CORREPI - BOLETÍN
INFORMATIVO
Número 406 - 17 de Diciembre de
2006
SUMARIO
1- Archivo 2006
2- Denunciamos a Su
Majestad Británica
3- De la otra vereda
4- ¿Y esto,
Chávez?
5- Libertad a los presos políticos
paraguayos
6- ¿Aporte
a la "reinserción laboral" de los presos?
6- Próximas
Actividades
ARCHIVO
2006
2114 muertos desde 1983. 635 en los 42 meses
de gobierno K. 174 desde que estuvimos, hace un año, en Plaza
de Mayo presentando el Archivo 2005. Gatillo fácil, torturas,
desapariciones. Son hechos, no opiniones. Es una persona,
preferentemente varón, joven y pobre, asesinado por el aparato
represivo del estado día por medio.
Policía federal,
policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicios
penitenciarios, "vigiladores" privados, militares. Esos son
los autores. Es decir, el estado. Dos tercios de las víctimas
tenían entre 15 y 25 años. El gatillo fácil y la muerte en
cárceles y comisarías representan, desde 2003, el 88 % del
total, "empatadas" como las modalidades represivas más
frecuentes. Aunque casi la mitad de los hechos ocurrieron en
la provincia de Buenos Aires, la incidencia de los casos en
relación a la población coloca a la provincia de Santa Fe y a
Catamarca por encima de Buenos Aires, seguida por
Córdoba, Mendoza, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires con
índices muy similares por millón de habitantes.
Este año, antes del
acto en la Plaza, nos concentramos en Retiro y marchamos a la
Secretaría de DDHH de la Nación, en la calle 25 de Mayo 544.
No pudimos siquiera ingresar a la cuadra en cuestión, ni los
periodistas que desde Plaza de Mayo intentaron acercarse por
la otra esquina pudieron hacerlo. Dos
sólidos "tapones" de varias filas de uniformados cerraban
herméticamente el paso. El gobierno sabía que CORREPI no iba a
pedir una entrevista con sus funcionarios ni a llevar un
petitorio para que nos hicieran bonitas promesas de
"investigar hasta las últimas consecuencias". Íbamos a
escracharlos, a señalar que buena parte de la impunidad
de los represores se cocina en esas coquetas oficinas, donde
se elabora el discurso oficial sobre derechos humanos y
se implementa la política de cooptación de víctimas y
familiares de víctimas, en la permanente búsqueda de consenso
y relegitimación institucional.
De espaldas a la
Secretaría, desde cuyas ventanas se asomaba más de una cara
conocida -funcionarios pertenecientes a organismos de DDHH que
hoy son parte del aparato de propaganda oficial- la compañera
Micaela Corzo, hermana de Rodrigo, asesinado por la
bonaerense, leyó un texto redactado por el equipo de
familiares de víctimas de la represión estatal, que desnudaba
la realidad represiva en Argentina hoy, y destacaba el rol
legitimador de esa política que cumplen organismos como la
Secretaría que encabeza Eduardo Luis Duhalde.
Como no pudimos
atravesar la calle 25 de Mayo para ingresar por allí a Plaza
de Mayo, debimos dar un rodeo que aprovechamos para
escandalizar un poco a los turistas que hacían compras en la
calle Florida, que no encontraban en sus guías y folletos
alguna explicación a las consignas que cantaban a voz en
cuello los compañeros, señalando que la policía de gatillo
fácil de Kirchner mata y tortura, como en la dictadura.
Una vez en la Plaza
de Mayo, el escenario fue ocupado por familiares de
pibes asesinados por las fuerzas de seguridad, desde los que
ya llevan más de una década y media de lucha, como Estela
Rivero, mamá de Marcelo, asesinado en 1989, o la abuelita y la
hermana de Walter Bulacio, hasta los casos más recientes como
Omar, el papá de Jonathan Mansilla. Entre ambos extremos, los
familiares de Rodolfo Ríos, Rodrigo Corzo, Miguel Da Silva,
Gabriel Mura, Héctor Otero, "Nuni" Ríos, Diego Gallardo, Jorge
"Chaco" González, Matías Barzola, Maximiliano Miño,
Maximiliano Maidana, Carlos Uñates, "Choco" Cabrera, Damián
Blanco, Karly Villarreal. Se fueron leyendo las adhesiones, y
luego los compañeros Nicolás Espósito y María del Carmen Verdú
hablaron en representación de CORREPI, desarrollando los
objetivos que perseguimos al elaborar el Archivo, y las
conclusiones a las que llegamos a través del análisis de los
datos recopilados.
"Afirmamos que la represión es una política de
estado, porque no se trata meramente del accionar de las
fuerzas de seguridad, sino de una política coherente y
sistemática en cuya gestión intervienen todos los poderes del
Estado", dijimos al comienzo, para concluir que
"El
objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de
su presentación pública cada año, no es entonces contribuir a
un lamento por la creciente cantidad de pibes muertos, sino
aportar al análisis de la situación que vive nuestro país,
contribuir a formar conciencia popular, e insistir en la
necesidad de organizarnos contra la represión, que adopte la
forma que adopte, siempre es de clase y tiene el fin de
perpetuar y profundizar la
explotación".
Sucesivamente ocuparon el escenario los compañeros
de la Comisión Interna del Hospital Francés, de la
Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Coordinadora
por el Boleto, Claudia Ferrero de APEL, Pablo del Frente
Antirrepresivo de Mar del Plata, Susana del Colectivo del Alto
de Bariloche y Vasco Baigorri del Colectivo Nosotros de
Misiones. Finalmente, en la voz de Micaela Corzo nuevamente y
de Delia Garcilazo de Ríos, cerraron los familiares. Los
textos de las intervenciones estarán en breve disponibles,
junto a las fotos de la actividad, en nuestra página www.correpi.lahaine.org.
Fue importante la concurrencia, tanto en el
escrache como en la Plaza, de las organizaciones populares que
no compran el falso discurso de los DDHH del gobierno.
Estuvieron presentes con sus banderas la Comisión Interna de
trabajadores del Hospital Garrahan y del Hospital Francés, el
Movimiento 29 de Mayo, la FTC, el MTR-Cuba, el MTR 12 de
Abril, el MTR La Dignidad, el Mov. 26 de Junio, APEL, CEPRODH,
UADH, la agrupación Norberto Blanco, Fogoneros, la
Coordinadora Antirrepresiva Oeste, HIJOS, CEEMPA,
Pañuelos en Rebeldía, el PCT, el PO, entre otros. A todos
ellos, y a los compañeros que individualmente se acercaron,
especialmente a los que viajaron desde Rosario, Mar del Plata,
Misiones, Bahía Blanca (familia Villarreal) y Bariloche, les
agradecemos su participación. Sabemos que no son tiempos
fáciles para quienes señalamos que éste es un gobierno que
explota y asesina al pueblo.
Quienes deseen recibir por mail el texto, gráficos y
presentación del Archivo pueden solicitarlo a http://by108fd.bay108.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=DBA9E593-E754-484B-BDAA-48B4495EBC45&start=0&len=45406&src=&type=x&to=correpi@fibertel.com.ar&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=00000000-0000-0000-0000-000000000001&a=db7d48f40f3e337c65e014c3e1622089de231e01b0326190ceffbd74742c12be.
DENUNCIAMOS
A SU MAJESTAD BRITÁNICA
El 27 de enero de
2001, José Rodolfo Toledo, joven vecino del Barrio
Rivadavia, fue interceptado por una comisión policial que
le ordenó descender del automóvil en el que viajaba y lo
obligó a tirarse boca abajo en el
pavimento. Estando acostado boca abajo en el piso,
el cabo de la federal Pablo Marcelo Domínguez le puso el pie
en la espalda, y disparó su arma reglamentaria, hiriéndolo
en la pierna derecha. El 28 de septiembre de 2004
Domínguez fue a juicio oral. El juez Correccional Omar
Facciuto lo condenó a un año de prisión en suspenso y dos
años de inhabilitación especial para portar todo tipo de armas
de fuego por las lesiones a Toledo.
Un año
más tarde el ya ex policía, con una condena firme, fue
contratado por la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña, y
no como personal diplomático. El condenado e inhabilitado para
portar armas trabajaba como personal de seguridad de la
embajada de Su Majestad. Dado que no es verosímil que no le
pidieran un certificado de antecedentes, es de suponer que ser
un "gatillo fácil" convicto fue tenido en cuenta como rasgo
positivo a la hora de contratarlo.
CORREPI se enteró de la situación a
través de un informe que pedimos a la Cancillería
argentina cuando ya hacía más de un año que Domínguez había
resuelto su problema laboral. Formulamos ante la Corte Suprema
la denuncia contra el embajador británico John Hughes, el
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Taiana y el propio
Domínguez, por el delito de desobediencia a condena
judicial.
Parece que a los gobiernos de Kirchner y
Blair no sólo los hermana el servilismo al amo yanqui: también
se ocupan juntos de paliar el desempleo de los policías
exonerados. Claro que, enterados por las actuaciones
judiciales de que nos enteramos, lo primero que hicieron fue
despedir a Domínguez, que ahora busca otra changuita, si es
posible con el mismo sueldo de dos mil y pico de pesos que
tenía en la embajada pirata.
DE LA OTRA
VEREDA
Están definitivamente en la otra vereda. Y
cuando decimos que están en la otra vereda significa que están
del lado de la represión. El martes 19 de diciembre,
a 5 años de la insurrección popular que
derrocó al gobierno de la Alianza, la Secretaria de
Seguridad Interior organiza un seminario junto a la APDH,
el CELS, SERPAJ y ABUELAS de Plaza de Mayo, en el marco
del proyecto sobre Control del Uso de la Fuerza en Grandes
Manifestaciones y Mejoramiento de Prácticas en materia de
DDHH. Participan la Academia de Policía de los
Países Bajos y la Casa de Ana Frank de Holanda, con el
auspicio de la Embajada de los Países Bajos.
Es decir que estos señores se juntarán
a la sombra de Aníbal Fernández, de la niña Zorreguieta y la
familia de Orange, para discutir cómo deben planificarse
las represiones a manifestaciones en Argentina. Entre los
oradores, además de milicos de la Gendarmería y de la Policía
Federal, miembros de "organizaciones de derechos
humanos" expondrán frente a represores de elite para
enseñarles como deben lanzar gases o pegar palazos "dentro
de los estándares de respeto a los derechos
humanos".
Buscan encontrar la "medida" adecuada
para que la represión no se extralimite de los marcos de la
"democracia". A eso contribuyen estos organismos, no ya
limitados a legitimar la represión, sino para
aconsejar y buscar "políticas de consenso". Determinarán
quizás hasta el nivel de toxicidad permitido en
los "agresivos químicos" que usen para asfixiar
manifestantes, o el grosor adecuado del palo con que te
pegarán, señalando además el lugar anatómico más
conveniente para dejarte un chichón menor.
Es la misma política de los
"organismos" que en diciembre de 2002 exigían al
entonces ministro del interior duhaldista que los policías que
iban a hacer la "seguridad" en el acto del 20 de diciembre
tuvieran cada uno la plaquita identificatoria con su
nombre y grado. Así no te pegaba un policía anónimo. Se
ofendieron cuando CORREPI los denunció por ponerse del
lado del enemigo. Que se vuelvan a ofender.
¿Y
ESTO, CHAVEZ?
La noticia apareció en InfoBAE,
que está claro qué ideología y qué negocios
defiende. Sabemos que uno de los enemigos más acérrimos del
gobierno de Hugo Chávez son los medios de comunicación que
responden, sistemáticamente, a la embajada yanqui, y que
cumplieron un rol activo en el golpe de estado abortado de
abril de 2004.
La noticia tiene su fuente en una ONG
de la que CORREPI desconoce toda filiación, aunque sí
sabemos que muchas "organizaciones de la sociedad
civil" en América Latina responden a los intereses del
departamento de estado yanqui y son sostenidas
económicamente por fundaciones nada inocentes como
la Ford.
Pero lo cierto es que se denuncia que
durante el año 2006 se registraron en Venezuela 169 casos de
asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad venezolanos. El
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea) afirmó que de los 169 casos de fallecimientos en los
que estuvieron implicados integrantes de los cuerpos de
seguridad, 140 correspondieron a "ejecuciones", 11 a "uso
excesivo de la fuerza", 9 a "uso indiscriminado de la fuerza",
7 a "torturas o tratos crueles", y 2 por negligencia.
Hace unos años, CORREPI tuvo una
reunión con Mayerling Rojas Villasmil, Secretaria de
Derechos Humanos de Venezuela, que deseaba conocer nuestro
trabajo. La funcionaria chavista nos dijo que la
mayoría de casos de ejecuciones extrajudiciales en su país
correspondían a policías dependientes
de gobernaciones en manos de la oposición. Para CORREPI
eso no era excusa. Es lo mismo que decir que los casos de
violencia institucional de Neuquén son responsabilidad
exclusiva del gobernador Sobich y que K no tiene nada que
ver.
¿Son ciertos estos datos? Y si lo son:
¿como se condicen con el discurso del socialismo? Como dijimos
alguna vez, a los que se reclaman de izquierda, les
exigimos más.
LIBERTAD A LOS PRESOS
POLITICOS PARAGUAYOS
En un fallo demostrativo de
cómo las nuevas camadas de jueces K son parecidos a los
de la servilleta menemista, el Dr. Ariel Lijo autorizó la
extradición de los compañeros paraguayos perseguidos
políticamente por el gobierno de ese país. Estos 6 militantes
populares pertenecientes a la agrupación Patria Libre, la
mayoría de ellos campesinos, están siendo acusados de ser
partícipes del secuestro de la hija del ex presidente
paraguayo Cecilia Cubas.
Del fallo que rechazó el refugio
se constata como el juez Lijo desechó todas las pruebas
aportadas por la defensa como los testimonios de los
periodistas Aznarez y Estela Calloni; de Teresita
Asilveira, y del premio Nobel de la paz alternativo
Martín Almada, que dejaron clara la persecución
directa que sufre el campesinado rebelde paraguayo.
Es notable como el juez Lijo, para
quedar bien con el socio del Mercosur, descartó elementos
probatorios como las denuncias de sistemática aplicación de
tortura, asesinatos y desapariciones que se dan en el Paraguay
y que han tenido como objetivo principal al partido político
de izquierda Patria Libre. Omitió la existencia de escuadrones
de la muerte, llamadas "guardias urbanas" o "comisión
garrote", generalmente en manos de patotas del partido
Colorado, así como numerosos documentos suscriptos por
organismos de DDHH y del propio defensor del pueblo de
Paraguay donde se constataron estas violaciones a los derechos
humanos.
Para el Dr. Lijo, en su posición de
genuflexión a la Cancillería, estas probanzas concretas "no
escapan a las generalidades de América Latina". Esto, y decir
que los compañeros paraguayos serán torturados y seguramente
asesinados en las carceles de Asunción es lo mismo. Total,
pasa en todos lados.
Hacemos propias las palabras de los
compañeros de FIDELA en cuanto que los compañeros paraguayos
tienen derecho a ser refugiados en Argentina "porque no
hacerlo, significa garantizar que en el Paraguay se aplique el
terrorismo de estado".
¿APORTE DE SOLÁ A LA "REINSERCIÓN LABORAL" DE
LOS PRESOS?
Entre los tantos proyectos de ley enviados por el
gobernador Felipe Solá a la legislatura bonaerense en las
últimas horas, se destaca el que permitiría, en caso de ser
aprobado, la incorporación como agentes del
Servicio Penitenciario Bonaerense a
personas que hayan cumplido sus condenas en
cárceles provinciales.
La norma contemplaría una serie de beneficios, como por
ejemplo el tan tierno y seguramente bienvenido otorgamiento de
licencias por paternidad y la habilitación para participar en
actividades políticas, algo hasta hoy vedado para los agentes
de la fuerza. Si se modificara la Ley Orgánica que regula el
accionar de los efectivos, no deberíamos sorprendernos si nos
encontráramos con alguno de ellos ocupando un cargo en alguna
secretaría de derechos humanos.
“La creación de posibilidades laborales en el
establecimiento para ex reclusos no solamente significa una
excelente técnica de rehabilitación para ellos sino
también les permite demostrar a la sociedad
que algunos, efectivamente, lo consiguen”, dice textualmente
el proyecto enviado por Felipillo.
La “excelente técnica de rehabilitación” social
planeada por Solá consiste en que los ex presos devenidos en
agentes del SPB apliquen sobre los
detenidos –a los que ahora vigilarían- lo que tan bien
aprendieron en sus años de prisión sin necesidad de
“capacitación” alguna: torturar, dejar morir reclusos entre
las llamas, montar la escena para algún que otro “suicidio” y
demás prácticas, todas ellas tan
penitenciarias.
Este proyecto de ley, enviado de apuro y que tal vez
sea aprobado en alguna sesión maratónica de fin de año, es
otro premeditado golpe del gobierno provincial a la
concientización de la clase reprimida, disfrazado de
política de reinserción y posibilidad de “trabajo” para los ex
presos.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
20 de diciembre, 17:30, marcha de Congreso a Plaza de
Mayo, a cinco años de la rebelión
popular.
CORREPI
Coordinadora contra
la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos
Aires • Argentina