Esta semana se volvieron a conocer más y nuevos detalles sobre las atrocidades que cometen las fuerzas armadas yanquis en Irak. Dos hombres denunciaron que a partir de su detención a manos de las tropas invasoras sufrieron palizas diarias, simulacros de fusilamientos, sofocaciones, humillaciones sexuales por parte de las uniformadas femeninas y hasta se los encerró en una jaula con leones.

 

A su vez se conoció el estado sanitario de 173 prisioneros de una cárcel de Bagdad, dependiente de la nueva policía irakí que es entrenada por los esbirros del imperio. Los detenidos, todos acusados de sedición "parecían sobrevivientes del holocausto" según la prensa. Para aquellos que no lo entienden, estos procedimientos se denominan tortura, crimen de lesa humanidad que, además, en situación de guerra como la que se vive en el mundo gracias a EE UU, es crimen de guerra.

 

También se conocieron las declaraciones de ex director de la CIA, Gral. Turner, que acusa a la actual administración de la central de inteligencia yanqui de aplicar sistemáticamente la tortura a pesar que el congreso no admitió la petición del vicepresidente Cheney en cuanto que los espías puedan torturar terroristas cuanto quisieren y lo consideren necesario. El presidente Bush ya anticipó que podría vetar esa resolución y así rediscutir la "licencia para torturar" .

 

Mazmorras como las mencionadas, las de Guantánamo, Abu Ghraib, etc. parece que hay en todos lados del planeta. Y también se confirmó que la CIA se dedica a hacer desaparecer presuntos terroristas y llevarlos a centros clandestinos de detención en Jordania, Malasia, Arabia Saudita, Egipto, Singapur, y también a las "nuevas democracias" del Este Europeo como Rumania y Polonia.

 

Finalmente admitió el Pentágono que usaron fósforo blanco -arma prohibida por las Convenciones de Ginebra- para atacar a los "terroristas" en Fallujah.

 

El interrogante sería: ¿Son necesarias más pruebas para considerar a EEUU enemigo de la humanidad? ¿Son necesarias más pruebas para caracterizar al invitado de K, George Bush como el Hitler del siglo XXI?

 

Las movilizaciones antiimperialistas del pasado viernes 4 en Buenos Aires, Mar del Plata y Montevideo culminaron, en todos los casos, con represión y presos. En Buenos Aires, los siete compañeros detenidos fueron indagados el sábado por el juez Ballesteros, y luego excarcelados. Esta semana -en tiempo verdaderamente record- todos fueron procesados por intimidación pública, algunos en concurso con el delito de lesiones (a policías) y de daño (a locales de empresas norteamericanas). Como siempre, los únicos elementos de prueba contra los compañeros son las declaraciones de los policías que los detuvieron, que llegan al absurdo, por ejemplo, de imputar a un compañero que tiene una seria discapacidad en una pierna haber arremetido a patadas contra dos uniformados a la vez. Obviamente la defensa apelará los procesamientos ante la Cámara Federal.

 

En Mar del Plata, como ya hemos informado, todos los detenidos de la noche del 4 de noviembre, en número superior a 80, fueron liberados entre el sábado y lunes siguiente. Sólo cinco de ellos quedaron imputados por "hurto calamitoso", mientras que los demás, demostrando lo arbitrario de la cacería producida por la policía, fueron objeto de convenientes detenciones "para establecer identidad", cuando no de inexistentes "contravenciones" del código de faltas provincial.

 

Pero en la Ciudad Feliz no había terminado aún la marcha cuando el intendente radical (hoy espada kirchnerista) Daniel Katz salió a los medios a señalar a los dirigientes del MTR-CUBa Oscar Kuperman y Ricardo "Chacho" Berrozpe como "responsables de esta locura", tema sobre el que ya nos pronunciáramos en el comunicado titulado "Hipócritas". A partir de allí se desató una avalancha de acusaciones en los principales medios de la ciudad (liderados por el inefable La Capital, que cada vez tiene menos que envidiarle a la Nueva Provincia, el diario de la familia Massot de Bahía Blanca), y que a su vez fue reproducida por Clarín, La Nación y otros medios nacionales.

 

De inmediato se instaló en esos medios que además de los mencionados, otros referentes de Quebracho, del Movimiento 29 de Mayo y de otras organizaciones estaban siendo investigados, y más aún, que se había librado órdenes de detención sobre la base de un "informe de inteligencia" elaborado por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Cualquier similitud entre ese informe y el célebre "libro azul" con que el ministro Corach promovió denuncia ante el juez federal Liporace contra varias organizaciones populares a mediados de los noventa, no es mera casualidad, sino la prueba evidente de la continuidad de las políticas represivas en Argentina. Sólo que Arslanián, superando por varios cuerpos a Corach, incluye en su "informe de inteligencia" a todo el arco que movilizó contra Bush en Mar del Plata, pues aparecen allí mencionados, además de los compañeros de las organizaciones ya señaladas, dirigentes y referentes del Polo Obrero, del MST-Unite, de la CCC, entre otros.

 

El juez federal Castellanos inició una investigación luego de recibir este material desde la justicia ordinaria, fuero en el que sólo quedó radicada una causa por daño, referida a los vidrios de las empresas de capitales multinacionales que fueron blanco de la bronca popular. El Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, CORREPI y FIDELA tomaron intervención en estas causas, e interpusieron una medida para conocer la situación de quienes aparecían reiteradamente nombrados en los medios como poco menos que prófugois de la justicia.

 

De manera coincidente, tanto el juez de garantías provincial Paolini como su par federal Castellanos, respondieron que no hay imputación a ninguno de los peticionantes, ni restricción alguna a su libertad ambulatoria. Castellanos directamente informó que no hay en su juzgado causa alguna que involucre a las personas en cuyo beneficio se interpuso la medida. O sea, carne podrida en la prensa promovida por el democrático Arslanián y el inefable Katz, para fomentar la persecución a los compañeros, lo que denunciamos desde CORREPI como parte de la inacabable y creciente campaña represiva contra los luchadores.

 

 

Esos son los jueces del gobierno "progresista y de izquierda" del hermano país, cuando del decoro del imperio se trata...

 

Patéticamente hipócritas. Repugnamente hipócritas, los concejales de Mar del Plata declararon "personas non gratas" a Berrozpe y Kuperman. Ese mismo grupo de lamebotas cipayos y alcahuetes se negaron hace apenas meses a declarar "persona non grata" al jefe del imperio. A Bush no, ese es "visitante ilustre".

 

El jefe del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, será sometido a juicio por el delito de coacción por ir a pedirle comida a la cadena yanqui de comidas rápidas Mc Donald´s. El hecho ocurrió el diciembre del año pasado cuando Castells reclamó 50 mil "cajitas felices" al local que está ubicado en Corrientes y 9 de Julio.

 

El juicio empezará el 5 de diciembre y como está claro siempre, la justicia y los políticos están a favor de los que representan los intereses norteamericanos.

 

Esperemos que Castells sea absuelto y que no vuelva a prisión por luchar. Lo que sí le pedimos es que no busque solidaridades en otros que también van a ir a juicio oral pero por enriquecimiento ilícito y por omitir declaraciones juradas como es el caso de Carlos Menem.

 

El sábado 19 de noviembre, Ana Isabel Zanutigh, dirigente del Sindicato de Amas de Casa, fue detenida por la policía santafesina en momentos que se interpuso ante el accionar represivo de agentes de la fuerza de seguridad provincial, en un procedimiento realizado en el barrio 29 de abril en el norte de la ciudad de Santa Fe.

 

La gremialista intentó pedir explicaciones ante el atropello perpetrado por la policía en perjuicio de vecinos cuyo único delito achacable parece ser su condición de humildes.

 

Como dicen los miembros del Sindicato de Amas de Casa "Esta es una muestra más de la violencia ejercida por un gobierno que primero excluye a los ciudadanos social y económicamente para luego, como si nada fuese suficiente, reprimirlos y humillarlos violando la intimidad de sus propios hogares. Exigimos la inmediata liberación de nuestra compañera y el esclarecimiento del hecho por el cuál el Gobierno de la provincia ha comenzado una escalada indiscriminada en los niveles de represión y el ejercicio reaccionario del monopolio de la violencia contra quienes tenemos la decisión de hacer respetar nuestro derechos y dignidad de ciudadanos."

Exigimos la liberación inmediata de Ana Zanutigh, que, bueno es recordarlo, fue la persona que radicara la primera denuncia penal contra el ex menemista y actual transversal Carlos A. Reutemann, por las inundaciones del 29 de abril de 2003.

 

El Gobierno instruyó a los jefes de las fuerzas de seguridad nacionales para que denuncien penalmente a quienes cometan actos de agresión, resistencia a la autoridad o lesiones contra el personal uniformado durante el ejercicio de sus funciones. La determinación -publicada en el Boletín Oficial- fue adoptada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Y está dirigida específicamente a las autoridades de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Fernández argumentó que debido a la política oficial de "contener y no reprimir" las protestas sociales, "se pone en riesgo la integridad física y en ocasiones hasta la propia vida" de los efectivos que controlan la seguridad en las movilizaciones. En el texto, el Gobierno recordó que -por decisión oficial- los miembros de las fuerzas de seguridad trabajan en las protestas "desprovistos de armas de fuego, escudos, bastones y cascos". Además, se aclaró que esa política se adoptó para "mantener el delicado pero necesario equilibrio entre la protesta social y los derechos del resto de la ciudadanía".

Al respecto, el artículo 1ª de la norma dispone la instrucción a los jefes de las fuerzas de seguridad "para que, por donde corresponda, se lleven a cabo las denuncias penales por agresión, resistencia a la autoridad, lesiones o cualquier otra conducta reprochable de mayor gravedad, de la que fuera objeto el personal en el ejercicio de sus funciones". Además, se aclaró que -como paso previo a la presentación judicial- los responsables de las instituciones "deberán ordenar que el servicio jurídico interno de cada repartición produzca el correspondiente dictamen sobre el caso, abordando la juridicidad del planteo, la verosimilitud de los elementos de prueba y su ofrecimiento".

A veces este gobierno casi resulta cómico. Desde antaño -no sólo desde la asunción K- cada vez que hay un incidente en una marcha o movilización, religiosamente hay algún "efectivo" policial que en el ejercicio de su función -o  sea, reprimiendo- alega haber sufrido la agresión descarnada de algún enemigo del orden que lo manda, siempre también, en "observación al Hospital Churruca".

 

Los medios, siempre como siempre, recogen esa información y la magnifican al punto de hacer notar que los pobres servidores públicos que han quedado tan malheridos que deben ser trasladados al dispensario policial. Claro, nunca van a ver como siguen, porque como siempre, los supuestos lesionados policiales no registran finalmente ni un mínimo raspón.

 

Lo que ocurre es que para justificar que ellos habitualmente pegan a mansalva a los manifestantes, hace falta alguna "víctima" de parte de la policía. Alguna vez vimos una causa en la que un efectivo policial que denunciaba estar terriblemente lesionado... en los nudillos de su mano derecha, mientra el detenido tenía hematonas en las costillas, evidentemente "el arma agresora".

 

Ahora el cada vez más parecido a Corach Aníbal Fernández ordena a los titulares de las fuerzas de seguridad nacionales que denuncien penalmente a quienes los agredan o lesionen. Dice el bigotudo, cada vez más parecido a un comisario de Quilmes, que los canas y demás ponen riesgo su integridad física y en ocasiones hasta la propia vida para controlar las movilizaciones. 

Fernández, no seas cínico. Si siempre, cada vez que inventan algún efectivo policial que debe ser ingresado al Hospital Churruca, viene un esbirro del ministerio fiscal para hacer la denuncia que ahora vos pretendés que hagan los canas. Si sabés perfectamente que los fiscales están prestos a ser genuflexos ante la autoridad polìtica y a su vez, hacerle la venia a la policía. Decí la verdad. Siempre, pero siempre lo que CORREPI llama "combo movilización", la carátula que fiscales y jueces inventan para involucrar manifestantes y poder así legitimar la represión, es precisamente, "lesiones, resistencia a la autoridad y daños".

 

Lo que hacés con esto, Fernández, es dar una señal a los que se manifiestan para que sepan que los pueden denunciar los propios canas. Y con ello, disciplinar socialmente. No mientas más.

 

La CORREPI quiere recordar que el intendente Aníbal Ibarra ha sido a lo largo de su gestión acérrimo defensor del Código Contravencional, eficaz herramienta represiva para controlar socialmente a los pobres, a los distintos, a los jóvenes. Que Ibarra, desde el balcón de su despacho presenció impávido todas las represiones llevadas a cabo en Plaza de Mayo desde su jura como Jefe de Gobierno de la Ciudad. Y que ningún jefe de gobierno puso más moneda contante y sonante que él para contribuir a pertrechar a la Policía Federal, con vehículos y armamento.

 

Por más Museos o Parques de Memoria que haya inaugurado simbólicamente, u obediencias debidas que haya planteado como inconstitucionales, a la hora de definirse por la represión buscó el verso de la "convivencia" para coartar las libertades de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

 

Como titularan los diarios en estos días, a un mes del incendio que cobró la vida de 33 jóvenes presos en la cárcel de Magdalena, la investigación judicial se ha limitado a recolectar las autopsias, ordenar un par de pericias, y recibir declaraciones testimoniales, entre las que se destacan las de los guardiacárceles.

 

Como siempre que el uniforme es el responsable, se cita a los funcionarios del aparato represivo como testigos, y salvo los familiares de víctimas que se constituyeron en partes nadie reclama que se los indague como imputados. Por otra parte, y como declarara nuestro compañero Marcelo Ventura Peña, abogado en la causa, nada se ha hecho, salvo grandilocuentes declaraciones oficiales, para garantizar la integridad física de los verdaderos testigos y víctimas a su vez, los presos sobrevivientes, por cuya seguridad personal responsabilizamos al estado provincial y nacional.

 

Para lo que sí se pinta solo el gobierno provincial es para mandar a su espadachín de los DDHH, Remo Carlotto, y sus funcionarios subalternos, a intentar comprar la voluntad de los familiares de las víctimas con ofrecimientos de todo tipo: Asistencia psicológica para "superar el trauma", como eufemísticamente llaman al homicidio masivo; abogados para iniciar acciones civiles de resarcimeinto (de reclamar juicio y castigo en sede penal, ni hablar); subsidios, etc.

 

Pero los familiares de los presos muertos, que se han organizado con el apoyo de organizaciones antirrepresivas, no aceptaron en su mayoría las prebendas que les ofrecieron, Carlotto u otros funcionarios del área. Por el contrario, el día que los citó para recibirlos con el gobernador, se concentraron en número cercano a las 400 personas en la estación de tren de La Plata, con la presencia de compañeros de CORREPI y del MUP-FP Darío Santillán.

 

La marcha arrancó silenciosa hasta que nuestras compañeras familiares de víctimas del gatillo fácil empezaron a batir palmas y cantar las consignas antirrepresivas habituales. Frente a la Casa de Gobierno se quemó un muñeco (una rata con uniforme del Servicio Penitenciario). Funcionarios de la Secretaría de DDHH que se habían presentado ya en varias reuniones de los familiares de Magdalena quisieron convencerlos de que entrara sólo una pequeña delegación, pero los compañeros no se amilanaron, o entraban todos o ninguno.

 

Finalmente entraron todos, incluidos compañeros de la comisión de familiares de CORREPI como Olga Durán. Llegados al dorado recinto se dispusieron tres sillitas bajo la araña de quicientos focos, y 40 enfrentadas en forma de anfiteatro. Remo Carlotto, su segundo el Dr. Pochat y una tercera funcionaria de la secretaría se acomodaron y emepezaron a explicar lo bueno que es el gobierno de Solá.

 

Los familiares se retiraron indignados y se dirigieron a la Fiscalía, donde también ingresaron con madres de víctimas de gatillo fácil organizadas en CORREPI como Esther Lobato, Olga Durán, Ramona Núñez y Estela Rivero, exigiendo a voz en cuello justicia para sus hijos asesinados.