CORREPI - BOLETIN
INFORMATIVO
Número 395
- 1 de octubre de 2006
SUMARIO
1-
Aparición con vida
2- No,
Castells. La CORREPI no es
kirchnerista
3- Te
espían en la provincia K
4- Libertad a los
presos políticos
5- Justicia
por Romina
6- Huelga de hambre de los presos
bonaerenses
7- EEUU
legaliza la tortura
8- Próximas
Actividades
APARICION
CON VIDA
El lunes se
cumplirán dos semanas de la desaparición de Jorge Julio
López., caracterizada por la mayoría como
una vendetta de los "los resabios de la dictadura" para
evitar que otros testigos se presenten a declarar en contra de
los genocidas. Para Hebe de Bonafini, que mandó a investigar a
la víctima, se trató de una maniobra urdida por López para
perturbar a "su" gobierno.
A lo largo de
esta semana CORREPI se pronunció respecto de ambas
expresiones. Por un lado, remarcamos
que el aparato represivo del estado sigue, no sólo
intacto, sino adaptado a las necesidades represivas "en
democracia", no sólo sostenido en las fuerzas de
seguridad, sino a través de la legislación punitiva contra los
pobres promulgada por "democráticos" diputados y senadores y
de la actuación de un poder judicial que cumple el rol que
tiene asignado. Desafortunadamente, para muchos, parece
ser que las 2000 personas asesinadas por el Estado argentino
desde la institucionalización del país en 1983 no fueran
víctimas de ese mismo aparato represivo, ni que lo fueran
todos aquellos represaliados por razones políticas, que desde
Alfonsín a la fecha fueron perseguidos por buscar mejores
alternativas sociales. Por eso la consigna "desmantelamiento
del aparato represivo", en el marco de un estado capitalista
que necesita reprimir de una u otra forma, es cuando
menos ingenua, como si resultara posible imaginar este
estado sin sus fuerzas armadas y de seguridad. O, peor aún, se
traduce en la consigna de la "depuración" de las fuerzas,
agitada por políticos burgueses como Kirchner,
Carrió y Solá.
Repetimos en
estos días que Jorge Julio López, desgraciadamente, no ha sido
el "primer" desaparecido desde 1983, que los ha habido a lo
largo y ancho del país, desde Mendoza a Chubut, desde la
Provincia de Buenos Aires a Entre Ríos y Corrientes. Que su
desaparición no es un hecho aislado o excepcional, sino que
forma parte de la estructura socio-económica que se generó en
la dictadura y que ha sido profundizada en "democracia". Y
terminábamos diciendo que "La lucha
por la aparición con vida de Julio López no debe encararse
como una defensa de la "democracia", sino como la
denuncia de la política represiva estatal y de su siempre
renovado aparato represivo, lo que no se soluciona
con "mejorar" o "humanizar" a la institución
policial, que responde a un programa político de estado
vigente que reprime y mata sistemáticamente como
principio de control y disciplinamiento
social."
También nos
pronunciamos sobre las declaraciones de la Sra. Hebe
Pastor de Bonafini, que de manera inconcebible afirmó que es
necesario investigar a la víctima antes que
su desaparición porque 'no es un típico
desaparecido', ya que no habría sido un militante
revolucionario. Le recordamos a la la vocera del oficialismo
que su pensamiento importó, unos años atrás, que muchos
dirigentes tradicionales de derechos humanos afirmaran
que los casos de gatillo fácil no eran cuestiones de
derechos humanos porque sus víctimas predilectas no eran
militantes de la decada del 70, sino pibes de las villas y
barrios más pobres. La titular de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo fue aún más lejos que el gobernador Solá al
sostener que hasta la propia declaración testimonial de López,
en la causa donde también es querellante, puede ser 'parte de una gigantesca maniobra contra el
presidente, al que le quieren tirar un desaparecido'.
Las
repercusiones de esas notas nos obligaron a precisar nuestra
posición respecto de los dos argumentos repetidos para
descalificarlas: el primero hace alusión a la historia y
trayectoria de lucha de la Sra. de Bonafini, apelando a que no
trasciendan las "diferencias circunstanciales entre
compañeros", mientras que el segundo se resume en la idea de
que si "la izquierda ataca frontalmente a este gobierno, le
hace el caldo gordo a la derecha que también lo ataca".
Dijimos en primer lugar que con el estado y sus
defensores, a quienes no consideramos compañeros, no
"debatimos fraternalmente", sino que denunciamos su politica
represiva. Cuando respondemos a la Sra. de Bonafini, como
cuando lo hacemos con cualquier integrante del partido de
gobierno, no estamos "debatiendo entre nosotros", sino
confrontando con el estado, máximo órgano de dominación. Sobre la cuestión del aprovechamiento que
la "derecha" podría hacer de las críticas a este gobierno,
reiteramos que aunque haya grandes ejemplares de dinosaurios
no extintos fuera del kirchnerismo, no es menos cierto que
éste es un gobierno de derecha por propio "mérito", tanto por
su composición como por la política de entrega y represión que
desarrolla.
Seguimos exigiendo aparición con vida de Jorge Julio
López, y convocamos a la próxima reunión de organismos y
organizaciones el martes, 18:30, en Chacabuco 955, para
coordinar, desde el espacio Memoria, Verdad, Justicia, las
próximas movilizaciones y acciones por el
compañero.
CASTELLS:
LA CORREPI NO ES KIRCHNERISTA
Raúl Castells, que
desde el primer momento dio su apoyo a la política
represiva que encarna Blumberg, armó una marchita en
Villa Fiorito, Pdo. de Lomas de Zamora, el jueves pasado. A
los carreros que encabezaban la manifestación los
seguían los pecheras amarillas de Castells y Nina,
mezclados con Nito Artaza, Patricia Bullrich y el ex embajador
menemista en Estados Unidos Diego Guelar. Claro,
también embarró sus costosos zapatos el
ingeniero de la derecha, custodiado por dos
guardaespaldas, seguro de los "sin gorra".
Desde que se
anunció la marcha, CORREPI desarrolló una campaña con
afiches, volantes y pintadas junto a los vecinos de Fiorito,
señalando que la "seguridad" que Blumberg y Castells venían a
propagandizar es la del gatillo fácil y las torturas, y
que su propuesta de "urbanizar las villas" disimula el
objetivo de militarizar las calles de los barrios pobres
y de facilitar el accionar de los escuadrones de la
muerte.
Ni al invitado
de lujo ni al anfitrión les gustó nuestra
campaña de esclarecimiento. El ex izquierdista Castells,
siempre desopilante, salió a acusar al gobierno haber
empapelado el barrio con nuestros afiches con la bota de
la opresión. El periodista del diario Página/12 le tuvo
que aclarar que "la Correpi no es kirchnerista", a
lo que el dirigente del MIJD contestó que eso
"son opiniones".
No vale la
pena explicarle a Castells que no es una opinión, sino un
hecho que CORREPI no fue, no es ni será oficialista de nadie,
y menos de Kirchner, y que tratamos de ser coherentes en
denunciar los avances represivos, vengan de donde
vengan. Será que para él todo es opinable, dado
que mientras se inició como
troskista; pasó por el maoísmo; la jugó de
revolucionario y representante de la clase obrera, ha
tenido amigos como Eduardo Duhalde, Moyano, Rodriguez
Saa, Aldo Rico; consideró a Menem como
un perseguido por razones políticas y
sigue marchando con Blumberg. Eso es coherencia.
TE ESPIAN
EN LA PROVINCIA K
Si la cacería y
militarización de Las Heras, los
fusilamientos cotidianos en los barrios, los pibes quemados y
golpeados hasta la muerte en comisarías, y las represiones
contra trabajadores y estudiantes; si saber que son miles de
personas las que han perdido la vida a manos del Estado desde
1983, no alcanzan para entender que el aparato represivo jamás
dejó de estar impune y sólo con la
desaparición de un compañero se evidencia la
represión que sufre nuestro pueblo, la
agencia Opina Santa Cruz nos aporta esta semana un dato más
para demostrar que este gobierno no es ni “zurdo” ni “progre”
más allá de las confusiones y mentiras, y que la tarea
represiva se sigue desarrollando de distinto modo pero con
igual objetivo durante la democracia.
La
brigada de Investigaciones Centro de la provincia de Santa
Cruz ha cursado esta semana un documento a
las empresas petroleras y constructoras de la zona,
requiriendo datos de nombre y apellido completo, nombre de los
padres, lugar y fecha de nacimiento, lugar de procedencia y
domicilio, domicilio actual y tipo y número de documento de
todos los trabajadores de las empresas. Estos datos serán
destinados a un “Órgano de reunión de información”, que en
épocas de la dictadura tomara el mismo
nombre, y que concentrará la
información recabada por todas las
comisarías de la provincia y a su vez suministrará los datos a
los organismos del Estado que así lo requieran. Como no podía
ser de otra manera, una de las notas elevadas a una empresa de
la zona por la Brigada de Investigaciones
de Puerto San Julián lleva la firma de un
analista de inteligencia, Sub Comisario Miguel San
Juan.
Al
ser entrevistado por un periodista, el Comisario Jorge Hassan,
Jefe del departamento Operaciones de la jefatura de Policía de
Santa Cruz, explica que esto en realidad responde a la
necesidad de crear un “…plan de contingencias ante un evento
adverso o catástrofe para estar en capacidad de poder
coordinar los esfuerzos y poder contrarrestarlo”, para lo que
sería necesario “…saber de antemano con qué nos vamos a
encontrar para poder así disponer los recursos para actuar en
la eventualidad.”
Si cambiamos el “evento adverso” por organización y
la “catástrofe” por resistencia, esta bien clarito que el
gobierno está previendo próximas y más serias luchas en Santa
Cruz y preparándose para defender sus negocios y ganancias
ante la “eventualidad” de próximos conflictos
obreros.
LIBERTAD A
LOS PRESOS POLITICOS
El martes 25 la justicia santacruceña hizo lugar a
la excarcelación del compañero Cristian Ruiz que
estaba privado de la libertad desde hacía 14 meses.
Conviene recordar que el compañero junto a un grupo de
trabajadores desocupados reclamó trabajo en una planta
petrolera del norte de la provincia K. La
prisión que sufrió Ruiz no fue una mera
decisión judicial. Claramente respondió al
disciplinamiento que los gobiernos nacionales y provinciales
pretenden imponer a los trabajadores que se organizan y luchan
contra los monopolios.
Por otra
parte, en la ciudad de Buenos Aires, a partir del 3 de
octubre serán sometidos a juicio oral ante el Tribunal
Oral en lo Criminal N° 17, de los jueces Elsa Moral, Silvia
Arauz y Alejandro Noceti Achaval, los 15 compañeros que
fueran detenidos tras la movilización a la
Legislatura contra del represivo Código Contravencional,
y que estuvieron encarcelados 14
meses por los delitos de coacción agravada y privación ilegal
de la libertad en perjuicio de legisladores porteños de la
calaña de Santiado de Estrada o Jorge
Enriquez.
Por último y en
la misma tónica, entre los días 17 a 19 de octubre se llevará a cabo el juicio
oral contra el compañero Luis Antón, dirigente de Polo Obrero
de la zona norte del Gran Buenos Aires. La causa, por un corte de la autopista Panamericana
del 27 de mayo de 2004, tramita en el Juzgado Federal en
lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, a cargo de la
jueza Dra. Sandra Arroyo Salgado. La causa sólo está
sustentada con pruebas de video aportadas por la inteligencia
del Ministerio del Interior, con policías haciéndose pasar por
reporteros. Es el primer juicio y será el “caso testigo”
para otros dos procesos que tramitan en los Juzgados Federales
de San Isidro, en el que se encuentran procesados por el art.
194 del Código Penal más de treinta piqueteros y dirigentes
gremiales de la zona.
JUSTICIA POR ROMINA
Romina Lemos, de 16 años, fue asesinada por un policía
de la comisaría 5ª de Talar el 30 de abril de este año. La
misma comisaría que, hace casi 10 años, fusiló a Maximiliano
Maidana, el pibe de 17 años que jugaba en una división
inferior de River. El sábado CORREPI y los familiares y
vecinos de Romina fueron a escrachar la comisaría, donde como
es habitual los esperaba un nutrido operativo policial.
En
las fotos que están publicadas en nuestra página web puede
verse el imponente vallado, que no pudo evitar el impacto de
algunos huevazos en los uniformados. El centenar de
manifestantes que partieron en dos colectivos desde el barrio
donde vivía Romina se vio incrementado por los vecinos de la
zona, muchos que marcharon una y otra vez a esa comisaría
reclamando justicia para Maxi. Unos pibes muy jóvenes que
jugaban un "picadito" en el potrero frente a la comisaría
dejaron de patear cuando llegó la columna, y después de mirar
un rato, cuando escucharon las consignas y comprendieron de
qué se trataba, abandonaron el partido por completo para
sumarse al escrache. Es que si algo no hace falta explicar a
los chicos en los barrios es que la policía mata, que los mata
a ellos, todos los días y por la espalda.
HUELGA DE HAMBRE DE
LOS PRESOS BONAERENSES
Los
1.270 presos de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata
iniciaron el miércoles 20 una huelga de hambre general
exigiendo la regularización inmediata de sus situaciones
procesales. Durante el transcurso de los días, los presos de
las unidades de Olmos, Florencio Varela, Los
Hornos, Magdalena, Melchor Romero, Mercedes,
General Alvear, Sierra Chica, Benito Juárez y de la comisaría
14 de La Plata se fueron plegando a la protesta. Hoy son
más de 5.000 los detenidos que piden la aplicación de la Ley
de Ejecución Penal Nº 24.660, así como también la derogación
de la ley 12.405 y la inconstitucionalidad del artículo 52 del
Código Penal.
La ley nº 12.405, conocida también como
Ley Ruckauf, permite que se aplique prisión preventiva a
cualquier sospechoso de comisión de delito. La 24.660,
establece una serie de salidas vigiladas para los reclusos así
como también períodos de libertad condicional y
asistida. La primera de estas leyes es la que explica en
buena medida la superpoblación carcelaria, donde más del 70%
de los detenidos no tienen condena firme y son frecuentes
víctimas del hacinamiento, enfermedades, torturas y muertes.
Vale recordar que estamos a pocos días de cumplirse un
año de la masacre de Magdalena, cuando el Servicio
Penitenciario asesinó a 33 presos de los cuales 30 no tenían
sentencia firme y estaban detenidos en calidad de procesados.
Otro de los puntos del petitorio de los
internos de la U 9 es que cese la prisión preventiva si
transcurren dos años y no hay fallo firme. También exigen la
conformación de una figura procesal destinada a sancionar a
los jueces que no cumplen sus funciones demorando las fechas
de fijación de audiencias, ya que los juicios orales
pueden demorarse hasta cinco años.
Solá dice no tener “soluciones
mágicas”. Se lava las manos y responsabiliza al Poder
Judicial. Los jueces de la Suprema Corte bonaerense dicen que
la lentitud en el avance de las causas responde a la falta de
presupuesto. Una comisión integrada por funcionarios de la
Secretaría de Derechos Humanos, representantes del Poder
Legislativo provincial y del Ministerio de Justicia no logró
que los presos levanten la huelga. En el medio de estas
idas y vueltas tenemos hoy a más de 5.000 detenidos
amenazados por las declaraciones del titular del Servicio
Penitenciario Bonaerense Fernando Díaz, quien reconoció
estar “intranquilo” por la huelga de hambre y por la forma en
que se puede llegar a resolver esta situación: “Uno sabe cómo
empiezan estas cosas, pero nunca sabe cómo terminan”.
El Poder Judicial, es una obviedad, no
juzga con la misma vara. Es cómplice, junto con los gobiernos
de turno, de encarcelar y disciplinar a los pobres mientras
beneficia con el arresto domiciliario a policías y
penitenciarios acusados de gatillo fácil, torturas y
asesinatos en cárceles y comisarías. Algunos ejemplos
recientes: la única policía condenada por la tortura seguida
de muerte de Andrea Viera goza de arresto
domiciliario. Lo mismo para los oficiales del SPB que
torturaron a Fabián Sampietro en Melchor Romero, los policías
que asesinaron a Héctor "Pule" Otero, a Jorge "Chaco"
González, a Leandro Bazán y tantos otros, excarcelados o
con otras formas de morigeración d ela prisión preventiva, por
no mencionar a los torturadores de la talla de Jorge “El
Tigre” Acosta o Jorge Rádice, detenidos cómodamente en
unidades que pertenecen a las Fuerzas Armadas, es decir, en su
lugar de trabajo, y no en cárceles
comunes.
ESTADOS
UNIDOS LEGALIZA LA TORTURA
En una vuelta más
de su gobierno terrorista, el Congreso yanqui legalizó la
detención de personas por tiempo indefinido y sin
presentación de cargos. Igualmente será legal el uso de
pruebas obtenidas mediante coerción y serán legales "prácticas
de interrogatorio" como la privación de sueño por períodos
prolongados o la exposición a los interrogados a bajas
temperaturas, es decir, lisa y llana tortura.
Mientras
algunos veían con beneplácito la instauración del Tribunal
Penal Internacional, Estados Unidos profundizó su campaña
destinada a liquidar todos los derechos fundamentales
aprobados desde la Declaración Internacional de los Derechos
Humanos en 1948 para imponer su política de exterminio del
planeta. A partir de esta nueva
legislación cualquier desafortunado que sea considerado
sospechoso de terrorismo o potencial "combatiente enemigo"
será sometido a la discreción de cualquier oficial del
gobierno estadunidense. Con esta disposición denominada "Ley
sobre Comisiones Militares de 2006", las
torturas perpetradas en Abu Ghraib y
Guantánamo pasarán a ser una práctica válida y
"legal", garantizando la impunidad de sus
perpetradores.
PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
Lunes 2 de
octubre, 18:00, marcha de la municipalidad de La Plata a
la Casa de Gobierno bajo las consignas Aparición con vida ya
de Julio López, el aparato represivo sigue
impune, Cárcel a los genocidas.
Martes 3 de Octubre, TOC 17,
Lavalle y Libertad, primera jornada del juicio a los
procesados por la manifestación frente a la Legislatura
porteña.
Miércoles 4 de octubre, 19:00, en la facultad de
Filosofía y Letras, Charla debate: La Patotas "K", con la
participación de María
del Carmen Verdú y Nicolás Espósito, de
CORREPI, Omar
Rombolá, delegado de Coca Cola y Sergio Sanchez del Movimiento de
Trabajadores Excluidos. Organiza Agrupación
Estudiantil Norberto BLANCO.
Sábado 7 de octubre, 14:00, la
Mesa de Escrache convoca a escrachar a los jueces del TOC 3 de
Quilmes, garantes de la impunidad en los casos de Andrea Viera
y Carla Lacorte. Concentración en la estación de
Quilmes.
Domingo 8 de octubre, en el aniversario
del asesinato de Miguel Da Silva, Festival Antirrepresivo a
las 12:00 en Lafinur y Shakespeare, Barrio El Satélite,
Moreno.