Los compañeros de la Corriente
Militante por los DDHH de Río Negro y Neuquén, entre ellos
Marina Schifrin y Alfredo Chávez, e presentaron el
pasado 6 de diciembre ante la justicia penal para iniciar una
acción de amparo sobre el tema. Sólo después de mucha
presión y ante la presencia de los medios de comunicación
accedió el juzgado a darle entrada a la presentación, si bien
de inmediato se declaró incompetente, remitiéndola al
inefable juez federal Leónidas Moldes.
En el juzgado federal continuaron las
dilaciones, esta vez exigiendo patrocinio letrado y personería
jurídica del peticionante. Se subsanó la cuestión al sumarse a
la presentación la APDH local, el Equipo Patagónico de
Derechos Humanos y el abogado Darío Rodriguez Duch. Ahora
el juzgado está resolviendo si es competente o si remite las
actuaciones a la Corte Suprema, mientras continúan en la
ciudad los operativos conjuntos de fuerzas de seguridad
federales y del grupo especial BORA de la policía
provincial.
Los compañeros reclaman en la
presentación que se declare la inconstitucionalidad de
las medidas que reforzaron la cantidad de efectivos de
seguridad en la ciudad y solicitaron medidas
cautelares que hagan cesar los operativos policiales,
argumentando que la
intervención de fuerzas de seguridad federales en jurisdicción
provincial sólo está prevista en caso de que "esté en juego el
orden constitucional; cuando hay una situación de desastre
natural o si existe peligro colectivo para la vida y el
patrimonio de las personas", lo que en este caso está
ocurriendo, pero por la actuación de gendarmería, el grupo
BORA y demás personal uniformado.
GATILLO FACIL A LA
YANQUI
Tener un rostro del tercer
mundo, ser negro, musulmán o latinoamericano pobre, es
sinónimo de ser objeto de racismo, persecución y muerte
en el primer mundo blanco, especialmente el sajón.
Con el verso del terrorismo, la policía
del genocida Blair fusiló a un ciudadano brasileño en el subte
londinense. Ni siquiera se había resistido a ser
demorado. Ahora le tocó el turno
a la policía del genocida Bush. Esta semana, en el
aeropuerto de Miami, mataron
a un costarricense con la excusa de que el
desafortunado -que aparentemente tenía sus facultades mentales
alteradas- habría dicho que tenía una bomba en el
bolso de mano.
Según las informaciones
disponibles, intervinieron en el fusilamiento los
"alguaciles aéreos" que, armados, viajan en los distintos
vuelos norteamericanos disimulados en el pasaje con la excusa
de la "lucha contra el terorismo". Rigoberto Alpizar habría sufrido un episodio
de pánico e intentó bajar del avión antes del despegue. Los
"sheriffs" del aire le ordenaron tirarse al suelo, pero el
hombre no obedeció y se aferró a su mochila, por lo que le
dispararon. Su mujer, según testigos presenciales, gritaba en
ese momento "no tiren, tiene un desorden
mental".
Desde ya que la mochila no contenía
ningún artefacto explosivo ni Alpizar dijo nada de una bomba,
como declaró públicamente el obrero de la construcción que iba
sentado a su lado en el avión. Todo remite a las mentiras
exculpatorias como las que inventaron los asesinos de
Scotland Yard para justificar el homicidio de Menezes.
La concepción yanqui de la seguridad nacional les permite
violar los más elementales derechos humanos, empezando por la
vida, máxime cuando el
muerto es un individuo de tez
oscura.
JUSTICIA PARA MAXI
Y DARIO
El juicio por la masacre
del puente Pueyrredon está llegando a su fin. Después de meses
de testimonios, de arrimarse pruebas de todo tipo, esta semana
se empezaron a escuchar los alegatos de la fiscalía y de los
particulares damnificados. A partir del lunes, las defensas de
los acusados Fanchiotti y Acosta harán su parte.
Mientras una
manifestación, de la que formó parte la CORREPI, se agolpaba a
la entrada del tribunal de Lomas de Zamora, el ministerio
público -que precisamente no es la representación de los
intereses del pueblo, pues el fiscal Bernardo Schell ha
sido bastante procana toda su vida - y los abogados de
las familias Kosteki acusaron a los imputados como coautores
de las muertes de Maximiliano Kosteki y Darìo Santillán y de
otros siete intentos de homicidio de los
piqueteros.
Los acusadores pidieron la
pena de prisión perpetua para el comisario Alfredo Fanchiotti
y su chofer, Alejandro Acosta. Para los otros cinco policías
juzgados se solicitaron penas menores por
encubrimiento, ya que ocultaron los crímenes, y de 10
meses de detención a Celestino Robledo, un retirado que se
sumó a la represión.
En los alegatos se destacó
que Fanchiotti y Acosta actuaron “de común acuerdo, disparando
con munición de plomo para dar muerte a los manifestantes del
26 de junio del 2002, sabiendo cada uno lo que hacía el otro y
prestándose mutuo apoyo y demostrando un manifiesto
desprecio por la vida humana, ya que se probó largamente
que a Darío Santillán le dispararon mientras estaba
indefenso, sin representar ningún peligro, tratando de
auxiliar a un compañero herido”.
Pocas dudas había en
cuanto a la materialidad de los hechos y la
responsabilidad penal de estos cretinos, porque los
hechos fueron fotografíados y filmados. Pero esas imágenes
nunca hubieran alcanzado estado público si un fotógrafo
independiente como Sergio Kowalewsky, representado por la
CORREPI, no hubiera tenido el coraje de denunciarlo. Porque si
se esperaba a los medios de comunicación del sistema, que
también tenían esos retratos fotográficos, probablemente nunca
hubieran llegado a la justicia. Es bueno recordar que Clarín,
el gran diario argentino, demoró 24 hs.
la publicación de sus propias fotos de la represión.
Sobre Fanchiotti y Acosta
recaeran las más duras condenas. Y se lo merecen. Pero este
juicio ha sido rengo. Le faltó una pata. La matanza no
fue planificada por un par de "loquitos sueltos" de la
comisaría primera de Avellaneda. Faltan los autores
intelectuales. Como dijo uno de los fiscales "el gobierno
(de Duhalde) generó un clima, hizo gestos que incitaron a la
represión (...) alentó el uso de la violencia” frente a
ciudadanos “que estaban cayendo en la indigencia y se
organizaron para reclamar”.
Son responsables el
ex titular de la SIDE Carlos Soria y a su segundo Oscar
Rodríguez, el ex ministro de seguridad bonaerense Luis Genoud
y el ex de Defensa Horacio Jaunarena. El ex ministro del
interior Juan José Alvarez y el ex ministro de Justicia Jorge
Vanossi. Y por supuesto, Duhalde.
Pero también es
responsable por encubrimiento el gobierno de Kirchner, quien
para la tribuna, supuestamente mandó los archivos de la
SIDE para ser investigados y en realidad, como en el caso
AMIA, se trató de unos papeles sin contenido.
Unicamente habrá justicia
para Maxi y Darío cuando los políticos sean juzgados
y castigados.
REPRESION A LA
URUGUAYA
En tanto que se conocía la
liberación de los cuatro compañeros uruguayos detenidos por
manifestarse en contra de Bush, la justicia
"frenteamplista" procesaba a la militante de la Plenaria
Memoria y Justicia, Irma Leites por el delito de "desacato por
ofensa".
Leites había sido citada
por el juez Miguez el pasado 8 de noviembre, luego de que
integrantes de la Plenaria Memoria y Justicia realizaran una
manifestación frente a la sede del Tribunal de Apelaciones que
ordenó el archivo de la investigación sobre la desaparición de
María Claudia García de Gelman. En esa ocasión, militantes de
la Plenaria pintaron la leyenda "Alcahuetes de los milicos" en
el garage del Tribunal.
El juez Miguez pretendía
que Leites le diera los nombres de los autores de la pintada,
y como Leites se negó, la procesó por "desacatada". Irma Leites fue detenida en el año
1973 cuando tenía veinte años, en aquel entonces era
estudiante y trabajadora textil y permaneció nueve años presa
(desde noviembre del '73 hasta agosto del '82). Cuando la
detuvieron integraba el Movimiento de Liberación Nacional
Tupamaro.
Durante su cautiverio fue
torturada y como consecuencia del suplicio estuvo dos
años sin poder caminar, razón por la cual, en ese momento se
logró que el gobierno suizo la solicitara, pero el asilo le
fue denegado. Fue trasladada a varios centros de detención de
la dictadura uruguaya hasta que en 1982 encapuchada
y esposada fue a Suecia.
Regresó a Uruguay en 1985
y continuó su militancia. Integró el Comité Central del MLN,
al que en junio de 1989 presentó su renuncia por profundas
discrepancias políticas. Finalmente,
junto a otros compañeros formó la Plenaria Memoria y Justicia,
organización que lucha contra la impunidad y por el respeto a
los Derechos Humanos.
Es gracioso que los jueces
de Tabaré pretendan que una compañera tan íntegra sea buchona
del sistema.
SEIS AÑOS DE LA
MASACRE DE CORRIENTES (Reproducimos el llamamiento de
nuestra compañera Hilda Presman, militante de derechos humanos
autoconvocada desde el año 1999)
Se acerca un nuevo
aniversario del 17 de diciembre....
6 años de dilaciones, de
ausencia de justicia, de falta de respuestas a todos los
reclamos que nos autoconvocaron en calles, plazas y
puentes...
6 años de impunidad, 6
años de abandono, de birlarnos los sueños y las
propuestas.
Ninguno de los que se
fueron,de los que intervención mediante "normalizaron" la
provincia, y de los que quedaron cumplieron con las demandas
de un modelo más participativo y mas justo que responda a las
legítimas demandas de nuestros conciudadanos.
Los miles de correntinos
hostigados por el poder político nacional y provincial, a
través de su brazo armado: la Gendarmería, nuestros dos
muertos: Mauro Ojeda y Francisco Escobar, la treintena de
heridos de bala de plomo, nos exigen que no bajemos la
guardia, que no olvidemos.-
Por eso es que debemos estar,
autoconvocados, militantes sociales y políticos comprometidos
con la causa popular, , familiares y heridos este
sábado 17 de diciembre, como desde hace 6 años, en las cruces
de Tres y Abril y Chaco, a partir de las 19
hs,con nuestro permanente reclamo de Justicia y
de todas nuestras reivindicaciones
pendientes .
POLICIA
TURISTICA
El purgador Arslanián puso en funciones
a los primeros 600 uniformados de la Policía Turística
supuestamente para prevenir y reprimir el delito en los
partidos de la Costa Atlántica. Esta policia
turística suplantará a los famosísimos Operativo Sol Sin
Droga (o Droga Sin Sol como lo denominó alguna vez Maradona)
que la Provincia implementa desde hace 34 años en la Costa
Atlántica.
Parece que el gobierno de Felipillo no quiere sacar
canas de otros distritos para que se vayan a veranear a la
costa, por lo que formó un grupo de "guardianes del orden" con
bermudas y bronceador propio.
La verdad que es buena la idea ya que,
de esta manera se podrá identificar a los canas
que peguen y bardeen a los pibes, lo que habitualmente se
dificulta porque durante el verano actúan en la costa
efectivos de cualquier otro lugar de la provincia. Y ante cada
denuncia, los fiscalillos de Dolores deberán instruir causa
contra los policías, y no como hasta ahora que venían diciendo
que no podían continuar con las denuncias por apremios
ilegales o vejaciones porque no podían determinar si el cana
que pegó o humilló era de la departamental o de cualquier otro
lugar de la provincia y no lo conocían.
Se supone también que los integrantes de
la Turística no tendrán relación con la cana de Pinamar,
aquella que en el verano del 95 organizó para el
empresario burgués nacional Yabrán el asesinato de José
Luis Cabezas.
PROXIMAS
ACTIVIDADES
Viernes 16 de
diciembre, 19:00, CHARLA-DEBATE por la libertad y cese de
persecución de todos los luchadores populares. Anchorena N°
76, Capital Federal (a 3 cuadras de Plaza Once).
Sábado 17 de diciembre, 15:00,
Corrientes y Angel Gallardo, Escrache al comisario Weber,
asesino de Carlos Almirón.