Una persona fue secuestrada y estuvo privada ilegalmente de su libertad durante dos días por razones políticas. No hace falta abundar en adjetivos ni usar frases rebuscadas para expresar la gravedad del hecho, que trasciende todo tipo de especulaciones o conjeturas, y repudiarlo.

 

Sea porque el gobierno advirtió la gravedad de la desaparición, o porque como dijo Felipe Solá al diario Clarín "Es de los nuestros; milita con nosotros" en referencia a que Luis Gerez es peronista y pertenece al Movimiento Evita, a diferencia de lo ocurrido cuando desapareció Jorge Julio López, hubo una rápida reacción oficial. El presidente Kirchner  y el gobernador Solá, junto con el jefe de gabinete y el ministro del interior, suspendieron toda su agenda y se abocaron, otra vez en sus propias palabras, a coordinar el operativo de búsqueda con la intervención de todas las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Lo que no pudo ocultar la fuerte presencia de funcionarios de toda jerarquía en las movilizaciones en Escobar es que el método usado contra el señor Gerez no es nuevo en Argentina. Lo ocurrido con Gerez ratifica lo que venimos denunciando desde hace tiempo: La amenaza, la intimidación, el ataque físico, llegando al grado extremo del secuestro y la tortura, es una metodología habitual del aparato represivo del estado usado contra los pobres no organizados y contra los militantes de izquierda, que viene en franco y sostenido avance, de la mano de definiciones gubernamentales como "terroristas sanitarios" o "izquierda siniestra" para referirse a trabajadores en huelga o a los que no compartimos los palcos oficiales. La bolsa que le pusieron a Gerez en la cabeza no es diferente de la "bolsita" que padece diariamente cualquier detenido en cualquier comisaría. Ninguna de las muchísimas ocasiones en que ese método fue aplicado a los trabajadores y el pueblo -el secuestro del compañero Ramiro de HIJOS, la patota mandada por el jefe de gabinete al Hospital Francés, los ataques al delegado de Coca Cola Omar Rombolá y al dirigente ferroviario Sobrero, por mencionar sólo algunos casos recientes- motivó una alocución presidencial por cadena nacional, como tampoco lo motivan el accionar de los escuadrones policiales de la muerte en los barrios ni los centenares de masacrados por los servicios penitenciarios en cárceles como Magdalena. Por el contrario, el "gobierno de los DDHH" es el autor y ejecutor de esa política de estado. No es entonces "la metodología del terrorismo de estado que quiere volver" sino la metodología actual, cotidiana y creciente de un estado represor.

El secuestro -felizmente resuelto en este caso con la aparición de la víctima- también ratifica el rotundo fracaso, se lo mire por donde se quiera, de la línea argumental sostenida por ideólogos oficiales en un arco que va desde Horacio Verbitsky hasta Hebe Pastor de Bonafini, de que sería posible cambiar el perfil del aparato represivo del estado "depurando" o "transparentando" las fuerzas de seguridad, "limpiando la cloaca", echando las "mafias enquistadas" o los "resabios de la dictadura". Con más de 4.000 exonerados y prescindibles en los pasados dos años, y un sinfín de “cursos de DDHH” a las fuerzas de seguridad, las desapariciones, los secuestros, las torturas y demás vejámenes son un método cada vez más frecuente para el estado kirchnerista. El mismo Verbitsky, actuando como consejero presidencial, tuvo que llamar la atención sobre la “ceguera” de las fuerzas represivas estatales (entiéndase participación y/o colaboración) que fue imprescindible para que el secuestro de Gerez se pudiera realizar.

 

Sin embargo, en su discurso por cadena nacional del viernes, Kirchner insistió en esta mentirosa tesis, hablando de "mano de obra desocupada", de "accionar mafioso", y llamando a sus fuerzas armadas y de seguridad a "recomponerse", (...) evolucionar y comprometerse en el respeto a los DDHH". Notable. Quien así exhorta a policías, gendarmes, prefectos, servicios de inteligencia, militares y servicios penitenciarios, como si hablara de perfectos extraños, es su jefe. Quien reclama celeridad a la justicia, como si los jueces fueran un poder independiente, y no parte del aparato represivo del estado, es su jefe. Quien pide cárcel común para los genocidas, es el que firmó el pliego de ascenso del comisario Ernesto Weber, asesino del 20 de diciembre. Quien dice hoy que apoya los juicios a los genocidas, es el mismo que eligió como jefe de la policía federal al comisario Vallecca, que nos reprimió el 9 de septiembre de 1998 durante el escrache a Etchecolatz. Quien dice hoy que el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho son la misma cosa, es el que en plena dictadura publicó una solicitada junto a su esposa, agradeciendo al gobierno militar que garantizara el estado de derecho.

Esa es la dirección política del aparato represivo del estado que nos mata un pibe día por medio con el gatillo fácil o la tortura, que ocupa militarmente Las Heras, que persigue, secuestra y tortura militantes, que los mete presos. Usted, presidente Kirchner, es la dirección política de los represores, secuestradores y torturadores. No se quiera hacer la víctima de su propia tropa.

El 6 de diciembre, en Misiones, desapareció David Gómez, de 18 años.  Se había despedido de su madre antes de salir a la escuela. A la noche, festejaban un cumpleaños con sus amigos, que aseguran que estuvieron con él hasta las 4 o 5 de la mañana del jueves, cuando de pronto desapareció. Poco antes la policía había pasado dos veces frente a los adolescentes. El 8 de diciembre el adolescente apareció colgado en un pinar. El cuerpo tenía sangre y signos de haber recibido una golpiza. Su familia culpa a la policía de la muerte y exigió una segunda autopsia, aunque la cámara de frío de la morgue (inaugurada hace un mes y medio) no anda, dicen que el cuerpo se descompuso.

Calixto Gómez, el padre de David, denunció que el cuerpo de su hijo tenía hematomas, golpes en los testículos y restos de sangre, además de otras heridas sangrantes, lo que le dio la pauta que el joven fue castigado antes de su muerte. Todo indica que David fue confundido con un vecino, de su edad y su mismo nombre, al que la policía había amenazado de muerte hace poco.

El 19 de diciembre, en Córdoba, el sargento primero José Nicolás Arce baleó a un chico que esperaba el colectivo en una plaza. Aparentemente hubo una pelea entre dos grupos de jóvenes, y cuando el menor corrió hacia el policía buscando ayuda, éste desenfundó y disparó tres veces. Una de las balas dio en la frente de Lucas García, de 16 años, quien permanece en coma y conectado a un respirador artificial en la terapia intensiva del Hospital de Urgencias, sin mayor esperanza de recuperarse. El policía está detenido.

 

El 21 de diciembre un policía neuquino de 22 años, integrante del "nuevo cuadro", es decir, de la purgada y seleccionada "nueva policía", mató de un tiro a su mujer Verónica Mayor, de 19 años, delante del hijo de ambos, de 3 años.

 

La excusa del policía, cuya identidad fue reservada por el gobierno provincial, fue que estaba practicando cómo desenfundar el arma ya que se había fabricado una nueva cartuchera "muslera" para sacar el arma más rápido. De acuerdo con la autopsia, la bala calibre 9 milímetros disparada por la pistola reglamentaria del agente ingresó por la comisura labial derecha y salió por debajo de la oreja izquierda, seccionando una arteria. Está detenido por homicidio simple.

En la madrugada del 25 de diciembre, en Corrientes, se produjo la muerte por ahorcamiento de Carlos Duarte, de 25 años, alojado en una celda de aislamiento de la Alcaldía de San Cayetano. El interno estaba procesado, y por razones que se ignoran lo llevaron al "solitario", pieza de 2 por 3 sin mueble alguno.

 

El sábado 23 de diciembre Rosa Yamila Gauna, de apenas 15 años, fue detenida y alojada en la Comisaría de la Mujer, por infracción al Código de Faltas de la provincia. O sea, no se le imputaba delito alguno, sino alguna contravención de esas que sólo existen para que la policía pueda detener personas arbitrariamente.

 

Minutos después de la detención, según el personal policial, un fuerte olor a humo comenzó a emanar desde la "sala de alojamiento" donde fue encerrada. La nena sufrió quemaduras en el 90 % del cuerpo, y está internada en estado desesperante. La detención no había sido comunicada al juez de menores de turno, y hay indicios de que la quemaron viva para ocultar algún tipo de abuso al que fue sometida en la comisaría. Va de suyo que el código de faltas no es aplicable a menores de edad. Pero para eso existen esas normas, para "justificar" detenciones ilegales, aun respecto de los que no deberían siquiera ser alcanzados por ellas.

 

 

Martes 12 de enero, 18:00, marcha en Talar de Pacheco, a 10 años del asesinato impune de Maxi Maidana por la bonaerense. Concentramos en Panamericana y ruta 197.