La medianoche del
18 de octubre Ramiro González, integrante de la
agrupación HIJOS, fue interceptado por un vehículo VW
Polo color rojo con cuatro hombres de civil en su interior en
Villa del Parque. Luego de
exhibirle armas automáticas, lo obligaron a subir
al auto, donde ejercieron
violencia física sobre él, le mostraron fotos de
compañeros para que los reconociera y le tomaron huellas
digitales de ambas manos. Todo
el tiempo lo amenazaron con que se dejaran de joder,
tanto él como sus compañeros, porque los
matarían.
Por ultimo lo
hicieron bajar en las proximidades de Liniers bajo amenaza y
apuntándole con un arma diciéndole que corriera y no mirara
atrás. Al día siguiente, con el
asesoramiento de CORREPI y el patrocinio del abogado de su
agrupación, Martín Alderete, los compañeros de HIJOS
formularon la correspondiente denuncia penal. Está claro que este hecho
gravísimo se inscribe en el contexto de amedrentamiento
del campo popular del que el gobierno de Kirchner es el único
responsable, aunque quiera andar simulando que está de
nuestro lado.
LA "POLICÍA
DEL SIGLO XXI" Y EL EJEMPLO DE LA "MADRE
PATRIA"
Acaba de finalizar
el Curso de Planificación Estratégica 2006, desarrollado en el
marco del Programa de Formación para las Policías de la
provincia de Buenos Aires, organizado por el Ministerio
de Seguridad bonaerense y con la presencia estelar de
profesores de la Maestría de Estudios en Prevención de la
Universidad de Barcelona. El curso, dirigido a intendentes
bonaerenses, legisladores, autoridades del Poder Judicial,
miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de
otras fuerzas de seguridad, tuvo como finalidad debatir y
difundir los cambios institucionales producidos desde el
inicio de la Reforma Policial en abril de 2004, dirigidos a
"reafirmar las políticas públicas de seguridad ciudadana y
los nuevos horizontes que se plantean en la materia, para
consolidar una sociedad democrática, productiva y con
inclusión social".
Resulta como mínimo
preocupante que el modelo elegido por las autoridades
argentinas sea la policía española, y para más datos, la
catalana. La cotidianeidad de la aplicación de
tormentos en España hizo que en el último informe
oficial del Comité Contra la Tortura de la ONU -hace sólo
dos años- se situara al estado español al mismo nivel que
Uzbequistán e Indonesia. Si toda la policía ibérica es
permanentemente señalada como torturadora y represora, la
catalana sube al podio, con gravísimas y constantes denuncias
de detenciones arbitrarias, causas fraguadas y
tormentos, como el caso de los jóvenes chilenos detenidos
desde el 4 de febrero de este año. Esa madrugada, Alex, Juan y
Rodrigo fueron arrestados previa una fenomenal pateadura en un
barrio de okupas, y luego torturados por la guardia urbana y
los mossos d’esquadra (cuerpos policiales de Barcelona y
Cataluña, respectivamente), para que admitieran haber
atacado a un policía que recibió un golpe en la cabeza por una
maceta que cayó desde un edificio de propiedad y
administración del ayuntamiento. Al día de hoy, los
muchachos siguen en prisión, esperando un juicio que puede
demorarse dos años, mientras arrecian las denuncias de un
montaje político, policial y
judicial descarado.
El episodio es
denunciado por las organizaciones antirrepresivas españolas
como parte de la represión generalizada que incluye nuevas
ordenanzas municipales prohibiendo manifestaciones, la
matanza continua de inmigrantes en las fronteras europeas, la
deportación masiva y la xenofobia, la criminalización
sistemática del movimiento okupa, la detención de
personas y grupos solidarios con los presos, todo con
el pretexto de la paranoia terrorista que habilita
la ola de violación impune de los derechos de
cualquier persona que se aleje de la “normalidad” europea. Ni
hablar de los presos políticos de los movimientos
independentistas, sobre los que hasta Amnistía
Internacional ha debido reconocer que hay pruebas de
centenares de casos de tortura avalados y fomentados por
señores jueces de fama mundial como Garzón Real. Ese es el
modelo policial que Solá y Arslanián quieren
importar.
En el acto de
apertura, el gobernador Solá dijo que "es un absurdo hablar de policías duros y
blandos (...) nuestro policía es duro en la atención de
ley, pero no es duro para saber que quien está enfrente es un
ser humano" y aclaró que la bonaerense "no es una
policía de autómatas". Notable confesión la del
gobernador, explicando que no hay policías buenos ni
malos, ni simplemente robotizados, sino fieles ejecutores
de la política represiva del estado. Por su parte, el ministro Arslanián, adscribiendo a
la vieja tesis de los errores, abusos y excesos, dijo que
hay "distintos tipo de conducta que implican una
verdadera deformación del ejercicio funcional de los deberes y
funciones, un abuso o conductas abusivas que se transforman
simplemente en normas o reglas finalmente aceptadas",
anunciando para contraarrestar esos "desbordes
individuales" el programa Líderes para el Cambio de la Cultura
Institucional.
Es imposible, al
leer estas declaraciones, no tener un sentimiento de dejá
vu, porque aunque se actualicen las palabritas para el
discurso, el verso es eterno y recurrente. Arslanián también
dijo "hoy nadie habla de la maldita policía. La
institución sufrió un cambio profundo, no sólo con la
depuración: responde a una autoridad política, el ministro, y
a un gabinete, que la controlan. Por eso digo que, respecto de
lo que había antes, la diferencia es notable". El detalle
es que esto no lo dijo ahora, sino en 1998, en un acto en la
ciudad de Dolores. Mientras tanto, en los casos registrados en
nuestro Archivo para este año 2006, ya hay medio centenar de
gatillos fáciles protagonizados por los "humanos y modernos"
policías de la Nueva Bonaerense Dos.
EXCARCELACION FACIL PARA
UNIFORMADOS
En la edición 396
de este boletín informábamos acerca del pedido de detención de
15 penitenciarios por la Masacre de Magdalena, por el delito
de "abandono
de persona seguida de muerte", cuando el 15 de octubre pasado
un incendio mató a 33 internos. Decíamos entonces que el juez Atencio de La
Plata tuvo por probado que deliberadamente los carceleros
omitieron socorrer a los internos y hasta habían cerrado con
candado la la puerta del pabellón ya comenzado el
incendio.
También recordábamos que las 33 personas que fallecieron estaban alojadas en
un pabellón de conducta, casi todos procesados sin condena por
delitos contra la propiedad, y que esto era relevante a la
hora de analizar centenares de privilegiados como el
corruptor de menores padrecito Grassi o el viudo más afamado
de los countries Carrascosa, por no citar la enorme cantidad
de canas que, imputados por delitos absolutamente
inexcarcelables como homicidio, torturas, y hasta
torturas seguidas de muerte, alegremente gozan de
excarcelaciones extraordinarias, arrestos domiciliarios u
otras formas morigeradas de la detención que nunca se aplican
a los pobres sin uniforme.
En una muestra más
de cómo la justicia encubre y apaña a los represores, esta
semana se conoció el fallo de la Sala II de Cámara Penal
platense que liberó a los penitenciarios que estaban
detenidos. Los camaristas hicieron lugar a un recurso de habeas corpus presentado
por la defensa de los guardiacárceles. Sin asombrar a nadie, ni siquiera hicieron el
intento de modificar la calificación legal para disponer
de la libertad de los candados. Simplemente sacaron de la
galera que "no puede
atribuirse a los agentes penitenciarios todas las
responsabilidades de lo ocurrido esa noche en el penal",
por lo que ordenaron su vergonzosa liberación.
Como en la mayoría
de los casos donde los que tienen poder son acreedores del
garantismo mejor entendido, derecho que ningún preso
común alcanza, los beneficiarios del sistema
pueden esperar tranquilamente el juicio oral en sus casas
o incluso, después de condenados tener apelaciones
interminables que les garanticen una buena fuga el día de
mañana.
CAUSA
LEGISLATURA
Se sigue
desarrollando ante la justicia nacional, la causa seguida
contra 14 manifestantes que concurrieron a la Legislatura
porteña el 16 de julio de 2004 a repudiar el código
contarvencional. Por más que el fiscal de Cámara haga el
denodado esfuerzo para justificar las detenciones que durante
un año y medio pesaron contra ellos, las pruebas que se están
rindiendo en el juicio oral demuestran que no hubo delito
alguno que se les pudiera imputar. Todos los testigos que pasaron ante el tribunal
sostuvieron que no se sintieron privados de su libertad. Casi medio centenar
de empleados de la Legislatura que desfilaron por la sala
de audiencias admitieron que nadie los privó de su
libertad ambulatoria.
Si querían probar
que los empleados no podían retirarse porque se los
impedían los
manifestantes, realmente fueron muertos. Todos fueron
contestes en que se quedaron dentro del edificio por su propia
voluntad y que incluso pusieron vallas por dentro del Palacio
Legislativo, para impedir que los manifestantes entraran. O
sea, que los imputados nunca les impidieron que salieran.
También hubo empleados que declararon que a lo largo de la
tarde hubo algunas puertas que fueron abiertas para
que salieran los que estaban en el interior de la Legislatura.
Se
probó también que la suspensión de la sesión fue decidida
por las autoridades de la legislatura porteña, y
que los incidentes nada tuvieron que ver con que se
levantara, ya que el debate no pudo llevarse a cabo
porque no había acuerdo entre los distintos bloques que
querían aprobar la reforma del Código
Contravencional.
Con
ello se comprueba que ni la privación ilegal de la libertad o
ni la coacción agravada con que se acusó a los detenidos
existieron y que todo fue un invento impulsado por el Poder
Ejecutivo con la complicidad del Judicial para reprimir la
protesta y encarcelar pobres.
REPRESIÓN
EN UN PENAL DE CORRIENTES
Que la situación de las personas
privadas de su libertad en las cárceles argentinas es inhumana
y permanente fuente de gravísimas violaciones al derecho a la
vida y la integridad física no es un tema sujeto a discusión.
Que la aplicación de tormentos y las muertes de personas bajo
custodia es sistemática, y va en aumento, tampoco admite
debate alguno. Son hechos tan acreditados que hasta la CIDH ha
llamado la atención al gobierno argentino sobre el punto.
Las huelgas de hambre reclamando condiciones de
alojamiento mínimamente compatibles con la dignidad humana son
reprimidas en todo el país, y sólo encuentran algún espacio en
los medios, más ocupados en la "gran política" como el
análisis del vestuario de la Señora Cristina, cuando adquieren
la masividad de la protesta del mes pasado en tres decenas de
penales bonaerenses y federales. Pero todo el tiempo, en todos
lados, hay presos asesinados, torturados, hacinados. Todavía
sigue la huelga de las internas delpenal platense de Los
Hornos, y unos 300 internos de la cárcel de Bower, Córdoba,
iniciaron una medida similar ayer.
En la noche del 17
al 18 de octubre, mientras en la Unidad Penal Uno de
Corrientes se encontraban reunidos representantes de la
Subsecretaría de Seguridad y del Colegio de Abogados
considerando una serie de demandas de los internos, estalló
una protesta que culminó con la muerte de un preso y una
represión con empleo de gases y balas de goma que duró varias
horas. Medios locales como el periódico digital Momarandu
denunciaron que ya entrado el nuevo día todavía desde afuera
del edificio podían escucharse detonaciones de distinta
intensidad, y la brisa llevaba fuera del muro el gas
lacrimógeno, con fuerte efecto para quienes pasaban por calle
Padre Borgatti.
Seis internos brutalmente
golpeados, sindicados como los líderes de la protesta, fueron
derivados al penal de San Cayetano, entre ellos Eduardo
Centurión, que jugó un destacado papel en enfrentar la
represión de los penitenciarios y policías. La compañera Hilda
Presman, de la Red Provincial de Derechos Humanos,
denunció que alrededor de una treintena de internos
presentan contusiones y heridas de diversa gravedad. Los
presos de los pabellones Nº 9 y 10 iniciaron una huelga
de hambre en repudio a la represión policial y
como medida de fuerza para conseguir la restitución de
los internos trasladados. Con el patrocinio del
abogado Víctor Benítez la Red interpuso un habeas corpus
reclamando el regreso de los cuatro sancionados al penal de
Corrientes capital, argumentando en el caso concreto de
Centurión que el joven, por su buena conducta, goza del
beneficio de la ley 24.660 de rehabilitación, por lo que
no puede ser movilizado del establecimiento donde lleva a cabo
su programa de reinserción social ya que está pronta su
liberación.
El día viernes los cuatro fueron
restituidos a Corrientes, ya que el juez hizo lugar al habeas
corpus, después de verificar numerosas heridas en todos
ellos, y de constatar que el traslado fue un castigo por haber
liderado el reclamo de mejores condiciones de alojamiento, y
no por haber protagonizado hechos de violencia. En el caso de
Centurión, por ejemplo, el juez Segovia pudo constatar
que durante los incidentes se hallaba encerrado en
una celda, por lo que quedó claro que fue seleccionado
para el traslado por su actividad de denuncia constante de la
represión. Vale mencionar que Eduardo es sobrino de Rodolfo
"Fito" Ríos, asesinado por el personal del SPF en el penal de
Caseros en noviembre de 1992, y por ende, nieto de nuestra
compañera Delia Garcilazo.
EL GOBIERNO
DE LOS DDHH SIGUE DERRAMANDO
SANGRE