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CORREPI - BOLETIN INFORMATIVO
Número 325 - Mayo 29/Junio 4 de 2005 SUMARIO 1. Santa Fe: Crean la Policía para Chicos 2. Soldados yankis y un
comisario de la PFA unidos en defensa de las torturas
3. La Unión Europea coordina la represión 4. La Matanza: Paliza y brazo
roto
5. De Chivilcoy: Presunción de inocencia sólo para la cana 6. Otra de los jueces de San
Isidro
7. Próximas
Actividades SANTA FE: CREAN LA POLICÍA PARA CHICOS
Quien crea que lo ha visto todo en materia represiva, que se
pegue una vuelta por la campeona nacional del gatillo fácil, la tortura y las
muertes en cárceles, la bonita Santa Fe. El último proyecto de las
Subsecretarías de Seguridad Pública (a cargo de Gustavo Peters) y de Justicia
(cuyo flamante titular es Héctor Gabriel Somaglia) es crear un
organismo especializado en el tratamiento de las problemáticas y los
derechos de niños y jóvenes, o sea, una policía para los menores de edad.
Se indicó que participan 290 agentes en la ciudad de Santa Fe y 380 en
la ciudad de Rosario.
Lejos de tratarse de una iniciativa
despenalizadora, será personal policial de la Unidad Regional 1 el
que, cursillo mediante, conformará la futura "Policía de Niñas, Niños y
Jóvenes". La jefa de la policía santafesina, Leyla Perazzo, que desde los
tiempos de la dictadura se ha ocupado bastante de los menores (algunos que
todavía siguen desaparecidos) es la impulsora del proyecto, al que se sumaron
entusiastas otros "especialistas" del Poder Judicial y del Colegio de
Abogados.
¿Se imaginan a los agentes de la UR1 memorizando la
Convención de Derechos del Niño, mientras juegan con el bastón tonfa?
SOLDADOS YANKYS Y UN
COMISARIO DE LA PFA UNIDOS EN DEFENSA DE LAS TORTURAS
Esta semana, con escasísima cobertura mediática, se filtró la información sobre dos casos de tortura seguida de homicidio cometidos por tropas yankys en Afganistán, en el marco de la práctica sistématica de tormentos contra los prisioneros de la cárcel de Bagram. Al menos 27 militares estadounidenses podrían ser investigados por los homicidios de Habibullah y Dilawar, dos afganos que murieron en diciembre de 2002 tras ser golpeados en sus extremidades inferiores mientras colgaban del techo por sus muñecas, privados de comida y bebida, aunque hasta ahora sólo siete fueron formalmente acusados (por supuesto, los jefes del Pentágono y otras áreas del Gobierno de Bush que impulsan la utilización de torturas no se encuentran ni se encontrarán entre los investigados). Dilawar era simplemente un chofer de taxi de 22 años, que pasó con su vehículo y tres pasajeros frente a una base yanky (al este de Afganistán) que había sido atacada inmediatamente antes. Sus tres pasajeros tuvieron más suerte, ya que fueron liberados tras quince meses de detención injustificada en Guantánamo, mientras él murió como consecuencia de las torturas. La defensa de uno de los soldados acusados es una clara condena al gobierno de Bush y sus prácticas criminales, ya que afirma que su actuación es acorde con los procedimientos normales en vigor en la cárcel de Bagram. En nuestros pagos, el mediático comisario retirado de la P.F.A. Jorge Alberto Gómez publicó en un periódico de la Ciudad de Buenos Aires una carta de lectores que apareció bajo el título de "El delincuente libre y los policías presos", defendiendo al comisario mayor Palo, el comisario inspector Sablich y otros funcionarios de menor grado detenidos por torturar a secuestradores también pertenecientes a la P.F.A. (detalle que, por supuesto, Gómez omite). ¿En qué se funda para defender a sus compañeros? En que tendrían "35 años de antigüedad en su carrera" (lo cual los sitúa en 1970, a tiempo para participar de las represiones de Lanusse, de la Triple A y, por supuesto, de la última dictadura militar), en que se trata de "hombres premiados por la institución" (como si fuera mérito ser premiado por una institución que tuvo recientemente un jefe felicitado por asesinar un sindicalista - Pelacchi, luego jefe de seguridad de Aeropuertos 2000 - y otro que tuvo que ser dado de baja por quedarse con el dinero de la Obra Social policial, defraudando a sus subordinados, excepto por supuesto a los que estaban en el negocio con él -), premiados por "organismos del exterior" (cuando el procesado comisario Buscaglia estuvo a punto de recibir un premio del Gobierno francés y el "Fino" Palacios había sido multipremiado por los EE.UU.), etc. No realiza críticas específicas a la Sala interviniente, a la que ni siquiera menciona por su número (se trata de una de las salas más reacias a defender los DDHH., casi tan amiga de las fuerzas represivas como el Juez de Instrucción Zelaya). La línea de su argumentación es clara (aunque no se atreve a hacerla expresa): las personas acusadas de cometer delitos no tienen derechos y por ende están inhabilitadas para denunciar cualquier delito en su contra. El problema es que ese argumento se da vuelta cuando, en la misma carta, defiende a los policías investigados por la justicia o cuando, oportunamente, salió a defender a Giacomino invocando el principio de inocencia que niega al resto de los mortales. LA UNIÓN EUROPEA COORDINA LA
REPRESIÓN
La Unión Europea no
es sólo una comunidad de intereses económicos con una moneda común. Es también
una comunidad a la hora de coordinar sus esfuerzos represivos, en particular
contra los inmigrantes ilegales de países empobrecidos, que como es sabido
cruzan fronteras sólo para delinquir.
Esta semana
representantes de los estados español, francés, alemán, belga, holandés,
austriaco y luxemburgués firmaron su adhesión al Tratado Schengen III, que
refuerza la cooperación frente al «terrorismo», la delincuencia organizada y la
inmigración que llaman «ilegal». Los ministros de Interior o de Justicia suscribieron el
convenio, que tiene por objetivo declarado reforzar la cooperación
transfronteriza, sobre todo en materia de intercambio de información, para
prevenir atentados y otros delitos.
El acuerdo permitirá a los siete
estados «intercambiar por primera vez información sobre ADN, huellas dactilares,
vehículos y personas vinculadas al terrorismo y el crimen organizado
internacional», a la vez que incluye disposiciones para la protección de datos.
Los estados han acordado reforzar el control sobre sus fronteras internas
durante grandes acontecimientos deportivos, musicales, sociales o políticos, así
como tras una catástrofe o atentado. El alemán Otto Shili dijo que este sistema,
que prevé patrullas policiales comunes de dos o más estados miembros, se pondrá
en práctica el próximo año con motivo de los mundiales de fútbol en Alemania.
El Tratado firmado prevé un refuerzo
de la seguridad de los vuelos mediante el empleo de escoltas que podrán ir
armados y permitirá luchar contra la «inmigración ilegal» a través del envío de
asesores y expertos a los países considerados como de origen o tránsito de
dichos inmigrantes.
LA MATANZA: PALIZA Y
BRAZO ROTO
El Sr. Luis Alberto Díaz estaba con su hijo de 14 años en un pool de Villa
Dorrego, La Matanza, el 13 de marzo pasado. Discutió con uno de los mozos y
lo echaron a la calle. Cuando se estaba yendo con el pibe, apareció un
patrullero convocado por los dueños del negocio. Delante del pibe le pegaron una
soberana paliza, y lo coargaron en el móvil.
En la
comisaría le volvieron apegar, especialmente después que dijo que los iba a
denunciar por lo ocurrido en la calle. pasó la noche esposado en un
calabozo, con terribles dolores en el brazo derecho.
Al día
siguiento lo liberaron con cara de "aquínohapasadonada". El Sr. Díaz fue al
hospital, sólopara verificar que entre otras muchas lesiones corporales, tenía
una doble fractura de radio y cúbito derechos. Era tan grave que debieron
operarlo para hacer la osteosíntesis usando varios clavos metálicos. Esta
semana todavía lleva su brazo enyesado.
El Sr. Díaz denunció lo ocurrido,
confiando que la fiscalía actuaría de oficio. A casi tres meses del hecho, la
causa sólo contiene su propia exposición al efectuar la denuncia. Absolutamente
ninguna actuación hasta hoy, más que poner la hoja en una carpetita y darle un
número.
CORREPI lo va a patrocinar para
constituirse en parte e impulsar la acción penal que, parece, los fiscales no
representan cuando el acusado es la policía.
DE CHIVILCOY:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SÓLO PARA LA CANA
(Agradecemos el aporte a la ASOCIACIÓN CIVIL POR LOS DERECHOS HUMANOS
Chivilcoy)
Hace casi un
año, la Asociación Civil por los Derechos Humanos de Chivilicoy envió una
nota al Concejo Deliberante señalando la gravedad de la práctica policial
en la ciudad de dar a conocer los datos personales de toda persona que detenida
por cualquier motivo. Es que el comisario acostumbra difundir la lista de
demorados y detenidos, incluso menores de edad, para mostrar su eficiencia, aun
cuando se trate en su mayoría de detenciones por averiguación de
antecedentes o contravenciones.
En ese entonces, el señor Intendente manifestó que "existían problemas
más serios para discutir", y desde la comisaría se cuestionó duramente a los
compañeros por dificultar la "lucha contra la delincuencia".
Hace unos días, la ciudad se conmocionó al conocerse que un funcionario
policial estaba acusado por abusar sexualmente de una niña de 13 años. Cuando el
Secretario de Seguridad de la municipalidad dio a conocer el nombre del policía,
el comisario hizo un escándalo en los medios locales, argumentando que al
difundir el caso y la identidad del imputado, se violaba el estado de
inocencia.
Como si fuera poco, el comisario en cuestión ha hecho declaraciones
diciendo que el hecho denunciado no constituye delito, inmiscuyéndose
de manera increíble en lo que es exclusivo resorte d ela
justicia.
La Asociación remitió una nueva nota a Consejo deliberante sobre el tema,
en la que luego de exponer el asunto dicen:
Una vez más vemos cómo las Agencias del Estado
(en este caso la Policial) respetan de forma discriminatoria las Garantías
Constitucionales. En Chivilcoy, el señor Comisario puede determinar e informar a
los Medios qué delitos y qué delincuentes merecen condena social, pero de ninguna manera se puede informar a
la sociedad sobre denuncias dirigidas a funcionarios policiales. Ni la identidad de un
pibe que presuntamente roba una bicicleta como la de quien es acusado de
homicidio debe ser escrachada ante toda la población. Hasta que no recaiga una
condena judicial en su contra, el Estado está obligado a preservar y respetar el
estado de inocencia de todo individuo. Es más, dicha tarea mediática tampoco le
incumbe a un funcionario policial. Desde esta Asociación abogamos para que todos
seamos tratados de igual manera ante la ley, sin discriminaciones ni
privilegios. Por los
niños que hoy sufren las consecuencias de un modelo de exclusión social, basado
en discriminaciones y privilegios en la aplicación de leyes y recursos, y por
los que sufrirán mañana, debemos imperiosamente cambiar la historia de este
País, porque no debemos permitir que sigan existiendo sectores sociales que,
ante la ley, sean más iguales que otros. Debemos entender, de una vez y para
siempre, que en este País la discriminación y los privilegios matan niños, matan
personas, seres humanos que para los algunos son menos iguales que otros.
OTRA DE LOS JUECES DE SAN
ISIDRO
Apenas días después de la
escandalosa escandalosa absolución de Héctor Eusebio Sosa, policía que asesinara
a Víctor "Frente" Vital el 6 de febrero de 1999, otro tribunal oral de San
Isidro dictó sentencia en el juicio seguido al sargento Roberto Sandroni,
al oficial Julio Morinigo y a dos civiles por el homicidio de Martín Suárez,
ocurrido el 29 de agosto de 2002 en la comisaría 3ª (Munro).
Martín fue falsamente acusado por los
dos civiles por haberles robado un par de zapatiullas, y trasladado a la
comisaría donde lo apalearon hasta morir. Una vez más se tolera desde el poder
judicial la tortura seguida de muerte en una comisaría.
El tribunal compuesto por el Dr. Federico Guillermo Ecke, Dr.
Osvaldo Rossi y Dr. Hugo Santillán absolvió a los policías y a uno de los
civiles, condenando al otro civil, Ezequiel Fernando Grecco, a tres años de
cárcel. El fallo fue cuestionado por la familia de Suárez y repudiado en una ruidosa protesta en el hall de los Tribunales de San Isidro, como pocos días antes ocurriera en la calle al conocerse la absolución de Sosa. CORREPI repudia el fallo, y hace propios los
términos del comunicado de la Comisión Contra la Represión y la Impunidad de
zona norte: "Es habitual que un mismo policía cometa más de un
asesinato y todos queden impunes. No sólo se trata entonces de policías
perturbados que andan por ahí matándonos; detrás de ellos hay todo un sistema de
jueces, fiscales, políticos y funcionarios que también son responsables. Y los
vecinos, mientras tanto, vamos comprando cotidianamente falsas teorías de la
seguridad
con las que nos envuelven tanto los discursos oficiales como muchos
periodistas estrella".
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 1º de junio, 18:00, MARCHA DESDE MITRE Y BRANDSEN (QUILMES) A PLAZA SAN MARTIN a
cuatro años de impunidad para CARLA LACORTE.
Viernes 4 de junio, desde las 22:30, Peña Antirrepresiva y
Exposición de Fotos en la "Casa del Pueblo", calle 49 entre 9 y 10, La
Plata, convocan Fançmiliares de Víctimas de la Represión Policial en
CORREPI.
Viernes 10 de junio, 14:00, charla en La Plata con estudiantes
universitarios, Sergio Smietniansky y Ramiro Geber, de
CORREPI.
CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7),
lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por
medio. Próximamente, CORREPI en FM EN
TRÁNSITO |