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CORREPI - BOLETIN
INFORMATIVO
Número 363 - Febrero 19/25 de 2006 SUMARIO
1- Hugo
Beto: la niña bonita
2- Cursitos
K
3- Gatillos
fáciles pasionales
4-
Represión en Rosario
5-
Impunidad a la brasileña
6-
Desalojos a la K
7-
"Justicia" para Maldonado, no para
Azcurra
8- Próximas
Actividades
HUGO BETO:
LA NIÑA BONITA
Hay beneficios que
alcanzan a los presos. Hay situaciones, generalmente, cercanas
al núcleo familiar del detenido, que merecen
-transitoriamente, por horas generalmente- que el juez de la
causa disponga suspender el encierro y con la debida custodia
que el interno pueda salir de la prisión. El caso típico, y
por demás humanitario, es el permiso que el reo pide para
participar del último adiós a un familiar cercano, o su
opuesto, el nacimiento de un hijo.
Ciertamente no es
de sencillo trámite, pues requiere de la burocrática
decidia Más sencillo de recorrer es el camino si el preso
tiene abogado particular, pues si tiene uno oficial, realmente
es mejor que se olvide. Que todo esté debidamente certificado
con antelación, que llegue a tiempo el oficio del juez al
lugar de detención, que el patrullero de la comisaría
o el móvil del servicio
penitenciario tengan autorización para "bajar" al
detenido a su destino, o hasta que haya suficiente
nafta.
A veces vemos
absurdos, como la mujer presa en Ezeiza, ya integrada al
sistema de salidas familiares transitorias, que pese a todos
sus esfuerzos no fue autorizada a concurrir a la fiesta de
graduación secundaria de su hijo por la sola razón de que se
hací en un boliche bailable alquilado por el colegio. Otras
veces, la irrazonable negativa es causa de muerte, como en
Corrientes el mes pasado. La protesta que culminó con cuatro
presos (tres detenidos en averiguación de antecedentes)
quemados, y mató a tres de ellos, se inició porque se demoró
deliberadamente el permiso para que uno de ellos, el único con
causa, fuera autorizado a presenciar el parto de su primer
hijo.
Pero
algunos viven de privilegios, aun cuando a veces
pareciera que se les terminaron. Es el caso de
Hugo "Beto" Cáceres, jefe del escuadrón de la muerte de la
zona norte bonaerense. El dueño de la vida y de la muerte de
Don Torcuato, Tigre y aledaños, no obstante la durísima pena
impuesta a sus actividades de asesino a sueldo, goza de los
privilegios de los presos vip.
El Hugo Beto no
quería quedar afuera de la fiesta. Después de todo, era el
padre de la agasajada. Después de todo, la nena cumplía 15 y
el Hugo Beto, condenado a 22 años de prisión hace apenas un
año, sin participar de la fiestita. No era justo. Y así lo
habrá entendido el tribunal que permitió que el siniestro
personaje se enfundara en su mejor traje y concurriera a la
fiesta de 15 de su hija.
El acontecimiento
social, que no apareció ni siquiera en Infobae (¡qué
desagradecidos son los burgueses con sus lacayos!), fue en el
barrio Gutiérrez, de Don Torcuato el pasado viernes 10. No se
conoce si hubo oficio religioso a pesar del carácter piadoso
de la familia Cáceres, ni si el asesino bailó el tradicional
vals. De lo que sí tenemos certeza es que Oscar Rìos,
padre del Nuni, por cuyo homicidio el represor está
preso, no fue invitado al ágape.
CURSITOS
K
La Sra. Pastor de
Bonafini debe estar de parabienes. Anunciado con pitos y
matracas, "su" ministra de Defensa, esa "maravillosa
mujer" con pasado menemista, delarruista y represora del
Pte. de Corrientes, Nilda Garré, se reunió esta semana con los
jefes del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Armadas para
analizar nuevos cursos sobre derechos humanos que la cartera
prevé lanzar para mayo.
El
proyecto tiene como objetivo promover en el personal
militar “conciencia de los valores que sustentan las
sociedades democráticas”. Es decir un verso.
En el mismo
sentido, suponemos que también "su" ministro del Interior,
Aníbal Fernández, ante el homicidio del joven boliviano Beimar
Mamaani a manos de "patovicas" de una bailanta, también está
previendo hacer cursitos y seminarios sobre derechos
humanos para los energúmenos de la seguridad de
boliches.
Desde
CORREPI venimos advirtiendo a tanto crédulo que, con
cambios de plancitos educativos o con cursillos cosméticos, no
se cambia el rol asignado a las fuerzas de seguridad, públicas
o privadas y militares en un sistema que lejos está de ser
siquiera justo.
Ya hubo varios de
esos cursos destinados a la cana, incluso dictados por
importantes dirigentes de DDHH nacionales. Los cadetes,
aspirantes y demás alumnitos de las escuelas policiales
escucharon a familiares de víctimas cooptados por el gobierno. Ya se ha probado que de nada
sirven, que no son represores por falta de educación o por
ignorancia de los convenios de DDHH, sino porque las fuerzas
de seguridad fueron creadas y constituidas para reprimir
al pueblo.
GATILLOS
FACILES PASIONALES
Dos hechos trágicos
se conocieron esta semana involucrando policías. El primero ocurrió en un
monoblock del barrio “Cerveceros” en la ciudad de Córdoba,
cuando un policía de 58 años mató a sus cuatro hijos de entre
6 y 14 años. Con su pistola 9mm, le pegó un disparo en la
cabeza a cada uno y luego se suicidó, en represalia porque su mujer y madre
de sus hijos lo había abandonado.
El otro hecho
sucedió en la Capital Federal y tuvo por protagonistas a una
pareja de policias. En un Mc Donald's de Congreso, cerca del
pelotero donde jugaban chiquitos, estaba sentado un oficial de
la federal, de 24 años, que con su reglamentaria le pegó un
tiro en la frente a su novia, también de 24 años y cadeta de
la afamada Ramón Falcón. Después se mató él. A pesar que la inmaculada institución no
suministró los nombres de la pareja, se conoció que ambos se
conocieron estudiando para ser policías y que ella lo había
dejado.
Dramas como
los relatados, como hemos venido repitiendo desde que CORREPI
decidió sistematizar los casos de gatillo fàcil, son
completamente habituales en el mundo policial. Tipos, como
estos "masculinos" de profesión policias, que deciden matar a
sus esposas, novias, amantes o amigas y a sus familias se
repiten de ordinario. Son la mejor muestra
de la calidad represiva, que traspasada al ámbito privado, une
la violencia institucional con la familiar. Como han sido adiestrados para imponer la
violencia del estado, ejercen esa violencia con sus seres
queridos, y ponene fin a sus conflictos familaires con un tiro
de la reglamentaria.
El objetivo
punitivo y el desprecio por la vida son las dos caras de
una misma moneda. Para ejercer el castigo, matan a sus
afectos, se matan ellos mismos. Estos hechos permiten
entender mejor cómo actúan con quienes no los une
un vínculo emocional.
REPRESION
EN ROSARIO
El día 16 de Febrero, dos patrullas policiales
pertenecientes a la comisaría 15ª de la ciudad de Rosario
irrumpieron en el comedor Villa Itatí ubicado en la esquina de
las calles Callao y Dr. Rivas con el fin de identificar a
Cristian Berasain, que participa de las actividades de este
centro comunitario, para luego retirarse y volver
con seis patrullas y el fin de
detenerlo.
En el comedor la policía actuó como es costumbre,
reprimiendo a la gente que allí se encontraba con palazos y
balas de goma. Como en otro hecho similar ocurrido en el
barrio La Rural, las fuerzas de seguridad no vacilaron a
la hora de descargar su furia aún contra una mujer embarazada.
Angela Oviedo, quien estaba
gestando mellizos, ahora se encuentra internada en la clínica
Maternidad Martín esperando saber si podrá retener o
perderá a sus hijos, víctima de la metologìa represiva de
la policía más asesina del país.
Así como Ángela, varias mujeres y
niños fueron golpeados y heridos por los "guardianes del
orden".
En la comisaría 15ª, Cristian, que se
encontraba “incomunicado”, fue también golpeado. Curiosamente,
aparte de trabajar en un comedor comunitario,
no se sabe porque lo fueron a buscar.
Abogados de organizaciones de derechos
humanos como la APDH y de AMSAFE se hicieron presentes en el
Juzgado Correccional de la 7ª Nominación donde se le tomaría
declaración indagatoria para posteriormente ser liberado.
IMPUNIDAD A LA
BRASILEÑA
Brasil es uno de los países donde la brecha
entre ricos y pobres es más profunda. Es uno de los paises con
más tradición en escuadrones de la muerte, asesinatos en masa
y fundamentalmente en la protección que brindan las
clases dominantes a la mano de obra de la muerte.
Igual que otras masacres como la del
Dorado de Caixas, la Masacre de Carandirú ha terminado
en la impunidad. Así
el Tribunal de Justicia de Sao Paulo absolvió este
miércoles al ex coronel de la Policía Militarizada, Ubiratán
Guimaraes, quien comandó la invasión a la Cárcel de Carandirú
para sofocar un motín en 1992, que finalizó con 111 muertos y
153 heridos.
Por 20 votos a 3, los ministros del tribunal
anularon la sentencia de primera instancia que en 2001 condenó
a Guimaraes a 632 años de prisión, por su supuesta
responsabilidad directa en 102 de 111 asesinatos. El fallo del
Tribunal de Justicia alegó que en la condena, a cargo de un
jurado popular, hubo “una equivocación” y que el juicio había
sido politizado. Guimaraes había apelado en libertad a la
sentencia que lo condenó por la invasión a la cárcel de
Carandirú. El ex coronel es actualmente diputado provincial
y apoya al gobernador de Sao Paulo, Geraldo
Alckmin.
La decisión del Tribunal fue calificada como
“el mayor absurdo político” por el fiscal Felipe Lopes
Cavalcanti. Diversas organizaciones de Derechos
Humanos, entre ellas Amnesty Internacional, acompañaron el
juicio a Guimaraes, reclamando contra una absolución. Danilo
Chammas, secretario ejecutivo de la Fundación Interamericana
de Derechos Humanos, consideró “lamentable y vergonzoso” el
fallo del Tribunal y consideró que supone una carta blanca
para los abusos de los grupos de seguridad públicos. “Esa
decisión de hoy muestra la connivencia de la justicia con los
abusos de la policía, que son históricos y muy conocidos”,
destacó a la cadena Globo. “Esto es un peligroso retroceso en
materia de derechos humanos”, opinó Ariel de Castro Alves,
titular del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. La
organización humanitaria denunció que 84 agentes policiales
involucrados en la matanza todavía no fueron juzgados a causa
de los recursos interpuestos, y que otros 29 ni siquiera
fueron a proceso porque fueron acusados de lesiones corporales
leves, delitos que ya proscribieron.
La masacre de Carandirú ocurrió el 2 de
octubre de 1992 a raíz de una intervención policial para
calmar una rebelión de presos, que pedían mayor espacio. La
operación dejó 111 detenidos muertos y 153 heridos. Concebido
en 1956 para acoger a 500 presos, Carandirú llegó a albergar a
8.000 reclusos y se convirtió en el mayor presidio de América
Latina. La cárcel fue clausurada en 2002 y cinco de sus siete
edificios fueron demolidos. Dos quedaron en pie como
testimonio del horror de la masacre. En el momento de la
rebelión que se originó en el Pabellón 9, el Complejo
Penitenciario alojaba a 2.069 prisioneros.
La matanza ocurrió entre las cuatro de
la tarde hasta cerca de la medianoche, que la Policía
Militarizada, comandada por Guimaraes, invadió el edifico para
imponer el orden. Muchos prisioneros fueron asesinados dentro
de sus celdas, donde se habían refugiado para evitar la
represión policial, a fuego de ametralladoras, fusiles y
pistolas automáticas. Al final de la operación fueron
encontrados 111 presos muertos, 103 de ellos víctimas de armas
de fuego y otros ocho de armas blancas. Otras 153 personas
quedaron heridas, incluidos 130 reclusos y 23 agentes
policiales. El episodio, de amplia repercusión
internacional, conocido como “la masacre de Carandirú”, fue
tema de filmes, libros y seriales de televisión.
DESALOJOS A LA
K Desde hace tiempo han recrudecido los desalojos en la
Ciudad de Buenos Aires. Ante la baja en la movilización
popular, en muchos casos la policía apenas debe enfrentar
resistencia, ya que quienes se solidarizan con las familias a
desalojar suelen ser muchos menos que los canas
intervinientes.
Este viernes, al mismo tiempo que por televisión se veía
el desalojo de una anciana, sus dos nietos menores de edad y
la madre de los chicos (se pudo observar incluso el momento en
que un policía de civil la sujetaba por atrás mientras ella
denunciaba por la ventana que la pretendían desalojar),
numerosas familias eran desalojadas de un hotel
abandonado ubicado en Bartolomé Mitre casi esquina Pringles.
En este segundo operativo, que no fue televisado,
participaron al menos dos docenas de policías de la Comisaría
11ª y del DOUCAD (los famosos paleros de la Montada, aunque no
estaban con el equipo de combate), junto a otra docena de
canas de civil (con los correspondientes vehículos no
identificables). El Gobierno de la Ciudad mandó empleados
del área de Emergencia Social y el Ministerio de Interior
recuperó una vieja práctica de época de Menem: estaba presente
una camioneta de la Dirección Nacional de Migraciones.
Y la táctica para presionar a los ocupantes a
desalojar el inmueble sin más trámite fue la misma que
usaron los policías comandados por Menem, Corach y
Domínguez contra los habitantes de las Bodegas Giol el 4
de octubre de 1994: se amenazó a los extranjeros con la
intervención de Migraciones en caso de que realizaran la menor
queja o resistencia. Esta es la verdadera cara de este
gobierno "progresista", "compañero" de los desaparecidos
y "defensor" de los DDHH.
"JUSTICIA" PARA MALDONADO, NO PARA
AZCURRA
El 11 de septiembre de 2005 todos los canales de
televisión mostraron las imágenes del futbolista Carlos
Azcurra, de San Martín, baleado a quemarropa en el abdomen por
un policía en plena cancha durante un partido con Godoy Cruz.
Los jugadores se habían acercado a los policías para pedirles
que no reprimieran indebidamente a la hinchada. El jugador,
afortunadamente, sobrevivió, a pesar de la gravedad de la
lesión, pero con serias secuelas. Le tuvieron
que extirpar el 30 por ciento de uno de los
pulmones, sufrió un desprendimiento del diafragma y la
fisura de dos costillas, además de problemas
hepáticos.
La justicia mendocina acaba de cambiar la calificación
del hecho a simples "lesiones culposas", es decir, sin
intención, cometidas por negligencia o impericia, ignorando la
claridad con que se ve en los videos el momento en que el cabo
Marcial Maldonado deliberadamente apunta y dispara al joven ex
deportista.
Como el hecho no está ya imputado como doloso, Maldonado ha sido reincorporado a su trabajo, como integrante de la Policía Montada de San Martín, Mendoza. Pero la investigación judicial no cesa, y se profubndiza: ahora el juez quiere investigar a los jugadores, para saber si hubo algún tipo de provocación antes del disparo. La justicia es independiente y garante de la seguridad de los ciudadanos, indudablemente. En cualquier momento, lo condenan al pobre Azcurra por apropiarse indebidamente de proyectiles de propiedad de la policía mendocina. PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
Martes 21 de febrero, 18:00, reunión de la
Multisectorial por la Libertad de los presos políticos,
Corrientes 1785, 2º "C".
Miércoles 22 de febrero, reunión organizativa hacia
el 30 aniversario del 24 de marzo, a las 18:30 en la
Federación de Sociedades Gallegas, Chacabuco 955.
Sábado 4 de marzo, 17:00, charla sobre el Código
Contravencional porteño a cargo de los compañeros Gerardo
Etcheverry y Lidia Abineme de CORREPI en la sede de la
Asamblea Popular del Cid Campeador, Av. Angel Gallardo 752.
Organiza la Revista Oral de la Asamblea Popular Diego
"Nano" Lamagna de La Paternal.
Jueves 9 de marzo, 11:00, concentración frente a los
Tribunales de Lomas de Zamora (Camino Negro y Larroque)
acompañando a familiares y amigos de Jorge "Chaco" González en
la audiencia preliminar del juicio oral contra los policías
Concha y Quevedo.
Sábado 18 de marzo, en Villa Fiorito, escrache al ex
policía Pelozo, autoapodado "el mataguachos", y asesino de
Matías Bárzola.
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