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CORREPI - BOLETIN
INFORMATIVO
Número 376 - Mayo 20/27 de 2006 SUMARIO
1- Causa Fraguada (por
amor)
2-
Encontraron a uno
3- Gatillo
Fácil en Salta
4- Marcelo Arias -
Juez
5-
Persiguen Abogados del Campo
Popular
6- Nosotros
no vamos
7- Próximas
Actividades
CAUSA
FRAGUADA (POR AMOR)
El Tribunal en lo Criminal Nº 1
de La Plata absolvió a Martín M. Amadeo, un vendedor
ambulante, que pasó más de 5 años preso y fue llevado a
juicio por un delito que no cometió. Nada nuevo en la justicia
bonaerense que manda en cana a un montón de inocentes que
pasan años detrás de las rejas y después deben soltarlos
porque no tienen pruebas, las inventaron o se las
armaron.
Se trató de otra causa fraguada,
a punto tal que los jueces ordenaron investigar a un policía y a un presunto falso
testigo. Como cualquier causa fraguada, donde la víctima
resulta ser un carenciado, una persona sin
influencia económica ni social. CORREPI vió muchas causas fraguadas, pero ésta tiene
una particularidad: mientras que generalmente el fin es
"institucional", porque se arman causas para "hacer
estadísticas" o para "hacer antecedentes para
ascender", esta causa fue inventada por un policía que
quería alejar al pobre Amadeo para ver si podía
seducir a su mujer.
Amadeo fue detenido en febrero
del 2001 por el suboficial Pérez en averiguación de identidad,
o sea, Doble A o averiguación de antecedentes, como
les guste más. Una vez en la comisaría con esa excusa, el
policía armó un expediente por robo junto a un testigo trucho.
Como decimos siempre, la AA, como las contravenciones, sólo
sirven (nada menos) que para dar a las fuerzas de seguridad la
facultad de detener a quien quieran cuando quieran, y suelen
ser la antesala a la tortura, la muerte o la falsa
imputación.
Después pasó lo de siempre.
Fiscales que no investigan, o mejor dicho, que delegan la
instrucción de las causas penales en policías; jueces de
garantías que no garantizan nada y cámaras de apelaciones que
confirman todo lo que sea para meter presos a
infelices.
Ahora Amadeo salió
en libertad, con 5 años de su vida perdidos por
culpa de un sistema perverso. ENCONTRARON
A UNO
¡Lo
logró! ¡Arslanian lo logró! ¡Logró detener a un cana que
estaba prófugo! Para que aprendan los incrédulos
que piensan que este gobierno es cómplice con los delitos
que comete la policía. Dicen que lo buscaban desde hace más de diez
años, desde que encontraban el cuerpo de Andrés Núñez,
torturado y desaparecido en La Plata.
El ahora capturado
se llama Rubén V. Dos Santos. Estaba prófugo por la tortura
seguida de muerte de Andrés Alberto Núñez, el albañil
detenido en la madrugada del 28
de setiembre de 1990. Tres policías lo trasladaron desde
su casa en Ensenada a la Brigada de Investigaciones de La
Plata. Lo acusaban de robar una bicicleta. Para hacerlo
confesar le pegaron y le hicieron "submarino seco", es decir
le metieron la cabeza en una bolsa de nylon y lo asfixiaron.
Como "se les quedó", hicieron desaparecer el
cuerpo.
Durante varios años
Núñez permaneció desaparecido. Fue, junto a Miguel Bru, el
caso emblemático de la bonaerense platense. En 1995, dos policías arrepentidos
dijeron al juez que a Núñez lo habían enterrado en un
campo de General Belgrano. A mediados de 1995 se hallaron los
restos incinerados del albañil, en un predio que pertenecía al
primo de un policía involucrado. Se ordenaron las primeras
detenciones, pero ya era tarde: todos se habían
profugado.
Dos Santos, desde entonces, vivió en Adrogué y se hizo sacerdote de la religión umbanda. Lo ubicaron por el rastreo de llamadas telefónicas. Con él ya son dos los detenidos por la causa Núñez, ya que en octubre pasado fue detenido el policía González en Córdoba. Falta Gerez, como faltan Garay (causa Lencina), Rojido y Farese (causa Durán), Balmaceda y Miño (Masacre de Budge), Olivera (causa Sosa), entre otros. Y como faltan las ganas de buscarlos, porque cuando los encuentran, resulta que ninguno estaba demasiado escondido. GATILLO
FACIL EN SALTA
Ante los tribunales
de Salta Capital se está sustanciando el juicio oral contra el
policía Osvaldo Cruz que mató el 7 de marzo de 2004 a Hugo
Daniel Mamani de 15 años e hirió a Sergio Avalos de
21.
Según la versión
del cana, regresaba a una fiesta a buscar a su hijo
en Villa Los Sauces y una patota lo insultó. Dijo que
le tiraron piedras, por lo que tuvo que sacar su arma
reglamentaria, que en un forcejeo se le disparó matando
al pibe e hiriendo a otro.
Después de escuchar
el cuento inventado por el policía, testimoniaron los médicos
forenses que determinaron que la herida mortal que presentaba
el chico se ubicó en la zona inguinal, lo que le produjo la
muerte por sangrado interno. También constataron las supuestas
lesiones que tenía Cruz pero no pudieron descartar que
fueran autoinflingidas. El
sobreviviente Sergio Avalos afirmó que tanto a él como a
Mamani, el cana les disparó sin motivos cuando iban a comprar
una damajuana de vino.
El viernes pasado
declaró una testigo de identidad reservada ofrecida por la
defensa del policía que contó que la noche del hecho vio a
cuatro muchachos, entre los que se encontraba Avalos,
cuando insultaban a un hombre que iba solo, y que luego
escuchó dos disparos. El testimonio fue denunciado como falso
por el abogado que representa la familia del chico muerto. El lunes el Tribunal realizará
una inspección ocular en la cancha donde se produjo el gatillo
fácil.
MARCELO
ARIAS - JUEZ
David Bosca, un
chico de 20 años (hoy tiene 22), fue absuelto por el delito de
robo por el Tribunal de Menores Nº 1, pero los jueces que
habían ordenado su detención se olvidaron de liberarlo y pasó
ocho meses en la cárcel de Devoto por error. Los jueces se
llaman Pablo Jantus y Marcelo Arias, este último muy conocido
por la CORREPI. El caso llegó ahora al Consejo de la
Magistratura, que juzgará la actuación de los jueces pero se
descuenta que el Ministerio del Interior haga mucho para
salvarle las papas a este magistrado tan amigo de la Policía
Federal.
Por supuesto ni la defensora oficial ni el Servicio Penitenciario hicieron nada por su libertad, ni se preocuparon en averiguar porqué seguía preso estando absuelto. El pobre pibe, que ni plata tenía para llamar por teléfono, se hubiera quedado allí si no fuera que conoció a otro preso que estudiaba derecho que "le movió los papeles" como se dice en la jerga. Cuando el 25 de
agosto de 2005 los jueces recién se dieron cuenta que desde el
6 de diciembre de 2004 se habían olvidado de ordenar la
libertad, Marcelo Arias y su colega alegaron que
tenían exceso de trabajo. Pobres. El mismo argumento
esgrimirán ahora ante el Consejo de la Magistratura, que los
investiga por mal desempeño y en las próximas semanas deberá
resolver si los somete a juicio político.
Ambos fueron denunciados por el joven Bosca ante un juzgado de instrucción por privación ilegal de la libertad, pero fueron sobreseidos por otro magistrado solidario que comprendió tanto trabajo de sus superiores. Como recuerdo de su paso por la cárcel de Villa Devoto Bosca lleva una visible cicatriz en la frente. Explicó que es producto de un palazo que le pegaron los guardiacárceles, seguramente cuando ya tenía que estar en libertad. En realidad,
Marcelo Arias es un especialista en sacarse trabajo de
encima, y no es la primera vez que se lo denuncia. En el
año 1991 era el único juez correccional de menores que no sólo
conocía sino que avalaba el uso por parte de la policía del
"Memo 40", esa orden interna policial que permitía a la cana
detener menores sin ponerlos a disposición del juez de turno. Además, Arias había dado
instrucciones por escrito a la policía para que no lo
molestaran por detenciones de menores fuera del horario de
atención judicial.
De hecho, la
conducta de Marcelo Arias fue ampliamente usada por la defensa
del comisario Miguel Angel Espósito en la causa Bulacio, para
demostrar que lo actuado por el policía tenía aquiescencia
judicial. Y en el
Boletín nº 8, en enero de 1999, relatábamos un hecho
similar por el que Arias mantuvo preso a un
joven, Facundo Athanassiev, con el argumento de que
estaba "desamparado y en estado de abandono", por lo que
aunque ordenó su libertad por el delito que le imputaban
lo dejó preso, para protegerlo...
PERSIGUEN A
ABOGADOS DEL CAMPO POPULAR
Los abogados que
defienden causas populares no sólo se ponen de punta con
miembros de fuerzas de seguridad sino muchas veces con
fiscales y jueces. Es simplemente
natural la antipatía que generan en los custodios de
la legalidad del sistema quienes defienden intereses de
clase diferentes.
A veces se desata
sobre ellos hostigamiento y persecución. Esto es lo que
sucedió en los últimos días con los abogados Cristian
Hendrickse, del PH de Chubut, y María Fernanda Pereyra,
de FIDELA.
El 10 de mayo
de 2006 Cristian Hendrikse, que representa a varias víctimas
de hechos represivos policiales en Chubut,
recibió una cédula en la casa de sus tíos
en Esquel firmada por el Fiscal Gral. del Noroeste
de esa provincia, informándole que había
una denuncia en su contra por amenazas radicada por
un vecino. La denuncia era del 05.09.2004, ello es
de dos años atrás, pero curiosamente el fiscal se acordó
que la tenía justo cuando el compañero impulsaba las
movilizaciones por el primer aniversario
del asesinato bajo custodia de Gumersindo
Vergara, en coincidencia también con una demanda civil contra la Provincia
del Chubut radicada ante la Secretaria de
Juicios Originarios de la CSJN y con una denuncia
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por
la desparición forzosa de Luis Alberto Silva ocurrida en
El Maiten, ambas patrocinadas por Hendrickse. Y sobre
todo, coincide con la condena obtenida por el
abogado contra dos suboficiales de la policía
chubutense, Aguilera y San Martín, por apremios ilegales
en perjuicio de los menores Vergara (cuyo padre murió bajo
custodia en Cría. El Hoyo).
El otro caso es el
de María Fernanda Pereyra por su actuación como defensora
de los presos de Haedo. La compañera de FIDELA
denunció con particular énfasis las condiciones
infrahumanas en las que uno de los detenidos por los hechos de
Haedo, menor de edad, estaba alojado en un instituto de
menores. En cuatro oportunidades presentó ante el juez federal
de Morón escritos responsabilizándolo -como corresponde- por
la vida e integridad física del chico.
Cuando todavía
festejábamos la soltura de seis de los presos -incluido el
menor- por oden de la Cámara Federal de San Martín, el juez
Castelli apercibió a Fernanda por haber cometido
una falta contra su "autoridad, dignidad y
decoro" en aquellos escritos. De la dignidad y decoro del
pobre pibe que pasó siete meses preso en las peores
condiciones, ni una palabra.
Es de destacar que
el juez de Morón utiliza como fundamento una norma contenida
en un decreto-ley de un gobierno de facto, que fue derogada
por la ley de creación del Colegio Público de Abogados,
estableciéndose que sólo el tribunal de ética profesional,
luego de un proceso con derecho a defensa, puede aplicar
sanciones a un abogado por actos en el desempeño de la
profesión.
Los abogados de
CORREPI tenemos alguna experiencia en este tipo de aprietes,
como cuando el juez Carreras de Morón denunció a Daniel Stragá
por desacato en el curso de la causa Durán; cuando los
jueces de la sala VI de la Cámara Criminal apercibieron
nuevamente a Stragá y a María del Carmen Verdú por sus
expresiones en una presentación en la causa Bulacio "que no
guardaba el estilo judicial", o cuando mandaron testar varios
párrafos en otro escrito donde justamente nos referíamos al
juez Marcelo Arias y su deseo de dormir sin ser molestado por
menores detenidos.
Sabemos que no
podemos esperar otra cosa de quienes defienden los privilegios
de los poderosos. Nos hemos puesto a disposición de ambos
compañeros, a quienes acompañaremos en las acciones que lleven
adelante.
NOSOTROS NO
VAMOS
Está circulando por
la red una gacetilla de prensa fechada el 9 de mayo del
2006 por la cual la oficialista Hebe Pastor de Bonafini
informa que la Asociación Madres de Plaza de Mayo va a ir
a la Plaza para festejar con K los tres años de gobierno,
porque "agradecen toda su política de derechos
humanos".
CORREPI se pregunta
si en esa política de derechos humanos que agradecen han
recordado incluir todos los presos políticos de este
gobierno; todas las torturas que imponen las fuerzas de
seguridad; la Gendarmería apostada en Las
Heras; todos los casos de gatillo fácil y los
muertos en cárceles y comisarías, a razón de un muerto por el
estado día por medio; y los miles de detenciones arbitrarias
cotidianas.
Partiendo de la
base de que la señora y su Asociación son personas bien
informadas, sólo resta concluir que son cómplices de la
política represiva de este gobierno.
Nosotros, el 25, no
vamos a la Plaza.
PROXIMAS
ACTIVIDADES
Continúan en La
Matanza el juicio al policía Smith, asesino de Héctor Otero, y
en Mar del Plata, el
juicio por el homicidio de Sergio Alí a manos del policía
Cañete.
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