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CORREPI - BOLETIN
INFORMATIVO
Número 332 - Julio 17 / 23 de 2005 SUMARIO 1- Un año de injusta prisión 2- Informe de La Pampa (Parte II) 3- La Glock del Sr. Juez 4- Manifestantes por Cromagnon, sobreseídos 5- Haití: Masacre de
Pobres
6- Próximas Actividades UN AÑO DE INJUSTA
PRISIÓN
Los quince presos
políticos tras la movilización del 16 de julio de 2005
contra el tratamiento a puertas cerradas del Código
Contravencional continúan privados de su libertad. Los
gobiernos de Kirchner e Ibarra, que gustan llamarse
progresistas, fomentaron y convalidaron estas injustas
detenciones a prostitutas, vendedores ambulantes y otras
personas que estaban en las cercanías de la Legislatura un año
atrás.
Los principales testigos
en contra de los detenidos (a los que se acusa entre otras
cosas de supuesta privación de la libertad de todas las
personas que se encontraban dentro de la Legislatura, a pesar
de que quien impidió el egreso fue el propio personal de
seguridad de esa institución, por orden del antiguo
funcionario dictatorial, hoy macrista y siempre reaccionario
Santiago de Estrada) son los propios policías que los
reprimieron y detuvieron, junto a los representantes de
los sectores manoduristas partidarios del nuevo Código
Contravencional.
No podemos olvidar que en
cinco oportunidades fue rechazado el pedido de su
excarcelación, con el argumento de que "la gravedad de la pena
en expectativa" -debido a la absurda calificación legal
impuesta para mantenerlos detenidos- permitiría presumir que
en caso de ser liberados, intentarían "sustraerse a la acción
de la justicia". Parece que para jueces y camaristas es
mayor la pena de quienes protestan contra una ley
represiva que la que merecen quienes están imputados por
194 homicidios simples, ya que en el caso de Chabán
consideraron que no hay riesgo de profugación.
Entre otras actividades en
reclamo de su libertad, esta semana se realizó una
movilización que partió el viernes bajo la lluvia desde
Independencia y Bernardo de Irigoyen hasta la Legislatura y la
Jefatura de Gobierno y el sábado una nueva convocatoria
desde las 14 y hasta las 20, con una jornada con feria,
talleres, charlas, un recital y espectáculos varios.
La causa ha pasado ahora
al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17, que realizará el
juicio oral en fecha aún no determinada.
INFORME LA
PAMPA (De nuestro compañero Francisco "Panqui" Bompadre del
Mov. Pampeano por los DDHH) Parte II
IV. Obediencia debida. Los estudiantes del polimodal del colegio Nacional República del Salvador, de la ciudad de General Pico, el día 15 de junio apoyaron las ya históricas movilizaciones y protestas docentes de nuestra provincia. En un marco de altísimo acatamiento en toda la provincia y de fuerte politización en el reclamo, los adolescentes se solidarizaron con los múltiples reclamos educativos. Pero como las autoridades y docentes del colegio no adhirieron a las medidas, decidieron encerrar en el patio de la Escuela a los estudiantes, quienes además denunciaron que fueron amenazados por haber llamados a sus padres y a los medios periodísticos para denunciar el hecho. Días
antes, dos alumnos se habían plegado a la huelga docente
sentándose durante toda la jornada debajo del pizarrón, lo que
motivó que una docente pidiera sanciones disciplinarias. El
impresentable del coordinador Fraga explicó a la prensa que
los estudiantes no podían hacer declaraciones porque eran
menores. Al otro día de los hechos los estudiantes expresaron
en un documento público: “cuando hablamos de educación, no nos
referimos a la instrucción teórica que recibimos en
Matemáticas, Lengua y las otras materias, sino a la educación
relacionada con el compromiso social y con valores como la
solidaridad y la importancia de las ideas...”. Parece que el
ministro Tierno va a tener trabajo en los próximos años,
no?.
V. Vivienda única: una cuestión policial. El policía Schneider, el hombre de la voz finita, avaló la represión policial contra los manifestantes que trataron de impedir el remate de una vivienda en nuestra ciudad; e incluso se manifestó sorprendido de que en el mencionado acto público se encontraran en el lugar dos diputados provinciales y “la actitud de agresión de la gente hacia la policía”: no nos extrañamos, también el almirante Massera se defendió en el Juicio a las Juntas diciendo que habían ganado una guerra justa, sorprendiéndose de las acusaciones de los testigos. Erudito en datos
legales y en la situación jurídica del inmueble, el
“representante legal” del First Trust of New York, estuvo a la
altura de las circunstancias. Fiel a la ideología de
servidores del poder político-económico -cada vez más
extranjerizado-, el empleado Schneider olvidó mencionar
algunos datos: Hacia fines del año 2001 la provincia contaba
con 63.038 habitantes que vivían hacinados en unas 12.000
viviendas; 22.785 pampeanos habitaban en casas con pisos de
tierra o sin agua potable ni retrete; 2.062 viven en casas en
ranchos; 687 en casillas; 1.018 en piezas de inquilinato; 721
en locales no construidos como vivienda; 140 en viviendas
móviles y 40 en pensiones (según datos del Censo Nacional de
Población, Hogares y Vivienda). Esta situación de por si ya es
bastante seria, por lo que no consideraremos los datos
relativos a desempleo, pobreza, distribución del ingreso,
deserción escolar, bajo peso infantil, maternidad adolescente,
etc. Como se ve, un panorama no muy alentador en la materia
como para seguir beneficiando a las empresas multinacionales
que no sólo han hecho y hacen mucho daño, sino que también se
han llevado y se llevan mucho dinero del pueblo argentino. La
situación social de la Argentina y de La Pampa en particular,
debe ser resuelta con políticas públicas que beneficien a los
sectores más desprotegidos y vulnerables, y no con palos
policiales.
Es la historia
repetida de las policías sirviendo a los poderosos, como en la
Semana Trágica, como en los sucesos de la Patagonia en los
años 1920/1921, como en el Plan Conintes, como en el Proceso
de Reorganización Nacional, como en el 19 y 20 de diciembre,
como en el 15 de febrero en la Plaza San Martín, como el 26 de
junio en el puente; como todos los días en todo el territorio
del país, el empleado Schneider y la banda armada más
peligrosa del país, van disciplinando adolescentes pobres,
matando manifestantes, reprimiendo a la clase media disidente,
y cobrándole adicionales a los ricos.
Párrafo aparte
merece el juez que firmó la orden del remate, seguramente más
preocupado en pensar cómo gastar el suculento sueldo que todos
los ciudadanos le pagamos para que también él, “represente”
los intereses del First Trust of New York. La Observación
General Nº 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU, ha precisado con claridad que es
obligación para los Estados parte brindar mecanismos adecuados
y efectivos para que los derechos contenidos en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
puedan ser exigidos por los individuos: ¿Perdigués y Schneider
se habrán enterado?
VI. La alcaidía. La Alcaidía de la Ciudad de Santa Rosa funciona en contados casos como uno de los pasos a seguir por los detenidos dentro de las instituciones estatales (federales y provinciales). Los alojados no están condenados por la justicia, no obstante se considera aplicable la normativa legal pensada para aquellos y las autoridades deben ser más sensibles a las condiciones de detención en virtud de que técnicamente aún son inocentes (hasta que una sentencia firme demuestre su culpabilidad). Aún así, la
epidemia de sarna y hongos desatada en este lugar ha mostrado
las falencias, la negligencia y el desinterés por parte de
funcionarios, jueces y fiscales que deben velar por la
integridad física y psíquica de los ciudadanos allí detenidos.
Las versiones periodísticas apuntaron sobre las causas de la
epidemia en el estado de los mismos internos poco
higienizados, y también al estado de los colchones y frazadas.
Además se cuestiona el olor nauseabundo que deben soportar los
presos de la Alcaidía.
Como fuese, el
estado de salud de los internos no está en sintonía con la
normativa legal, ni con el último fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ("Recurso de hecho deducido por el
Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky,
Horacio s/ habeas corpus"), sobre las condiciones de detención
de los reclusos en cárceles y comisarías de la provincia de
Buenos Aires, que es aplicable jurisprudencialmente a todo el
país.
LA GLOCK
DEL SEÑOR JUEZ
El juez
federal Claudio Bonadío aparece en el Archivo de Casos de
CORREPI, pero no por su labor judicial, sino porque es autor
de un doble homicidio injustificable. El hecho ocurrió el 28
de septiembre de 2001, cuando dos jóvenes intentaron robar en
el domicilio del magistrado. Cuando se vieron descubiertos,
huyeron por los fondos de la amplia casa. Pero Su Señoría,
desde el techo -y en paños menores debido a la premura- evitó
la fuga acertando dos disparos en la espalda de Germán
Ariel Lorenzatti y uno en la nuca de Martín Villar. Pese a que
por lo menos uno de los chicos estaba desarmado, y que ambos
huían como conejos hacia el tapial, la causa fue archivada y
Bonadío sigue juzgando la conducta de
otros.
Parece ser que
a Don Bonadío le resultaron pocos los ocho tiros que realizó
en pocos segundos, y ha decidido hacerse de un arma más eficaz
para la próxima. Según informó La Nación esta semana, el juez
federal es el feliz adquirente de una pistola Glock
modelo C 18, calibre 9 milímetros, que permite disparar su
cargador, de 19 balas, en forma de ráfaga en menos de un
segundo.
Estas
armas, que utilizan los agentes especiales del
FBI, no están disponibles en Argentina para ninguna
fuerza de seguridad ni militar. Menos puede adquirirlas un
civil, excepto que el Ministerio de Defensa lo autorice en
forma expresa. El interesado, entre
otras cosas, debe acreditar un entrenamiento especial para su manejo. La compra de diez pistolas se hizo el año pasado con un trámite que el diario La Nación califica como que "roza la ilegalidad". Es que el Ministerio de Defensa, con la firma del director del Renar Juan Carlos Ramos, envió al gobierno de Austria, el país donde se fabrica el arma, una nota denominada "Certificado de usuario final para su presentación a las autoridades de control de exportaciones de Austria", en la que se afirma que las diez Glock "serán utilizadas en la Argentina por el Ministerio de Defensa". Sin embargo, todas terminaron en manos de particulares. Además del juez Bonadío, entre los poseedores figuran el ministro de Defensa, José Pampuro; su secretario de Asuntos Militares, Jaime Garreta; el director del Registro Nacional de Armas (Renar) Juan Carlos Ramos; su subdirector, Narciso Angeletti; el procurador del tesoro Osvaldo Guglielmino y el empresario de Lomas de Zamora Néstor Otero, y dos aún no fueron entregadas. El diario no
pudo constatar el destino de la décima pistola, aunque hay
versiones en el sentido de que la habría comprado el ministro
del Interior, Aníbal Fernández. Consultado sobre el punto,
Aníbal tranquilizó a todos: "Sólo tengo una H&K". Ah,
bueno.
Para
justificar la compra dijeron que estaban amenazados, pero es
sugestivo que ninguno de los siete denunció las presuntas
amenazas, ni judicial ni públicamente. LA NACION supo que
varios de los compradores de las armas se entrenaron durante
meses en un polígono de tiro del
conurbano.
No está claro quién autorizó la irregular compra. Ramos, director del RENAR, aseguró que las autorizaciones especiales fueron suscriptas por el ministro Pampuro, incluida la que lo beneficia a él mismo. Otras fuentes, en cambio, aseguraron que Pampuro autorizó a Garreta, Angeletti y a Bonadío. Y que Garreta autorizó la de Pampuro, la de Ramos, la de Otero y la de Guglielmino. Como sea, se autorizaron ellos mismos. Finalmente, llama la atención que los recibos exhibidos por el Ministerio de Defensa indican que cada uno pagó 500 dólares por las pistolas, especialistas en armas consultados por LA NACION dicen que una pistola de ese tipo vale alrededor de 1300 dólares. ¿Además de comprar armas de uso prohibido, y de autorizarse entre ustedes, también subfacturan, muchachos? Bueno, de última, si alguien hace la denuncia, siempre puede estar de turno Bonadío... MANIFESTANTES POR CROMAGNON, SOBRESEIDOS El 6 de enero pasado fue una de las
movilizaciones más importantes reclamando juicio y castigo a
los responsables por la Masacre de Cromagnon. Esa marcha, más
masiva aún que la del día 3 de enero, fue reprimida y 35
personas, en su mayoría jóvenes -entre ellos un militante de
CORREPI y un periodista de ANRed-, fueron
detenidos.
A pesar de que se intentó por todos los
medios relacionarlos con los incidentes ocurridos frente
a la Jefatura de Gobierno, ni uno solo de los
detenidos aparece en los videos de la jornada realizando
conducta alguna que pueda ser reprochada. Sólo tres de ellos
pueden ser observados, precisamente cuando son brutalmente
golpeados y arrastrados por personal policial hacia los
camiones celulares.
Con esta clara evidencia de que, como lo
denunciamos en su momento, la policía federal salió esa noche
de cacería y detuvo arbitrariamente a los 35 chicos y chicas,
todos ellos acaban de ser sobreseídos por la jueza Fontbona de
Pombo.
Queda sin embargo una cuestión pendiente:
los 35 detenidos fueron fotografiados y filmados por personal
policial en la comisaría 2ª. Esas imágenes fueron las
utilizadas para comparar con los videos, fracasando el intento
de incriminarlos. Ahora que la causa fue cerrada, y ellos
sobreseidos, ¿adónde van a ir a parar esas fotos y
filmaciones?
HAITI: MASACRE DE POBRES (agradecemos
el aporte a Henry Boisrolin, Coordinador del Comité Democrático Haitiano en
Argentina)
El 6 de julio
último pasado, la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para
la Estabilización de Haití) - es decir las fuerzas de
ocupación del país - llevaron a cabo una operación militar en
Cité Soleil (la barriada popular más grande de Puerto
Príncipe, la capital de Haití). Con el pretexto de detener a
Emmanuel Wilner " alias Dread Wilmé", un supuesto jefe de
"bandidos" que - según el gbierno de facto de Haití y los
jefes de la MINUSTAH - con sus lugartenientes siembran el
terror en la capital y otras regiones del país, los soldados
de la ONU asesinaron a niños, mujeres, ancianos,
etc.
En efecto, los
Cascos Azules -con la Policía Nacional de Haití (PNH) como
retaguardia- entraron en la madrugada del miércoles 6 de
julio de 2005 en Cité Soleil a sangre y fuego con 40
blindados, 2 helicópteros y 350 hombres fuertemente armados.
Con ametralladoras, fuego de tanques y gases lacrimógenos,
lanzaron su ofensiva disparando hacia dentro de las casas,
galpones, una iglesia y una escuela. Varias de esas casas
están hechas de cartón y lata. Los testigos reportaron que
cuando la gente huía para escapar del infierno desatado, las
tropas de la ONU los baleaban por la espalda. Además habían
bloqueado previamente con tanques y tropas los callejones,
dispositivo que permitió asesinar también a varios habitantes
que iban a trabajar.
Con un fuego
sistemático sobre civiles, con helicópteros cuyas
ametralladoras disparaban hacia la gente, ciudadanos que
estaban bajo ataque desde todos lados y desde el aire y con
las salidas cortadas, es obvio que los soldados de la ONU
cometieron una matanza. Hubo más de 50 muertos y centenares de
heridos. Todos esos datos fueron confirmados, por ejemplo, por
algunos miembros de la Labor Human Rights (una organización
norteamericana de derecho del hombre).
De supuesta Misión
de Paz, está claro que la MINUSTAH pasó a ser una Misión para
hacer la Guerra. Guerra a los pobres y no a la repugnante
élite económica haitiana, la principal responsable con el
imperialismo norteamericano de la tragedia (hambre,
desocupación, analfabetismo, etc.) que golpea a más de 8
millones de haitianos.
Por otra parte, a
más de un año de la presencia de esa fuerza internacional en
el país, la MINUSTAH no sólo comete atrocidades como la del 6
de julio, sino también demostró su incapacidad para desarmar a
los paramilitares, evitar los incendios de mercados, los
asesinatos y los secuestros. Más de 100 personas fueron
secuestradas el mes pasado en Puerto Príncipe. Y según los
datos ya conocidos, el mes de julio parece que marcará un
nuevo récord en referencia a los secuestros y
asesinatos.
Frente a esas
barbaridades, hacemos un urgente llamado al pueblo argentino,
a sus organizaciones de DD.HH., a sus organizaciones
sindicales y políticas, etc., a elevar su voz para exigir el
inmediato retiro de las tropas argentinas de la MINUSTAH. Una
manera de expresar también su solidaridad concreta para
con la lucha del pueblo haitiano por su
liberación.
PROXIMAS
ACTIVIDADES
La Agrupación
Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA
(APEMIA) realizará un acto independiente del gobierno y de la
dirección de la AMIA-DAIA el próximo LUNES 18 DE JULIO a las
18:30 hs., en la ESQUINA DE CORRIENTES Y PASTEUR al cumplirse
11 años de la masacre.
CORREPI EN
FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por
medio.
CORREPI Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional correpi@fibertel.com.ar correpi-prensa@fibertel.com.ar Quienes deseen ver el ARCHIVO DE CASOS u otros materiales, pueden visitar www.correpi.lahaine.org Si no desea recibir nuestros envíos, responda este mail con el asunto "remover". |