NO ES UN POLICÍA...
El policía José Damián Poblete que fusiló a
Carlos Fuentealba tenía dos condenas por tortura, esa práctica
sistemática estatal que jueces y fiscales maquillan llamándola "apremios
ilegales" o "vejaciones". No sólo estaba en libertad, sino que seguía en
funciones como policía a pesar de que junto con las penas en suspenso lo
habían inhabilitado. Además de las dos condenas (una firme, la otra
apelada en la Cámara de Casación) registra una serie de denuncias por
cuestiones personales como amenazas a su pareja, y más importante
todavía, es uno de los policías acusados por "abuso de armas" en la
jornada del 12 de abril de 1997 en Cutral-Co. Más claro: es uno de los
policías que disparó contra los manifestantes el día que mataron
a Teresa Rodríguez.
Como en tantos otros casos que nos cansamos
de denunciar sin que se conmueva la opinión pública -como sí ha ocurrido
en este caso-, el asesino es de carrera. Como el bonaerense Héctor
Eusebio Sosa, que mató en la Navidad pasada a dos jóvenes por la espalda
cuando debía estar exonerado por el homicidio en 1999 de Víctor "Frente"
Vital; como el federal Justo José Luquet, que fusiló a Marcelo Báez en
2002 pese a que estaba procesado por una causa fraguada en la que fue
luego condenado; como Lorenzo Colman, uno de los asesinos del Puente
Pueyrredón, que un año antes había fusilado al adolescente Oscar Maidana
en la Isla Maciel. Como Edgardo Russo, vinculado por casamiento y
amistades con la gran familia judicial, que siendo subcomisario mató al
inmigrante peruano José Llancari Núñez en 2000, dos años más tarde fue
encubridor en el homicidio de Luis Guzmán y terminó su carrera ascendido
a comisario. Como el comisario Espósito, asesino de Walter Bulacio, que
nunca fue echado de la policía, ni siquiera después de retirado por
propia voluntad, cuando ya hubiera sido meramente simbólico. O como el
fusilador del 20 de diciembre Ernesto Weber, también ascendido a
comisario como premio por los homicidios de Plaza de Mayo en 2001 y por
la represión a la Legislatura en 2004.
Muchos se rasgan las vestiduras
preguntándose cómo puede ser posible que esos antecedentes pasen
inadvertidos o se les escapen a los jefes del aparato represivo, con lo
que reducen la cuestión a una incomprensible serie de torpezas,
descuidos y negligencias que se resolverían con "mecanismos de control"
más aceitados o funcionarios más atentos y diligentes. El argumento
exculpatorio del poder político se cae por su propio peso: no es que
ignoren esos antecedentes, sino que es el perfil de policía que
necesitan para reprimir. Lejos de ser una traba para el ascenso, haber
estado en la represión de Cutral Co, de Plaza de Mayo, o tener uno o dos
gatillos impunes en su haber es parte del necesario curriculum para
avanzar en la carrera policial, por lo menos hasta que la cosa se hace
pública. Entonces, le sueltan la mano al ejecutor de su política y lo
señalan con el dedo como si las órdenes se las hubiera dado otro.
Lo vimos en acción cuando el subsecretario
de seguridad de Neuquén, Raúl Pascuarelli, salió a hacerle de abogado
defensor a Poblete, anticipando que "se trató de un error policial, pudo
haber tropezado, lo pueden haber empujado o puede haber recibido un
proyectil". Lo ratificó Sobisch al hacerse cargo de las órdenes, pero
"no de los excesos". Obligado por las circunstancias a abandonar al
sicario, bienvenida la tesis del exceso. "Excesos" que han matado 660
personas desde mayo de 2003 en todo el país, dicho sea de paso.
...TAMPOCO SÓLO UN GOBERNADOR
El repudio al asesinato de Carlos Fuentealba
ha sido unánime, desde todos los colores políticos e incluyendo al
gobierno nacional, que no va a perder la oportunidad, por sí o por sus
personeros, de pintarse la cara de defensor de los DDHH mientras de paso
saca de carrera un contendiente electoral. Con el incondicional apoyo de
la CTERA y la CTA, la primera respuesta oficial fue la conferencia de
prensa encabezada por Hugo Yasky y Horacio Verbisky, con el objetivo de
absorber y cooptar el conflicto neuquino para sí, ocultando que las
bases docentes neuquinas no responden a la entreguista dirigencia
nacional. Con la "pequeña ayudita de los amigos", como los organismos de
derechos humanos kirchneristas, Yasky ocultó también que la pelea docente
se extiende a Salta, La Rioja y Santa Cruz, donde la política de K no es
muy diferente de la de Sobisch a la hora de represaliar la protesta.
Así como pretenden nacionalizar bajo la
dirección de la burocracia de CTERA y CTA la lucha de los trabajadores, pretenden
provincializar la responsabilidad por la represión. Jugando de
federalistas, usaron cualquier argumento para sostener que la asesina es
la policía Neuquén, y que la represión la ordenó el gobernador. Quieren
hacer creer que hay un método represivo "malo", y uno disuasivo "bueno",
que es el de ellos.
También la derecha más franca entró en
crisis. El menemista Puerta y Macri tuvieron que romper el romance con
Sobisch, del mismo modo que el segundo se sacó de encima a Di Zeo, y
tuvieron que repudiar, haciendo eje en su caso en la calidad de la
víctima, al que pronto empezaron a mencionar como el "inocente maestro
asesinado" mientras se iba pacíficamente del corte. Nuevamente la idea de
"víctima inocente", que parte del presupuesto de que hay otras "culpables". Si
en lugar de un profesor de química luchando por una mejora salarial,
hubiera sido un piquetero, el "pecado original", el corte de ruta,
hubiera sido elevado a la categoría de justificación plena de la
represión. Quedó sólo Blumberg, más fiel, insistiendo en que "lo grave
es que se corten las rutas".
Pero, argumenten por derecha o por izquierda,
todos los que limitan la responsabilidad al poder político provincial, a
Sobisch y su "policía brava", al "fascismo" encarnado en el neuquino y
sus símiles Macri, López Murphy o Blumberg, o variantes por el estilo,
lo que hacen -lo digan o lo disimulen- es defender al gobierno nacional
con argumentos reduccionistas como "no son lo mismo", intentando
esconder que en definitiva, más allá de los matices y de sus internas,
Kirchner y Sobich representan y defienden los mismos intereses, los de
los explotadores.
No sólo Sobisch es el autor intelectual del
homicidio. El poder ejecutivo nacional, que se ha cansado de reprimir a
lo largo y ancho del país, y sólo por casualidad no produjo desde 2003
más que una muerte en una movilización popular (Luis Marcelo Cuéllar, en
Jujuy), también salió a bancar la represión en las rutas neuquinas. El ministro-candidato
Filmus justificó la represión diciendo que la lucha de los docentes no
domesticados por la kirchnerista CTERA fue una "provocación" impulsada
por un "grupo de troskistas" que decidieron cortar la ruta justo un fin
de semana largo. Hugo Yasky, bien calificado por una docente neuquina
como "ministro sin cartera" del gobierno nacional, habló del "método del
garrote de la dictadura", cuando el policía Poblete, nacido en 1972, no
había terminado la primaria en 1983. Aníbal Fernández confesó que "en
dos provincias (Salta y Neuquén) se nos dificulta el control de la
protesta". Se olvidó de Santa Cruz, donde la gendarmería controla
las escuelas, y de los centenares de protestas reprimidas en todo el
país que los medios silencian a cambio de publicidad oficial.
Cuando Víctor Choque y Teresa Rodríguez
fueron asesinados en Tierra del Fuego y Neuquén por fuerzas de seguridad
provinciales, la relación del presidente Menem y su partido con los
gobernadores Estabillo y Sapag no era muy diferente a la que hoy
sostiene Sobisch con el presidente Kirchner, como no lo era la relación
del gobernador Romero de Salta con el presidente De La Rua cuando
cayeron Barrios o Santillán. Kirchner y Sobisch, disputas intestinas
aparte, comparten intereses petroleros como han compartido actos y
tribunas cuando les conviene, y son corresponsables de la represión que
mató a Fuentealba.
Igual que la de los maestros neuquinos, no era
precisamente violenta la protesta de los ecologistas entrerrianos. Sin
embargo, Aníbal "el saturador" metió toda la Prefectura para impedir
cualquier tipo de "desborde", como les gusta decir desde los pasillos de
la Rosada a los eufemísticos represores. Claro que los robocops de los
ríos echaron a los garrotazos a los asambleístas y ya que estaban
detuvieron a dos de ellos.
No fue la policía neuquina, sino una fuerza de seguridad que depende
directamente de ejecutivo nacional la que encarceló a dos manifestantes,
apaleó a muchos y lesionó de forma importante a tres de ellos. Los
detenidos recuperaron la libertad a la noche, cuando Gualeguaychú estaba
cortando la ruta 14, la del Mercosur.
A la hora de justificar la represión, Aníbal
Fernández se responsabilizó sin vueltas, y al mejor estilo sobischista,
afirmó que "Con el puerto no se jode". ¿No será que con los negocios de la
empresa naviera no se jode?.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Casi al mismo tiempo que se confirmaba el fin
de la agonía del docente Fuentealba, un grupo de organizaciones populares,
entre ellas Quebracho, marcharon a la Casa de Salta y a un local
partidario del gobernador Sobisch para repudiar las represiones a
movilizaciones docentes de los pasados días. La policía federal detuvo 16
manifestantes, entre ellos 5 menores de edad, que fueron conducidos a la
comisaría 4ª, y luego trasladados a la dirección de investigaciones en
Magariaga y Gral. Paz.
Después del frustrado intento de allanar un
local de Quebracho invocando órdenes del Ministerio del Interior, fue
detenido en la vía pública su referente público, Fernando Esteche.
Liberados en el curso de la noche los menores, los restantes detenidos
fueron llevados en horas de la madrugada a los tribunales federales de
Comodoro Py, donde estaban previstas las indagatorias a partir de las
10:00.
El trato que recibieron allí los detenidos
mereció la denuncia de los organismos que asumieron su defensa, CORREPI,
Fidela y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pues primero fueron
mantenidos en el interior del camión de traslado al rayo del sol hasta las
11:00, y a partir de esa hora llevados al edificio, donde permanecieron
esposados, sentados o arrodillados, con la cabeza gacha y mirando el suelo
hasta que empezaron sus declaraciones cerca de las 18:00. A medida que se
los subía al juzgado del Dr. Ariel Lijo se los colocaba de a cuatro,
esposados a la espalda, con la frente contra la pared y siempre forzados a
mirar el piso. Faltaban los uniformes anaranjados para que pareciera
Guantánamo.
Sólo después de que los abogados de los
organismos se negaron a comenzar las indagatorias con los compañeros
esposados, autorizó el juez que se sacaran las maniolas, revelando en
todos los casos lesiones típicas.
A pesar de que los compañeros fueron detenidos
en distintos momentos y lugares, a todos se les imputó, como es costumbre
en estas detenciones masivas, el mismo conjunto de hechos, sin
individualizar la conducta concreta reprochada a cada uno. De allí que se
negaran a declarar, realizando en cambio la denuncia del maltrato recibido.
Como ya ha trascendido, el juez Lijo -el mismo que entregó a los presos
políticos paraguayos al gobierno represor de su país- denegó las
excarcelaciones, lo que será apelado el lunes por la defensa de los
compañeros.
Los organismos denunciaron asimismo la manera
insólita en que fueron impedidos por la policía a acceder al tribunal por
varias horas, y que una vez allí fueron confinados a un pasillo en el que
debieron permanecer en medio de un despliegue de fuerzas especiales de la
policía y el servicio penitenciario inusitado, máxime cuando por ser
feriado el edificio estaba vacío y el juzgado de Lijo era la única
dependencia funcionando. Así trata el "gobierno de los derechos humanos" a
los presos políticos.
ENTRAN POR UNA PUERTA Y SALEN POR OTRA...
SI SON POLICÍAS
El 2 de marzo de 1996 la mamá de Cristian Campos, apodado "El
Chavo", de 16 años, lo mandó a comprar pañales para su hermanita. Poco
después su cuerpo torturado, con seis disparos de Itaka y calcinado
apareció en un descampado cercano. Tres policías fueron detenidos cuando
volvían al día siguiente con más combustible y gomas de auto para terminar
de quemarlo. Las pericias indicaron que el pibe estaba todavía vivo cuando
lo prendieron fuego.
El sargento Eduardo Jurado y los cabos Jorge
Guiguet y Claudio Ciano fueron condenados a reclusión perpetua por
aplicación de tormentos seguidos de muerte, en una de las pocos fallos
aplicando ese delito en todo el país. El agente Marcos Rodríguez recibió
una pena de 15 años de prisión por el encubrimiento.
Menos de diez años después de la condena por
el delito más grave que registra nuestro ordenamiento penal, y el más
aberrante de los crímenes de estado, el
sargento Jurado recuperó esta semana su libertad. La razón, que la
sentencia no está firme pues en todos estos años la Corte provincial no
tuvo tiempo de confirmarla...
Como venimos diciendo a raiz del juicio por la
tortura seguida de muerte de Diego Gallardo, todo vale para avalar la
tortura. Si se puede, impunidad para los ejecutores, como en el caso de
Andrea Viera. Si no se puede, entonces no usan la figura de torturas, y
hablan de severidades o de apremios como en el caso de Jorge González o
Diego Gallardo. Si tampoco se puede, condenan por homicidio y no por
tortura como en el caso Rodríguez Laguens o por tortura y no por tortura
seguida de muerte como en el caso de Cristian Domínguez Domenichetti.
Finalmente, si todo les falla y tienen que condenar por tortura seguida de
muerte, la reclusión perpetua se convierte en unos diez añitos a lo sumo a
la sombra, con la excusa de que la sentencia no está firme.
Pronto se verá a Jurado haciendo seguridad
privada en beneficio de la tranquilidad pública de la ciudad feliz, como
cualquier buen funcionario público privado injustamente de su chapa.
EN ITALIA SE MATAN ENTRE ELLOS Y LO
APROVECHAN
En febrero pasado un oficial de policía,
Filippo Raciti, murió durante la represión a hinchas de fútbol luego de un
partido entre Catania y Palermo. Un joven de 17 años fue encarcelado como
autor del homicidio, acusado de haberle arrojado un trozo de metal que le
causó lesiones en el hígado y fracturas de costillas. El hecho fue
aprovechado para justificar una ola de mano dura y promover la sanción de
una serie de leyes represivas para espectáculos públicos, suspendiendo
incluso los partidos hasta que se pusieron en vigencia.
Sin embargo ahora se comprobó que la muerte
del policía fue causada por otro uniformado que retrocedió con el
patrullero sin mirar por el retrovisor y lo atropelló. Por las dudas el
muchacho igual irá a juicio, y las modificaciones legislativas represivas
hechas al amparo del escándalo por el supuesto crimen cometido por un
hincha seguirán aplicándose.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
El lunes 9 y el viernes 13, desde las
8:30, continúa el juicio oral a los torturadores y asesinos de Diego
Gallardo en Camino Negro y Larroque, Banfield (Tribunal Criminal nº 1,
sala del tercer piso).
En La Plata, escuchá
Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a
las 21:00 por Radio Futura, FM 90.5.