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CORREPI -
BOLETIN INFORMATIVO
Número 323- Mayo
14/21 de 2005
SUMARIO
1- Juicio por el Frente
Vital
2- Budge no se
rinde
3- Masacre del Puente
Pueyrredón
4-
Narcopolicías
5- Black
Water
6-
Excarcelaciones
7- Cuanta
preocupación
8- Ahora, refugio a
Josu
9- Próximas
Actividades
JUICIO POR EL FRENTE
VITAL
Ante el Tribunal Oral
Criminal Nº 3 de San Isidro se llevó a cabo el juicio oral
contra el policía Héctor Eusebio Sosa, que el 6/2/99 mató a
Víctor "Frente" Vital en una casilla de una villa de San
Fernando. El cana, del Comando, mostrando
la cobardía digna de aquellos que no se quieren enfrentar
a los ojos de los familiares de su víctima, lo primero que
hizo fue negarse a permanecer en la pequeña sala que los
paquetes tribunales de San Isidro dispusieron para el
juicio.
A lo largo de las tres jornadas
se acreditó que Víctor Vital fue perseguido junto a otro
joven por un nutrido grupo de efectivos policiales desde una
mueblería que había asaltado, hasta ingresar el barrio de
emergencia San Francisco, donde intentó guarecerse en la
vivienda de una vecina. Que habiéndose descartado de las armas
que tenía, ingresó en la cocina de la casa y se escondió
debajo de una mesa. Que el sargento Sosa entró y pateó la mesa
y le disparó. Que Frente, de cuclillas, suplicó "No
tiren, no me maten, me rindo" antes que el policía bonaerense
lo fusilara.
El compañero del Frente
testimonió con palabras y con gestos cómo pusieron las manos
en alto pidiendo clemencia y para que los esposaran. El perito
médico explicó cada uno de los orificios de entrada de bala
que presentaba el cuerpo, todos ubicados en el flanco derecho
y que uno, en particular, el de la muñeca derecha del
chico, era compatible con la actitud de protegerse. La
dueña de casa testimonió que escuchó el ruego y en seguida, el
vendaval de disparos, todos iguales y fuertes típico de una 9
mm.
A pesar de un tribunal claramente
parcial a favor del policía, que interrogó inquisitivamente a
los testigos propuestos por la fiscalía y la parte damnificada
y fue ampliamente complacientes con testigos policías y otros
propuestos por la defensa, se probó como -dijo Sabina
Sotelo, madre del Frente- que el "estado primero lo
abandonó -cuando ella recorría entidades públicas para sacarlo
de la droga y la delincuencia- para después
matarlo".
La Fiscalía pidió la
pena de 12 años para Sosa. La representación letrada de
la víctima a cargo de abogados de CORREPI reclamó 16 años de
prisión por homicidio
simple, teniendo en cuenta como agravante que Sosa debía
especial respeto por la vida de un pibe que apenas tenía 16
años. El defensor del policía, de planta de la bonaerense,
pidió la absolución sosteniendo que era legítima defensa y que
todo el barrio era cómplice de las andadas del Frente y que
por eso, los testigos habían mentido a su
favor.
El miercoles 18 a las 14:00, en
medio de una movilización, los jueces deberán dictar una
sentencia.
BUDGE NO SE
RINDE
Budge no se rinde, carajo. Sigue
sonando la consigna a 18 años de la Masacre de Figueredo y
Guaminí en el Cuartel Noveno, a metros del Pte. La Noria y el
Camino Negro. Y como todos los años, el pueblo de Budge sigue
homenajeando a Willy, el Negro y Oscar. Esta vez bajo una
pertinaz llovizna como escribiría algún periodista apegado a
lugares comunes. Bajo una niebla que chocaba con la poca
iluminación del barrio, con el barro de las calles de tierra y
con la falta de revoque de la mayoría de las casas obreras.
Salimos de la plaza de Budge en Recondo y la vía. Había mucha
gente, como todos los años. Los organizados: Coordinadora
Antirrepresiva Carlos "PETETE" Almirón, CORREPI, PC, UTDOCH,
MTR, MST, CTA, MTR-CUBa, Al Borde, Repique, otros más.
Faltaron los que ahora son transversales. Los no organizados,
muchos vecinos y amigos que se iban sumando cuando la marcha
pasaba por sus casas.
Balmaceda y Miño, los autores
y prófugos. Los que el gobierno de Solá hace rato que
dejó de buscar pero que ahora blanqueó la decisión política de
dejar de buscarlos, ya que Felipillo suspendió la
recompensa por información útil para ubicar sus
paraderos.
Luego de subir al Camino Negro,
ahora ampliado, llegamos a la Comisaría del Riachuelo. La que
está sobre el Puente La Noria al ladito del arco que nos
indica la entrada al feudo de Duhalde y Chiche: Partido de
Lomas de Zamora, al que alguna vez quisieron poner
Ciudad de la Paz... de la paz de los cementerios construidos
al calor de los gatillo fácil de la bonaerense.
Se quemaron gomas frente a la
seccional policial. El vallado se cayó. Y de allí hasta la
esquina que no ha cambiado nada desde que las balas policiales
pusieran fin a la vida de tres jóvenes de clase baja.
Nuevamente Don Olivera, ya tan
viejito, el Toto Zimerman y el recuerdo, que no es sólo
memoria, sino un impulso para mayor lucha. Porque Budge no se
rinde y el pueblo tampoco.
MASACRE DEL PUENTE
PUEYRREDON
A poco de iniciarse
el juicio oral y público por la
Masacre del Pte. Pueyrredon, la CORREPI ha sostenido la
importancia de llevar la acusación a los autores materiales de
la represión. Sin embargo consideramos que se tratará de un
debate incompleto, "tuerto", ya que faltan los autores
ideológicos de la muerte de Kosteki y Santillán y de los
intentos de homicidio de una cincuentena de luchadores
sociales.
No están en el banquillo ni
Duhalde, ni Felipe Sola, ni Juanjo Alvarez, ni Atanasoff, ni
Ruckauf, ni Vanossi, ni Soria, ni Genoud, ni todos los que
desde los tres poderes del estado planificaron, construyeron y
ejecutaron el fusilamiento contra el pueblo utilizando el
gatillo de Fanchiotti y otros policías
bonaerenses.
No bastará con que declaren como
testigos. Ni por oficio, ni por teleconferencia ni siquiera
personalmente. Tampoco que K siga mintiendo acerca de que
abriría los archivos de la SIDE. Justicia será el día que los
organizadores de la Masacre estén también presos.
Nuestra organización, como integrante de la Comisión Independiente
por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente
Pueyrredón, convoca a las
siguientes actividades preparatorias del juicio que se
iniciará el martes 17 de mayo a las 14:00 en el Tribunal Oral
Nº 7 de Lomas de Zamora:
- Lunes 16 de mayo, 12 hs, en el Hotel BAUEN Cooperativa, Callao 360, conferencia de prensa de la Comisión, donde se ratificarán los objetivos de los familiares y la Comisión en pos del juicio y castigo a todos los responsables de los asesinatos de Darío y Maxi y la represión del 26 de junio de 2002. También los abogados de las partes querellantes informarán sobre el estado de la causa en el inicio del juicio. A la conferencia asistirán representantes de diversas organizaciones de desocupados, derechos humanos, estudiantiles, de trabajadores, diputados y distintas personalidades. - Lunes 16 de mayo, 18 hs, frente a los Tribunales, Larroque y Camino Negro, inicio de la vigilia realizada por el Polo Obrero y el Frente Popular Darío Santillán. - Martes 17 de mayo, 10 hs, concentración en la estación de Banfield, del ex ferrocarril Roca, desde donde se marchará hacia los tribunales. La marcha estará encabezada por los familiares y la Comisión, y detrás se encolumnarán las distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, estudiantiles, comprometidas con la lucha por el juicio y castigo a todos los responsables de la masacre. - Martes 17 de mayo, 12 hs, acto central de la Comisión, frente a los tribunales, donde los familiares leerán un documento. Al finalizar, se realizará una conferencia de prensa. - Martes 17 de mayo, 14 hs, estreno de la obra "La pasión del piquetero" de Vicente Zito Lema. Luego tocará Contraviento, grupo musical del Frente Popular Darío Santillán y cantará Raly Barrionuevo. - Martes 17 de mayo, 15 hs, radio abierta, muestra de fotos, dibujos, serigrafía, entre otras actividades de resistencia cultural. Se sumará a las actividades el grupo de teatro de Norman Brisky, "Brazo Largo" y un grupo de poetas. Todas estas actividades se realizarán frente a los tribunales, durante el desarrollo de la primera jornada del juicio. NARCOPOLICÍAS
El domingo pasado, un vehículo
utilitario volcó en el cruce de las rutas 34 y 66, en la
provincia de Jujuy. Cuando personal policial provincial llegó
a socorrer a los cuatro hombres que viajaban en la camioneta,
se encontraron con un cargamento de 116 kilos de cocaína pura.
Pero la verdadera sorpresa -para ellos- fue que los cuatro
accidentados eran policías federales, entre ellos el subjefe
de la delegación salteña.
Los policías alegan que
sólo transportaban la droga, incautada en un procedimiento,
desde Jujuy a la capital salteña. Se ha comprobado que
deliberadamente eludieron todos los controles camineros de
gendarmería entre la localidad de Salvador Mazza, de donde
salieron, hasta el lugar del accidente que los puso al
descubierto. También se probó que no tenían orden
judicial alguna para transportar los 116 ladrillos de una
provincia a la otra. Mientras dos de los
efectivos permanecen internados por las lesiones sufridas en
el accidente, al allanar sus domicilios se encontró en uno de
ellos más droga, aunque en pequeña cantidad y ya
fraccionada.
Más allá de la noticia judicial, donde se disputan la
competencia los jueces y fiscales federales de Jujuy y Salta,
el episodio pone una vez más en evidencia que el tráfico de
drogas y su comercialización, en Argentina, es territorio
manejado en forma casi excluyente por las fuerzas de
seguridad. Cada vez que hay un decomiso grande, en cada
traslado, cambio de jurisdicción o pase de manos de la droga,
se "pierden" cantidades importantes, como ocurriera
recientemente en la Provincia de Buenos Aires donde el
cargamento disminuyó de 500 kilos a poco más de 300
en dos días (¿será que las balanzas bonaerenses y
federales usan distinto sistema de pesas?). Del mismo modo,
casi no hay narco-banda desbaratada que no contenga milicos de
uno u otro uniforme, así como es vox populi en los barrios que
para "pasar merca" hay que "arreglar con la gorra", cuando no
trabajar directamente para la brigada de la
zona.
Estos reiterados episodios no reflejan la
existencia de "bolsones mafiosos" cuentapropistas al
interior de las fuerzas de seguridad. Sin perjuicio del
indudable rédito económico que se expresa en
abultados e inexplicables patrimonios de comisarios y tropa,
el manejo policial del negocio de la droga es funcional
también a los objetivos de la política del estado. Cada vez
circula más droga dura en los barrios más pobres, mientras se
dificulta el acceso a otras mercaderías más blandas (y menos
rentables).
Las deliberadas "oleadas" de introducción de cocaína y
pasta base que se detectaban sistemáticamente en las
barriadas, siempre de la mano policial, durante la década
pasada, se incrementan en la actualidad. Es un mecanismo más
de dominación, de alienación, de control y disciplinamiento
social. Y en este punto el gobierno "de los DDHH" tiene
bien claro lo que hace.
BLACK WATER Vaya a saber porqué le
pusieron este nombre, pero así se llama una agencia de
reclutamiento de agentes de "Seguridad Especial" que tiene su
sede en la Florida y ha desembarcado en Latinoamérica.
Primero anduvieron por Colombia y aunque poco se sabe de su
éxito empresarial, se pueden garantizar sus seguros
dividendos. Luego pasaron por Chile que, según dicen los
especialistas, cuenta con un capitalismo ordenado, y
obtuvieron contratos con 552 ex militares (todos de profusa
actuación durante la dictadura pinochetista). A estos
muchachos, buenos muchachos, les pagaron entre 1.500 y 4.000
dólares para hacer custodias en las aquietadas calles de
Bagdag.
De acuerdo a informes
allende la cordillera de los Andes, los chilenos eran, despues
de los gurkas nepales e israelíes, los más "duros" custodios
privados de la invasión yanqui. Pero los Black Water no se
detienen allí. No se conforman con colombianos o
chilenos, están a la pesca de mejores inversiones. O
contratos más baratos. Y se vienen para aquí.
Se ha sabido -incluso lo
ha difundido la CNN- que necesitan más brazos. Y parece que
quieren instalar alguna oficina de "trabajos temporarios"
en Buenos Aires. No será para contratar a tanto desocupado
sino para darle trabajo como mercenario a tanto ex militar
retirado o tanto policía, gendarme o prefecto que, por lo
menos, para torturar tienen nutrida experiencia.
¿Black Water no suena a
"agua podrida"?
EXCARCELACIONES
La semana fue pletórica en
excarcelaciones de personajes nefastos, de arquetipos de la
corrupción, de lo que es este sistema de opresión para la
mayoría y de privilegio para pocos. Como la ingeniera
Alsogaray o como el empresario Chaban. Ambos beneficiados
por sendas resoluciones que les permitirán llegar en
libertad al juicio oral que los imputa. Resoluciones
intachables desde un garantismo que sería verdadero,
auténtico, si fuera aplicable a todos los procesados con
prisión preventiva y no sólo a los "ricos y
famosos".
La prisión preventiva está
concebida como un adelanto de pena, y está bien que se imponga
el criterio de respetar la presunción de inocencia, cone
limputado en libertad hasta el juicio. Pero la misma vara debe
ser aplicada a los 40.000 presos sin condena que tiene el
estado argentino. Si quieren ser estrictos a la hora del
principio de inocencia que lo sean con todos, no sólo con la
gorila peronista o el empresario amigo del vice de Ibarra. Que
abran las cárceles a tantos infelices que se pudren en serio
entre rejas.
Si tienen respeto por las
garantías constitucionales, que sea para todos, los de
las clases dominantes y los de las subalternas también. Que
sean excarcelados los que están presos por robarse una
gallina y no sólo los que son responsables de la muerte de 193
jovenes y de la miseria de la población. A no olvidar que la
misma Sala (aunque integrada por otros jueces) hace apenas
meses negó la excarcelación a los detenidos de la Legislatura,
presos hace 300 días por luchar contra el código
contravencional porteño.
Las excarcelaciones de
este mayo del 2005 son la expresión más acabada del clasismo
de una justicia que únicamente quiere presos a los pobres,
mientras cuida, mima y protege a los que mandan.
CUANTA
PREOCUPACION
CORREPI nunca se tomó
demasiado en serio las actividades de las numerosas
secretarías de derechos humanos que pueblan los
gobiernos, incluyendo la Provincia de Buenos Aires. Pero
algunas expresiones, a veces, nos conmueven.
Ante las amenazas y
agresiones sufridas por nuestro compañero Andrés Amado, la
secretaría de DDHH de Felipillo Solá nos mandó una notita
buscando conocer en qué está la causa judicial y si ellos
podían hacer algo por CORREPI. Esta es nuestra
contestación:
Ciudad de Buenos
Aires, 11 de Mayo de 2005.-
Sr. Director Provincial de Promoción de los DDHH- Secretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires.- Dr. Enrique POCHAT Nos dirigimos a Ud. a
fin de dar respuesta a la misiva que se nos enviara en fecha 3
de Mayo de 2005, mediante la cual se nos peticiona información
respecto al número de IPP y Fiscalía interviniente en la
denuncia iniciada por nuestro compañero Andrés Amado, como
asimismo sobre las investigaciones y actividades que dicho
compañero en conjunto con nuestra organización lleva adelante
en el conurbano bonaerense. También se nos requiere que
especifiquemos que colaboraciones concretas solicitamos a
vuestra Dirección y Secretaría.
En primer lugar,
queremos informarle que el Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires cuenta con un sistema informático que funciona en
la Receptoría General de Fiscalías de cada Departamento
Judicial, mediante el cual cualquier ciudadano que lo desee,
con solo conocer el nombre del denunciante, puede obtener los
datos del Nº de IPP y la Fiscalía que intervienen en la causa
en cuestión. Sin embargo y a los efectos de ahorrarle
esfuerzos, le informamos que la causa iniciada por Andrés
Amado tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 17 a
cargo del Agente Fiscal Dr. Oscar Acevedo, siendo su N° de IPP
el 586.574. Para más datos informamos que la Fiscalía en
cuestión se encuentra en Camino Negro N° 2536, Localidad de
Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos
Aires.
Cumplido con el primer
requerimiento, nos vemos en la obligación de hacerles saber el
profundo desconcierto que nos produjo vuestro pedido de
informes respecto a los casos de Jorge "Chaco" González,
Matías Bárzola y Diego Gallardo, ya que no sólo los hemos
hecho públicos, sino que hemos denunciado las prácticas
habituales en la zona en conferencia de prensa que provocó,
por ejemplo, nota de tapa del diario Clarín en noviembre de
2004. El informe presentado en tal ocasión, que resume las
investigaciones judiciales y extrajudiciales practicadas por
CORREPI en la zona de Fiorito y otros barrios, está publicado
en nuestra página Web[1]. Además la propia Secretaría de DDHH
ha recibido a los familiares de estas víctimas del accionar
represivo y criminal de la Policía de la Provincia, con lo
cual suponíamos que ya estaban informados. La familia Gallardo
fue visitada en su casa por personal de la secretaría en el
mes de enero de 2005, y fue llevada en remise a La Plata; las
madres de Bárzola y González fueron convocadas a esa
Secretaría en reiteradas ocasiones. En oportunidad que la Sra.
Núñez, madre de González, se encontraba en la Secretaría, se
comunicó telefónicamente con la Dra. María del Carmen Verdú,
abogada de CORREPI a cargo de las tres causas mencionadas,
quien suministró al funcionario que la entrevistaba los datos
que ahora reiteramos).
Por último, respecto a
qué tipo de colaboraciones podría brindar vuestra Secretaría,
reiteramos nuestra negativa a todo tipo de custodia que se
pudiera brindar a este compañero. Si la idea es que el
compañero Amado (y el resto de la población de la Provincia)
se sienta más seguro y protegido, bien se podrían implementar
algunas de las medidas que desde Correpi impulsamos, las
cuales se encuentran en la página Web que usted manifiesta
haber visitado, como por ejemplo:
Sin otro particular y
esperando su pronta respuesta, lo saludamos
atentamente. Por CORREPI, Sergio
Smietniansky - María del Carmen
Verdú.
AHORA, REFUGIO A
JOSU
El pasado martes la Corte
Suprema de Justicia confirmó la denegatoria del pedido de
extradición del luchador popular vasco Josu Lariz Iriondo. El
Reino de España había solicitado su extradición, para juzgarlo
en lo principal, por un hecho ocurrido en octubre de 1984: la
colocación de un explosivo al paso de una caravana de
vehículos de la policía de Euskadi y por ser miembro activo de
la organización ETA.
El pedido había sido denegado en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadío, quien entendió, tal como lo había solicitado la defensa, que los delitos por los cuales se requería a Josu, se encontraban prescriptos. Esta resolución fue apelada por el fiscal Freiler. Una vez llegada la causa al tribunal superior, el procurador general de la nación Esteban Righi, consideró que no era procedente discutir sobre la prescripción de los hechos, pues se trataba de actos terroristas que debían analizarse en el marco del Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Este pacto de cooperación entre estados que, según el procurador impide oponer cualquier instituto de derecho interno como lo es la prescripción, obliga al estado argentino a extraditar a Josu al Reino de España para ser juzgado por terrorista. El estado español fue más allá en sus planteos y agregó a los argumentos de Righi que los actos terroristas son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Para ello, utilizó la jurisprudencia sentada en el fallo Arancibia Clavel, estableciendo una aberrante equiparación entre los actos de terrorismo de estado y la lucha de los pueblos por su autodeterminación. Por su parte, la defensa de Josu a cargo de
los abogados Gustavo Piantino y Eduardo Soares, sostuvo la
prescripción de los hechos, pero además rechazó fuertemente el
concepto mismo de terrorismo. Planteó que se trata de un
concepto eminentemente político, utilizado por los estados y
los gobiernos para perseguir a los luchadores populares en
todo el mundo. Y que aquellos convenios de cooperación entre
los estados han sido históricamente instrumentos utilizados
para privar a los opositores políticos de las más mínimas
garantías de las que dispone cualquier imputado por delitos
comunes. Asimismo reiteró el riesgo que Josu corría de ser
sometido a torturas en caso de ser conducido a las cárceles
españolas.
Finalmente la Corte, con la única disidencia de Boggiano, consideró prescriptos los hechos, rechazando en forma definitiva el pedido de extradición de Lariz Iriondo. Desde CORREPI festejamos esta victoria del campo popular, seguimos reivindicando y apoyando la lucha del pueblo vasco y de todos los pueblos que pelean por su liberación, y exigiendo el otorgamientod el refugio político a Josu. PROXIMAS
ACTIVIDADES:
Lunes 16 de mayo, 12:00, conferencia de
prensa ante el inicio del juicio por la Masacre de Puente
pueyrredón, en el Bauen.
Martes 17 de mayo, 10:00, concentración en
la estación de Banfield a los tribunales de Lomas, y
actividades toda la jornada.
Miércoles 18 de mayo, 14:00: Sentencia en
la causa por el homicidio de Víctor "Frente" Vital, en los
tribunales de San Isidro, Ituzaingó 340.
CORREPI
EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por
medio.
Próximamente, CORREPI en FM EN
TRÁNSITO |