en funciones participando de la
represión en el Puente Pueyrredón que terminó con la vida de Darío y Maxi.
Ernesto Weber fue premiado por el gobierno nacional con el
cargo de comisario por el buen desempeño el 20 de diciembre donde el operativo
que dirigió asesinó a Rivas, Lamagna y Petete Almirón.
El estado, gobierne quien gobierne, hace lo posible por
mantener en funciones a los asesinos que le garantizan una labor eficaz a la
hora de reprimir. Es el ejemplo de Poblete, que imputado en varias causas,
salió a reprimir con la chapa del estado y cumplió con su trabajo asesinando
a un compañero.
Sólo en el último mes hemos sido testigos de numerosos
desalojos, persecuciones y detenciones a compañeros. Por repudiar el
asesinato de Fuentealba todavía están presos 4 militantes, por luchar por su
salario todavía están presos 5 trabajadores de Las Heras.
Por eso decimos que no es un policía, es toda la institución.
Porque la institución entera es la que se encarga de perseguirnos,
encarcelarnos y reprimirnos en los barrios.
Por eso decimos que el aparato represivo es el estado.
Porque ya pasada la dictadura los nuevos policías que son entrenados hoy son
los que continúan torturando y asesinando, como asesinaron a Walter hace 16
años. Policías formados con cursitos de Derechos Humanos, formados en esta
democracia.
Por eso decimos que la única
forma de enfrentar la represión es organizándose para luchar, y luchar por
la libertad de todos los compañeros presos por pelear por sus derechos, que
son los derechos de todos.
Libertad a todos los presos políticos - Amnistía a todos los luchadores
populares - Basta de represión - Las torturas y el gatillo fácil son
crímenes de estado - Aparición con vida de Jorge Julio López. Walter Bulacio,
Carlos Fuentealba, 30.000 compañeros desaparecidos y más de 2000 pibes
asesinados por el gatillo fácil: ¡PRESENTES!.
SÓLO CUANDO SE TRATA DEL PASADO
Siguiendo con Bulacio, hace más de 3 años que la Corte Interamericana de
DDHH dictaminó que en Argentina hay un conjunto de normas como la
averiguación de antecedentes y los códigos contravencionales, y un conjunto
de prácticas policiales no normadas que deben ser erradicadas como parte del
cumplimiento de la condena en el Caso Bulacio. Desde entonces venimos
denunciando el sistemático incumplimiento, que sólo se explica porque para
este gobierno -y cualquier otro que defienda similares intereses- es más
importante disponer de esas eficaces herramientas represivas que cumplir con
los pactos internacionales de derechos humanos.
También jueces y fiscales se hacen los burros frente a otra de las
decisiones de la Corte IDH, y se "olvidan" de reconocer en sus fallos que,
como lo dice la sentencia del caso Bulacio, el crimen policial es crimen de
estado, y por lo tanto los delitos como los fusilamientos de gatillo fácil o
las torturas en comisarías y cárceles deben recibir igual tratamiento
judicial que los considerados "de lesa humanidad". Como lo vimos
recientemente en la condena a prisión perpetua del caso Gallardo, la tortura
actual en comisarías es para los jueces un homicidio, a lo sumo agravado, es
decir un delito individual en el que el estado no tiene nada que ver.
Pero sí se acuerdan de las obligaciones internacionales del estado y de la
condena en el caso Bulacio cuando el asunto se refiere al pasado y no afecta
la capacidad represiva actual. Así, leyendo el fallo que esta semana
decretara la tan demorada nulidad de los indultos otorgado a los genocidas
Videla y Massera por el ex presidente peronista Carlos S. Menem, encontramos
que la Cámara Federal cita textualmente que la Corte Interamericana de DDHH
"... reiteró el alcance de la obligación que emana del artículo 2 de la
Convención en el caso “Bulacio”, afirmando que el cumplimiento del deber
allí establecido implica la supresión de normas y prácticas de cualquier
naturaleza que impliquen una violación a los derechos y garantías que
resguarda el tratado, y además, la promoción de normas y prácticas que guíen
a cada Estado Parte hacia el cumplimiento cabal de la Convención (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, caso “Bulacio vs. Argentina”, fallado el
18/09/2003).
No está de más repetir que las normas y prácticas que deben ser
suprimidas conforme el fallo del caso Bulacio son la facultad de
detener personas en averiguación de antecedentes, las faltas y
contravenciones, las razzias, es decir, lo que CORREPI denunció ante la
Corte como práctica sistemática del estado argentino para ejercer el control
social. Para derogar los indultos (y lo bien que está que los anulen) el
fallo Bulacio es doctrina legal en Argentina. Para sacarle a las fuerzas de
seguridad las facultades de detenernos cuando y como quieran, o para decir
que la tortura es crimen de estado hoy también, no saben ni contestan.
LE CONTESTAMOS EL PEDIDO DE INFORMES A LOS DIPUTADOS
Trascendió esta semana, a raiz de la pelea entre patotas oficiales de
distinto palo en el Mercado Central, que hace unos meses un grupo de
diputados pidió al poder ejecutivo que informara sobre los antecedentes
del ex comisario Pedro Montesino, contratado como personal de conducción y
asesor de la presidencia de la Corporación del Mercado Central de Buenos
Aires por el gobierno nacional.
Para que los señores diputados no tengan que esperar que sus colegas del
ejecutivo les respondan, les contamos nosotros quién es Pedro Montesino. Es
el comisario titular de la Comisaría 7ª de Castelar en la que, en febrero de
1998, estaba preso por el delito de tortura seguida de muerte el oficial
inspector Luis Alberto Farese, uno de los cinco policías que mataron a
Sergio Durán (17) en la comisaría 1ª de Morón el 6 de agosto de 1992.
Farese estuvo prófugo desde 1993 hasta 1997, tiempo durante el cual no sólo
siguió cobrando sus haberes, sino que lo hacía concurriendo personalmente,
documento en mano, al actual Ministerio de Seguridad de la Plata. Los
recibos con la firma de su puño y letra están agregados, a nuestro pedido,
en la causa penal. Hasta cobró el sobresueldo o premio especial que el
gobernador Ruckauf dio como incentivo a la policía bonaerense poco antes de
las megapurgas de principios de 1997 en la primera gestión de Arslanián.
Detenido en octubre de 1997, Farese esperaba en la comisaría de Castelar que
la Cámara Criminal de Morón fijara fecha para el juicio en el que sería
juzgado por la tortura seguida de muerte de Sergio Durán, como ya lo había
sido el oficial Jorge Ramón Fernández, y como lo fueron después los cabos
Nicolosi y Gastelú. Pero la madrugada del 5 de febrero de 1998 Farese se
escapó de la comisaría. Salió por la puerta del frente, vestido con un
uniforme policial, saludó al consigna, y se perdió de vista. Nunca más fue
encontrado, y como al otro prófugo, el subcomisario Miguel Angel Rojido, lo
seguimos buscando.
En la causa penal que investigó la peculiar fuga quedó más que en evidencia
la responsabilidad del comisario Pedro Montesino, y quedó en ridículo la
intervención civil de la policía bonaerense dirigida por Luis Lugones, igual
que su delegado en Morón, el también civil y abogado Martín Gutiérrez, que
se enteró de la fuga cuando abogados de CORREPI le avisaron, y sólo atinó a
decir "me pasaron por arriba". Para aplacar el escándalo, Lugones exoneró a
Montesino. Siempre decimos que los policías exonerados encuentran
rápidamente trabajo en la seguridad privada, pero Montesino tuvo un trato
especial: fue designado por el Poder Ejecutivo Nacional como asesor del
presidente de la Corporación del Mercado Central. No se puede negar que el
gobierno tiene conciencia ecológica, y promueve el reciclaje.
A FACUNDO LO MATÓ LA POLICÍA
Hace casi un mes Facundo Novillo, de 6 años, murió en Córdoba. Los diarios
informaban que el auto de su madre había quedado en medio del fuego cruzado
en un enfrentamiento entre dos bandas de narcos. El crimen de Facundo, así,
fue usado para propagandizar la necesidad de más policía, más seguridad y
más militarización de los barrios.
Pero identificados los autores, para sorpresa de muchos -no de CORREPI- el
fiscal debió anunciar que son un policía y un militar, ambos en actividad.
Para más datos, ambos tienen antecedentes en su haber, según informó La Voz
del Interior. Tuvieron juntos una causa por acopio de armas de guerra y son
conocidos en el barrio de Colonia Lola porque alquilaban armas a
delincuentes de la zona.
El sargento ayudante del ejército Roberto Serviliano Moreno había sido
pasado a disponibilidad en febrero de 2006 después del allanamiento en su
casa donde se secuestraron 8 granadas FKM-2, un FAL con 700 cartuchos
calibre 7.62, una pistola 7.65 y una 6.35, una escopeta calibre 12, una
pistola calibre 44, una pistola calibre 22, un revólver 32 largo, una
escopeta calibre 16 tipo Winchester y una pistola calibre 9 milímetros. El
mismo día, en la casa del cabo primero de policía Horacio Antonio Grasso, se
encontraron dos chalecos antibalas y un chaleco reflectario con la
inscripción Policía de la Provincia, varias cachas de armas de puño, caños
de revólveres, cargadores de pistolas, cartuchos 9 milímetros y de los
calibres 12 y 16, además de cinco gramos de picadura de marihuana.
Pero como nunca fueron llevados a indagatoria en esa causa ni mucho menos
procesados, fueron reincorporados al servicio activo. El tiroteo en el que
mataron a Facundo fue un ajuste de cuentas con uno de sus "clientes" de
Colonia Lola. Hay un tercer sospechoso, también policía, al que el fiscal
está intentando identificar. Como se ve, no sólo el sureño Poblete tenía
antecedentes.
FUSILAN TESTIGO DEL CASO VIERA
Jorge Galván Plaza (31), estaba detenido en la comisaría de Florencio Varela
en mayo de 2002, y fue uno de los testigos que contaron cómo la policía
torturó a Andrea Viera y su novio en esa dependencia, después que los
detuvieran por un robo al que eran totalmente ajenos. Ambos fueron golpeados
para que confesaran, y en el caso de Andrea los tormentos causaron su muerte
doce días después.
De los cinco policías procesados sólo una oficial femenina fue condenada por
tortura seguida de muerte, porque según los jueces "no alcanzaron las
pruebas" para responsabilizar a los demás uniformados. Y pese a la condena
a perpetua, autorizaron que la oficial Oviedo tuviera prisión domiciliaria
por razones médicas.
Galván Plaza apareció ayer muerto con un tiro en la cabeza al costado de un
camino de tierra, en Florencio Varela, cerca del Barrio Pepsi. Los
investigadores dicen que no parece una venganza policial por el tiempo
transcurrido desde el juicio. Es menos que el que había pasado cuando la
policía cordobesa fusiló a Sergio Raúl Pérez, testigo principal que permitió
condenar a un policía por el asesinato de Miguel A. Rodríguez, caso en el
que se condenó a 9 años de prisión al cabo Cruz, y se probó que mató a
Sergio como represalia por haber declarado contra el primer asesino.
LA "GARZONADA"
DE NODO50
Como saben nuestros lectores, la web de CORREPI está alojada en la Red La
Haine, que a su vez utiliza el servidor de Nodo50. El lunes 23 de abril Nodo50
bloqueó la publicación de noticias en La Haine, lo que afecta igualmente a
todos los integrantes de la Red. La medida fue represalia por la publicación
de unas caricaturas de mal gusto referidas a un miembro destacado de Nodo50,
colgadas por un colaborador de La Haine, y que fueron inmediatamente dadas
de baja por el colectivo de contrainformación con las disculpas del
caso cuando lo advirtieron.
Pese a ello, la autoritaria medida, que los compañeros de La Haine señalan que recuerda
a los cierres de periódicos y webs ordenados por el juez Garzón, sigue
vigente, de manera que hasta tanto se levante, o la Haine pueda mudarse a
otro servidor, la página de CORREPI (
www.correpi.lahaine.org)
no podrá ser actualizada, igual que las de los demás integrantes de la Red
La Haine.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 5 de mayo, 15:00, escrache a la comisaría
6ª de Palomar a 10 meses del asesinato de Jonathan "Tato" Mansilla. Salimos
de Bradley y Jufré, Villa Tesei.
En La Plata, escuchá
Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a
las 21:00 por Radio Futura, FM 90.5.