Algunos sectores del campo popular entienden que esas iniciativas no sólo deben ser saludadas con entusiasmo, porque son trabajadores que se agremian en defensa de sus derechos, sino que hasta se involucran directamente en su apoyo. El fondo de esta cuestión remite directamente a la caracterización de las fuerzas de seguridad del estado, y en definitiva, del estado mismo.

CORREPI se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la sindicalización policial. Hemos afirmado que, más temprano que tarde, el reclamo de más impunidad se suma a los aparentementes gremiales. Hemos sostenido que no es el derecho a agremiarse lo que se discute en estos casos, sino las internas de la corporación policial y su disputa con los administradores de turno del poder (ver Antirrepresivo de marzo de 2004, o Boletín 338, por ejemplo). Los impulsores de la sindicalización policial no son "policías de izquierda", comprometidos con la idea de una sociedad sin clases. Ni siquiera son socialdemócratas. Nos parece oportuno repetir al respecto lo que dijéramos el pasado 9 de diciembre sobre el tema en el acto en Plaza de Mayo:

"... existe la tesis, sostenida por algunos sectores del campo popular, de que esas fuerzas podrían cambiar de actitud y ponerse del lado del pueblo. Creen que eso es posible apelando a argumentos humanistas, o a la ilusión de que en un proceso de construcción de conciencia para sí descubran que mayoritariamente pertenecen a la misma clase a la que reprimen.
 
Nuestra experiencia basada en lo concreto nos enseña que esta idea no sólo es errónea, sino peligrosa y dañina para el pueblo que sufre día a día la represión. En primer lugar, objetivamente, en la Argentina del año 2005 no hay analogía con otras situaciones históricas y geográficas. Las FFSS no están entre la espada y la pared, entre ir a morir a manos de un enemigo poderoso en la guerra o pasarse a las filas del pueblo que lucha por la paz como nos enseña la historia.
 
Acá responden a un Estado, que quizás no les pague los sueldos que quieren, pero que les paga un sueldo en un país donde la desocupación ha sido la fuerza disciplinadora más poderosa de los últimos años, y donde ellos son los únicos empleados estatales con tres o cuatro aumentos sustanciales a lo largo de este año; un Estado empleador que les permite toda clase de negocios y changas particulares, simpre que no se zarpen mucho y pongan en riesgo la gobernabilidad, con la explotación del juego, la prostitución, los secuestros extorsivos, el tráfico de drogas, de autopartes, etc.; un Estado patronal que les garantiza herramientas para estos curros a través de la averiguación de antecedentes, el código contravencional y los códigos de faltas.
 
Es entre ese estado que tienen que elegir, y un pueblo indefenso, que sólo cuenta con la fuerza del reclamo justo y que a lo sumo se defiende con palos y piedras. ¿De qué lado se pondrán las fuerzas de seguridad?
 
En segundo lugar, el hecho de que las fuerzas de seguridad tengan una numerosa composición de clase, de la misma clase a la que reprimen, no los vuelve solidarios, sino todo lo contrario. El odio y el resentimiento que tienen de no ser rubios empresarios o prósperos comisarios, lo vuelcan sobre sus pares casi en venganza contra lo que son y no quieren ser. Eso les da la ilusión de no pertenecer a la misma clase que la sociedad desprecia, sino de ser los sacrificados guardianes de sus amos, de los que como perros esperan una mirada de respeto que no llegará jamás. En tercer lugar están los hechos, la constatación empírica. No se trata de un problema de educación, de falta de información, remediable con cursos de derechos humanos o con “control ciudadano”. (...) Tampoco se trata de un problema de purgas, reformas o reestructuración. (...)
 
Finalmente, aún si imagináramos a estas fuerzas de seguridad como sujetas a la ley, la constitución y la democracia, ¿para qué propósito servirían? Para conservar el orden.
 
El orden establecido, las famosas reglas de juego que permiten que mientras millones de argentinos viven en la miseria, otros pocos vivan como reyes y conversen sobre los destinos del país tomando tragos en Puerto Madero. (...) Fuerzas de seguridad para asegurar el orden establecido por un poder ejecutivo, un congreso y una justicia que ni son independientes entre sí ni lo son del poder económico nacional e internacional.
 
“No es un policía, es toda la institución” no es una consigna abstracta, ni voluntarista, como sí lo es la idea de que las fuerzas de seguridad pueden cambiar su accionar sobre la base de palabras de convencimiento, del llamamiento a la conciencia basado en la piedad y la identificación. (...)".