CORREPI - BOLETÍN
INFORMATIVO
Número 411 - 21 de enero de
2007
SUMARIO
1- La excarcelación fácil
2-
Estamos en Río Negro
3- Después de la denuncia, desembarco
K en Mendoza
4- De chorros con esvástica
5- Muerto el
perro, se acabó la adicción
6- Le llegó la mala al
"Mataguachos" de Fiorito
7- Próximas actividades.
LA
EXCARCELACIÓN FÁCIL
Una de las pruebas
contundentes de que el gatillo fácil es política de estado es
la conducta de jueces y fiscales que utilizan con igual
frecuencia, cuando de integrantes de las fuerzas de seguridad
se trata, la sentencia fácil. Los sobreseimientos y
absoluciones a su favor escandalizan por la habitualidad con
que fusilamientos por la espalda o balas en la nuca son
considerados "legítima defensa" en inexistentes
enfrentamientos, o la naturalidad con que se aceptan excusas
inverosímiles como armas que se disparan solas y balas que
doblan en mitad de su recorrido, o las invocaciones al "normal
rigorismo policial" frente a los golpes y hasta la tortura.
Recordamos aquel juez que dijo que la víctima, apaleada hasta
morir con el cráneo destrozado, "se puso en posición de ser
golpeado", porque sentado en una silla y esposado a la
espalda, insultó al policía que le pegaba. O el otro, que
calificó la conducta del policía que disparó a mansalva para
evitar que fugaran unos ladrones desarmados y mató a un padre
de familia que salía a la puerta con su hija, como "hecho
desgraciado". Claro que para eso están las cámaras de
apelación, para corregir esas barbaridades, como la que en ese
mismo caso, al confirmar el cierre de la causa, recalificó a
"fruto de la fatalidad".
Pero en pocos temas se muestra
en forma tan evidente que jueces y policías son dos brazos de
un mismo sistema como cuando se trata de excarcelaciones.
Nuestro país es de por sí hipócrita en la materia, con una
teoría que dice que la regla es que el procesado, salvo
razones bien puntuales de posibilidad de fuga o de
entorpecimiento de la investigación, debe esperar el juicio en
libertad, y una práctica judicial que demuestra, con un 80 %
de presos sin juicio ni condena, que la realidad es lo
contrario. De esa cantidad, sólo una mínima parte está presa
sospechada por delitos contra las personas. La mayoría son
delitos contra la propiedad. Salvo que sean ricos y famosos, o
policías.
La reciente excarcelación de todos los
implicados en el homicidio de Darián Barzábal, el pibe
fusilado en Los Hornos dentro de un patrullero, excepción
hecha del autor material del disparo, sólo confirma esa norma
no escrita. Se nos dirá que los excarcelados no fueron los que
dispararon. Es cierto. Fueron los que aportaron lo necesario
para que el hecho se consumara. Los que facilitaron,
encubrieron, colaboraron de manera indispensable, porque el
gatillo fácil o la tortura no son delitos individuales. Por
mucho menos nivel de participación, cualquier ladrón cuyo
compañero mata a alguien en un asalto va con pitos y cadenas,
como coautor del homicidio en ocasión de robo, aunque ni se
enterara del hecho porque estaba en la esquina haciendo de
campana. Es lo que llaman "comunicabilidad de los
resultados".
Una de las
realidades más silenciadas de la represión estatal es esta
facilidad excarcelatoria, que si se aplicara en igual medida a
civiles pobres dejaría las cárceles deshabitadas. Son tantos
los casos de policías (provinciales o federales) u otros
miembros del aparato del estado excarcelados por homicidios,
homicidios calificados, torturas, torturas seguidas de muerte
y otros delitos gravísimos que enumerarlos requeriría un
trabajo similar al del Archivo. Sólo como ejemplo, recordemos
a los homicidas de Héctor Otero, Leandro Bazán,
Alejandro Avalos, Daniel Brenta, Cristian Domínguez, Jorge
"Chaco" González, Daniel Sosa o Marcelo Bogado, varios de
los cuales aprovecharon la excarcelación para profugarse
llegado el juicio, o el día de la sentencia. Hubo
policías en su momento excarcelados, a pesar del
procesamiento por tortura seguida de muerte, en las causas Bru
y Durán. En este último, los dos beneficiados ya habían
estado prófugos y pese a ello se los excarceló. No se
presentaron al juicio. Al sargento Gastelú lo encontramos un
año después, el subcomisario Rojido sigue prófugo gracias a
los jueces. Bien claro es el caso de los 15
guardiacárceles de Magdalena, oportunamente detenidos la
víspera del primer aniversario de la masacre, cosa de
mostrar algún resultado ante la movilización popular, y
liberados a los pocos días. Ninguna de sus 33 víctimas
enfrentaba cargos de la misma gravedad, pero estaban
presos. Si se los hubiera excarcelado con la misma vara
que a sus asesinos, estarían vivos.
Seguramente
si Darián Barzábal no hubiera sido fusilado, estos
mismos jueces estarían hablando de peligrosidad
o probabilidad de fuga, y a él no lo excarcelarían, que
después la gente se queja de los "jueces garantistas" que
dejan a los delincuentes entrar por una puerta y salir por la
otra...
ESTAMOS EN
RÍO NEGRO
Tres compañeros de
CORREPI están en estos días en la provincia de Río Negro,
invitados por militantes antirrepresivos locales. En
Bariloche, además de participar en varios programas radiales,
están desarrollando, junto a los integrantes del Colectivo del
Alto, actividades de difusión en lugares públicos,
como volanteadas y mesas con materiales sobre temas
antirrepresivos en la puerta del Hospital Ramón Carrillo
y en las terminales de micros de la calle Moreno. El
martes se reunirán con familiares de víctimas de la represión
policial, y el miércoles con organizaciones Mapuches
represaliadas por su reclamo de conservar sus tierras
ancestrales. El viernes se realizará una jornada
antirrepresiva, de convocatoria abierta, el la escuela de arte
La Llave, y el sábado, en el mismo lugar, una jornada de
evaluación y balance del viaje.
Una de las familias
que está participando del Colectivo del Alto es la de Juan
Carlos Vazquez Jara, de 26 años, que estaba detenido en la
Alcaidía y apareció "suicidado" el 6 de junio de 2005. Su
condena había sido revisada, ya que había sido identificado
por las víctimas de un robo después de que la policía les
mostrara su foto indicándoles que ése era el delincuente.
Saldría en libertad al día siguiente, 7 de junio. En esos
últimos días en prisión había sido golpeado -lo confirma un
informe médico- y encerrado en el "buzón", por lo que había
interpuesto un habeas corpus. En la causa hay tres croquis
diferentes del lugar y forma en que se encontró el cuerpo, sin
acuerdo ni siquiera en cuanto a qué celda era. Se esperó mucho
tiempo que llegaran las fotos tomadas en el momento para
resolver el misterio, pero oportunamente, se velaron al
revelarlas. Con eso, el juez archivó la causa como suicidio
por ahorcamiento.
En el camino de
regreso, los compañeros se detendrán en Viedma, donde darán
una conferencia de prensa sobre la situación represiva en la
ciudad y en especial por el caso de david Moyano, muerto en la
Alcaidía local. Junto a su familia y un grupo de estudiantes
que está conformando una organización antirrepresiva, tendrán
contacto con familaires de otros casos, y realizarán una
actividad pública en el Centro Cultural La Salamandra. Por
último, el 30 de enero se hará otra actividad pública con
volanteada e instalación de una mesa en plaza San
Martín.
DESPUÉS DE LA DENUNCIA,
DESEMBARCO K EN MENDOZA
Ante la repercusión que adquirió
el caso de gatillo fácil de Jonathan Oros en Mendoza, que
denunciamos en el Boletín n° 410, la respuesta del gobierno
fue la fuerte presencia mediática de Luis Bordón, quien
dirige el Programa Nacional Antiimpunidad del ministerio de
justicia, en la provincia. El funcionario kirchnerista se
entrevistó con jueces y ministros de la provincia, y
anunció que todos le aseguraron garantías y desempeños,
verso que más de uno de los familiares de los ya
650 casos de gatillo fácil o muertes en cárceles o
comisarías ocurridos durante el gobierno de su jefe directo,
ya conoce, y sabe lo hipócrita que resulta.
Como lo reflejamos en nuestro Boletín
del 9 de abril de 2005:
"Desde marzo de 2005 Bordón fue
designado como asesor de gabinete del secretario general de la
Presidencia, Oscar Parrilli. Bordón trabajaba desde noviembre
en la Comisión Antiimpunidad creada por el Gobierno para
desarticular las luchas contra los responsables de la
violencia institucional. El decreto de designación fue
publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente
Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el
ministro del Interior Aníbal Fernández. Si bien el
nombramiento es en calidad de asesor de Parrilli, depende
directamente de K.
El vínculo de Luis Bordón con el
Gobierno viene de los primeros meses de la gestión de
Kirchner, cuando Gustavo Beliz era ministro de Justicia.
Bordón lo conoció en una audiencia a la que había ido para
acompañar a los familiares de las víctimas del doble crimen de
La Dársena, que conmocionó a la provincia de Santiago del
Estero. Bordón tuvo entonces un corto paso por la Comisión
Antiimpunidad, de la que se retiró casi de inmediato. Nunca se
entendió muy bien porqué.
Cuando lo convocaron por segunda
vez, con un llamado del secretario general de la Presidencia
Oscar Parrilli, Bordón ya era uno de los hombres de confianza
de Luis D’Elía, el titular de la Federación de Tierra y
Vivienda (FTV), con quien trabajó políticamente hasta hace un
mes. Como en el caso de D´Elia, que sirvió de cuña en el
movimiento piquetero para denostar a aquellos que no eran
"oficialistas", Bordón hace lo propio con las víctimas
del Estado a quienes "melonea" para evitar que promuevan
acciones contrarias al gobierno. Ofreciéndoles subsidios,
bonificaciones o poniéndoles abogados del sistema, lo que hace
el llamado "Programa Nacional Antiimpunidad" es retrasar la
conciencia y fundamentalmente anestesiar el espíritu de lucha
de las víctimas de la represión estatal."
En el
acto oficial del 25 de mayo del año pasado, se vio a
Luis Bordón efusivamente saludado por el gobernador
Solá, seguramente conmovido por los 25 micros de gente
que aportó desde su terruño de Moreno.
Una vez lograda la consabida foto con el
padre de Jonathan para los medios, dijo Bordón: "Los
familiares de las víctimas tenemos dos ejes de reclamo, el de
justicia en base a la verdad y el de que no se repita nunca
más. El trabajo fundamental del programa antiimpunidad, aparte
de acompañar a los familiares en el reclamo de justicia, es
hacer diagnóstico, encontrar los patrones que producen la
impunidad y a partir de ese diagnóstico fijar políticas que
garanticen que no vuelva a ocurrir". Traducido, significa
fijar políticas que garanticen la impunidad y la legitimación
del poder represivo del Estado.
DE CHORROS CON
ESVÁSTICA
Hay dos verdades que ningún gobierno pudo
desmentir, ni siquiera el actual, tan preparado para las
operaciones de maquillaje: 1) Que los policías, aun sin contar
los delitos que cometen en "cumplimiento del deber", tienen un
índice de criminalidad que supera el de cualquier otro
sector social. 2) Que no hace falta que los educara Camps, ni
que hayan servido durante la dictadura, para que su ideología
individual sea compatible con la tarea que deben cumplir para
el estado. Esta semana dos "botones de muestra" lo confirman.
Un teniente de la bonaerense tomó un taxi en el centro
de La Plata. Ni bien subió, sacó su arma, la cargó
y propuso al chofer salir a robar estaciones de servicio,
repartiendo el botín "mitad y mitad". Quiso la mala
suerte del poli-chorro que el taxista no fuera también
policía, gendarme o cosa parecida, caso en el cual el acuerdo
hubiera funcionado y hoy estarían allanando alguna villa
buscando a los peligrosos delincuentes, y pidiendo más
presupuesto para la policía. En lugar de eso, el chofer hizo
luces a otro colega, haciéndole saber que estaba en problemas,
por lo que al poco rato el taxi fue cercado por un
operativo policial, que una vez detenido el auto no tuvo más
remedio que detener al camarada cuentapropista. Quedó imputado
por "privación ilegal de la libertad y coacción". Su
identidad fue reservada, como suele suceder. ¿Ya lo habrán
excarcelado, o quedará para la semana que viene?
El otro episodio tuvo más repercusión. El
diario Clarín, a raiz de una serie de notas sobre la facilidad
con que símbolos nazis pueden ser adquiridos en Buenos Aires,
entrevistó al presidente del club motoquero Los
Tehuelches, que posó para la foto orgulloso junto a su Harley
Davidson "low rider", su chaleco de cuero con una
esvástica clavada, y una pistola Magnum .357. La sorpresa del
cronista fue que, además de un motoquero nazi, estaba
entrevistando al oficial Gatto de la bonaerense, con destino
en La Riestra. Durante la charla apareció un segundo afiliado
del club, también policía, de General Rodríguez. Nada que
sorprenda a los que recordamos el ataque de la banda nazi,
comandada por el hijo de un comisario, que sufrió
CORREPI en el Parque Rivadavia durante el recital por el
quinto aniversario de la muerte de Walter Bulacio.
Apenas el diario estuvo en la calle, el
ministro Arslanián salió sin peinarse a anunciar la
exoneración, aunque no se supo que se preguntara de dónde sacó
el joven Gatto (27) los diez mil dólares para comprar esa flor
de moto. Se los habrá prestado su papá, humilde boletero de
tren y militante del PJ en Chivilcoy. Tampoco pudo confirmar
CORREPI que Gatto y su amigo, ambos de menos de 30 años,
fueran de los tan nombrados 9.000 y pico de policías
ingresados antes de 1983, con cuya exoneración, como con Coca
Cola, dicen que todo irá mejor. ¿Cuándo se van a avivar que es
ser policías lo que los hace nazis, porque la función hace al
órgano?.
MUERTO EL PERRO, SE ACABÓ LA
ADICCIÓN
Todas las muertes que causa el estado nos
hacen crecer el odio, ese odio sano y fortalecedor que nos
permite no equivocarnos cuando señalamos al enemigo y que
nos empuja en la lucha. Pero en algunos casos, el odio viene
acompañado de una rabia tremenda, como cuando nos enteramos lo
que le hicieron a Germán Medina, de 16 años.
Germán era
adicto. Aspiraba pegamento, la droga de los pibes pobres.
Su causa tutelar quedó a cargo de un juzgado federal de
Morón. Sus padres, que comprendían la gravedad de la
adicción, le pidieron que lo internara en alguna
comunidad terapéutica de régimen cerrado. Lo mandaron al
Instituto Roca, uno de los siete institutos de menores
que dependen del Consejo Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia. Un instituto con régimen penal,
que honra el nombre del represor que lleva. Allí le pasó algo,
que por miedo, pudor o ambas cosas no quiso contar a su padre,
aunque las marcas de golpes eran evidentes. Al mes y medio
llegó el traslado a una granja terapéutica, pero de régimen
abierto.
Como sus padres lo imaginaron, al poco tiempo
Germán se escapó y volvió a su casa. Lo llevaron de nuevo al
juzgado, suplicaron que lo internaran en un lugar adecuado a
su cuadro, pero otra vez fue a la misma granja. Para las
fiestas, otra vez Germán apareció en su casa. El señor Medina
y su esposa no dudaron y volvieron al juzgado con su hijo. El
estado, entonces, decidió tomar el toro por las astas, y lo
internó de vuelta en el Instituto Roca, a pesar del
antecedente que constaba en el juzgado, y a sabiendas de
que en un instituto de régimen penal no se puede encarar
la rehabilitación de un pibe tan vulnerable. Ingresó poco
antes de año nuevo, directo a la celda de
aislamiento.
El 11 de enero de 2007 Germán Medina, que ya había
cumplido 17, apareció ahorcado en el buzón. El estado se
ahorró el costo del tratamiento. Los Medina ya no tienen un
hijo adicto. Tienen un hijo muerto. Muerto el perro, se
acabó la rabia, dicen los que no saben. La familia,
además de dolor, tiene mucha rabia. Ahora es visitada a
toda hora por funcionarios del Consejo del Menor y de
Asistencia a la Víctima -los mismos que no hicieron nada
antes-, que vienen en tropel a ofrecerles contención,
apoyo psicológico y vidrios de colores para asegurarse de
que no hagan lío. Un consejo al Consejo: no se molesten más.
Los padres de Germán son pobres -si hubieran sido
ricos, hubieran podido pagar una internación privada-
pero son conscientes. Ya se presentaron como querellantes en
la causa penal, que acaba de pasar de la justicia ordinaria a
la federal, con patrocinio de abogados de CORREPI. Más
para el prontuario del "gobierno de los
DDHH".
LE LLEGÓ LA
MALA AL "MATAGUACHOS" DE FIORITO
El 3 de junio
de 2003 Matías Bárzola, de 17 años, caminaba por la calle
Recondo de Villa Fiorito con dos amigos. Desde un auto le
dispararon. El tiro entró por la parte de atrás de su cabeza,
debajo de la oreja. Los otros dos chicos salieron
corriendo.
Cuando su
mamá, Estela, se acercó a CORREPI, nos contó que estaba segura
que el asesino era el "Oso" Peloso, un policía exonerado
de la bonaerense, que aunque tenía un almacén a pocas cuadras
del lugar, era conocido porque actuaba informalmente como
policía, acompañando a la brigada de calle o directamente
actuando como "escuadrón de la muerte" unipersonal. Poco a
poco se fue cerrando el círculo de indicios. Una vecina la fue
a ver a Estela y le contó que tres meses antes que mataran a
Matías, su hijo, Jonathan, había recibido un disparo en el
glúteo. Ella fue a la comisaría esa noche, y la atendió un
hombre alto y canoso, de civil pero con el arma en la cintura,
que se presentó como el "Mataguachos", y le pidió disculpas
por haber baleado al pibe. "El que yo buscaba era Barzolita",
le dijo. Era José Ramón Peloso.
Los dos pibes
que acompañaban a Matías estaban aterrados y no querían
hablar. "Matías tenía carta blanca, tarde o temprano
el viejo Peloso lo iba a matar" fue lo más que se animaron a
decir. Estela pasó tres años caminando el barrio,
buscando testigos, averiguando, mientras los abogados de
CORREPI rastreábamos los antecedentes del "Mataguachos".
Varias causas por homicidio, todas sobreseidas por legítima
defensa, con el aporte inestimable de la comisaría 5ª de Lomas
(Fiorito), el segundo hogar de Peloso. Para fin de 2004 no
teníamos dudas de la autoría. Empezaron los escraches. En cada
uno, siempre algún vecino o vecina se nos acercaban a darnos
un dato más, un nombre, una fecha.
En el último,
la casa de Peloso quedó cubierta de consignas antirrepresivas
y señalando que ahí vivía un asesino. A la semana nos
enteramos que se había mudado, porque ya nadie le hablaba en
el barrio y, a pesar de la falta de laburo, no encontraba
quien agarrara la changa de pintarle de blanco el
escrachado frente. Al calor de la movida, los testigos se
fueron animando. Uno a uno fueron pasando por la fiscalía, y
el silencio se conviertió en acusación frontal y directa.
Algunos hasta contaron que en los primeros meses Peloso los
visitaba, para recordarles que si había preguntas, tenían que
decir que a Matías lo habían matado para robarle las
zapatillas, no que fue él. Tampoco se libraron jueces y
fiscales de los escraches, que incluyeron el corte total del
cruce de Camino Negro y Larroque en más de una
ocasión.
Párrafo
aparte para la constancia y decisión de Estela Velázquez, que
no dejó una semana sin ir a la fiscalía "a molestar", como
ella dice con razón, mientras hacía banderas, iba a las
marchas con sus otros hijos y su marido, y le enseñaba a las
mamás de casos más recientes cómo encarar en tribunales sin
dejarse ningunear y cómo caminar el barrio. Una verdadera
demostración de que en estas causas no es el trabajo
profesional, por bien que se haga, el que define, sino la
movilización popular y la intervención consciente de quien
deja de ser simple "víctima" para convertirse en
protagonista a través de la
militancia.
A mediados de
diciembre la buena noticia fue que estaban allanando la casa
de Peloso, y que lo habían detenido. La semana pasada el
juez de garantías aceptó el pedido del fiscal de convertir en
prisión preventiva su detención, por el homicidio de Matías.
El "Mataguachos", en su indagatoria, contó que estaba
trabajando como contratado del municipio de Ezeiza en el
Comando Patrullas, haciendo rondas armado en un móvil. Tomen
nota los que cada tanto se preguntan adónde van los policías
exonerados. También se declaró inocente, y dijo que la culpa
de su prisión la tienen la familia Barzola
y CORREPI. En esto, tiene razón.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 22 de
enero, 16:00, concentramos en Plaza Moreno, y a las 17:00 en
la estación Paso del Rey, para marchar a la comisaría 5ª de
Moreno, donde fue apaleado hasta provocarle la muerte Gabriel
Alejandro Mura.
12 de febrero, 9:00, comienza el juicio
oral al oficial Cristian Solanas por el asesinato de Rodrigo
Corzo. San Martín 123, Morón.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional
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